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Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género con Consejo para la Transparencia Rol: 521-2020

Consejo para la Transparencia, 18/11/2020

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género interpone reclamo de ilegalidad en contra de la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia, que acogió amparo. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza el reclamo de ilegalidad interpuesto, con voto en contra


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Gloria Solís Romero
  • Jessica González Troncoso
  • Paola Herrera Fuenzalida

Texto completo:

Santiago, dieciocho de noviembre de dos mil veinte.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

1°.- Que comparece debidamente representado el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, entidad que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información Pública, interpone reclamo de ilegalidad en contra de la decisión de amparo Rol C-2679-2020, adoptada por el Consejo para la Transparencia, representado por su Director General (S), don David Ibaceta Medina, ambos con domicilio en calle Morandé N° 360, piso 7, comuna de Santiago, solicitando que se deje sin efecto la referida decisión, que ordenó la entrega de los RIT y RUC de las causas de Violencia Intrafamiliar patrocinadas por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, entre los años 2010 y 2020.

Para fundar su reclamo expone que el Consejo para la Transparencia a desconocido la concurrencia y configuración de la causal de secreto y reserva contenida en el número 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, asimismo como la causal contenida en el mismo artículo número 1 letra c) y, en la ilegalidad que incurre la decisión recurrida al ignorar que la información que es objeto del presente reclamo no tiene el carácter de pública, conforme los límites fijados por la Constitución Política de la República a la normativa sobre publicidad de información de privados que obra en poder de la administración.

Refiere que don Lorenzo Quiñenao Lemunguier, interpuso amparo ante su disconformidad en la respuesta entregada por SERNAMEG, a su requerimiento de información, consistente en la entrega de los RUC y RIT de las causas de Violencia Intrafamiliar patrocinadas por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, entre los años 2010 y 2020. Añade que la respuesta del servicio fue enviada a su correo electrónico el 20 de mayo de 2020.

Añade que, interpuesto el amparo, y luego de evacuar el traslado conferido, el Consejo para la Transparencia acoge parcialmente la solicitud efectuada por el recurrente, y ordena al Servicio reclamante hacer entrega del número de casos en que se ha asumido el patrocinio y representación de mujeres víctimas de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar entre los años 2010 y 2018, así como de los RIT y RUC de cada una de las causas y el Juzgado y/o Tribunal ante el cual se ejerció la acción penal en representación de las víctimas, conforme habilita la Ley N° 20.066.

Sostiene que la información a la que pretende tener acceso el recurrente, contiene datos de carácter sensible, de mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos establecidos en el artículo 2 letra g) de la Ley N° 19.628, los que dicen precisamente relación con hechos o circunstancias de su vida privada, como asimismo, las causas a las que se pretende tener acceso contienen datos personales de terceras personas que comparecieron a los respectivos juicios.

Manifiesta que la atención que entrega SERNAMEG, no es solo de carácter judicial, toda vez que, a las víctimas de violencia de género se les entrega además atención psico-social, siendo su obligación la de proteger a las mujeres que acceden a atención, así como también a sus familias, por lo cual, entregar información que permita identificarlas o que expongan situaciones de su vida privada, pone en riesgo su integridad física, psíquica e incluso su vida, exponiéndolas a una victimización secundaria, afectando gravemente sus procesos en materia de reparación.

En razón de lo expuesto concluye que hacer entrega del RIT o RUC de las causas que han sido patrocinadas por el Servicio, implica entregar el acceso a información que contiene datos, de aquellos que la ley ha definido como personales y sensibles, tanto pertenecientes a las víctimas, como a los testigos e incluso imputados.

