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Armada de Chile con Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol: 79438-2020

Corte Suprema, 21/12/2020

Armada de Chile interpone recurso de queja contra Ministros de la Corte de Apelaciones, por las faltas y abusos graves cometidos al rechazar reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de decisión de amparo por acceso a la información. Ante la Corte Suprema comparece incidentista y alega la nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento. La Corte Suprema hace lugar al incidente promovido, anula la sentencia de la Corte de Apelaciones y todo lo obrado en el procedimiento, en sede judicial como también administrativa, quedando los antecedentes en estado de practicarse la notificación



Ministros:

  • Alvaro Quintanilla López
  • Jorge Lagos Gatica
  • María Eugenia Sandoval Gouet
  • Sergio Muñoz Gajardo

Texto completo:

Santiago, veintiuno de diciembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, en estos autos Rol de Ingreso Corte Suprema N° 79.438-2019, compareció doña Carolina Vásquez Rojas, Abogado Procurador Fiscal de Santiago (S) del Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Armada de Chile, quien dedujo recurso de queja en contra de las Ministras de la Corte de Apelaciones de Santiago, señoras María Rosa Kittsteiner Gentile y Gloria Solís Romero, por la dictación de la sentencia definitiva de 8 de julio último, por intermedio de la cual se rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por su parte, en contra de la Decisión de Amparo Rol N° 3076-2019, que dispuso hacer entrega de copia de las hojas de vida y calificaciones del ex Almirante don José Toribio Merino Castro, durante todo el tiempo de su servicio en la Armada de Chile, así como los demás documentos que consten en su carpeta de antecedentes.

Segundo: Que, como grave falta o abuso, se reprocha, en primer lugar, el incumplimiento del artículo 170 N° s 5° y 6° del Código de Procedimiento Civil, por cuanto se alegó que el Consejo para la Transparencia, en su decisión de amparo, vulneró los artículos 41 y 30 letra b) de la Ley N° 19.880, al omitir pronunciamiento sobre todas las alegaciones vertidas en sede administrativa, punto sobre el cual los recurridos tampoco razonan, decidiendo únicamente en torno al carácter público de la hoja de vida.

A continuación, se esgrime un desconocimiento del carácter secreto o reservado de la información solicitada, por no aplicar la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, en relación a la Ley N° 19.628 y el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, argumentando en torno al carácter sensible de los datos contenidos en la hoja de vida, cuya revelación vulneraría, por tanto, los derechos de los familiares del ex Almirante.

Acto seguido, asegura que ha existido, además, una infracción al artículo 20 de la Ley N° 20.285, por cuanto no se efectuó en sede administrativa la debida notificación a los terceros afectados, actuación que forma parte esencial de las solicitudes de acceso a la información.

Finalmente, estima que resultó una grave falta o abuso, el hecho de haber desconocido las sentenciadoras el carácter secreto o reservado de la información, por no aplicar las causales del artículo 21 N° s 3° y 5° de la Ley N° 20.285, en relación al artículo 436 del Código de Justicia Militar y el artículo 34 letras a) y b) de la Ley N° 20.424.

Tercero: Que, concluye el quejoso solicitando que se ponga término a los efectos de las graves faltas cometidas resolviendo, en su lugar, que se acoge el reclamo de ilegalidad y se deje sin efecto la decisión de amparo antes singularizada.

Cuarto: Que, al informar, las juezas recurridas se limitan a la transcripción del fallo, añadiendo que han actuado dentro de sus facultades, sin cometer las faltas o abusos que se les imputan.

Quinto: Que, ante esta Corte, compareció doña María Angélica Merino Riofrío, quien con fecha 30 de julio último solicitó la nulidad de todo lo obrado, por falta de emplazamiento. Funda la petición en su calidad de hija del ex Almirante don José Toribio Merino Castro y explica que, a propósito de otra notificación que le practicó la Armada, se enteró de la existencia de este proceso, donde no fue oída, puesto que dicho órgano no cumplió - como tampoco lo hizo el Consejo para la Transparencia o la Corte de Apelaciones de Santiago - con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 20.285, que ordena expresamente la comunicación a los terceros afectados en sus derechos.

En razón de lo anterior, solicita la declaración de nulidad, debiendo retrotraerse los antecedentes al estado en que la Armada de Chile le otorgue el debido conocimiento de la solicitud.

En subsidio de la petición anterior, se hace parte como tercero coadyuvante de la recurrente, explicando que la hoja de vida ordenada entregar contiene antecedentes propios de su padre, que constituyen información sensible no sólo para la seguridad nacional, sino también para su honra y privacidad.

