logo
 

Fuerza Aérea de Chile con Integrantes de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol: 33376-2020

Corte Suprema, 20/12/2020

Fuerza Aérea de Chile, dedujo recurso de queja en contra de los integrantes de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en razón de haber dictado sentencia por la que se rechazó la reclamación de ilegalidad deducida por su parte en contra de la Decisión de Amparo del Consejo para la Transparencia que le ordenó entregar la información solicitada consistente en una lista con los nombres de los agregados aéreos desde 1990 a la fecha, antecedentes que el quejoso califica de reservados y secretos. Corte acoge el recurso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Acogido


Ministros:

  • Alvaro Quintanilla López
  • Iñigo De La Maza G.
  • María Eugenia Sandoval Gouet
  • Sergio Muñoz Gajardo

Texto completo:

Santiago, diez de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que el Consejo de Defensa del Estado, actuando por la Fuerza Aérea de Chile, dedujo recurso de queja en contra de los integrantes de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Ministras doña María Soledad Melo Labra y doña Maritza Villadangos Frankovich y el Abogado Integrante don David Peralta Anabalón, en razón de haber dictado sentencia en los autos caratulados "Fisco con Consejo para la Transparencia", rol N° 670-2019, por la que se rechazó la reclamación de ilegalidad deducida por su parte en contra de la Decisión de Amparo rol C1672-19, de 26 de noviembre de 2019, que ordenó a la Fuerza Aérea entregar la información solicitada por don Eduardo Olivares Concha, consistente en una lista con los nombres de los agregados aéreos desde 1990 a la fecha, antecedentes que el quejoso califica de reservados y secretos.

SEGUNDO: Que, para entender las materias propuestas, es necesario tener presente los antecedentes que dieron origen a la reclamación de ilegalidad materia de autos.

Así, don Eduardo Olivares Concha solicitó a la Fuerza Aérea de Chile, con fecha 8 de enero de 2019, que le proporcionara una serie de antecedentes, resumidos en diez puntos, entre los que se cuenta, en lo que importa al recurso, una "Lista de nombres de cada agregado aéreo".

Mediante Oficio EMGA (OTAIP) "P" N° 362 de 15 de febrero de 2019, la Fuerza Aérea de Chile entregó la información referida a nueve de esos diez puntos, reservándose el nombre de los agregados aéreos, por estimar que se trata de información secreta de conformidad a lo prescrito en el artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, en relación al artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, desde que se trata información relativa a la planta o dotación de esa institución.

El requirente acudió de amparo de acceso a la información pública ante el Consejo para la Transparencia, organismo que acogió su solicitud, ordenando "Entregar al reclamante una lista con los nombres de cada agregado aéreo, desde 1990 a la fecha".

El Consejo de Defensa del Estado impugnó la referida decisión a través de una reclamación de ilegalidad, acción que fundó en existir una causal de secreto y reserva, consagrada en el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar en relación al artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, toda vez que la información solicitada por el requirente dice relación con el personal que integra la dotación institucional.

TERCERO: Que la sentencia impugnada rechaza la acción de ilegalidad esgrimiendo que la Fuerza Aérea de Chile pretende restringir la información que se solicita por encontrarse amparada por la causal de reserva o secreto contemplada en los artículos 436 N° 1 del Código de Justicia Militar y 21 N° 5 de la Ley N° 20.285.

Al respecto, indica que la sola consideración de la norma excepcional que esgrime quien se defiende de la entrega de la información, no es suficiente para que se libere del principio general básico de publicidad de la información, sino que, además, es necesario que mediante el acceso a esa información se verifique una efectiva afectación a alguno de los bienes jurídicos expresados en el artículo 8 de la Constitución Política de la República. A lo dicho, los sentenciadores añaden que no observan defectos de legalidad en la decisión de amparo reclamada, pues no existe disposición alguna que permita a la Fuerza Aérea eludir el requerimiento formulado en la especie. Por último, destacan que el principio de transparencia y de máxima divulgación rige para los órganos del Estado y que sólo quedan excluidos de él aquellos antecedentes previstos en las excepciones constitucionales o legales, condición que, sin embargo, no reúne la información requerida en autos.

