logo
 

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol con Consejo para la Transparencia Rol: 425-2020

Consejo para la Transparencia, 04/12/2020

Se interpuso reclamo de ilegalidad en fase jurisdiccional, en contra del Consejo para la Transparencia por la dictación de decisiones de amparo por medio de las cuales el Consejo para la Transparencia acogió el amparo de acceso a la información formulado contra el recurrente ordenando entregar a la solicitante una serie de datos relativos al procedimiento de control del consumo de drogas en los órganos de la Administración del Estado, a que se refiere el Decreto N° 1.215 de 2006 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Corte reclamo de ilegalidad.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Verónica Sabaj Escudero

Texto completo:

Santiago, cuatro de diciembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece don NICOLAS RENDIC MORALES, abogado, Jefe de la División Jurídica( S) del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol "SENDA, en representación de dicha entidad, quien deduce reclamo de ilegalidad en fase jurisdiccional, en contra del Consejo para la Transparencia, representado por su Directora General doña Andrea Ruiz Rosas, por la dictación de las Decisiones de Amparo Roles C-1991-20, C-1992-20 y C-1993-20, adoptadas en Sesión Ordinaria N° 1114 del Consejo Directivo, celebrada con fecha 14 de julio de 2020, por medio de las cuales el Consejo para la Transparencia acogió el amparo de acceso a la información formulado por doña Valentina Grey Pizarro, ordenando a SENDA, entregar a la solicitante una serie de datos relativos al procedimiento de control del consumo de drogas en los órganos de la Administración del Estado, a que se refiere el Decreto N° 1.215 de 2006 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Refiere que la decisión reclamada es manifiestamente ilegal, toda vez que vulnera el espíritu de la Ley de Acceso a la información y la Constitución Política de la República, realizando una interpretación completamente errónea del Decreto 1.215 y la información que SENDA posee frente al particular, por lo que solicita se acoja el reclamo de ilegalidad en contra de las Decisiones de Amparo Rol C-1991-20, C-199220 y C-1993-20, adoptadas del Consejo Para la Transparencia, dejándolas sin efecto, con expresa condenación en costas.

Entre los antecedentes de hecho, expone que doña Valentina Grey Pizarro, con fecha 11 de marzo de 2020, presentó una solicitud de Acceso a la Información AB092T0000708, requiriendo lo siguiente: Los datos estadísticos de resultados del decreto supremo 1.215, desde el día que entró en vigencia hasta la fecha 11/03/2020 (entrado en vigencia el día 23 de junio del 2007); datos estadísticos de las personas que lo rindieron (porcentaje) basado en la población en Chile del año 2020. De igual forma, en la misma fecha presentó la solicitud de Acceso AB092T0000709, requiriendo los índices del examen establecido en el decreto supremo 1.215, desde el día que entró en vigencia hasta la fecha 11/03/2020 (entrando en vigencia el día 23 de junio del 2007. Y el cambio o mantención en el tiempo de los indicadores de desempeño.

Señala que dichas solicitudes, fueron resueltas por SENDA a través de las Resoluciones Exentas número 524 y 525, ambas de 16 de abril de 2020, mediante las cuales se denegó el acceso a la información, en ambos casos fundado, en la concurrencia de la causal de secreto o reserva contemplada en el número 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.285.

Agrega que a raíz de lo anterior, doña Valentina Grey Pizarro, con fecha 17 de abril de 2020, dedujo Amparos por su derecho de acceso a la información en contra de SENDA, dando lugar a los tres amparos, los que fueron acogidos por el Consejo para la Ley de Transparencia, ordenando a SENDA la entrega de la información.

El 17 de julio de 2020, habrían sido notificados del Oficio N° E11250 del Consejo Para la Transparencia, que contiene las Decisiones de Amparo correspondientes a los roles C-1991-20, C-1992-20 y C-1993-20, adoptadas en Sesión Ordinaria N° 1114 del Consejo Directivo, celebrada con fecha 14 de julio de 2020. En virtud de ellas el Consejo para la Transparencia les ordena "entregar al reclamante copia de los datos estadísticos de las personas que lo rindieron (porcentaje) basado en la población en Chile del presente año 2020; los índices de desempeño del examen establecido en el decreto supremo N° 1215, desde el día que entró en vigencia hasta el 11 de marzo de 2020; y, que se informe si ha cambiado o se han mantenido en el tiempo los indicadores de desempeño."

