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Servicio de Impuestos Internos con Consejo para la Transparencia Rol: 477-2020

Consejo para la Transparencia, 29/12/2020

Servicio de Impuestos Internos interpone reclamo de ilegalidad en contra de la Decisión de Amparo dictada por el Consejo para la Transparencia, que acogió por unanimidad amparo al derecho de acceso a la información. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza el reclamo de ilegalidad interpuesto, con voto en contra


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Texto completo:

Santiago, veintinueve de diciembre de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

1°.- Que comparece don Miguel Zamora Rendich, abogado, en representación del Servicio de Impuestos Internos, (en adelante SII), domiciliado en calle Teatinos N° 120, piso 2°, Santiago, quien interpone reclamo de ilegalidad en contra de la Decisión de Amparo dictada por el Consejo para la Transparencia, (en adelante CPLT), en Sesión Ordinaria N° 1120, de 11 de agosto de 2020, que acogió por unanimidad, el amparo al derecho de acceso a la información, deducido por don Matías Rojas Medina, en autos Rol C2614-20.

Funda su reclamación señalando que mediante solicitud de acceso a la información pública de 30 de marzo de 2020, don Matías Rojas Medina requirió al Servicio de Impuestos Internos lo siguiente: "Amparado por la ley 20.285, y considerando el criterio establecido por el consejo para la transparencia en la decisión de amparo C900-13, solicito una nómina que comprenda el nombre o razón social, y rut de las personas naturales o jurídicas, que han efectuado donaciones a la corporación cultural de la ilustre municipalidad de Teno, en virtud del artículo 8° de la ley N° 18.985, con indicación del monto o especie donada y la fecha en que se hizo la donación."

Indica que, el 30 de abril de 2020, se dio respuesta a la solicitud por el Subdirector de Asuntos Corporativos del Servicio, denegándola en los siguientes términos:

(i) De conformidad con lo dispuesto en la letra c), del N° 1, del artículo 21, de la Ley N° 20.285, se indicó que este Servicio se encuentra imposibilitado de dar respuesta en los términos específicos consultados, ya que la entrega de la información requerida implica generar un estudio puntual, que incluye un análisis, procesamiento y consolidación de información, lo que significaría crear una nueva base de datos para extraer los antecedentes solicitados; distrayendo indebidamente las funciones de este organismo.

(ii) Asimismo, considerando que la información solicitada se refiere a contribuyentes personas naturales, este Servicio se encuentra impedido de proceder a su entrega, por cuanto dichos datos se encuentran resguardados, conforme a lo dispuesto en la letra f), del artículo 2°, y artículo 4°, ambos de la Ley de Transparencia, por lo cual, resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7°, de la citada ley; en relación a su vez con la causal de reserva del N° 2, del artículo 21, de la Ley N° 20.285, y acorde al N° 4°, del artículo 19, de la Carta Fundamental.

(iii) La información solicitada se refiere a documentación tributaria de contribuyentes, por lo que se configura la causal de reserva contemplada en el N° 5, del artículo 21, de la Ley N° 20.285, encontrándose esta repartición impedida de proporcionarla a terceros debido al deber de secreto tributario.

(iv) Finalmente y en virtud del principio de "facilitación", establecido en la letra f) del artículo 11°, de la Ley N° 20.285, y el artículo 17, letra e) de la Ley N° 19.880, se informó al peticionario que se cuenta con información pública que puede ser de utilidad, la cual se encuentra permanentemente a disposición del público a través de la página web del Servicio, ingresando al siguiente link: http://www.sii.cl/sobre_el_sii/nominadonaciones.htm, donde podrá obtener estadísticas de las declaraciones juradas asociadas a donaciones año tributario 2006 al 2017, de los códigos de donaciones del Formulario 22 e información de donaciones realizadas a Universidades, información de la cantidad de declarantes y de los montos asociados, además del listado de donantes y donatarios personas jurídicas para todas las declaraciones juradas y Universidades.

Expone que el 19 de mayo de 2020, el requirente dedujo amparo de acceso a la información pública ante el CPLT, fundado únicamente en la "Respuesta negativa a la solicitud de información".

En sus descargos, el Servicio reiteró y profundizó los fundamentos esgrimidos en la respuesta dada al solicitante, en particular, respecto a las causales de reserva contenidas en la letra c) del N° 1°, 2° y 5° del artículo 21 de la Ley 19.628, la primera de ellas, en relación con lo establecido en el artículo 13°, de la Ley N° 20.250, la segunda causal procede en relación con la garantía contenida en el N° 4 del artículo 19 de la Constitución Política, y por causal del N° 5 del artículo 21 en relación con el artículo 35 del Código Tributario.

Asimismo, se sostuvo que el amparo deducido adolecía de vicios de admisibilidad, en relación con el artículo 24 de la Ley N° 20.285, (en adelante LT), atendido que no se cumplían los presupuestos legales que lo hacen procedente.

Expresa que, en Sesión Ordinaria N° 1120, de 11 de agosto de 2020, se resolvió acoger el amparo al derecho de acceso a la información deducido, ordenando al Director del Servicio: "entregar al peticionario el listado o nómina de personas naturales y jurídicas, con indicación de su nombre y RUT, que hayan efectuado donaciones a la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Teno, en virtud de la Ley de Donaciones con Fines Culturales, con indicación del monto o especie donada y la fecha en que se hizo la donación", decisión acordada por la unanimidad de los miembros presentes del Consejo Directivo, integrado por su Presidente, don Jorge Jaraquemada Roblero, y la Consejera, doña Gloria de la Fuente González, dejándose constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el presente caso.