CUARTO: Que en el recurso de queja se imputa a los jueces recurridos haber incurrido en las siguientes faltas o abusos graves.

Por una parte se les reprocha el quebrantamiento del artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, en relación con los artículos 21 N° 5 y 1° transitorio de la Ley de Transparencia, que declaran el secreto o reserva de aquellos documentos cuya publicidad o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, considerando que el citado artículo 436 califica de secretos, entre otros documentos vinculados con la seguridad del Estado y la Defensa Nacional, aquellos relativos a las plantas o dotaciones de las instituciones de las Fuerzas Armadas, mientras que la información ordenada revelar incide, precisamente, en la identidad de los agregados aéreos que forman parte de la dotación institucional de la Fuerza Aérea.

Como segunda falta o abuso grave sostiene que, al resolver, los magistrados recurridos soslayaron que la causal de reserva prevista en el N° 1 del artículo 436 del Código de Justicia Militar ha sido establecida directa e inmediatamente por el legislador y no procede, por consiguiente, que el Consejo para la Transparencia pondere una supuesta afectación de los bienes jurídicos protegidos involucrados, pues tal apreciación ya fue realizada por el legislador.

QUINTO: Que, al informar, los jueces recurridos se remiten a lo expuesto en la sentencia que motiva el arbitrio en estudio, añadiendo que la pretensión de reserva esgrimida por la defensa fiscal se funda en una disposición del Código de Justicia Militar que, a la luz de lo dispuesto en la reforma constitucional del año 2005, se ha visto superada, en tanto la Carta Fundamental prescribe que los supuestos de secreto o reserva fijados en leyes aprobadas con anterioridad a la citada reforma son válidas siempre y cuando el motivo que las justifique esté contemplado expresamente en la misma Constitución, situación que en la especie no se verifica respecto de la información de que se trata, sin perjuicio de que, además, el Fisco no pudo acreditar la excepción actual de reserva que la ley exige.

SEXTO: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, es necesario recordar, en primer lugar, que el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política de la República, incorporado por la Ley N° 20.050 del año 2005, establece que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

Asimismo, es del caso consignar que la Constitución Política asegura el derecho de acceso a la información pública como una manifestación de la libertad de información (artículo 19 N° 12), el que se encuentra reconocido en la Carta Fundamental -aunque no en forma explícita- como un mecanismo esencial para la plena vigencia del régimen democrático y de la indispensable asunción de responsabilidades, unida a la consiguiente rendición de cuentas que éste supone por parte de los órganos del Estado hacia la ciudadanía, sin perjuicio de que representa además un efectivo medio para el adecuado ejercicio y defensa de los derechos fundamentales de las personas.

Tal preceptiva, que sin distinción obliga a todos los órganos del Estado, exige de éstos que den a conocer sus actos decisorios -tanto en sus contenidos y fundamentos- y que obren con la mayor transparencia posible en los procedimientos a su cargo, lo que se relaciona justamente con el derecho de las personas a ser informadas.

Con todo, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado tiene justificadas excepciones que contempla la Constitución, las que dicen relación con los valores y derechos que la publicidad pudiere afectar, referidas todas ellas explícita y taxativamente en la norma constitucional antes transcrita y que sólo el legislador de quórum calificado puede configurar.

En cumplimiento del mandato constitucional, fue dictada la Ley N° 20.285 de Acceso a la Información Pública, que preceptúa, en lo que interesa, que: "La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella" (artículo 3°). También que: "El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley" (artículo 4, inciso segundo). Por último, que: "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas" (artículo 5).