El reclamante expresa que la información requerida dice relación con el procedimiento de control del consumo de drogas en los órganos de la Administración del Estado a que se refiere el Decreto N° 1.215 de 2006, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por lo que conforme a la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que por medio de su artículo 68, agregó los incisos tercero y cuarto al artículo 61 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, "corresponderá a la autoridad superior de cada órgano u organismo de la Administración del Estado prevenir el consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, de acuerdo con las normas contenidas en el reglamento". A fin de dar estricto cumplimiento a lo mandatado por los incisos tercero y cuarto del artículo 61 de la Ley N° 18.575, con fecha 23 de junio de 2007, se publicó en el Diario Oficial el Decreto N° 1.215, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece las normas específicas que regulan el procedimiento, debiendo someterse a control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales los Subsecretarios, los Jefes Superiores de Servicio, y los directivos superiores de los órganos u organismos de la Administración del Estado, hasta el grado de Jefe de División, o su equivalente. De esta forma, el procedimiento a que se refiere el Decreto en comento, tiene por objeto la aplicación y procesamiento de un examen para pesquisar y detectar la presencia de consumo de las sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilegales determinadas. En el evento que se confirme, a través del procedimiento contenido en el Decreto, la dependencia de sustancias por parte de alguno de los funcionarios antes indicados, en primera instancia, el mismo deberá someterse a un programa de rehabilitación, en atención a que la dependencia de las sustancias antes mencionadas se relaciona con la salud de las personas.

En lo que respecta al procedimiento, aclara que éste se encuentra contemplado en el título III del Decreto N° 1.215, el cual, por su naturaleza, es un procedimiento reservado y estrictamente confidencial, como así toda la información y datos relacionados con éste. Lo anterior es sin perjuicio de las medidas que cada organismo de la Administración del Estado puede adoptar dentro de sus facultades. El examen a que se refiere el Decreto N° 1.215, es realizado a través de un laboratorio que resulte adjudicado en un procedimiento de licitación pública, conforme a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento. El medio de análisis y de confirmación de dicho examen, debe ser presentado por los distintos oferentes de conformidad a los parámetros técnicos contenidos en las respectivas bases administrativas y técnicas de la licitación pública que para dichos efectos se realice. Se hace presente que los antecedentes señalados se encuentran de manera permanente para acceso al público, ya sea a través del portal www.mercadopúblico.cl o en el banner de transparencia activa de este Servicio Nacional. Como antecedentes adicionales - los cuales podrán verificarse en las respectivas bases de licitación correspondientes a los periodos en que se requiere información - SENDA proporciona una base de datos que contiene el universo de funcionarios a los que corresponde aplicar el aludido examen. El número de exámenes a aplicar en un periodo es relativo, considerando la naturaleza aleatoria del examen, según lo dispuesto en el artículo décimo octavo del Decreto 1.215. Sin perjuicio de lo anterior, las respectivas bases establecerán las cantidades máximas de exámenes a realizar, pudiendo acceder a dicha información libremente.

Expresa que la información a que el Servicio tiene acceso en esta materia, tiene una especial protección en virtud de la letra g) del artículo 2 de la Ley N° 19.628, y artículos 12 y 13 de la Ley N° 20.584, la cual, inclusive, posee reconocimiento constitucional en el numeral cuarto del artículo 19 de la Carta Fundamental, el cual prescribe "La Constitución asegura a todas las personas (...) 4°- El respecto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley;".

Afirma que, en consecuencia, dichos antecedentes son reservados incluso para el respectivo órgano, razón por la cual no tiene -ni corresponde tener- la posibilidad de acceder a la información solicitada. Asimismo, conforme al convenio que se suscribe con el respectivo adjudicatario para realizar el examen, éste tendrá la obligación de remitir un informe final, el que contendrá el detalle de los exámenes realizados y los organismos a que pertenecen los respectivos funcionarios que se sometieron al examen, pudiendo únicamente el Director Nacional de SENDA o quien éste designe, acceder a dichos datos, siendo reservados para la totalidad de los restantes funcionarios y asesores de SENDA.

Agrega que la peticionaria no requiere la divulgación del contenido de los exámenes realizados ni la identificación de aquellas personas que se sometieron a este procedimiento de control, sino datos numéricos que no están asociados a un titular identificado o identificable. Sin perjuicio de lo interpretado por el CPLT, no es certero que lo solicitado sea únicamente datos estadísticos, la solicitud expresamente se refiere a "resultados".

Asimismo, señala que la interpretación del Consejo para la Transparencia se debe a que no realiza un análisis de todas las alegaciones realizadas por medio de los Oficios Ordinarios N° s 475/20 y 503/20, ambos de SENDA, en las cuales se hace presente la única información que SENDA mantiene al respecto y la naturaleza estrictamente confidencial y reservada de ésta, aún para sus propios funcionarios. Este organismo no posee la información en la forma solicitada por la recurrente de amparo, y elaborarla implicaría una contravención al Decreto N° 1.215 e invadir la esfera de la vida privada de las personas indicadas en el artículo 55 bis de la Ley N° 18.575.

