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Armada de Chile con Consejo para la Transparencia Rol: 593-2019

Corte de Apelaciones de Santiago, 20/11/2020

Se interpuso reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia. Corte desestima el reclamo de ilegalidad.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado

Ministros:

  • Juan Cristóbal Mera Muñoz

Texto completo:

Santiago, veinte de noviembre de dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que doña Ruth Israel López, Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por la Armada de Chile, todos domiciliados en Agustinas N° 1687, comuna y ciudad de Santiago, deduce reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia (en adelante CPLT), representado por su directora general doñas Andrea Ruiz Rosas, ambos domiciliados en calle Morandé N° 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, por haber dictado las decisiones de amparo (DD. AA.) roles C2948-19, C2949-19, C2951-19, C2953-19 y C2954-19, adoptadas por su Consejo Directivo en sesión ordinaria N° 1043 de 28 de octubre de 2019. Expone lo siguiente:

1.- Se acogió totalmente por el CPLT el amparo deducido por don Javier Morales Valdés, quien no proporcionó su domicilio en su petición de información a la Armada señalando para fines de su notificación únicamente el correo electrónico javiermvaldes@icloud.com, disponiendo en definitiva hacer entrega al reclamante de la hoja de vida de los ex comandantes en jefe de la institución, almirantes señores Jorge Arancibia Reyes, Miguel Ángel Vergara Villalobos, Rodolfo Codina Diez, Edmundo González Robles y Enrique Larrañaga Martin, previa reserva de los datos personales que indica, tales como "número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, fotografía del funcionario, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaren o pudieren haber afectado al funcionario y aquellos referidos a la religión que profesa, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2° letras f) y g) y 4° de la ley 19.628, sobre protección a la vida privada. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de la misma ley. Conjuntamente con ello se deberá tarjar los datos de su cónyuge".

2.- Mediante el oficio que indica, la Armada dio respuesta al requirente de información, señalándole que de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Transparencia (LT) dio traslado a los citados ex comandantes en jefe de la Armada, los que se opusieron a la entrega de sus respectivas de hojas de vida, pues se vulneraba su derecho fundamental consagrado en el N° 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República y en la ley 19.628; asimismo, argumentaron secreto o reserva militar.

3.- El señor Javier Morales Valdés reclamó de estas negativas ante el CPLT mediante cinco amparos, roles C2948-19, C2949-19, 2951-19. C2953-19 y C295419 que se tramitaron de manera acumulada, que se resolvieron de la manera ya descrita.

4.- Alega la Armada la procedencia de las causales de reserva contempladas en los números 3 y 5 del artículo 21 de la LT, en relación con el artículo 436 del Código de Justicia Militar y el artículo 34 letras a) y b) de la ley 20.424. Refiere que el artículo 101 de la carta fundamental dispone que las FF. AA. Y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes y que como dependientes de los ministerios encargados de la defensa nacional y de la seguridad públicas son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas. Las causales esgrimidas, las de los números 3 y 5 del artículo 21 de la LT, las relaciona con el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que entiende secretos aquellos documentos cuyo contenido se relaciona dictantemente con la seguridad del Estado, la defensa nacional o el orden público interior o la seguridad de las personas y, entre otros, los relativos a las plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile y de su personal. Esta norma es una excepción al principio de publicidad de los actos públicos del artículo 8° de la Constitución Política de la República pues forma parte de una ley que tiene el carácter de quórum calificado, según lo dispone el artículo 4° transitorio de la carta fundamental, en relación con el artículo 1° transitorio de la ley 20.285. Las hojas de vida forman parte del sistema de calificación y proceso de selección de las instituciones armadas, lo que se ejecuta en sesiones que son secretas que constan en actas que tienen este mismo carácter.

5.- También esgrime la concurrencia de la causal de reserva contemplada en los números 2 y 5 del artículo 21 de la LT con relación a lo dispuesto en el artículo 19.628 y en el N° 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide se acoja el reclamo de ilegalidad en contra de las DD. AA mencionadas, se las deje sin efecto y se declare que la Armada actuó conforme a derecho al negar el acceso a la información solicitada.