Reclama que la decisión de amparo adolece de vicio de nulidad de derecho público, por cuanto ha sido adoptada sin contar con el quórum mínimo establecido por ley para que los consejeros puedan deliberar y decidir y, por otro, ha sido dictada fuera del plazo legal.

Precisa que, la decisión ha sido adoptada en contravención al artículo 40 de la LT en relación con los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, por cuanto, se adoptó por sólo dos consejeros, lo que no se adecua al mencionado artículo 40. En efecto, se dejó constancia que el consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, es decir, la decisión fue pronunciada únicamente por don Jorge Jaraquemada Roblero y doña Gloria de la Fuente González.

Destaca que encontrándose inhabilitado un consejero, éste no puede concurrir a efectos de formar el quórum exigido por el artículo 40 de la LT, por cuanto, tal razonamiento no pasa de ser un cumplimiento meramente formal de la norma, ya que los consejeros al concurrir a la adopción de un acuerdo deben necesariamente poder ejercer su derecho a voto, sea acogiendo o rechazando el amparo interpuesto.

Indica que el consejero Francisco Leturia Infante se encontraba impedido de ejercer su derecho a voto, atendida la causal de inhabilidad que le asistía, por lo que malamente puede pretenderse que se le cuente a efectos de la formación del quórum, por cuanto, no podía cumplir con lo previsto en el artículo 33, letra b), de la LT, en orden a contribuir conjuntamente con los otros consejeros a: "Resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley."; no formando, en consecuencia, parte del quórum con el que se adoptó la Decisión que por esta vía se impugna.

Agrega que lo obrado por el Consejo Directivo del CPLT constituye una infracción a la garantía fundamental del artículo 19° N° 3 de la Constitución Política, por cuanto mediante la actuación de una comisión especial, constituida sin arreglo a la ley, se ordena al Director del Servicio a entregar información sujeta a causales de secreto o reserva, obviando cualquiera consideración respecto del debido respeto a las normas legales y constitucionales, tanto en su forma como en su fondo, que asiste a los órganos del Estado, toda vez que el derecho constitucionalmente protegido en comento no distingue entre personas naturales o jurídicas, estando, en consecuencia, vedado al interprete realizar cualquiera diferenciación al respecto.

En otro capítulo, reclama que la decisión de amparo ha sido dictada fuera del plazo previsto en el artículo 27, inciso 1°, en relación con el artículo 25, ambos de la LT. Señala que el Consejo Directivo del CPLT debe resolver el reclamo: a) No habiéndose fijado audiencia, dentro de quinto día hábil de vencido el plazo para que la autoridad reclamada y el tercero presenten sus descargos u observaciones, y b) Habiéndose fijado audiencia, dentro de quinto día hábil de vencido el término fijado para ésta.

Explica que, en este caso, el Servicio evacúo su escrito de descargos el 7 de julio de 2020, fecha a partir de la cual comenzó a correr el plazo del artículo 27, inciso primero, de la LT. Sin embargo, recién se resolvió el asunto el 11 de agosto de 2020, es decir, más de un mes después, apartándose completamente del plazo antes indicado.

En definitiva, habiéndose dictado la Decisión de Amparo que por esta vía se impugna, con evidente infracción a lo dispuesto en el artículo 27, inciso primero, de la LT, debe necesariamente sancionarse tal circunstancia con la nulidad de dicho acto, de acuerdo con lo previsto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política.

En cuanto a las causales de reserva que concurren y que se han infringido por la Decisión de Amparo, expresa que no resulta posible acceder a la entrega de la información solicitada, por cuanto, se encuentra amparada por las causales de secreto o reserva previstas en el N° 2° del artículo 21, de la LT, en relación con los artículos 2° letra f), i) y ñ); 4° y 7°, todos de la Ley N° 19.628 y lo dispuesto en el N° 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; y, en seguida, el N° 5, del artículo 21, de dicha ley, en razón de lo preceptuado en el inciso segundo, del artículo 35, del Código Tributario, en relación con lo dispuesto en el N° 9°, del artículo 8° bis, del mismo cuerpo legal, lo prescrito en el artículo 1° transitorio de la LT, lo dispuesto en los artículos 8°, inciso 2°, y la disposición cuarta transitoria, de la Constitución Política de la República.

Expone que la obligación de presentar la Declaración Jurada para los beneficiarios de las donaciones con fines culturales efectuadas conforme lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N° 18.985, fue establecida por el SII mediante la referida Resolución N° 118, de 2014.

Precisa que lo requerido fue una "nómina que comprenda el nombre o razón social, y rut de las personas naturales o jurídicas, que han efectuado donaciones a la corporación cultural de la ilustre Municipalidad de Teno, en virtud del artículo 8° de la ley N° 18.985, con indicación del monto o especie donada y la fecha en que se hizo la donación.".

Explica que dicha información es utilizada por el Servicio para la correcta fiscalización de los Formularios N° 22 de aquellos contribuyentes que habiendo efectuado donaciones conforme al artículo 8° de la mencionada Ley, hayan decidido deducirlas de su base imponible, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 N° 7 de la Ley sobre Impuestos a la Renta.