La elaboración y entrega de la información que se requiere, implicarían una expectativa razonable de daño o afectación de las personas que han sido sorteadas para realizarse el examen indicado en el Decreto N° 1.215, en especial a aquellas que podrían haber tenido un resultado positivo, en razón a que el consumo de sustancias y estupefacientes y psicotrópicas es considerado un problema que afecta a la salud de las personas.

Indica que existe una contradicción en lo planteado por el Consejo al afirmar que lo solicitado por la Sra. Grey correspondería a datos estadístico y serviría para "el debido control social por parte de la ciudadanía de la probidad administrativa que deben observar los funcionarios de la administración del estado en el ejercicio de sus funciones y en particular, con respecto al indebido uso de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas", en atención a que un dato meramente estadístico sería mencionar el número de exámenes realizados, lo que difícilmente acreditaría el cumplimiento del deber de probidad de las personas indicadas en el artículo 55 bis de la Ley N° 18.575. Dicho dato podría extraerlo de información que se encuentra permanentemente publicada por este organismo, tanto en nuestro sitio de transparencia activa como en mercado público, situación que fue puesta en conocimiento del CPLT. Tal como lo señala el artículo 12 del Decreto N° 1.215, el procedimiento de contratación del laboratorio de toma de muestras que realizará el examen se lleva a cabo de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.886, constando en las respectivas bases administrativas y técnicas para proceder a la contratación, el número de exámenes a realizar.

Por último, reitera que la información requerida dice relación con el procedimiento de control del consumo de drogas en los órganos de la Administración del Estado a que se refiere el Decreto N° 1.215 de 2006. En virtud de dicho Decreto se puede acceder libremente a los antecedentes técnicos del examen como al proceso licitatorio; sin embargo, conforme a los artículos undécimos y décimo tercero del Decreto, las bases de datos son reservadas, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada.

SEGUNDO: Que don David Ibaceta Medina, abogado, chileno, Director General Suplente y representante legal del Consejo para la Transparencia, corporación autónoma de derecho público, domiciliado en calle Morandé N° 360, piso 7, comuna de Santiago, informó formulando descargos y observaciones respecto al Reclamo de Ilegalidad deducido por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol "SENDA".-

En cuanto a los hechos, expresa que con fecha 17 de abril de 2020, doña Valentina Grey Pizarro dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de SENDA, órgano de la Administración del Estado, ante la denegación de los antecedentes consultados. Al respecto, esta señaló, que hizo presente que, la Ley sobre Protección de la Vida Privada, establece en su artículo 2°, letra e) que se entiende por Dato Estadístico: «el dato que, en su origen, o como consecuencia de su tratamiento, no puede ser asociado a un titular identificado o identificable». En virtud de lo anterior, sostuvo que no era pertinente la aplicación de la causal de reserva invocada, pues no se solicitaron datos personales y sensibles que interfieran en la vida privada, sino porcentajes. Adicionalmente, con respecto al Amparo C1993-20, complementó lo anterior, indicando que, se solicitó una herramienta dispuesta a entregar información cuantitativa respecto al logro o resultados de los objetivos de dicha institución y no datos personales.

Sostiene que el Consejo Directivo de la Corporación acordó admitir a tramitación el amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del SENDA, quien mediante Oficio Ordinario N° 503 de fecha 18 de mayo de 2020, presentó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, la denegación de los antecedentes consultados, por concurrir la causal de reserva consagrada en el 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2° de la Ley sobre Protección a la Vida Privada y la Ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.

Señala que por Decisión de Amparo Rol C1991-20, C1992-20, y C1993-20, de fecha 14 de julio de 2020, el Consejo para la Transparencia acogió los Amparos por Denegación de Acceso a la Información deducido por doña Valentina Grey Pizarro, en contra del SENDA, requiriendo al Sr. Director de dicho organismo, lo siguiente:

"a) Entregue al reclamante copia de los datos estadísticos de las personas que lo rindieron (porcentaje) basado en la población en Chile del presente año 2020; los índices de desempeño del examen establecido en el decreto supremo N° 1215, desde el día que entró en vigencia hasta el 11 de marzo de 2020; y, que se informe si ha cambiado o se han mantenido en el tiempo los indicadores de desempeño. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, el órgano reclamado deberá en forma previa tarjar todos aquellos que permita identificar a sus titulares. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia".