Expresa que, desde un punto de vista formal, si bien es cierto, la Ley de acceso a la información pública, entrega ciertas herramientas para proceder a notificar a estas terceras personas de quien se está solicitando cierta información calificada por la Ley N° 19.628 como sensibles o personales, en dicha notificación, los terceros al responder deben señalar si aceptan o rechazan la divulgación de sus datos personales, pero al existir un universo evidentemente alto que comprende a las partes directas, como a los terceros intervinientes, se hace materialmente imposible cumplir con el requisito establecido por la ley para su entrega, estos es, enviar una solicitud a todos y cada uno de sus titulares para que autoricen por escrito y de manera expresa la entrega de los mismos y, por otra, es poner en riesgo la vida y la integridad física y psíquica de aquellas mujeres víctimas de violencia, sometiéndolas a una revictimización, lo que implica afectar en algunos casos procesos reparatorios y, lo que es más grave, arriesgar su integridad física, psíquica y su vida, así como también la de sus familias.

Por otra parte, explica que en el caso sub lite, el recurrente ha solicitado los RIT y RUC, de todas las causas que el Servicio ha patrocinado a lo largo del territorio nacional desde los años 2010 a 2020, cuestión que resulta materialmente imposible de cumplir, ya que el Servicio a la fecha cuenta con 109 Centros de la Mujer y 43 Casas de Acogida a nivel país, y la sistematización de estos datos sólo se ha llevado a cabo desde el año 2019 a la fecha.

Indica que, teniendo en consideración que el Servicio no cuenta con la información sistematizada de conformidad a lo solicitado por el requirente mediante la solicitud de acceso a la información, se puede argumentar bajo el aforismo jurídico Impossibilium Nulla Obligatio, esto es, a lo imposible nadie está obligado. Por otro lado, teniendo en consideración de que no se cuenta con la información objeto del reclamo en el período comprendido en el mismo, es imposible construir este tipo de información, tomando en consideración además, que el Servicio no cuenta con personal calificado y en cantidad suficiente que pueda dedicarse de forma exclusiva a reunir esta información a lo largo del territorio nacional, más aún cuando los citados dispositivos, son ejecutados por prestadores externos (Municipalidades, gobernaciones u organizaciones de carácter privado), quienes a su vez deben proveer la información.

Agrega que en aplicación de la causal del artículo 21 letra c) de la Ley de Transparencia, el cumplimiento de lo resuelto por el CPLT en el fallo del amparo, en la práctica implicaría un elevado número de actos administrativos, por parte de funcionarios del servicio, como asimismo, de funcionarios de los ejecutores de los dispositivos que en definitiva deben proveer la información, distrayendo con ello sus labores habituales en la atención de los usuarios, considerando además que los equipos de estos dispositivos son limitados en número de funcionarios, sin perjuicio que además ello implicaría la construcción de información que el Servicio no posee, por lo que si el Servicio, en cumplimiento de lo resuelto por el Consejo para la Transparencia, realizara la entrega al requirente de esta información que a juicio del Servicio es sensible y que se encuentra protegida legal y constitucionalmente, se estaría frente a un potencial claro de afectación al derecho a la vida de aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia, han confiado en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, para el patrocinio de sus causas y la divulgación de este tipo de información las hace vulnerables y las vuelve víctimas del sistema.

Finaliza solicitando dejar sin efecto la decisión impugnada, ordenando que no se entregue la información requerida por los fundamentos expresados o, en su defecto, que dicha información sea entregada solo en el período en que el Servicio efectivamente pueda dar cumplimiento, esto es, en el período de los años 2019 y 2020, los cuales se encuentran debidamente sistematizados.

2°.- Que se recibieron las observaciones efectuadas por el tercero interesado, quien en lo pertinente al reclamo, solicitó que éste sea rechazado en todas sus partes, refiriendo que con fecha 28 de abril de 2020, requirió al SernamEG la siguiente información:

"1. El número de casos en los que el Servicio Nacional de la Mujer ha asumido el patrocinio y representación de la mujer víctima de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar entre los años 2010 y 2020.