SÉPTIMO: Que, además, es necesario tener en cuenta los siguientes antecedentes:

a) El 8 de enero de 2019 don Eduardo Olivares Concha solicitó a la Fuerza Aérea de Chile que le proporcionara una serie de antecedentes, resumidos en diez puntos, entre los que se cuenta, en lo que importa al recurso, una "Lista de nombres de cada agregado aéreo".

b) Mediante Oficio EMGA (OTAIP) "P" N° 362 de 15 de febrero de 2019, la Fuerza Aérea de Chile entregó la información referida a nueve de esos diez puntos, excluyendo únicamente el nombre de quienes sirvieron como agregados aéreos, por estimar que se trata de información secreta de conformidad a lo prescrito en el artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, en relación al artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, desde que corresponde a datos y antecedentes relativos a la planta o dotación de esa institución.

c) El requirente acudió de amparo de acceso a la información pública ante el Consejo para la Transparencia, organismo ante el cual la Fuerza Aérea, al efectuar sus descargos, reiteró lo referido previamente y añadió que la develación de la identidad de todos los agregados aéreos, de los cuales una parte se encuentra en servicio activo, afecta la Seguridad Nacional, en tanto supone exponer el potencial del elemento humano de la institución, otorgando información relativa al número de efectivos con que ésta cuenta, a la vez que permite saber con certeza la dimensión de dicho elemento, así como los roles y tareas que ejercen, lo que otorga ventajas comparativas al adversario para enfrentar una crisis o conflicto armado.

d) El Consejo para la Transparencia acogió la solicitud del requirente, para lo cual tuvo presente que, para la aplicación de una norma que disponga el secreto de determinados antecedentes y que haya sido dictada con anterioridad a la Ley de Transparencia, se requiere que la señalada causal pueda ser reconducida a los motivos de reserva previstos en el artículo 8 de la Carta Fundamental y, en tal sentido, el citado órgano estatal concluyó que el reclamante no logró comprobar que la develación de la información de que se trata producirá una efectiva afectación de los bienes jurídicos indicados en el inciso 2° del artículo 8 de la Constitución Política de la República, en lo relacionado con la seguridad nacional, a la vez que destacó que, de aceptarse la reserva de los datos consultados, se impediría ejercer un control social efectivo sobre el uso de recursos públicos por parte de un órgano de la Administración del Estado -en materia de destinación de personal y los motivos que la justifican- dejando el manejo de los mismos, al margen del escrutinio de la ciudadanía. Finalmente, tuvo en consideración que el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene a disposición del público, en su página web, información relativa a las agregadurías militar, naval, aérea, policial y de la Policía de Investigaciones, indicando la identidad de los respectivos funcionarios agregados, por lo que se trata de información pública.

Al hacer lugar al amparo referido, el Consejo para la Transparencia ordenó a la Fuerza Aérea "Entregar al reclamante una lista con los nombres de cada agregado aéreo, desde 1990 a la fecha".

e) El Consejo de Defensa del Estado, actuando por la Fuerza Aérea de Chile, impugnó la referida decisión a través de una reclamación de ilegalidad que dedujo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, una de cuyas salas confirmó la decisión del Consejo para la Transparencia al rechazar la indicada acción, en los términos que descritos en el fundamento tercero que antecede.

OCTAVO: Que, por otra parte, resulta útil recodar que el artículo 21 de la Ley de Transparencia previene, en lo que interesa, que: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

[...]

5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política".

A su turno, el artículo 436 del Código de Justicia Militar estatuye, en lo vinculado con el presente examen, que: "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros:

1.- Los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal".

NOVENO: Que, al resolver el asunto sublite, es imprescindible tener presente que la Fuerza Área de Chile forma parte de las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional, las que, conforme a lo estatuido en el artículo 101 de la Constitución Política de la República, existen: "Para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional". Es por lo anterior que nuestro ordenamiento jurídico contempla una serie de cuerpos legales que regulan su organización y actividad, consagrándose así un régimen jurídico especial que se erige sobre la base de la particular y esencial labor que les ha sido entregada. Entre esta normativa se encuentra el Código de Justicia Militar, que revela la importancia y especialidad de la tarea encomendada, toda vez que entrega el conocimiento de los delitos militares a tribunales de las mismas Fuerzas Armadas.

Entre estas disposiciones figura el artículo 436 del Código de Justicia Militar, precepto que establece que tienen el carácter de secretos aquellos documentos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y, entre otros, los que se relacionan con las plantas o dotaciones de las instituciones de las Fuerzas Armadas.