En cuanto al fondo, sostiene que corresponde hacer presente que la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en su artículo 68, introdujo una serie de modificaciones a la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 119.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001. Dentro de esas modificaciones se agregó un inciso segundo, nuevo, en el artículo 40 de la Ley N° 18.575, por el cual se estableció que "No podrá ser Ministro de Estado el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir alguno de esos cargos, el interesado deberá presentar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad". También se contempló en la ley señalada, la incorporación del artículo 55 bis nuevo, por el cual se estableció que "No podrá desempeñar las funciones de Subsecretario, jefe superior de servicio ni directivo superior de un órgano u organismo de la Administración del Estado, hasta el grado de jefe de división o su equivalente, el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico". Agrega el citado artículo que para asumir alguno de esos cargos, "el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esa causal de inhabilidad". Por otra parte, el citado artículo 68 de la Ley N° 20.000 también agregó al artículo 61 de la Ley N° 18.575 antes señalada, los incisos tercero y cuarto, nuevos, por los cuales se estableció que corresponderá a la autoridad superior de cada órgano u organismo de la Administración del Estado prevenir el consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, de acuerdo con las normas contenidas en el reglamento y que éste deberá contener, además, un procedimiento de control de consumo aplicable a las personas a que se refiere el artículo 55 bis antes citado. El referido procedimiento de control comprenderá a todos los integrantes de un grupo o sector de funcionarios que se determinará en forma aleatoria; se aplicará en forma reservada y resguardará la dignidad e intimidad de ellos, observando las prescripciones de Ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal. Agrega que, en consecuencia, conforme a lo señalado y para poder dar aplicación a dicho mandato legal, se dictó el Decreto N° 1215 de 2007 del Ministerio del Interior.

Afirma que la información estadística consultada, dice relación con el porcentaje de personas que han sido sometidas al examen, los índices de desempeño del examen y si han cambiado o se han mantenido en el tiempo dichos índices, es decir, se trata de datos relacionados con el procedimiento de control contemplado en el referido decreto, mediante el cual se da cumplimiento a una obligación legal contemplada en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, relacionada con medidas de prevención en el consumo de drogas por parte de funcionarios públicos, pero sin estar referidos a personas determinadas o determinables.

Asimismo, señala que SENDA pretende restringir la aplicación y alcance de los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia y del propio inciso 2° del Art. 8° de la Carta Fundamental, olvidando que a partir del año 2005 se modificó el ordenamiento jurídico relativo a la transparencia y acceso a la información pública. El año 2005, con la promulgación de la Ley N° 20.050, Ley de Reforma Constitucional, se incorporó el nuevo Art. 8° de la Constitución Política, cuyo texto es el siguiente: "El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Por ello, serian públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Ratifica que estas normas fijan, entonces, el punto de partida: si la información obra en poder de un organismo de la Administración Pública es, en principio, pública; para desvirtuar ello debe acreditarse que concurre una causal de secreto o reserva establecida en una ley de quórum calificado, como exige el artículo 8° inciso 2° de la Constitución.

Afirma que en virtud del Principio de Máxima Divulgación, los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales, lo que permitiría demostrar que la interpretación y aplicación que el Consejo ha efectuado de la normas y principios en cuestión para acceder a la entrega de la información estadística solicitada, previa aplicación del principio de divisibilidad y reserva de cualquier antecedente que permita la identificación de las personas que se sometieron a dicho examen, se ajusta a derecho, sin que resulte contrario al ordenamiento jurídico que rige en materia de transparencia y acceso a la información pública, ni afecte derechos de las personas, por cuanto solo se trata de dar acceso a información estadística. Asimismo, agrega, que el mismo SENDA por medio de la Resolución Exenta N° 524, de 16 de abril de 2020, que dio respuesta a las solicitudes de información, sostuvo que: "la petición recae sobre información relativa a porcentajes basados en la población chilena, esto es, información estadística relacionada con los exámenes ya descritos".

Sostiene que contrariamente a lo argumentado por el SENDA, nada impide que se aplique el citado principio a la información solicitada, pues la aplicación del principio de divisibilidad permite compatibilizar el acceso a la información con la reserva de los datos personales de los funcionarios, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 33 Letra m) de la Ley de Trasparencia, ya que la reserva o secreto de la información pública, en tanto excepción al principio de publicidad, sólo debe ser utilizada en casos concretos, importantes, en que sea estrictamente necesario y se justifique hacer ceder el derecho fundamental de acceso a la información, ya que de lo contrario esta garantía se afectaría innecesariamente, en circunstancias que la regla general es la publicidad, debiendo el secreto o reserva ser aplicados de manera restrictiva. Además, el principio de proporcionalidad exige que las excepciones no traspasen los límites de lo que es adecuado y necesario para la consecución del objetivo perseguido. Su presencia permite que la norma no sea entendida únicamente como una regla binaria, donde las cuestiones son públicas o reservadas, extendiendo las excepciones más allá de lo permitido. En tal sentido, el principio de divisibilidad admite una correspondencia más coherente con el mandato constitucional del artículo 8°.