SEGUNDO: Que informa el COLT del siguiente modo:

1.- Indica que las DD. AA. C2948-19, C2949-19, C2951-19, C2953-19 y C2954-19 se han dictado con estricto apego a su competencia, resolviendo fundadamente los amparos por denegación de acceso a la información y pronunciándose sobre todas las cuestiones alegadas por la armada.

2.- Sostiene que las hojas de vida de los ex funcionarios de las FF. AA. no son reservadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 letras a) y b) de la ley 20.424. Indica que la norma en comento dispone: "Los actos y resoluciones presupuestarios de la defensa nacional son públicos".

"Los fundamentos de los actos y resoluciones presupuestarios de la defensa nacional, incluidos los que acompañan el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público, serán secretos o reservados en todo lo relativo a: a) Planes de empleo de las Fuerzas Armadas. b) Estándares en los que operan las Fuerzas Armadas"

3.- Sostiene que el CPLT ha precisado el sentido y alcance de esta norma, a partir de las decisiones de amparo roles C349-11 y C536-11, razonando que debe dársele una interpretación restrictiva, al tratarse de una limitación de un derecho constitucional, estimando que ninguna de estas hipótesis legales resultan aplicables a la información referida a las hojas de vida de ex funcionarios de la Armada, ya que dicha información en ningún caso dice relación con fundamentos de los actos y resoluciones presupuestarios de la defensa, ni revelan los planes de empleo de las Fuerzas Armadas o los estándares con que éstas operan. Afirma que la información contenida en las hojas de vida y calificaciones de ex funcionarios públicos es pública en virtud de lo dispuesto en los artículos 5°, 10° y 11 letra c) de la LT y al artículo 8° de la Constitución Política de la República, ya que versa sobre su carrera funcionaria, su calificación y desempeño en el ejercicio de las funciones para las cuales fueron contratados, sirviendo su contenido de fundamento para la adopción de decisiones en los respectivos procesos calificatorios. Se remite a la definición de hoja de vida que establece el artículo 79 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 1997 del Ministerio de Defensa Nacional como el "documento que contiene un registro cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación. En ella se efectuarán tanto las anotaciones de mérito como de demérito que lo afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, tales como, feriados, licencias, comisiones de servicio, resoluciones recaídas por investigaciones sumarias administrativas y sentencias definitivas en causas civiles y criminales. Podrá contemplar también todo otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal, siempre que corresponda al período de calificación de que se trate". Indica que, conforme esta definición, el CPLT concluyó que la información requerida obra en poder de la Armada de Chile y ha sido elaborada con el propósito de que dicha institución pueda contar con un insumo para evaluar el desempeño de sus funcionarios, concluyendo que las hojas de vida de los ex comandantes en jefe ya dichos contienen información que se refieren específicamente a su evaluación de desempeño, ciertas anotaciones de sus superiores jerárquicos, así como apreciaciones sobre la ejecución de las tareas inherentes a los cargos que desempeñaron mientras estuvieron sujetos a calificación. Relaciona este concepto con el contenido del artículo 8° de la Constitución Política de la República y de los artículos 5°, 10 y 11 letra c) de la LT, para concluir que la hoja de vida de los ex funcionarios consultados obra en poder de un órgano de la Administración del Estado, fue elaborada con presupuesto público y ha servido de fundamento de resoluciones o actos administrativos dictados por la Armada de Chile en los respectivos procesos calificatorios a los que fueron sometidos los ex comandantes en jefes aludidos a lo largo de su carrera funcionaria, por lo que constituye información que tiene el carácter de pública, salvo que concurra a su respecto alguna causal legal de reserva, lo que no sucede en este caso.