Sexto: Que, evacuando el traslado conferido por esta Corte, el Consejo de Defensa del Estado afirma coincidir con la incidentista, en orden a que el órgano requerido omitió la notificación, inobservancia que no puede ser soslayada y, precisamente, denunció dicha circunstancia como una de las graves faltas o abusos que sustentan el recurso de queja.

Séptimo: Que, por su parte, el Consejo para la Transparencia solicitó el rechazo de la petición de nulidad, por cuanto, en su concepto, no existe un vicio reparable únicamente con la anulación, teniendo presente que la incidentista ha tenido, ante esta Corte, la oportunidad de formular alegaciones en defensa de sus derechos. Por otro lado, la omisión es imputable exclusivamente a la Armada de Chile, quien decidió no comunicarle la petición, como tampoco aportar los antecedentes para que dicha notificación fuera practicada por el Consejo para la Transparencia, de modo que, habiendo concurrido a la materialización del vicio, no puede beneficiarse de éste.

Octavo: Que, por tanto, antes de entrar al fondo de las graves faltas o abusos alegados en el recurso de queja, corresponde que esta Corte emita pronunciamiento en relación al incidente de nulidad de todo lo obrado, el cual se funda en la infracción a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 20.285, que preceptúa: "Cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, dentro del plazo de dos días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos, deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo.

Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por escrito y requerirá expresión de causa.

Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del Consejo, dictada conforme al procedimiento que establece esta ley.

En caso de no deducirse la oposición, se entenderá que el tercero afectado accede a la publicidad de dicha información".

Noveno: Que no existe controversia entre las partes y se trata, por lo demás, de un hecho público y notorio, que el ex Almirante don José Toribio Merino Castro falleció en el año 1996, circunstancia que motiva que la incidentista, en su calidad de heredera, hubiere comparecido por estimar que la revelación de datos sensibles de su padre - que, estima, están contenidos en su hoja de vida - afecta la honra y privacidad de la familia.

Corresponde destacar que, si bien el tema no se planteó en estos términos en sede administrativa, la Armada fundó la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, en que la entrega de la hoja de vida afectaría la honra del funcionario fallecido, la cual, en su concepto, se proyecta como un derecho propio de sus familiares, considerando que su memoria constituye una prolongación de dicha personalidad, protegida en el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental.

En respuesta a dicha alegación, el Consejo para la Transparencia consigna en la decisión de amparo que una persona fallecida no es titular de datos personales, a la luz de lo dispuesto en el artículo 2° letra ñ) de la Ley N° 19.628, por cuanto no es una persona natural. En consecuencia, con la muerte se deja de ser sujeto de dicha protección, resultando inaplicable este último cuerpo normativo.

Décimo: Que una adecuada resolución del incidente de nulidad demanda, en primer lugar, determinar si la incidentista goza o no de legitimidad activa para promoverlo, cuestión que exige de esta Corte un ejercicio interpretativo respecto de la expresión "terceros afectados" utilizada por el artículo 20 de la Ley N° 20.285.

Una primera aproximación al concepto se encuentra en el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República, conforme al cual "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". En efecto, la Historia de la Ley N° 20.285 da cuenta que el proyecto de ley se refería, en su artículo 20, a "los derechos o intereses de terceros", expresión que a la postre fue modificada eliminando la expresión "o intereses", precisamente por tratarse de una más amplia que la utilizada por el texto constitucional, que se remite exclusivamente a titulares de derechos. (Informe de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, pág. 129).

Undécimo: Que, establecido, por tanto, que el "tercero afectado" debe necesariamente ser titular de un derecho susceptible de ser conculcado con la entrega de la información, toca analizar en qué posición jurídica se encuentran los herederos de una persona fallecida, en relación a los datos personales o sensibles de esta última.

Duodécimo: Que, conforme al artículo 1097 del Código Civil "Los asignatarios a título universal, con cualesquiera palabras que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de legatarios, son herederos: representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles".

En relación a la transmisibilidad, en principio podría afirmarse que los derechos subjetivos relativos a la honra y al honor de una persona son de naturaleza personalísima y, en consecuencia, no se pueden traspasar entre vivos, como tampoco por causa de muerte, siendo una excepción al principio de la continuación de la personalidad.