Indica que la información solicitada no sólo proviene de una declaración jurada que los contribuyentes se encuentran obligados a presentar al Servicio, sino que además, dicha información es utilizada tanto por los contribuyentes para la confección de su Declaración de Impuestos a la Renta, como por el SII para determinar la veracidad de la misma; lo cual redunda en la imposibilidad de entregarla atendido que se encuentra sujeta a diversas causales de secreto o reserva.

En relación con la afectación de los derechos de terceras personas, el N° 2° del artículo 21 de la LT establece que se podrá denegar el acceso a la información requerida: "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico".

Precisa que los antecedentes ordenados entregar contenidos en la Declaración Jurada N° 1828, cumplen cabalmente con los requisitos copulativos señalados en la decisión de Amparo C3087-17, si se considera que en dicha Declaración se identifica el nombre, RUT, monto y fecha en que los contribuyentes efectuaron donaciones al alero del artículo 8° de la Ley N° 18.985, a la corporación cultural de la Ilustre Municipalidad de Teno.

Afirma que desde que se presenta esta Declaración Jurada, se está informando el acto de disposición patrimonial efectuado por un tercero, así como los datos personales de éste, los cuales tienen carácter de reservados, según las letras f) e i) del artículo 2°, en relación con los artículos 4° y 7°, todos de la Ley N° 19.628. Según lo expuesto queda establecido que la causal de reserva invocada es plenamente aplicable ya que no sólo se vulneran los derechos económicos de los contribuyentes donantes a la Corporación Cultural de la I. Municipalidad de Teno, sino además, su derecho a la vida privada, de conformidad al N° 4 del artículo 19 de la Constitución Política.

Expone que del tenor de las normas antes citadas, queda de manifiesto que constituyen datos personales los que se refieren a la identidad de una persona, que tienen el carácter de reservados, a menos que provengan de una fuente accesible al público, lo que en autos no ocurre, toda vez que la información que se solicita proviene de una fuente que no es pública, como es el SII. Agrega que la Ley no ha previsto una excepción en los términos que manifiesta el CPLT en la Decisión de Amparo al anteponer a la privacidad de las personas el principio de publicidad de los actos públicos, que claramente no dice relación con las personas, sino que con las instituciones públicas.

Añade que los contribuyentes, jamás pierden la titularidad sobre la información que entregan al órgano fiscalizador, lo que es reconocido expresamente en la Ley 19.628, al expresar en la letra ñ) del artículo 2° que es "Titular de los datos, la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal." Por lo tanto, el SII no es el titular de la información que entreguen los contribuyentes, para las labores propias de la repartición, lo que se ve reforzado con el establecimiento del deber de reserva tributario.

En relación con la publicidad, cita el artículo 8° de la Carta Fundamental, junto con el artículo 5° de la LT, señalando que la información pública reviste un interés para la ciudadanía y que se encuentra sujeta al deber de transparencia, el que está constituido por: (i) El acto administrativo propiamente tal; ii) Las resoluciones (forma de acto administrativo terminal) iii) Los fundamentos de dichos actos o resoluciones; iv) Los procedimientos necesarios para su emisión. La circunstancia que determinada información se encuentre en poder de un órgano del Estado no genera, necesariamente, que dichos antecedentes tengan el carácter de información de utilidad pública, conforme a las normas citadas.

Destaca que la información ordenada entregar, extraída de la Declaración Jurada N° 1828, no corresponde a un acto administrativo del Servicio, ni forma parte de aquél, ya que su elaboración y envío es responsabilidad de los contribuyentes, sin que tenga participación alguna la repartición, más allá de efectuar, posteriormente, su revisión, citando una sentencia de la Excma. Corte Suprema en causa rol 74842013.

Luego, alega que el N° 5 del artículo 21 de la LT, establece expresamente la posibilidad de que un órgano del Estado pueda abstenerse de entregar la información solicitada, en caso de que: "se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo con las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución de la Política".

Añade que el artículo primero transitorio de la Ley N° 20.285, establece que se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.050, que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8° de la Constitución Política.

Indica que la Ley N° 20.050 fue promulgada el 26.08.2005, en consecuencia, todos aquellos preceptos legales dictados con anterioridad y que cumplan con la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, en lo que dice relación con el secreto o reserva, se entenderá que cumplen con la exigencia de ser de quórum calificado.

Resalta que el Código Tributario, cuerpo legal que contiene el artículo 35, referido al secreto tributario, es anterior a la promulgación de la Ley N° 20.050, además de cumplir con el requisito establecido en la disposición cuarta transitoria de la Carta Fundamental, por lo que no cabe duda que ha de ser considerado como ley de quórum calificado y por lo mismo, el secreto o reserva en el contenido constituirá una excepción legal a la entrega de información requerida por la ley antes señalada.

Luego, alega que la legislación contempla la obligación de reserva de las declaraciones impositivas en el artículo 8 bis y N° 9 del Código Tributario y, desde el punto de vista del SII, esta obligación está consagrada en el citado inciso segundo del artículo 35 del mismo cuerpo legal, que tiene la naturaleza de una ley de quórum calificado. Adiciona que, en virtud de la Ley N° 21.210, se amplió la extensión del secreto tributario, y actualmente no sólo comprende las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes, sino todo el contenido del proceso de fiscalización.

Concluye que la información solicitada se encuentra amparada por el deber de reserva tributario, consagrado en la normativa citada, por tratarse de una declaración jurada obligatoria que contiene información relativa a la cuantía o fuente de las rentas de un contribuyente.