4.- Argumenta que no basta la existencia e invocación de una norma a la que se le atribuya el carácter de ley de quórum calificado que establezca el secreto de ciertos antecedentes para dar por configurada la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la LT, si la publicidad no afecta alguno de los bienes jurídicos señalados en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República. Específicamente, sostiene que la alegación de tener la hoja de vida de los funcionarios carácter secreto, conforme al artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, no puede entenderse configurada con la sola cita de la norma, sin antecedentes que le den sustento, argumentando que en la configuración como causal de excepción a la publicidad, necesariamente debe evaluarse en cada caso concreto la afectación de que se trata, y en el caso puntual verificar si se afecta el bien jurídico que se relaciona con la causal de reserva invocada. La interpretación de la Armada de Chile, al sostener que la norma establece la reserva ciertos antecedentes, por el sólo hecho que su contenido "se relacione" con un determinado bien jurídico, pugna con lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, que exige que la publicidad de lo requerido "afecte" el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad nacional o el interés nacional, y no solamente que el documento se refiera a ellos o se relacione con éstos

5.- Expresa que la Armada de Chile carece de legitimación activa para invocar la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la LT, por cuanto los terceros fueron notificados en todas las etapas del procedimiento y decidieron no reclamar de ilegalidad.

6.- Sostiene, además, que la publicidad de las hojas de vida de ex funcionarios públicos no se encuentra comprendida en la hipótesis de reserva del artículo 21 N° 2 de la LT, por cuanto se relaciona con el cumplimiento de los principios de probidad y transparencia, aplicable a quienes se desempeñan en órganos públicos o en aquellos creados para el cumplimiento de funciones administrativas. Cita el contenido de los artículos 3° y 4° de la LT, en relación al artículo 8° inciso primero de la Constitución Política de la República para concluir que la información ordenada proporcionar al solicitante es una directamente relacionada con el ejercicio de la función pública que desempeñaron los comandantes en jefe referidos, que permite verificar o conocer sus actuaciones funcionarias y su carrera en la institución, la que al estar contenida en la hojas de vida denegadas por la Armada, es información esencialmente pública, producida y almacenada por un órgano de la Administración con motivo de la verificación del cumplimiento de obligaciones funcionarias, que no revela ni contiene ningún tipo de información que pudiera afectar la vida privada o la intimidad de los ex funcionarios.

7.- Manifiesta que la decisión recurrida no vulnera el derecho al respeto y protección de la vida privada y la protección de datos personales, consagrado en la ley 19.628 y el artículo 19 N° 4° de la carta fundamental, ya que la reclamante no ha probado la necesaria vinculación entre la revelación de los datos cuya publicidad se pretende impedir y la afectación presente, probable y específica al derecho a la vida privada y la protección de datos personales alegada. En el presente caso, la información requerida no puede ser, bajo ningún punto de vista, calificada como datos sensibles, por cuanto únicamente permiten vincular los nombres de ex funcionarios de la Armada de Chile con la historia sobre parte de sus carreras y desempeño funcionario, no existiendo ninguna vinculación con su intimidad.

8.- Explica que las DD. AA. reclamadas no resultan ilegales al disponer la entrega de las hojas de vida solicitadas, ya que la publicidad de dicha información no afecta la seguridad de la nación. La Armada de Chile funda esta alegación en que dichos datos se refieren a información relacionada a la preparación y capacitación militar, la cual se debe reservar incluso después del retiro del funcionario, ya que revelarla afectaría los objetivos de las FF. AA., como son, la defensa de la patria y la seguridad nacional. Sin embargo, dichos antecedentes no quedan comprendidos dentro de lo que se ha entendido por seguridad de la nación, por tratarse de información que no se encuentra directamente relacionada con las actividades de seguridad y defensa del país, ni revelan estrategias militares ni tampoco ponen en riesgo la defensa de la patria ni la integridad territorial ni la preservación del orden institucional de la república, por lo que su publicidad no tiene la potencialidad de provocar una afectación presente, probable y específica a la seguridad de la nación, en tanto bien jurídico protegido por el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República.

Pide rechazar el reclamo de ilegalidad.