DÉCIMO: Que el Consejo de Defensa del Estado alegó que el precepto antes referido contempla una causal de reserva en los términos exigidos por el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, toda vez que los documentos de que se trata tienen el carácter de secretos conforme a las causales del artículo 8 de la Constitución Política de la República, a lo que añade que el mentado artículo 436 reviste, a su juicio, la naturaleza de una ley de quórum calificado, en virtud de lo establecido en el artículo 4 transitorio de la Carta Fundamental y primero transitorio de la Ley de Transparencia.

DÉCIMO PRIMERO: Que esta Corte estima necesario subrayar que la primera exigencia para que el deber de reserva de la información pueda ser invocado por los órganos del Estado, es que éste conste en una ley de quórum calificado, condición que cumplen las disposiciones legales dictadas con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.285 y que estaban vigentes a su promulgación. En consecuencia, el deber de reserva que establece el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que debe su actual redacción a la Ley N° 18.667 publicada el 27 de noviembre de 1987, cumple con el requisito de emanar de una ley de quórum calificado y, por ende, su aplicación resulta legal y constitucionalmente procedente, toda vez que la norma expresamente refiere que es información secreta aquella relacionada con la defensa nacional, lo que no puede sino vincularse con la seguridad de la Nación, función esencial de las Fuerzas Armadas.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, como se señaló, el artículo 436 señala en su encabezamiento que ha de entenderse por documentos secretos "aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas" y enseguida, establece un listado ejemplificador de instrumentos que tienen tal carácter, el que evidentemente no es taxativo, toda vez que la condición de secreto está definida por la vinculación y afectación del mismo a uno de los cuatro conceptos expuestos en su enunciado.

Esclarecido lo anterior, es necesario subrayar que la ley ha señalado, expresamente, que es secreta la información relativa a las plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal.

En consecuencia, forzoso es concluir que la información que se ha ordenado entregar en el caso en estudio, esto es, aquella consistente en una lista con los nombres de cada agregado aéreo, desde 1990 a la fecha de expedición de la Decisión de Amparo ROL C1672-19, es una que se encuentra amparada por la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto se relaciona con las plantas o dotaciones de personal en servicio de la Fuerza Área de Chile. Así, su revelación conlleva, evidentemente, un debilitamiento del rol esencial que ha sido asignado por la Carta Fundamental a las Fuerzas Armadas, toda vez que permite publicitar parte de los recursos humanos con los que cuenta.

DÉCIMO TERCERO: Que, en concordancia con lo expuesto, se ha de concluir que la información ordenada entregar está cubierta por la invocada causal del artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, en relación al artículo 436 del Código de Justicia Militar, en atención a consideraciones vinculadas a la "seguridad de la Nación", circunstancia que constituye uno de los cuatro supuestos previstos en el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República para disponer la reserva de información, y ello ciertamente porque la información solicitada puede comprometer la eficaz actuación de una institución como la Fuerza Aérea de Chile, dedicada a la Defensa Nacional, desde que, a partir de ella, es posible deducir el modo en que está estructurada y jerarquizada su planta de personal.

DÉCIMO CUARTO: Que, en consecuencia, al desestimar la reclamación de ilegalidad deducida por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la Decisión de Amparo Rol N° C-1672-19, que otorgó la publicidad solicitada respecto de los nombres de cada agregado de la Fuerza Aérea que se desempeñó como tal entre el año 1990 y la fecha de expedición de la citada Decisión de Amparo, los sentenciadores han vulnerado gravemente las normas transcritas y analizadas en los párrafos precedentes, especialmente el artículo 8 de la Carta Fundamental, el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia y el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, contraviniendo el texto expreso de la ley, con lo que han cometido una falta o abuso que conducirá al acogimiento del recurso de queja en examen.