TERCERO: Que se ha reclamado de ilegalidad por parte del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol "SENDA, en contra del Consejo para la Transparencia, por las decisiones de Amparo Rol C-199120, C-1992-20 y C-1993-20, las que, a su juicio, son manifiestamente ilegales, al vulneran el espíritu de la Ley de Acceso a la información y la Constitución Política de la República, al realizar una interpretación errónea del Decreto N° 1.215. Afirma que la información que el Consejo ordena entregar no sería meramente estadística y no correspondería, necesariamente, a la información que SENDA efectivamente está mandatado a administrar. Ello los obligaría a incumplir el deber de reserva e invadir la privacidad de las personas con la finalidad de elaborar la información requerida. Por otra parte, la información requerida no se centraría en ninguno de los supuestos del inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República, ni en el inciso primero del artículo 5 de la Ley N° 20.285.

Del mismo modo, la decisión del Consejo Para la Transparencia sería ilegal al no ponderar que la información solicitada es respecto a personas identificables, y transgrede el derecho a la privacidad. Las solicitudes de acceso a la información que nos competen, expresamente señalan que se solicitan datos de los resultados del examen a que se refiere el Decreto N° 1.215. Se debe tener presente que la base de datos tiene un universo extremadamente limitado, esto es, las personas señaladas en el artículo 55 bis de la Ley N° 18.575. En sí, este dato no revestiría mayores inconvenientes, sin embargo, procesar la información que el Servicio dispone con la finalidad de cumplir con lo requerido implicaría acceder a antecedentes que por su naturaleza son reservados, incluso para los funcionarios del Servicio, a excepción del Director Nacional.

Por último, sostiene que la Decisión del Consejo Para la Transparencia es ilegal, al amparar un requerimiento que no se enmarca en el bien jurídico protegido por el derecho de acceso a la información pública. Sostiene que actual artículo 8 de la Carta Fundamental y la Ley N° 20.285, son claros en señalar que la intención del legislador ha sido proteger el derecho de acceso a la información, pero en ningún caso se configura como una norma que permita invadir la privacidad de las personas, como implicaría acceder a lo requerido por el Consejo Para la Transparencia.

CUARTO: Que, en consecuencia, a fin de resolver el reclamo deducido le corresponde a este Tribunal determinar si el Consejo para la Transparencia incurrió en la ilegalidad denunciada al acoger los amparos de 14 de julio de 2020, ordenando al Sr. Director de SENDA, la entrega de los siguientes antecedentes, a saber: "a) copia de los datos estadísticos de las personas que lo rindieron (porcentaje) basado en la población en Chile del presente año 2020; los índices de desempeño del examen establecido en el decreto supremo N° 1215, desde el día que entró en vigencia hasta el 11 de marzo de 2020; y, que se informe si ha cambiado o se han mantenido en el tiempo los indicadores de desempeño. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, el órgano reclamado deberá en forma previa tarjar todos aquellos que permita identificar a sus titulares. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia".

QUINTO: Que, en primer lugar, en consideración a que el reclamo de ilegalidad sostiene que la decisión adoptada seria manifiestamente ilegal, por vulnerar el espíritu de la Ley de Acceso a la información y la Constitución Política de la República, debemos precisar cuál fue la intención del legislador o constituyente que inspiro la adopción de la normativa en cuestión.

El actual artículo 8 de la Carta fundamental de 1980, surgió como una de las reformas del año 2005, en el cual se reconoce como Bases de la Institucionalidad el respeto al principio de probidad para todas las actuaciones de los órganos del Estado y la calidad de "públicos" de los actos y resoluciones, "así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Lo anterior, con la sola excepción de que la publicidad de los mismos afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

De esta forma se resolvió en nuestra legislación el conflicto entre el derecho a saber del público sobre aquello que es de su legítimo interés y la prerrogativa del Estado de guardar para sí cierta información por motivos plausibles. El Constituyente de 2005, materializó tres premisas básicas de carácter esencial en todo régimen democrático, para resolver controversias o diferendos: En primer lugar, que la probidad no puede ser considerada como tal si no se la asocia a la transparencia; en segundo lugar, acceso a la información pública y, por último, que el secreto o la reserva de una determinada información se rija por pautas objetivas establecidas en la ley y no determinadas arbitrariamente por quien tiene a su cargo el registro o antecedentes necesarios. (Ángela Vivanco, "Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado. Revista Chilena de Derecho, vol. 35 N° 2, pp.371-391. 2008).