TERCERO: Que debe recordarse que las DD. AA. roles C2948-19, C294919, C2951-19, C2953-19 y C2954-19 del CPLT acogieron el amparo por denegación de acceso a la información en contra de la Armada deducido por el señor Javier Morales Valdés ordenando entregarle "...las hojas de vida de los almirantes en retiro señores Miguel A. Vergara Villalobos, Edmundo González Robles, Rodolfo Codina Díaz, Jorge Arancibia Reyes y Enrique Larrañaga Martin", debiendo el órgano tarjar, única y exclusivamente, los datos personales de contexto que pudieran estar contenidos en la documentación requerida, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en virtud de lo dispuesto en la ley N° 19.628, los datos sensibles, en virtud de lo expuesto en el artículo 10° de la citada ley, y las sanciones prescritas o cumplidas anotadas en la hoja de vida, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de dicha ley. Iniciado el proceso administrativo ante el CPLT, se notificó nuevamente a los ex comandantes en jefe, confiriéndoles traslado para que hicieran las alegaciones que estimaren pertinentes, reiterando estos funcionarios su oposición ya manifestada a la Armada en su oportunidad. Sin embargo, dictadas las DD. AA. mencionadas por las cuales se acogieron los amparos por denegación de acceso a la información en los términos transcritos, los ex funcionarios no dedujeron reclamo de ilegalidad, sólo lo hizo la Armada a través del Consejo de Defensa del Estado.

CUARTO: Que lo primero que debe dilucidar esta Corte es la legitimación de la Armada para accionar en autos invocando la causal de reserva del N° 2 del artículo 21 de la LT, teniendo presente que las hojas de vida cuya publicidad se pide se refieren a los almirantes y ex comandantes en jefe de esa institución de las Fuerzas Armadas señores Miguel Ángel Vergara Villalobos, Edmundo González Robles, Rodolfo Codina Díaz, Jorge Arancibia Reyes y Enrique Larrañaga Martin, personas que fueron notificadas en el procedimiento administrativo ante el CPLT, oponiéndose a la entrega de la información, de modo que conforme a los artículos 20 y 25 de la LT, una vez ejercido el derecho a oposición por los terceros afectados, el órgano de la Administración de que se trata -en este caso la Armada- queda impedido de entregar la información, salvo decisión en contrario del CPLT, caso este último en que la Armada no puede accionar de ilegalidad en contra de la decisión en virtud de la causal del N° 2 del artículo 21 de la LT, facultad que sí tienen los terceros, y que en el caso sub judice no ejercieron. La causal en comento, la del N° 2 del artículo 21 de la LT, señala que: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico", norma que debe vincularse con la garantía del número 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República: "La Constitución asegura a todas las personas: 4° El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley".

QUINTO: Que, así, y tal como sostuvo esta Corte de Apelaciones en sentencia de catorce de enero de dos mil diecinueve, dictada en la causa rol 3622018 -contencioso administrativo-, los únicos afectados, entonces, con la publicidad de la hoja de vida son los respectivos oficiales, los que, de acuerdo al artículo 20 de la LT, fueron emplazados en el procedimiento administrativo ante el CPLT y se opusieron a la entrega de la información, absteniéndose luego de reclamar de las DD. AA. tantas veces mencionadas, pudiendo hacerlo de acuerdo a lo que señala el inciso tercero del artículo 28 de la LT, a saber, "El afectado también podrá reclamar de la resolución del Consejo ante la Corte de Apelaciones respectiva, cuando la causal invocada hubiere sido la oposición oportunamente deducida por el titular de la información, de conformidad con el artículo 20". Cabe consignar que el adverbio "también" que emplea la norma citada no significa que el órgano de la Administración -la Armada en estos autos- pueda argüir esta causal, sino que, al revés, el tercero que se dice afectado es quien tiene el derecho a reclamar de ilegalidad en contra de la DA, atendido precisamente el hecho de ser el titular de los derechos que, en su concepto, se verían conculcados con la publicidad de la información.

SEXTO: Que bien señala el CPLT que la Armada no puede actuar como una especie de "agente oficioso" de aquellos terceros cuyos datos consignados en las hojas de vida respectivas se pide hacer pública y no puede concurrir a esta sede judicial pretendiendo una declaración de ilegalidad de las DD. AA. del CPLT invocando una afectación de un derecho ajeno, de terceras personas, como lo son los ex comandantes en jefe aludidos, pues así se los debe considerar en estos autos desde que, pudiendo hacerlo, no dedujeron reclamo de ilegalidad; y sólo el titular del derecho que se dice vulnerado es quien puede hacer tal reclamo.