2. El RIT y RUC de cada una de las causas y el Juzgado y/o Tribunal ante el cual se ejerció la acción penal.

3. Se indique qué casos tienen la calidad de reservados y el motivo."

Agrega que mediante carta registro N.° 286257, de 20 de mayo de 2020, el Servicio respondió el requerimiento de acceso, señalando, en lo pertinente, que:

"En relación a la solicitud N° 1 en el que requiere el número de casos en los que el Servicio ha asumido el patrocinio y representación de la mujer víctima de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar entre los años 2010 y 2020, cumplo con informar a Ud., que de acuerdo a la información proporcionada por la Unidad de Violencia contra las Mujeres, sólo se cuenta con los registros de los años 2019 y 2020 del número total de causas con Representación Judicial en Centros de la Mujer (CDM) y Casas de Acogida (CDA) del País, que se indican: (...)

En relación a la solicitud de los RIT y RUC de cada una de las causas y el Juzgado y/o Tribunal ante el cual se ejerció la acción penal, cumplo con señalar que el SernamEG no está facultado para entregar dicha información por tratarse de información de carácter sensible o reservada.

Vinculado a lo anterior y dando respuesta a su tercer requerimiento, informo a usted que la denegación de los RIT y RUC de las causas que representa el Servicio se enmarca en lo que mandata el artículo 21 N° 2 de la Ley 20.285 (...)."

Añade que con fecha 21 de mayo de 2020, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del SernamEG, fundado en la respuesta incompleta y negativa otorgada a su requerimiento de acceso, el que fue acogido parcialmente, ordenando entregar lo siguiente:

i. Número de casos en los que el Servicio Nacional de la Mujer ha asumido el patrocinio y representación mujeres víctimas de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar entre los años 2010 y 2018.

En la eventualidad que la recurrida hubiese dado cumplimiento parcial o total a dicha obligación en forma previa a la adopción del presente acuerdo, deberá acreditar suficientemente dicha circunstancia, en sede de cumplimiento.

ii. El RIT y RUC de cada una de las causas y el Juzgado y/o Tribunal

ante el cual se ejerció la acción penal.

iii. Se indique qué casos tienen la calidad de reservados y el motivo. Con todo, en el evento de no existir causas calificadas como reservadas por los tribunales respectivos, dicha circunstancia se deberá acreditar en sede de cumplimiento, de conformidad al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

Refiere que los argumentos desarrollados por el SernamEG en su calidad de reclamante de ilegalidad deben ser desestimados, por cuanto en ellos no se vislumbra ningún vicio de legalidad atribuible a la Decisión de Amparo C-2679-20 adoptada por el Consejo para la Transparencia. Por el contrario, el Reclamo reproduce casi íntegramente las mismas alegaciones ya realizadas en la etapa de formulación de descargos ante el Consejo, sin identificar en ningún momento dónde, cómo ni por qué se configuraría la ilegalidad imputada,

Agrega que si lo que pretende el Servicio es vincular la expresión

"datos sensibles" de la letra g) del artículo 2 de la Ley N° 19.628 con los RIT y RUC de las causas judiciales solicitadas por él, y de esa manera arribar a la conclusión de que su publicidad afectaría los derechos de las personas intervinientes de dichas causas, erraría abiertamente toda vez que los datos objetivos consistentes en el RIT y RUC de las causas en las cuales ha intervenido el SernamEG asumiendo el patrocinio de mujeres víctimas de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, en un determinado período de tiempo, no son datos sensibles, ya que ellos corresponden a aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.

Finalmente, en lo que atañe a la eventual vulneración al artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley N° 20.285, lo cierto es que esta alegación debe ser desestimada, porque resulta contraria a la buena fe procesal y, porque al esgrimir esta causal, el SernamEG transgrede el principio de congruencia que orienta todo procedimiento, razones que lo motivan a pedir el rechazo del reclamo.

3°.- Que evacuó informe el Consejo para la Transparencia, entidad que luego de contextualizar los hechos en similares términos a los ya consignados, explica que por Decisión Rol C-2679-20, adoptada con fecha 25 de agosto de 2020, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo deducido por don Lorenzo Quiñenao Lemunguier en contra del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad De Género (SERNAMEG), requiriendo a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que entregue al solicitante la información ya reseñada en los basamentos anteriores.