Por su parte, la Ley de Transparencia consagró el principio de publicidad en los artículos 5°, 10 y 11, teniendo como única forma de afectación que exista una Ley de Quórum Calificado que establezca el secreto o reserva por determinadas causales. El artículo 5° de la Ley de Transparencia señala que son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen para su dictación, mientras que el inciso segundo del citado artículo 5°, señala que: "Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas", lo cual se encuentra reforzado por el contenido del artículo 10 de la Ley de Transparencia, y con la "presunción de publicidad" consagrado en el artículo 11 letra c) de la misma ley, que establece: "(...) toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas".

Asimismo, el artículo 1° de La Ley N° 20.285, reconoce el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la información. En virtud del principio de Apertura o Transparencia toda información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones que señala y, finalmente, el Principio de Máxima Divulgación, de acuerdo al cual los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales. Lo anterior, sin desconocer el deber previo de aplicar el principio de divisibilidad y reserva de cualquier antecedente que permita la identificación de personas que tengan relación con la información solicita a fin de evitar cualquier daño a la esfera privada.

SEXTO: Que, de acuerdo a lo sostenido por el reclamante, el Consejo para la Transparencia habría incurrido en la ilegalidad denunciada al interpretar erróneamente el Decreto N° 1215, el que, por su naturaleza, asegura que es un procedimiento reservado y estrictamente confidencial, como así toda la información y datos relacionados con éste. Lo anterior, se encontraría consagrado en sus artículos undécimo y décimo tercero, que indican expresamente el carácter de reservado que debe mantenerse respecto a la base de datos utilizada, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada y la Ley N° 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.

Por consiguiente, denuncia que al acoger los amparos por requerimiento de información presentados por doña Valentina Pizarro, sobre materias que dicen relación con el procedimiento de control del consumo de drogas en los órganos de la Administración del Estado, el Consejo para la Trasparencia habría infringido la normativa enunciada precedentemente, al facilitar información en un procedimiento reservado y estrictamente confidencial.

El criterio anterior fue sostenido por el Reclamante en las Resoluciones Exentas N° 524 y 525, ambas de 16 de abril de 2020, en las que denegó el acceso a la información, fundado en la concurrencia de la causal de secreto o reserva contemplada en el numeral 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.285. Sostuvo que las razones por las cuales la publicidad de la información afectaría bienes jurídicos previstos en el artículo 8 de la Carta Fundamental, se fundamenta en que "la elaboración y entrega de la información implica una expectativa razonable de daño o afectación de las personas que han sido sorteadas para la realización del examen, en especial aquellos que podrían haber tenido un resultado positivo, en razón a que el consumo de sustancias y estupefacientes y psicotrópicos es considerado un problema que afecta la salud de las personas". Así se invadiría la esfera de la vida privada de los funcionarios públicos sometidos al examen que señala el Decreto N° 1215 del año 2007, del Ministerio del Interior, que establece las normas que regulan las medidas de prevención del consumo de drogas en los órganos de la administración del Estado, así como el procedimiento de control de consumo aplicable a las personas que indica conforme a lo establecido en la Ley N° 18.575.

SÉPTIMO: De este modo, se ha producido en el casi sub lite, el conflicto de interés que nuestra legislación intentó zanjar con la nueva redacción del artículo 8 de la Carta Fundamental, entre el derecho a saber del público sobre aquello que es de su legítimo interés y la prerrogativa del Estado de guardar para sí cierta información por motivos plausibles.

El reclamante de ilegalidad, por una parte, sostiene un criterio que restringe el principio de publicidad de los actos, resoluciones o procedimientos adoptados por SENDA, por ser ellos de carácter reservado y estrictamente confidencial, como así toda la información y datos relacionados con la materia que les compete. Postura que resulta contraria al espíritu de la normativa analizada en el considerando precedente, por cuanto, desconoce que, a partir del año 2005, se modificó el ordenamiento jurídico relativo a la transparencia y acceso a la información pública. En efecto, con la promulgación de la Ley N° 20.050, Ley de Reforma Constitucional, se incorporó el nuevo artículo 8° de la Constitución Política, cuyo texto es el siguiente: "El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Por ello, serian públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

Resulta sin lugar a dudas que, si la información obra en poder de un organismo de la Administración Pública es, en principio, pública; para desvirtuar ello debe acreditarse que concurre una causal de secreto o reserva establecida en una ley de quórum calificado, como exige el artículo 8 inciso 2° de la Constitución de la Política. Por aplicación del Principio de Máxima Divulgación, los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales.

OCTAVO: Que, por consiguiente, siendo la información que obra en poder de SENDA, en principio pública, para denegar el acceso a ella debe acreditarse que concurre una causal de secreto o reserva establecida en una ley de quórum calificado, como exige el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República, lo que en la especie no ha acontecido.