SÉPTIMO: Que tal como lo sostiene el CPLT, no basta la existencia e invocación de una norma de quórum calificado para dar por configurada la causal de reserva del N° 5 del artículo 21 de la LT y, entonces, habrá que determinarse, en cada caso, si la publicidad afecta o no el bien jurídico que se intenta proteger con la norma. En este caso, el artículo 436 del Código de Justicia Militar establece un caso de reserva de la información relativa a aquellos documentos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas "y entre otros: 1.Los relativos a las Plantas de dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal,..." y, entonces, habrá que determinar si una hoja de vida de un funcionario en retiro se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas.

OCTAVO: Que la Armada no ha entregado ningún antecedente que permita sostener que la entrega de las aludidas hojas de vida de los ex comandantes en jefe de aquella institución, almirantes señores Miguel Ángel Vergara Villalobos, Edmundo González Robles, Rodolfo Codina Díaz, Jorge Arancibia Reyes y Enrique Larrañaga Martin tiene alguna afectación en la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y tampoco ha ligado la causal de reserva con una efectiva afectación de alguno de los bienes jurídicos expresados en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, debiendo repetirse que la norma del artículo 436 del Código de Justicia Militar exige que el documento cuya reserva establece debe estar "relacionado directamente" con dichos bienes jurídicos.

NOVENO: Que la norma de las letras a) y b) del artículo 34 de la ley 20.424 no contempla ninguna causal de reserva o secreto respecto de las hojas de vida de los funcionarios y baste su temor literal para arribar a tal conclusión. En efecto, señala esta disposición:

"Los actos y resoluciones presupuestarios de la defensa nacional son públicos".

"Los fundamentos de los actos y resoluciones presupuestarios de la defensa nacional, incluidos los que acompañan el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público, serán secretos o reservados en todo lo relativo a:

a) Planes de empleo de las Fuerzas Armadas.

b) Estándares en los que operan las Fuerzas Armadas".

Claramente la hoja de vida de un miembro de la Armada nada tiene que ver con los fundamentos de los actos y resoluciones presupuestarias de la defensa nacional.

DÉCIMO: Que en cuanto a la causal del N° 3 del artículo 21 de la LT, dicha norma consigna que es causal de reserva o secreto "Cuando (la información pedida) su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública", de suerte que procede ver si la publicidad de las hojas de vida de los ex comandantes en jefe de la Armada, almirantes señores Miguel Ángel Vergara Villalobos, Edmundo González Robles, Rodolfo Codina Díaz, Jorge Arancibia Reyes y Enrique Larrañaga Martin afecta o no la seguridad nacional, concepto este último que si bien no está definido en la ley, puede resumirse como un bien jurídico que tiende a la preservación de la independencia e integridad de la República y de sus instituciones, ante ataques externos o internos. Luego, la pregunta que debe responderse esta Corte es la siguiente: ¿la publicidad de la hoja de vida de un comandante en jefe de la Armada, hoy retirado, -eliminados los antecedentes personales que ya se indicaron-, atenta contra la seguridad de la nación?

UNDÉCIMO: Que la información que dan cuenta dichas hojas de vida -eliminados o borrados los antecedentes personales a los que antes se ha hecho referencia- consiste, precisamente, en las evaluaciones del respectivo oficial, anotaciones y apreciaciones de sus superiores jerárquicos y destinaciones dentro de la institución, esto es, no hay ningún dato que pueda significar la revelación de estrategias militares, tales como mecanismos de defensa ante agresiones enemigas, o el diseño o modo de uso de determinadas armas, ni se pone en riesgo la integridad territorial ni institucional del país, ni tampoco queda en peligro la defensa de la patria frente a la agresión externa o interna. Cabe consignar que si bien en las hojas de vida constan los cursos aprobados por los funcionarios, no aparecen, por cierto, los contenidos de los mismos.

DUODÉCIMO: Que todo lo anterior llevará al rechazo del reclamo de ilegalidad.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 20.285, se desestima el reclamo de ilegalidad deducido por la Armada de Chile en contra de las Decisiones de Amparo roles C2948-19, C2949-19, C2951-19, C2953-19 y C2954-19 del Consejo para la Transparencia, sin costas.