Añade que teniendo en consideración la especificidad de la parte petitoria del reclamo de autos, y el tenor de los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya, el debate se centra en determinar si la reclamada obró conforme a derecho, al acoger parcialmente el amparo deducido por don Lorenzo Quiñenao Lemunguier, requiriendo a SERNAMEG hacer entrega del RIT y RUC de cada una de las causas y el Juzgado y/o Tribunal ante el cual se ejerció la acción penal, entre los años 2010 y 2018, declarando su carácter público, desestimando la causal de reserva prevista en el numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia invocada durante el procedimiento de amparo, ya que respecto de la información relativa al número de casos en los que el Servicio Nacional de la Mujer ha asumido el patrocinio y representación de mujeres víctimas de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar entre los años 2010 y 2018, y aquella referente a indicar qué casos tienen la calidad de reservados y el motivo de dicha reserva, el SERNAMEG se ha allanado tácitamente a su entrega al no haber reclamado de ilegalidad a su respecto, por lo que esta parte de la decisión de amparo C2679-20, ha quedado firme y ejecutoriada y se encuentra fuera de la presente controversia.

Alega falta de legitimación activa del SERNAMEG para invocar la causal del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, como fundamento de su reclamo de ilegalidad, conforme a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 28 del citado cuerpo legal, ya que se encuentra imposibilitado de reclamar de ilegalidad sobre la base de la causal de reserva consistente en la afectación del debido cumplimiento de sus funciones contemplado en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, al señalar que entregar la información requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, conforme a la limitación establecida en el inciso 2° del artículo 28 de la citada ley, cuyo tenor es claro al sostener que no le asiste la facultad de interponer un reclamo de ilegalidad al órgano de la Administración por las causales de secreto o reserva de información contenidas en el artículo 21 N° 1 del estatuto referido, dejando de manera exclusiva y excluyente entregada la consideración, ponderación y resolución de dicha causal al Consejo para la Transparencia.

Sostiene que los argumentos que se esgrimen para intentar configurar la causal de reserva prevista en el art. 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, no formaron parte de las alegaciones en el procedimiento de amparo, ya que el SERNAMEG sólo alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la ley, por lo que la invocación extemporánea del N° 1, del citado artículo 21, infringe el principio de congruencia procesal e incide en el ámbito de competencia del examen de legalidad que debe efectuar esta Corte.

Refiere que ha sido el legislador quien permite el conocimiento público del número de RIT y RUC de las causas judiciales que se tramitan ante los tribunales de competencia penal, conforme lo dispuesto en el artículo 9° del Código Orgánico de Tribunales, el Código Procesal Penal, y la Ley N° 20.886.

Concluye que del marco normativo precedentemente citado, queda claro que los datos consistentes en el RIT y RUC de las acciones penales interpuestas por el SERNAMEG, y el tribunal en que se tramitan, son datos de carácter público, por encontrarse incorporados en el sistema de búsqueda de causas del Poder Judicial, el cual debe garantizar el pleno acceso de todas las personas en condiciones de igualdad y por existir norma expresa que obliga a publicar las sentencias penales. En dicho sentido, la única limitación impuesta por la Ley N° 20.886, ha sido la prohibición de efectuar un tratamiento masivo de datos personales, exceptuando de esta búsqueda las causas, sujetos o trámites que se reserven por disposición de la ley o por decisión del juez, tal como señala el Auto Acordado 37-2016 de la Excma. Corte Suprema, y como en el caso sub lite, no existe una disposición legal que declare expresamente el carácter reservado de dichos datos, como tampoco se ha acreditado la existencia de resoluciones judiciales que declaren reservados los datos sobre los procedimientos judiciales requeridos, entonces debe primar el principio de publicidad sobre los mismos.