El fundamento de la reserva de información por parte de SENDA se erige en la afectación de derechos de personas identificables, y la transgresión al derecho a la privacidad. Ello por cuanto las solicitudes de acceso a la información requieren datos de los resultados del examen a que se refiere el Decreto N° 1.215, base de datos tiene que tendría un universo extremadamente limitado, esto es, las personas señaladas en el artículo 55 bis de la Ley N° 18.575. En sí, este dato no revestiría mayores inconvenientes, sin embargo, procesar la información que el Servicio dispone con la finalidad de cumplir con lo requerido implicaría acceder a antecedentes que por su naturaleza son reservados, incluso para los funcionarios del Servicio, a excepción del Director Nacional.

En virtud del cuestionamiento de SENDA, en los amparos presentados ante el Consejo para la Transparencia, doña Valentina Grey hace presente al organismo reclamado que la Ley sobre Protección de la Vida Privada, establece en su artículo 2°, letra e) que se entiende por Dato Estadístico: «el dato que, en su origen, o como consecuencia de su tratamiento, no puede ser asociado a un titular identificado o identificable».

En este orden de ideas, el análisis de la resolución reclamada arroja, sin lugar a dudas, que lo que se ordenó entregar por el Consejo para la Transparencia, fueron solo datos estadísticos, de las personas que lo rindieron (porcentaje); índices de desempeño del examen establecido en el Decreto Supremo N° 1215, desde el día que entró en vigencia hasta el 11 de marzo de 2020; y, que se informe si ha cambiado o se han mantenido en el tiempo los indicadores de desempeño. Resolución en la que, por lo demás, en virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, adoptó las medidas tendientes a evitar la afectación del derecho a la privacidad, ordenando a SENDA tarjar en forma previa todo aquello que permitiera identificar a sus titulares.

De acuerdo a lo razonado no resulta pertinente la aplicación de la causal de reserva invocada, pues no se solicitaron datos personales y sensibles que interfieran en la vida privada, sino porcentajes. Adicionalmente, con respecto al Amparo C1993-20, complementó lo anterior, indicando que, se solicitó una herramienta dispuesta a entregar información cuantitativa respecto al logro o resultados de los objetivos de dicha institución y no datos personales.

A mayor abundamiento, lo anterior, fue reconocido expresamente por SENDA en su reclamo de ilegalidad, en el que afirma que "la peticionaria no requiere la divulgación del contenido de los exámenes realizados ni la identificación de aquellas personas que se sometieron a este procedimiento de control, sino datos numéricos que no están asociados a un titular identificado o identificable".

En consecuencia, al ordenar la entrega de datos numéricos o estadísticos, que no permiten acceder a la identidad de personas determinadas, aun cuando el número de ellas sea reducido por tratarse de las personas señaladas en el artículo 55 bis de la Ley N° 18.575, que detentan altos cargos públicos, no resulta aplicable la causal de reserva o secreto, por lo que no ha incurrido en ilegalidad el Consejo para la Transparencia al ordenar al reclamante SENDA, entregar datos estadísticos, "no asociados a un titular identificado o identificable», relacionados con el procedimiento de control contemplado en el Decreto N° 1215, por cuanto lo hizo en uso de sus atribuciones conferidas en el artículo 33, letras b, j) y m) que lo facultan para "resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a la ley", " velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado" y velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del estado", ordenando reservar cualquier antecedente que permita la identificación de las personas que se sometieron al examen de drogas, en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho a la protección de los datos personales, en la forma y condiciones que determine la ley, lo que debe ser interpretado en relación a lo dispuesto en los artículos 2°, letra e) de la Ley N° 19628, sobre protección de la vida privada.

El principio de divisibilidad de esta forma permite compatibilizar el acceso a la información con la reserva de los datos personales de los funcionarios, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 33 Letra m) de la Ley de Trasparencia, ya que la reserva o secreto de la información pública, en tanto excepción al principio de publicidad, sólo debe ser utilizada en casos concretos, importantes, en que sea estrictamente necesario y se justifique hacer ceder el derecho fundamental de acceso a la información, ya que de lo contrario esta garantía se afectaría innecesariamente, en circunstancias que la regla general es la publicidad, debiendo el secreto o reserva ser aplicados de manera restrictiva. Además, el principio de proporcionalidad exige que las excepciones no traspasen los límites de lo que es adecuado y necesario para la consecución del objetivo perseguido.