Acordado con el voto en contra del Ministro señor Mera, quien estuvo por acoger el reclamo de ilegalidad de la Armada, por la causal del N° 5 del artículo 21 de la LT y, en consecuencia, dejar sin efecto las mencionadas DD. AA y desestimar la petición del señor Javier Morales Valdés. Tuvo presente para ello:

I.- Que el N° 5 del artículo 21 de la ley 20.285 señala que: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política". Por su parte, el inciso segundo de esta última norma refiere que "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional", lo que debe concordarse con la disposición cuarta transitoria del mismo texto constitucional: "Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales". Finalmente, el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar dispone lo que sigue: "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: 1.- Los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal".

II.- Que, en consecuencia, siendo las hojas de vida requeridas un documento relativo a las plantas o dotaciones de la Armada, de acuerdo al artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, la información que contienen es secreta, por el sólo ministerio de la ley, sin que ni el CPLT ni la judicatura puedan ni deban decidir qué información relativa a estos temas es realmente reservada y cual no: es la ley la que ha establecido la reserva, ley que es de quórum calificado para estos efectos porque la Constitución Política de la República así lo establece en su disposición cuarta transitoria -y da igual si tal carácter lo es "ficto" o no, categoría que, en todo caso, es una elaborada por el CPLT-, y por lo tanto, se da en la especie un caso de excepción que el ordenamiento jurídico ha previsto respecto del principio general por el cual los actos de la Administración son públicos. Cabe señalar que el CPLT entrega argumentos relativos al encabezado de la norma del artículo 436 del Código de Justicia Militar pero olvida que la misma refiere que "entre otros" son secretos los que indica en su número 1, de manera que ninguna otra elucubración debe hacerse más que comprobar si una hoja de vida de un funcionario de una institución militar está o no comprendida en aquellos mencionados en el N° 1 del citado texto legal y en el caso sub lite obviamente lo está, pues es uno relativo a la planta o dotación del personal de la Armada.

III.- Que debe reiterarse que es improcedente y contrario a la ley el hecho que el CPLT señale que no basta la existencia e invocación de una norma a la que se le atribuya el carácter de ley de quórum calificado para dar por configurada la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la LT si la publicidad no afecta alguno de los bienes jurídicos señalados en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República, pues es evidente que sí basta, que ninguna norma ha entregado al CPLT o a los tribunales la facultad de decidir cuándo cumplir con una disposición legal de quórum calificado y cuándo no, que no existen las normas de quórum calificado fictas o no fictas: son o no son de quórum calificado y la distinción que hace el CPLT es contraria a derecho. Del mismo modo, el CPLT afirma que "la interpretación que postula la Armada de Chile, conlleva un problema de constitucionalidad en la aplicación del artículo 436 del Código de Justicia Militar...", lo que por cierto no deja de ser una opinión sobre el tema que es fácilmente rebatible pero que, en todo caso, si hay tal problema de constitucionalidad, de ninguna manera puede el CPLT dejar de aplicar la ley ordinaria pues, al igual que todos los órganos de la Administración, ha de estarse a lo que regulan los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y hacer sólo aquello que el ordenamiento le permite, para lo cual, precisamente, basta, es suficiente, que la ley señale que tal o cual información es secreta y, al no respetar dicha legislación, ciertamente el CPLT ha cometido una ilegalidad que debe ser reparada a través de la reclamación deducida por la Armada. E iniciado el procedimiento ante esta Corte, es el Tribunal Constitucional el único órgano que puede decidir la inaplicabilidad de una norma legal por ser contraria a la Constitución, de acuerdo al N° 6° del artículo 93 del texto fundamental.

IV.- Que siendo reservada la información contenida en las aludidas hojas de vida en virtud del N° 5 del artículo 21 de la LT, por haber norma legal expresa -de quórum calificado- que así lo dispone, y sin que el CPLT tenga la atribución de decidir por sí y ante sí qué información de aquella mencionada en el artículo 436 del Código de Justicia Militar puede revelarse y cual no, pues con ello conculca la regla básica del derecho público que contienen los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, opina el disidente que debe acogerse la reclamación de la Armada.

Redacción del Ministro señor Mera.

No firma la Ministra señora Leyton, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Regístrese y comuníquese.

593-2019.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Juan Cristobal Mera M. y Fiscal Judicial Raul Gregorio Trincado D. Santiago, veinte de noviembre de dos mil veinte.

En Santiago, a veinte de noviembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.