Y de conformidad, además con lo dispuesto en los artículos 545 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se acoge el recurso de queja interpuesto en lo principal de la presentación de dos de abril de dos mil veinte y, en consecuencia, se deja sin efecto la sentencia de veintisiete de marzo del año en curso, pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago en los autos Rol N° 670-2019 y, en su lugar, se decide que se hace lugar a la reclamación interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Fuerza Aérea de Chile, en contra de la Decisión de Amparo del Consejo para la Transparencia, Rol C1672-19, adoptada con fecha veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, declarando, en consecuencia, que se desestima el amparo por denegación de información presentado por don Eduardo Olivares Concha.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Muñoz, quien fue del parecer de rechazar el recurso de queja en examen en atención a las siguientes consideraciones:

A.- Que, compartiendo el análisis normativo expresado en el motivo sexto del presente fallo, se debe enfatizar que aquello permite establecer el acceso a la información como garantía constitucional y desarrollado en la forma expresada por la ley, sin perjuicio de lo cual existe la posibilidad de que la administración estatal se pueda ver favorecida por las eventuales limitaciones que el mismo constituyente imponga a su ejercicio.

Sin embargo, teniendo en consideración que las garantías fundamentales están concebidas como barreras de protección para los ciudadanos respecto del accionar del Estado y no a la inversa, es que en el caso en concreto la excepción al ejercicio de la garantía, en tanto crea espacios de opacidad en el actuar de la Administración, debe estar no sólo contemplada en una ley de quórum calificado, sino que, además, debe tener un carácter expreso y específico, requisitos copulativos que, a juicio de quien disiente, no se cumplen en el caso de autos.

B.- En efecto, razonar en sentido inverso supone limitar, entonces, con base en una interpretación extensiva de las excepciones, el ámbito de protección que generan las garantías fundamentales, cuestión que no tiene lógica si de lo que se trata es de garantizar a los ciudadanos el libre ejercicio de sus derechos.

El principio de no regresión lleva a considerar que, ampliados los márgenes de un derecho fundamental, no es posible ya restringirlos, con menor razón por vía interpretativa.

El sistema de control de constitucionalidad de las normas legales permite la aplicación directa de la Constitución por los tribunales ordinarios y, además, determinar el derecho vigente que tenga carácter preconstitucional e interpretar las leyes de la forma que tenga mayor coincidencia con la Carta Política. Sin embargo, esta función no puede extenderse considerando normas de menor jerarquía y de carácter postconstitucional. Resuelto por el constituyente que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos" no es posible relativizar su alcance. Es así como el mismo texto señala las excepciones a tal publicidad exclusivamente cuando pueda afectar el cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado.

C.- Si cualquier reglamentación que los preceptos legales hagan respecto de las garantías fundamentales o que desarrollen las limitaciones en los casos que se lo autoriza no puede afectar la esencia del derecho, con mayor razón ningún precepto de menor jerarquía al legal puede integrar la ley en este sentido, algo que está expresamente prohibido por el mismo constituyente (artículo 64 inciso segundo de la Carta Fundamental). Esta congruencia es destacada por la disposición cuarta transitoria de la Carta Política, que reconoce valor a las leyes pre- constitucionales, "en lo que no sean contrarias a la Constitución".

D.- Asentadas las ideas anteriores, quien sustenta este voto particular estima del caso dejar asentado que comparte el análisis realizado por los sentenciadores en el fallo censurado, toda vez que, efectivamente, no basta que exista una ley de quórum calificado de carácter ficto, según lo dispone el artículo 1° Transitorio de la Ley N° 20.285, en relación con el artículo 8 de la Carta Fundamental, sino que es indispensable que tal norma consagre una causal de secreto o reserva, fundado éste en que la divulgación de la información protegida pueda afectar algunos de los bienes jurídicos señalados en la Carta Fundamental, requisito que no se cumple en la especie, pues lo cierto es que la información que se ordena entregar, esto es, un listado con los nombres de cada funcionario que ha servido como agregado aéreo desde 1990 a la fecha de expedición de la Decisión de Amparo de que se trata, no puede vincularse de modo alguno con la seguridad de la Nación o con el interés nacional, pues se trata de información de índole administrativa, que jamás podría develar información de inteligencia relacionada con la actividad profesional de las fuerzas armadas.