NOVENO: Que, por otra parte, se debe tener presente que la Ley N° 20.000, introdujo una serie de modificaciones a la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Dentro de esas modificaciones se agregó un inciso segundo, nuevo, en el artículo 40 de la Ley N° 18.575, por el cual se estableció que "No podrá ser Ministro de Estado el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir alguno de esos cargos, el interesado deberá presentar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad". También se contempló en la ley señalada, la incorporación del artículo 55 bis nuevo, por el cual se estableció que "No podrá desempeñar las funciones de Subsecretario, jefe superior de servicio ni directivo superior de un órgano u organismo de la Administración del Estado, hasta el grado de jefe de división o su equivalente, el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico".

De acogerse la interpretación sustentada por SENDA, en cuanto a que el procedimiento, del Decreto N° 1.215, por su naturaleza, es un procedimiento reservado y estrictamente confidencial, como así toda la información y datos relacionados con éste, llevaría en definitiva a excluir al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol "SENDA, de la aplicación de las normas de probidad y transparencia de la función pública, en circunstancias que el Principio de Publicidad es la regla general para el actuar de los órganos del Estado, y el "principio" base de la Institucionalidad en el artículo 8° de la Carta Fundamental.

La normativa que ha sido objeto de análisis en el desarrollo de esta sentencia, como se ha reiterado, tiende a fortalecer el control que la ciudadanía puede efectuar del actuar de sus órganos, en este caso de la Administración, o de sus funcionarios, más aun cuando el caso sub lite, existe un "interés público" comprometido, reforzando lo que la normativa sobre transparencia y acceso a la información establece, por cuanto se trata de acceder a información estadística relativa a la aplicación del Decreto N° 1215 del año 2007, del Ministerio del Interior, que establece las normas que regulan las medidas de prevención del consumo de drogas en los órganos de la Administración del Estado, así como el procedimiento de control de consumo aplicable a las personas que indica conforme a lo establecido en la Ley N° 18.575, por lo que se trata de datos estadísticos que permiten el debido control social por parte de la ciudadanía del desempeño de la función pública, que observan los funcionarios de la Administración del Estado en el ejercicio de sus funciones y en particular, con respecto al uso indebido de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

En este sentido, los tribunales superiores de justicia han ratificado que el ejercicio del derecho de acceso es un mecanismo de control social de los ciudadanos en materias de interés público. La Excma. Corte Suprema en sentencia de fecha 17 de enero de 2013, dictada en los autos Rol N° 6.663-2012, expresamente reconoce el "interés público" de la información como un elemento relevante e importante al momento de determinar la publicidad o reserva de la informa. Por lo que, atendidas las amplias repercusiones que devienen de las estadísticas solicitadas por doña Valentina Grey Pizarro, en el ejercicio de la función pública, resulta relevante asegurar a los ciudadanos el ejercicio de su derecho a acceder a información de manifiesto interés público como fue la solicitada a SENDA, en los casos que no se acredite una causal de reserva o secreto.

DÉCIMO: Que en tales condiciones la ponderación efectuada por la reclamada, se ajusta a la legalidad, así como la conclusión a la cual se arriba, esto es, que la entrega de la información solicitada no ocasiona una afectación presente, probable y con suficiente especificidad a los derechos de las personas, lo que no se presume, sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad, teniendo presente, además, que se hizo uso del principio de divisibilidad.

UNDÉCIMO: Que a mayor abundamiento, la forma en que se ordena la entrega de la información, esto es, previo tarjado, de nombre e identidades de personas, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 19.628, da cuenta que lo que se entregará corresponde a datos estadísticos.

DUODÉCIMO: Que, teniendo presente que en la materia que se revisa, la publicidad y el libre acceso a la información es la regla general, que sus excepciones o limitaciones han de interpretarse en forma restrictiva y que no se acreditó una efectiva afectación a alguno de los bienes jurídicos protegidos en el artículo 8 ° de la Carta Fundamental, la reclamación de autos será desestimada, al no configurarse las ilegalidades denunciadas.

Por estos fundamentos, y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 1, 21 y 28 de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, Ley N° 19.628, Decreto 1215 y art. 8° de la Constitución Política de la Republica, SE RECHAZA, el reclamo de ilegalidad deducido por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol "SENDA" en contra del Consejo para la Transparencia, representado por su Directora General doña Andrea Ruiz Rosa, por la dictación de las Decisiones de Amparo Roles C-1991-20, C-1992-20 y C-1993-20, adoptadas en Sesión Ordinaria N° 1114 del Consejo Directivo, celebrada con fecha 14 de julio de 2020.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la Ministra (s) señora Orellana.

Contencioso Administrativo 425-2020

Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Veronica Cecilia Sabaj E. y los Ministros (as) Suplentes Marcela Andrea Sandoval D., Soledad Orellana P. Santiago, cuatro de diciembre de dos mil veinte.

En Santiago, a cuatro de diciembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.