Sin embargo, los términos amplios que utiliza la Constitución Política de la República en el artículo 19 N° 4 entregan un matiz a considerar, por cuanto el texto constitucional asegura a todas las personas "El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales", pudiendo estimarse que se incorpora la protección de la honra de las personas fallecidas en la medida en que vulnerarla impacta también la de sus familiares. En efecto, si se examina la historia del establecimiento del precepto, se aprecia que el tema fue expresamente discutido, en los siguientes términos:

"Enseguida, el señor ORTUZAR (Presidente) declara que hay otra indicación del señor Ovalle que reza lo siguiente: 'La Constitución asegura a todos los habitantes...:

La protección de su honra personal y familiar. Toda injerencia arbitraria en la vida privada de las personas será sancionada por la ley'.

Esta indicación tiene una alternativa cuya redacción se transcribe a continuación:

'La protección en su vida privada, su honra y la de su familia'.

La primera diferencia que surgiría frente a estas indicaciones, continúa el señor Ortúzar, guarda relación con la proposición del señor Guzmán, la cual está referida sólo a la honra de las personas, con prescindencia de la de la familia. Lo anterior podría no tener importancia, porque la familia está constituida por personas, pero sí la tendría en el caso de las personas fallecidas. Por lo mismo, pregunta cómo podría cubrirse, si el precepto se refiere sólo a la honra de la persona, la de quien ha dejado de serlo ante el Derecho por haber fallecido. ¿No sería conveniente decir 'y la de su familia'?

O sea, se trataría de acoger en ese sentido las indicaciones de los señores Ovalle y Silva Bascuñán, porque parece evidente que el hecho de que una persona fallezca no autoriza para que el día de mañana pueda ser objeto de toda clase de difamaciones, sobre todo si ha sido respetable. Ese derecho corresponde a su familia; especialmente, a sus hijos, a su cónyuge. De modo que, insiste, tiene cierta importancia comprender en esta garantía la honra de la familia.

El señor GUZMAN declara coincidir plenamente con la sugerencia formulada por el señor Presidente.

Tratándose de personas vivas siempre se lesiona la honra de una persona al ofender, también, la de su familia, sin perjuicio de que pueda dañarse la del miembro de la familia afectado. En otras palabras, si se ataca desdorosamente, por ejemplo, al hijo de una autoridad con el ánimo de molestar precisamente a esa autoridad, se estará violando posiblemente su honra y, además, la de su hijo, de manera que existirán dos honras violentadas. Pero el hecho o la circunstancia de ampliar el precepto al concepto de las personas fallecidas hace fuerza para incluir, también, la honra de las personas y la de sus familias" (Actas Oficiales de la Comisión de Estudios, sesión 129ª).

Décimo tercero: Que, en consecuencia, es posible entender que, para el constituyente, una afectación a la honra de una persona fallecida impacta o irradia directamente en la honra de su familia.

A mayor abundamiento, la interpretación que se viene planteando no es extraña para nuestro Código Civil. En efecto, la protección de la persona humana desde el nacimiento hasta la muerte no significa que el tiempo precedente y posterior a estos hitos sea indiferente para el legislador. Del mismo modo que la legislación civil protege la vida del que está por nacer y le hace titular de derechos eventuales (artículos 75, 243, 343, 356, entre otras disposiciones), existen instituciones que se fundamentan en la protección de la honra de una persona, después de su fallecimiento, a modo ejemplar, el artículo 1430 del Código Civil, que permite que los herederos puedan ejercer la acción revocatoria de una donación por ingratitud, cuando el hecho ofensivo haya producido la muerte del donante o se hubiere ejecutado después de ella. El mismo precepto, además, consagra expresamente la transmisibilidad de las acciones que hubieren correspondido al difunto, principio que se reitera en el artículo 1377 del mismo cuerpo normativo, relativo a los títulos ejecutivos contra el causante.

En consecuencia, si bien la muerte implica el fin de la personalidad y, por ende, la extinción de los derechos inherentes a la personalidad del fallecido, ello no obsta a que en determinados supuestos quepa la tutela post mortem de ciertos atributos, lo cual se encuentra reconocido por la Carta Fundamental, en la medida que su vulneración impacta, en el caso de la honra, directamente en su familia.

Décimo cuarto: Que, a continuación, nuestra Constitución no contiene un concepto de "familia", como tampoco el Código Civil. Sin embargo, examinado el artículo 15 de este último cuerpo normativo, es posible desprender que para el Código de Bello, la familia gira en torno al matrimonio y al parentesco, circunstancia que directamente conduce a concluir que se trata, precisamente, de los herederos más próximos de una persona, ya sea personalmente o representados.

Ello se ve corroborado por lo dispuesto en el artículo 815 inciso segundo, conforme al cual "La familia comprende al cónyuge y los hijos; los que existen al momento de la constitución, como los que sobrevienen después (...)".