Agrega que la Ley N° 21.120 instauró un nuevo artículo 206 al Código Tributario, señalando que: "La obligación de reserva establecida en el artículo 35 u otras leyes tributarias, se mantendrá respecto de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio de Tesorerías incluso después de haber cesado en sus funciones. De esta forma, si un ex funcionario de dichos servicios vulnera la obligación de reserva, se le aplicará una multa equivalente al daño producido, incrementada en la cantidad que corresponda a cualquier pago, promesa o recompensa que se hubiere recibido a cambio del acto que vulnera la reserva".

Adiciona que el N° 5 del artículo 101 del Código Tributario, sanciona hasta con destitución del cargo al funcionario que revele datos o antecedentes sujetos a secreto o reserva, sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse, conforme a los artículos 246 y siguientes del Código Penal, sin distinguir si esa garantía dice relación con personas naturales o jurídicas.

Concluye señalando que la información entregada por los contribuyentes al Servicio sólo puede ser utilizada para sus fines propios, esto es, la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos, lo que se manifiesta, principalmente, en sus facultades de fiscalización. Tanto es así que cuando el Servicio se encuentra en la obligación de entregar información tributaria a otras instituciones, ésta sólo podrá ser utilizada para los fines propios de dicha institución, conforme lo dispuesto en el inciso 5° del artículo 35 del Código Tributario, al señalar: "La información tributaria, que conforme a la ley proporcione el Servicio, solo podrá ser usada para los fines propios de la institución que la recepciona".

2°.- Que en su informe don David Ibaceta Medina, Director General Suplente y representante legal del CPLT, solicita el rechazo de la reclamación.

Funda sus alegaciones señalando que el 30 de marzo de 2020, don Matías Rojas Medina requirió al SII la siguiente información: "nómina que comprenda el nombre o razón social, y rut de las personas naturales o jurídicas, que han efectuado donaciones a la corporación cultural de la ilustre Municipalidad de Teno, en virtud del artículo 8° de la ley N° 18.985, con indicación del monto o especie donada y la fecha en que se hizo la donación".

Indica que el SII, mediante Resolución Exenta de 30 de abril de 2020 denegó la información requerida, alegando, la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la LT, atendido que para entregar lo pedido sería necesario la revisión de un alto número de actos para la construcción de una nueva base de datos que permita extraer los antecedentes solicitados. A su turno, indicó que, aun cuando se hubiera podido procesar dicha información, se encuentra impedido de proporcionarla, ya que contiene información referente a documentación tributaria de contribuyentes, por lo que se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la LT, en relación con el artículo 35 del Código Tributario. Finalmente, señaló que no se puede entregar lo requerido, ya que se trata de antecedentes de personas naturales, los que se encuentran resguardados por la Ley N° 19.628, en relación con la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la LT.

Agrega que el 19 de mayo de 2020, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del órgano referido, fundado en haber recibido respuesta negativa a su solicitud y habiéndose conferido traslado, mediante presentación de 7 de julio de 2020, el SII lo evacuó, reiterando la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia; y, nuevamente invocó las causales del artículo 21 N° 2 y 5 de la citada ley, señalando que aun cuando el organismo tuviera elaborada la información requerida, se encontraría imposibilitado de dar respuesta en los términos solicitados, ya que aquella contiene antecedentes tributarios de contribuyentes.

Indica que por Decisión de Amparo Rol C2614-20, de 11 de agosto de 2020, el CPLT acogió el Amparo en contra del SII, ordenando hacer entrega del: "listado o nómina de personas naturales y jurídicas, con indicación de su nombre y RUT, que hayan efectuado donaciones a la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Teno, en virtud del artículo 8° de la ley N° 18.985, con indicación del monto o especie donada y la fecha en que se hizo la donación".

En cuanto a la alegación de nulidad de derecho público, fundada en que la decisión de amparo se adoptó únicamente con el voto de dos de los Consejeros del CPLT, lo que infringiría lo dispuesto en el artículo 40 de la LT, expone que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del amparo C2614-20, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 y en el numeral 1° del acuerdo del CPLT sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido.

Expone que la abstención para votar y participar en la discusión de la decisión por parte del Consejero Sr. Leturia, no quiere decir que la decisión sea nula, ni que el Consejo se haya convertido en una comisión especial como asevera el SII, por cuanto, el órgano reclamante incurre en un error al confundir la exigencia legal sobre el quórum mínimo para sesionar, con el quórum de consejeros presentes para adoptar una decisión y resolver un amparo, tratada en los artículos 40 y 41 de la LT.

Resalta que la exigencia legal fue cumplida, ya que la sesión se inició con la asistencia de los 3 consejeros del Consejo Directivo, tal como consta en el acta de la sesión, la que reproduce en lo pertinente.

Cita los artículos 9° y 16 inciso final del Decreto Supremo N° 20, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia, concluyendo que la decisión reclamada no adolece de vicio alguno, toda vez que los Consejeros actuaron previa investidura regular, dentro de su competencia y en la forma prescrita por la ley, cumpliendo con los quórum para sesionar y votar, resguardando el derecho a un debido proceso y la garantía de imparcialidad, que contempla el deber de abstención, pues el Consejero Leturia se inhabilitó dejando constancia de existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido.