Finalmente, sostiene que la entrega de la información consiste en los RIT y RUC de las acciones penales interpuestas por el SERNAMEG y la indicación del tribunal en que se tramitan no pone en riesgo la vida, la integridad física y psíquica de las personas, por lo que no se configura la causal de reserva prevista en el N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en conformidad a lo exigido por el inciso 2° del artículo 8° de la Carta Fundamental.

4°.- Que el presente reclamo se basa en lo prevenido en el N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, como asimismo en la causal contenida en el mismo artículo N° 1 letra c) que señalan:

"Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

1.- cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:

c) tratándose de requerimientos de carácter genéricos, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

2.- Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.".

De lo señalado en la disposición transcrita, fluye con claridad que cualquier interesado, cuya pretensión no se trate de requerimientos de carácter genéricos, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, o perjudique la seguridad, la salud, la esfera de la vida privada o los derechos de carácter comercial o económico de las personas, podrá solicitar de los órganos de la Administración del Estado, la información que requiera a sus fines.

5°.- Que la solicitud de acceso a la información de acuerdo a lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Transparencia, cumple, en lo formal con las exigencias de haberse presentado por escrito, con la individualización del requirente, la indicación del órgano administrativo al que se la dirige, la identificación clara de lo que se solicita y con motivos suficientes para requerirla.

6°.- Que la reserva a que alude la entidad recurrente al rechazar la información requerida -llevado en esta oportunidad al ámbito del amparo informativo planteado ante el Consejo- tiene su fundamento precisamente en la norma del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, ya transcrita, toda vez que no aparece de los antecedentes que la información parcial, cuyo acceso se ha otorgado, afecte o perjudique la seguridad, salud, vida privada o derechos de carácter comercial o económico de quienes se encuentran incluidos en la base de datos, relacionados con las personas y menos que exista una ley de quórum calificado que lo impida. Cabe tener presente que la solicitud planteada, sólo dice relación con la entrega de RIT y RUC de causas penales.

7°.- Que por otra parte, la alegación de la recurrente en el sentido de que por ley ha de guardar el secreto o reserva, cabe tener presente que tal obligación asiste a cada uno de los funcionarios y no a los órganos de la Administración, que resultan ser persona distinta de quienes laboran en ella.

8°.- Que asimismo, la alegación de la recurrente en cuanto dice relación con que distraería a funcionarios de su repartición para confeccionar la información requerida, ha sido precisamente la ley la que le impone tal carga y no pude excusarse de su cumplimiento. Al efecto cabe tener presente lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 28 de la Ley N° 20.285, que dispone: "Los órganos de la Administración del Estado no tendrán derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información que hubieren denegado, cuando la denegación se hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 21."

9°.- Que por otra parte, cabe tener presente lo señalado por la recurrida en su informe, cuando destaca que ha dispuesto la entrega de la información sin afectar a las personas naturales ni garantía constitucional alguna.

10°.- Que de todo lo anterior, se colige que el Consejo para la Transparencia, al acoger el amparo solicitado por la requirente ha actuado conforme a las atribuciones que la ley le entrega, de resolver conflictos sobre el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado.

Y vistos, además, lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N° 20.285, se rechaza el reclamo de ilegalidad, interpuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

Acordado lo anterior, desechada que fue la indicación previa de la ministra señora González Troncoso, quien estuvo por actuar de oficio, e invalidar lo actuado, tanto en sede jurisdiccional como administrativa, por las siguientes consideraciones:

1°- En primer lugar porque en el caso de autos no se dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 20 de la Ley N° 20.285, Ley de Transparencia, precepto que proteger los derechos de terceros que pudiesen verse afectados con una solicitud de información, a fin de que éstos tuvieran la posibilidad de manifestar su conformidad u oposición, en cuyo último caso el órgano requerido se verá impedido de entregar la información solicitada. La citada norma nada dice acerca del número de afectados, de suerte que la explicación en tal sentido de la reclamante, no justifica su omisión, sobre todo considerando que se trata de un trámite expresamente establecido en la ley, por cuanto claramente se dispone, en términos perentorios, que la autoridad "deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados", mecanismo que en este caso se incumplió.