E.- Todavía más, cabe resaltar que, tal como lo expusiera la defensa del Consejo para la Transparencia en estrados, la información pedida se refiere a la identidad del personal que ha cumplido una función de asesoría diplomática en relación a aquellos asuntos propios de su institución, información que, por su parte, el propio Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene a disposición del público en su página web, indicando los nombres de los oficiales de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de las instituciones de Orden y Seguridad Pública que sirven las distintas agregadurías existentes, de modo que, en definitiva, se trata de información pública, tal como se observa en los hiperenlaces citados por la mencionada defensa.

Desde esa perspectiva es necesario consignar que, como lo sostuvo el citado Consejo, en esta materia, es decir, en lo relacionado con la publicidad de la identidad de los agregados militares, opera la reciprocidad internacional, pues las embajadas extranjeras en Chile también publican la identidad del oficial que ocupa el cargo en nuestro país, como se advierte, verbi gratia, en el hiperenlace citado al efecto.

F.- Asimismo, cabe subrayar que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 18 de abril de 1961, estatuye, en su artículo 7°, que, sin perjuicio de que el Estado acreditante puede nombrar libremente al personal de la misión, "en el caso de los agregados militares, navales o aéreos, el Estado receptor podrá exigir que se le sometan de antemano sus nombres, para su aprobación", precepto del que se deduce con nitidez que, si el Estado receptor puede someter a su previa aprobación la identidad de los referidos agregados, entonces tampoco cabe sostener que la misma puede mantenerse en reserva, al tenor de lo prescrito en el N° 1 del artículo 436 del Código de Justicia Militar, pues, en el indicado contexto, su nombre puede ser develado a un tercero extraño al Estado de Chile que lo nombró, como es el Estado ante quien ha sido destinado.

G.- Finalmente, es del caso poner de relieve que, enfrentadas a solicitudes del mismo cariz, las demás instituciones armadas no se han negado a entregar los antecedentes de que se trata, sino que, por el contrario, han puesto a disposición del requirente tales datos; así lo hizo, por ejemplo, la Armada de Chile mediante el Oficio O.T.A.I.P.A. ORDINARIO N° 12900/54 E.O, de 19 de febrero de 2019; Carabineros de Chile hizo lo propio a través de carta de 21 de noviembre de 2019 y el Ejército de Chile, por intermedio de la Carta JEMGE DETLE N° 6800/4505 de 26 de mayo de 2020, hizo entrega del listado de los agregados de esa institución que sirvieron en el extranjero entre los años 1990 y 2020.

H.- En las anotadas condiciones, forzoso es concluir, a juicio de quien suscribe este parecer minoritario, que la información materia de autos no se encuentra sujeta a causal alguna de secreto o reserva y, en consecuencia, no existe mérito suficiente para acoger al recurso de queja intentado por el Consejo de Defensa del Estado.

I.- Por último, es jurisprudencia reiterada de esta Sala que son las personas respecto de quienes se solicitan los antecedentes las legitimadas para oponerse, no las instituciones a las que pertenecen y a quienes se dirige la solicitud, la cual debe, en su caso, notificar a los interesados para que adopten la actividad procesal acorde a sus derechos.

No se ordena la remisión de los antecedentes al Pleno de este tribunal, por tratarse de un asunto en que la inobservancia constatada no puede ser estimada como una falta o abuso que amerite disponer tal medida.

Agréguese copia autorizada de esta resolución a los autos tenidos a la vista, hecho, devuélvanse a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción a cargo de la Ministra señora Vivanco y de la disidencia, su autor.

Rol N° 33376-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G., y Sra. Ángela Vivanco M., y los Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P., y Sr. Íñigo de la Maza G. Santiago, 10 de diciembre de 2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Maria Eugenia Sandoval G., Angela Vivanco M. y los Abogados (as) Integrantes Alvaro Quintanilla P., Iñigo De La Maza G. Santiago, diez de diciembre de dos mil veinte.

En Santiago, a diez de diciembre de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.