En cuanto a la alegación de que la decisión fue dictada fuera del plazo legal de 5 días hábiles administrativos previsto en el artículo 27 de la LT, en relación con el artículo 25 de la misma norma legal, hace presente que el SII evacuó 10 sus descargos al amparo el 7 de julio de 2020, fecha a partir del cual, comenzó a correr el plazo previsto en el artículo 27, inciso primero, de la LT.

Precisa que el plazo establecido en el mencionado artículo 27, corresponde a un plazo que rige para un órgano de la Administración del

Estado y por tanto, aplica plenamente lo que la Contraloría General de la República ha sostenido a través de su jurisprudencia, en el sentido que "los plazos contemplados en la ley para las actuaciones de la Administración no son fatales" (Dictámenes N° 38.949-2013, 32.4242017, 15.925-2018, y 19.131-2019, entre otros).

Alega que la información solicitada es pública, de conformidad al artículo 8° de la Constitución y los artículos 5° y 10 de la LT. En efecto, desde la entrada en vigencia del nuevo artículo 8° de la Carta Fundamental se estableció el piso de aquellos antecedentes que son considerados como públicos, susceptibles de ser requeridos mediante el ejercicio del "derecho de acceso a la información pública", ámbito de publicidad que ratificó y desarrolló el legislador al aprobar los artículos 5°, 10 y 11 de la LT, teniendo como única forma de afectación que exista una Ley de Quórum Calificado que establezca el secreto o reserva por las causales antes mencionadas. En consecuencia, el sólo hecho de que un documento obre en poder de la Administración Pública hace que, en principio, tenga carácter público, sin importar su origen, tal como señala el inciso 2° del artículo 5° de la LT, siendo de cargo de quien alega la reserva acreditar su concurrencia.

Explica que el otorgamiento y efectos tributarios de las donaciones establecidas en la Ley N° 20.675, que modifica la Ley sobre donaciones con fines culturales, (en adelante LDFC), contenida en el artículo 8° de Ley N° 18.985, que establece normas sobre reforma tributaria, se encuentran reglamentados por el Decreto Supremo N° 71, de 2014, del Ministerio de Educación. Asimismo, dichas donaciones deben dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular N° 34, de 2013 del SII, que instruye sobre el tratamiento tributario de las donaciones con fines culturales; la resolución exenta N° 89, de 2014, de dicho Servicio, que crea modelo de certificado N° 40, que acredita donaciones con fines culturales a que se refiere el artículo 8° de la ley N° 18.985 y la resolución exenta N° 965, de 2014 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que determina antecedentes necesarios para acreditar calidad de beneficiario de la ley sobre donaciones con fines culturales.

Sostiene que, de acuerdo con el artículo 11 de la LDFC, tanto el donatario como el Comité en su caso, deben proporcionar la siguiente información al SII:

i. Los donatarios o beneficiarios deberán elaborar y enviar,anualmente, un informe del estado de los ingresos provenientes de las donaciones y del uso detallado de dichos recursos.

ii. El Comité deberá enviar antes del 31 de enero de cada año, un listado de los beneficiarios y de los proyectos aprobados en el año calendario anterior.

iii. Para que el donante pueda acceder a los beneficios tributarios que la Ley establece sobre las donaciones que efectúe, es requisito que el donatario haya dado cuenta de haber recibido tal donación mediante el otorgamiento de un certificado, el cual se extenderá al donante conforme a las especificaciones y formalidades establecidas en la resolución exenta N° 89, del 2014, del Servicio de Impuestos Internos. iv. Los donantes deberán mantener en su poder el certificado que les entregue el donatario dando cuenta de la donación efectuada. Los certificados podrán ser requeridos a quienes corresponda por el SII en el ejercicio de sus facultades de fiscalización.

v. Los beneficiarios deberán preparar anualmente un estado de las fuentes y uso detallado de los recursos recibidos en cada proyecto, los que deberán resumirse en un estado general.

Resalta que, el artículo 11 de la LDFC, en cuanto a los "Deberes de información para con la autoridad tributaria y sanciones", señala en sus incisos 2° y 3°, lo siguiente: "Los beneficiarios deberán preparar anualmente un estado de las fuentes y uso detallado de los recursos recibidos en cada proyecto, los que deberán resumirse en un estado general. El Reglamento determinará la información que deberá incluirse en dichos estados y la forma de llevar la contabilidad del beneficiario para estos efectos.

Asimismo, deberán elaborar anualmente un informe del estado de los ingresos provenientes de las donaciones y del uso detallado de dichos recursos, de acuerdo a los contenidos que establezca el Servicio de Impuestos Internos, el cual deberá serle remitido a dicho Servicio en la forma y plazo que éste señale mediante resolución".

Agrega que, el Reglamento establece en su Título V relativo a "Normas sobre Información", en su artículo 30 que: "Los beneficiarios deberán preparar anualmente un estado de las fuentes, especificando los ingresos provenientes de las donaciones, y uso detallado de los recursos recibidos de acuerdo a las condiciones del proyecto aprobado y conforme a los contenidos que indique el Servicio, que incluirán al menos lo siguiente: identificación del proyecto, considerando destino de la donación dentro de éste y costo total del proyecto; identificación del o de los donantes y de las donaciones recibidas; y especificaciones de uso de la donación, considerando datos del proveedor o prestador del servicio, monto total pagado, número y tipo de documentos recibidos. Los beneficiarios deberán mantener sus libros y registros contables de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 16 y siguientes del Código Tributario, registrando de manera clara y precisa las cuentas que permitan identificar los ingresos provenientes de las donaciones y uso de las mismas, conforme a lo indicado en el inciso precedente. Todo lo anterior deberá resumirse en un estado general, que será remitido al Servicio en la forma y plazo que éste establezca mediante resolución".