2°- Que, así las cosas, si la comunicación a los interesados constituye un trámite esencial en el procedimiento administrativo destinado a establecer si la información en cuestión puede ser dada a conocer al solicitante de ella, su ausencia, importa infracción al debido proceso que en opinión de quien previene, obliga a invalidar de oficio el procedimiento en su integridad y retrotraer el procedimiento administrativo a fin que se dé cumplimiento al artículo 20, respecto a los terceros interesados para los fines descritos en dicha norma.

En cuanto al fondo, la decisión de rechazar la reclamación de ilegalidad, lo fue contra el voto de la ministra señora González Troncoso, quien estuvo por acogerla parcialmente y, en consecuencia, dejar sin efecto la decisión de amparo Rol C- 2679-20, en cuanto a entregar los RIT y RUC de cada una de las causa y el juzgado y/o tribual ente el cual se ejerció la acción penal, teniendo para en consideración lo siguiente fundamentos:

1°.- Que en opinión de quien disiente el asunto a resolver no se limita a considerar el carácter público de los procesos judiciales en el orden penal, salvo la reserva decretada por el tribunal que conoce de la causa, pues se vincula directamente con la naturaleza del asunto y el rol que cumple el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. En efecto, la reclamante asume el patrocino de mujeres víctimas de violencia en cumplimiento de un mandato legal -artículo 20 de la Ley N° 20.066- como una forma de cumplir los compromisos asumidos por el Estado en el ámbito internacional de los derechos humanos y específicamente, en este caso, para acatar las normas de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Violencia contra la mujer" (CEDAW) y la "Convención para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer" (Belem Do Pará).

2°.- Que en el contexto señalado, entregar los RIT y RUC de causas patrocinadas por el Servicio, importa dar acceso a información que permitirá tomar conocimiento de datos que afectarían la vida privada de la personas afectadas, pues dicen relación con aspectos personales y sensibles de ellas, sus familiares y entorno social, desatendiendo la confianza entregada por las mujeres víctimas de violencia, quienes recurren a dicha institución en resguardo de sus derechos y a fin de obtener protección integral contra el flagelo de la violencia que experimentan, la que no pocas veces se extiende también a sus hijos. Dentro de los objetivos institucionales se encuentra, precisamente, "contribuir a fortalecer las autonomías de las mujeres, promoviendo su derecho a una vida libre de violencia, a través de programas o iniciativas relacionadas con la prevención, atención y reparación de la violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia a través de la representación especializada". Si el reclamante se encuentra obligado a entregar apoyo y representación judicial a las mujeres víctimas de violencia en el ámbito penal, resulta contrario a sus fines y atentatorio a los derechos de sus patrocinadas, difundir datos que permiten acceder a la esfera privada de las mujeres afectadas, información que en definitiva se enmarca en la esfera de protección de la Ley N° 19.628, al ser definida como datos "personales y sensibles". Ha de tenerse presente también que la institución reclamante pone a disposición de las mujeres -como grupo vulnerable- una red integral de protección que no solo se limita a la representación judicial, sino a todos los ámbito de su vida para el pleno ejercicio de sus derechos sin violencia, como política pública diseñada para proteger la vida e integridad física y psíquica de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, por lo que no resulta razonable ni proporcional, acceder a lo requerido.

3°.- Que para quien disiente, se configura en el caso de autos la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto se entregaría información que permitiría identificar a las representadas -víctimas de violencia de género- conocer datos de su vida privada, afectando sus procesos de reparación e integridad psicológica y física.

Regístrese y comuníquese

Redacción de la Ministro señora Solís y la prevención y disidencia de su autora.

Civil (Ilegalidad) N° 521-2020.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Jessica González Troncoso, e integrada por la Ministro señora Gloria Solís Romero y Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jessica De Lourdes Gonzalez T., Gloria Maria Solis R. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, dieciocho de noviembre de dos mil veinte.

En Santiago, a dieciocho de noviembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.