Concluye que la información obra en poder del SII, y por ende, la aplicación que se ha hecho de los artículos 5° y 10 de la LT, resulta completamente ajustada al ordenamiento jurídico, toda vez que al decretar la publicidad, se relativiza el principio de transparencia, respecto de aquella información relativa al listado o nómina de personas naturales y jurídicas, con indicación de su nombre y RUT, que hayan efectuado donaciones a la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Teno, en virtud del artículo 8° de la ley N° 18.985, con indicación del monto o especie donada y la fecha en que se hizo la donación.

Entiende que la protección de los datos personales consagrada en la Ley N° 19.628, no es absoluta, ya que puede ceder válidamente en aquellos casos en que exista un interés público comprometido, que justifique relevar la identidad de personas naturales, permitiendo el legítimo ejercicio de un control social sobre el otorgamiento de un beneficio tributario. Al efecto, cita los motivos 18° y 19° de la Decisión de Amparo y sostiene que, individualizar al donante supone, por añadidura, dar a conocer la calidad de beneficiario de un beneficio tributario otorgado por parte el Estado de Chile consistente, en un crédito contra los impuestos de primera categoría o global complementario, o en el exceso sobre el límite que establece la ley para el crédito, en la posibilidad de deducir el importe respectivo como gasto.

Agrega que el conocimiento del donante permitiría controlar socialmente si se dio cumplimiento a las formalidades y procedencia o no del otorgamiento del beneficio al contribuyente donante, máxime si se trata de la aplicación voluntaria a una determinada institución de apoyo a la gestión municipal, de sumas de dinero o especie evaluables en dinero que de no mediar tal donación, estarían íntegramente gravadas con impuestos. Estima que la reserva de los datos personales solicitados tales como el nombre o RUT de estos, debe ceder en beneficio de su publicidad, por el manifiesto interés público que reviste el conocimiento de dicha información.

Hace presente que la LT, en concordancia con el artículo 8° de la Constitución, estableció en su artículo 21 las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, exigiendo en cada una de ellas un examen de "afectación", como se desprende claramente del texto de estas.

Razona en cuanto a que la afectación de determinados derechos debe apreciase en concreto y de acuerdo a la naturaleza de la información requerida, y atendido que las causales de reserva deben interpretarse restrictivamente al tratarse de excepciones al régimen general de publicidad, en el caso de autos, el organismo reclamado no ha logrado acreditar la afectación negativa de algún derecho de los contribuyentes, como consecuencia de la divulgación de su nombre y Rut asociado a su calidad de donante y demás información requerida, y consecuentemente, de favorecido con un beneficio tributario. Ello porque la circunstancia de tener y conocer su calidad de donante en conformidad a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 18.985, no conlleva en sí misma una connotación negativa, ni puede considerarse, en caso alguno, como una afectación a sus derechos, sin perjuicio del manifiesto interés público que supone escrutar a quienes (y de qué forma) se han otorgado los beneficios tributarios mencionados.

Alega que la información que se ha dispuesto revelar no se encuentra reservada por el secreto tributario de los artículos 35, ni 8 bis N° 7 del Código Tributario, motivo por el cual no resulta procedente la aplicación de la causal del artículo 21 N° 5 de LT, ya que entiende que es de carácter pública, pues constituyen antecedentes que obran en poder del SII, en virtud de la remisión obligatoria de parte de los beneficiarios de sus estados generales, en este caso, de la Corporación Municipal, los cuales contienen entre otra información, la identificación del o de los donantes y de las donaciones recibidas.

Descarta la aplicación del secreto tributario, pues la información requerida no dice relación con el acceso a las declaraciones impositivas, sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas, sino tal como indica el considerando 13°, la información contenida en los estados generales o informes de estado de ingreso de la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Teno, en su calidad de beneficiaria de donaciones afectas a la Ley de Donaciones con Fines Culturales, debió remitirles tanto al SII como al Comité de Donaciones Culturales.

Resalta que no es posible obviar la circunstancia que la información pedida no se vincula a las donaciones con fines culturales percibidas por cualquier contribuyente sino a uno que ha sido constituido para coadyuvar con el Municipio de Teno en el cumplimiento de una de sus funciones, cual es, la de llevar a cabo la gestión cultural en la comuna, con lo cual se ha hecho operativo el mecanismo que establece el artículo 4° inciso 2° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Estima lógico que los recursos recibidos por la corporación, tanto de origen público (como las subvenciones que ha otorgado la Ilustre Municipalidad de Teno, según consta en el Reporte de Transferencias Ingresadas en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades) como otras fuentes de financiamiento, han debido focalizarse en la gestión cultural de la comuna, lo cual permite concluir razonablemente que la información referida a dichos recursos no puede sino traspasar la esfera meramente privada del organismo para trascender a la esfera pública. Lo anterior es relevante para desestimar la causal de reserva alegada, toda vez que el secreto tributario no aplica a toda la información que obra en poder del SII, mucho menos si lo consultado dice relación con el otorgamiento del buen uso de la franquicia tributaria dispuesta por la ley.

Frente a la alegación sobre la finalidad específica de los datos recolectados por el SII, que sería para efectos de fiscalización en materia tributaria, señala que no puede asilarse la reclamante en el propósito y finalidad para la cual fueron recabados los datos, para sostener que no pueden ser proporcionados para fines diversos a los de sus funciones públicas, ya que de ser ello efectivo, ningún órgano público podría proporcionar información cada vez que se solicite bajo el alero del derecho de acceso a la información, pues las funciones del órgano requerido por ley solo le competen a éste.

Alega que la entrega de la información requerida en el marco del derecho de acceso a la información regulado en la LT, no implica que los funcionarios del SII incurran en responsabilidad administrativa, puesto que no se trata de una conducta antijurídica o contraria a sus deberes funcionarios, toda vez que se trata de hacer operativo el principio de publicidad aplicable a un órgano del Estado y la obligación de entregar información pública que se encuentra establecida en los artículos 14 y 16 de la LT, previa resolución de otro órgano de la Administración del Estado, esto es, el Consejo para la Transparencia.

3°.- Que en cuanto a la alegación de nulidad por la falta de quórum para adoptar la decisión, esta será rechazada en virtud de lo dispuesto expresamente por los artículos 40 de la LT que expresa "El Consejo Directivo adoptará sus decisiones por la mayoría de sus miembros y, en caso de empate, resolverá su Presidente. El quórum mínimo para sesionar será de 3 consejeros. El reglamento establecerá las demás normas necesarias para su funcionamiento"; y 9 y 16 inciso final del Decreto Supremo N° 20, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia, los que a su vez disponen: Artículo 9°.- Sesiones y quórum. El Consejo Directivo requerirá para sesionar un quórum mínimo de 3 consejeros y adoptará sus decisiones por la mayoría. El Presidente del Consejo Directivo tendrá voto dirimente en caso de empate. Artículo 16.- Principio de Abstención.(...) Los Consejeros que deban abstenerse serán considerados para los efectos de determinar el quórum requerido para sesionar.

Como se advierte de la normativa transcrita, en el caso de autos, ésta se cumplió, en atención que se contaba con el quórum para sesionar, es decir, se inició la sesión con tres consejeros; y si bien uno de ellos se abstuvo de tomar parte en la decisión del asunto controvertido, prosiguió la sesión con dos consejeros y el fallo se adoptó por ambos integrantes, esto es, los Consejeros Jaraquemada y De la Fuente, en atención que el consejero Leturia manifestó inhabilidad, por lo que no se vislumbra el vicio reclamado, de manera que tal alegación será desestimada.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener presente, que la circunstancia anterior se dejó expresamente constancia en el acta de la sesión N° 1120, de 11 agosto de 2020, al indicarse lo siguiente: "II. QUORUM PARA SESIONAR. El presidente manifestó asistían a esta sesión por sistema de teleconferencia él, la Sra. consejera Gloria de la Fuente González y el sr. consejero Francisco Leturia Infante; expresando, asimismo, que de conformidad con lo establecido en el artículo 9° del aludido D.S. N° 20, se cuenta con el quórum suficiente para celebrar válidamente las sesiones del consejo directivo, por lo que dio por iniciada y constituida esta sesión ordinaria. Se deja constancia que en conformidad al acuerdo contenido en la sesión N° 1081, está presente sesión se realizará vía remota a través de sistema de videoconferencia".

4°.- Que tampoco prosperará la alegación consistente en haberse pronunciado la Decisión de Amparo extemporáneamente, ya que consta que ésta fue pronunciada dentro del término fijado en el artículo 27 de la Ley 20.285, plazo que, según numerosa jurisprudencia judicial y administrativa, resulta no fatal para la administración y, por tanto, no transforma en nula o viciada la decisión, por dictarse fuera del plazo allí señalado.

5°.- Que don Matías Rojas Medina requirió al SII, la siguiente información: "nómina que comprenda el nombre o razón social, y RUT de las personas naturales o jurídicas, que han efectuado donaciones a la corporación cultural de la ilustre Municipalidad de Teno, RUT 65.133.909-k, en virtud del artículo 8° de la Ley 18.985, con indicación del monto o especie donada y la fecha en que se hizo la donación".

A su vez, el CPLT mediante Decisión de Amparo Rol C2614-20, de 11 de agosto de 2020, acogió lo requerido, ordenando hacer entrega del: "listado o nómina de personas naturales y jurídicas, con indicación de su nombre y RUT, que hayan efectuado donaciones a la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Teno, en virtud del artículo 8° de la ley N° 18.985, con indicación del monto o especie donada y la fecha en que se hizo la donación".

6°.- Que las causales de reserva alegadas, son las del artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley 20.285, que disponen que se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información: "N° 2 Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico", y N° 5, "Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política de la República".

A su vez, el artículo 8 de la Carta Fundamental dispone que "El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional"

Por su parte los artículos 5 y 10 de la LT prescriben:

Artículo 5° "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado."

"Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.".

Artículo 10° "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley.".

"El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales.".

7°.- Que la Ley N° 18.985, que "Establece Normas sobre Reforma Tributaria, y que aprueba el texto de la Ley de Donaciones con Fines Culturales", determina que pueden ser beneficiarios, entre otros, "las corporaciones y fundaciones o entidades sin fines de lucro", y donantes, los contribuyentes que dicho texto legal enuncia, a los que le reconoce ciertos beneficios tributarios en determinados tipos de impuestos. Asimismo, establece un Comité Calificador de Donaciones Privadas, que le corresponde aprobar los planes o programas de actividades específicas, culturales o artísticas que los beneficiarios pretenden realizar.

Por su parte, el artículo 11 del referido cuerpo legal señala:

"Deberes de información para con la autoridad tributaria y sanciones. El Comité deberá enviar al Servicio de Impuestos Internos, antes del 31 de enero de cada año, en la forma que éste determine, un listado de los beneficiarios y de los proyectos aprobados en el año calendario anterior.".

"Los beneficiarios deberán preparar anualmente un estado de las fuentes y uso detallado de los recursos recibidos en cada proyecto, los que deberán resumirse en un estado general. El Reglamento determinará la información que deberá incluirse en dichos estados y la forma de llevar la contabilidad del beneficiario para estos efectos.".

"Asimismo, deberán elaborar anualmente un informe del estado de los ingresos provenientes de las donaciones y del uso detallado de dichos recursos, de acuerdo a los contenidos que establezca el Servicio de Impuestos Internos, el cual deberá serle remitido a dicho Servicio en la forma y plazo que éste señale mediante resolución.".

"Si el beneficiario no cumple lo ordenado en el inciso anterior, será sancionado en la forma prescrita en el número 2), del artículo 97, del Código Tributario. Los administradores o representantes del beneficiario serán solidariamente responsables de las multas que se establezcan por aplicación de este inciso.".

8°.- Que del análisis de las normas citadas precedentemente, aparece que las causales de reserva o secreto referidas en el artículo 21 de la Ley 20.285 que facultan a los órganos de la Administración del Estado para denegar total o parcialmente el acceso a la información es una regla excepcional, por ende, debe ser interpretada restrictivamente. La regla general, está constituida por los principios de publicidad y transparencia del ejercicio de la función pública. En efecto, el acceso a la información pública, reconocido y protegido en nuestra Carta Fundamental, comprende el derecho de acceso a la información de los órganos públicos y la denominada transparencia activa, reconocida expresamente en el artículo 7° de la referida Ley, al determinar el carácter público de la información actualizada que debe estar siempre a disposición de las personas.

Por lo tanto, tales salvaguardas permiten excluir la información contenida en el acto administrativo del conocimiento público, ya que la que se ordenó entregar, no se refiere a la vida privada de las personas ni a datos patrimoniales susceptibles de revelar la renta o su fuente de ninguna persona natural o jurídica determinada o determinable.

Además, en el presente caso, por expreso mandato legal, el beneficiario está obligado a entregar al SII información relativa al listado o nómina de personas naturales y jurídicas, con indicación de su nombre y RUT, que hayan efectuado donaciones a la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Teno, con indicación del monto o especie donada y la fecha en que se hizo la donación, por lo que tienen cabal aplicación los artículos 5 y 10 de la LT.

9°.- Que el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario, prohíbe la enunciación de antecedentes que permitan conocer la cuantía o fuente de la renta de los contribuyentes, cuya finalidad no es otra que impedir el acceso público a aspectos patrimoniales de toda persona natural o jurídica, susceptibles de revelar la cuantía o fuente de sus rentas, pérdidas, gastos o cualquier otro dato relativo a ellas.

En consecuencia, la información ordenada tampoco vulnera la norma en comento ya que consta en registros públicos y no está cubierta por el referido secreto, porque no permite conocer la situación tributaria particular de los contribuyentes, ni operaciones comerciales ni datos patrimoniales susceptibles de revelar su renta o fuente. Por lo tanto, al permitirse la publicidad de la información ordenada entregar, no se produce afectación de algunos de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República. A mayor abundamiento, la información ordenada entregar, no implica divulgar datos personales que resulten reservados en los términos de la Ley 19.628.

Ergo, la decisión de amparo recurrida en este aspecto se ajusta a derecho, por lo que debe desestimarse el presente recurso.

Por estos fundamentos, citas legales referidas y lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia, SE RECHAZA, sin costas, el reclamo de ilegalidad interpuesto por el abogado Miguel Zamora Rendich, en representación del Servicio de Impuestos Internos, en contra de la Decisión de Amparo adoptada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en sesión ordinaria N° 1104, de 11 de agosto de 2020, recaída en causa rol C 2614-20.

Acordad con voto en contra del Ministro señor Muñoz, quien fue de parecer de acoger la reclamación de ilegalidad promovida por el Servicios de Impuestos Internos, por haberse vulnerado el artículo 40 de la LT al emitirse la resolución reclamada.

Estima el disidente que al no haber concurrido el consejero señor Leturia a la dictación de la decisión de amparo materia de este reclamo, no obstante que participó en su vista, faltó a su deber de resolver los reclamos de denegación de acceso a la información que le sean formulados, en conformidad al artículo 33 letra b) de la citada ley, por lo que en la especie, no se produjo el quórum exigido por el legislador al Consejo Directivo del CPLT, para resolver los asuntos sometidos a su conocimiento.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Carreño.

N° Contencioso Administrativo-477-2020.

No firman los Ministros señor Juan Manuel Muñoz Pardo y señor Fernando Carreño Ortega, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, el primero por encontrarse efectuando una suplencia en la Excma. Corte Suprema, y el segundo, por estar en comisión e servicio.

Proveído por el Señor Presidente de la Undécima Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a veintinueve de diciembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.