Décimo quinto: Que, volviendo al caso concreto, todo lo razonado hasta ahora resulta suficiente para entender que la incidentista goza de legitimidad activa para alegar la nulidad de todo lo obrado por falta de notificación, en cuanto familiar y heredera, en los términos en que ya se ha expuesto.

Décimo sexto: Que, conjuntamente con lo anterior y entrando derechamente en la resolución de la nulidad planteada, fluye que en la especie no se ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 20.285, por cuanto no se ha notificado a los herederos del titular de la hoja de vida cuya revelación se solicita, quienes son, actualmente, los terceros afectados de manera directa con la solicitud y dentro de los cuales se encuentra la incidentista.

La circunstancia anterior configura un vicio esencial del procedimiento, que ha dejado a dichos terceros en la indefensión, por cuanto la notificación dispuesta en el citado artículo 20 precisamente tiene por finalidad el ejercicio de un derecho de oposición que influye de manera sustancial en las actitudes que puede adoptar el órgano requerido ante la solicitud de información, todo lo cual motiva que esta Corte acceda a la nulidad, según se dirá.

A continuación, y en cuanto a la forma de subsanar este defecto, esta Corte tiene presente que los antecedentes relativos a la familia del ex Almirante se encuentran en poder de la Armada de Chile, razón por la cual se dispondrá que sea ésta quien proceda a notificar a sus herederos, dentro del plazo que para dicho efecto fije el Consejo para la Transparencia, poniendo en conocimiento de este último los resultados de la gestión. En caso que ello no ocurriere, deberá ser el propio Consejo para la Transparencia quien solicite al Servicio de Registro Civil e Identificación, los antecedentes de los herederos conforme al respectivo auto de posesión efectiva debidamente inscrito, a fin de que la Armada de Chile cumpla con dicho trámite.

Décimo séptimo: Que, dado que el acogimiento del incidente trae como consecuencia necesaria el retrotraer el procedimiento al estado de poner la solicitud en conocimiento de los herederos, se torna innecesario razonar respecto de las graves faltas o abusos denunciadas en el recurso de queja.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 79 y 80 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el incidente de nulidad promovido por doña María Angélica Merino Riofrío y, en consecuencia, se dispone que se anula la sentencia de ocho de julio último, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, así como todo lo obrado en el presente procedimiento, en sede judicial como también administrativa, quedando los antecedentes en estado de practicarse la notificación, por parte de la Armada de Chile, a los herederos del ex Almirante don José Toribio Merino Castro, en los términos consignados en el motivo décimo sexto de la presente decisión.

En razón de lo resuelto, se omite pronunciamiento en relación al recurso de queja deducido por el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Armada de Chile.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Muñoz, quien estuvo por rechazar el incidente de nulidad y entrar al fondo del recurso de queja interpuesto, teniendo para ello presente:

1° Que, en concepto de este disidente, la eventual afectación a que se refiere el artículo 20 de la Ley N° 20.285 solamente alcanza al titular de los datos y, por tanto, no se extiende a sus herederos. En efecto, el señalado cuerpo legal no consagra que dicho interés irradie a personas distintas, lo cual es concordante con la circunstancia que el derecho a la propia honra es uno personalísimo que, por tanto, se extingue con la muerte del titular.

A mayor abundamiento, cuando el legislador ha pretendido que ciertas acciones o derechos se transmitan a los herederos, lo ha indicado expresamente, como ocurre precisamente en los artículos 1377 y 1430 del Código Civil citados en el cuerpo de esta sentencia, voluntad legislativa que no resultó explícitamente manifestada, en dicho sentido, en la Ley N° 20.285. De ello no corresponde sino concluir que no se ha considerado a los herederos como titulares de un eventual derecho de oposición, frente a la solicitud de revelación de los datos de su causante.

2° Que, por otro lado, no es posible que el Consejo de Defensa del Estado comparezca ante esta Corte reprochando la existencia de un vicio de nulidad a cuya materialización concurrió la Armada de Chile, puesto que se trata de la misma parte cuyos intereses representa. Ello, por cuanto la comparecencia del Consejo de Defensa del Estado en esta causa no lo es en representación del Fisco de Chile, dado que no estamos en presencia de la discusión de un interés patrimonial comprometido, sino de la representación en juicio de un órgano perteneciente a la administración centralizada, lo cual trae consigo que se trate de un mismo interés.

De este modo, en aplicación del principio general del artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, el Consejo de Defensa del Estado se encuentra impedido de alegar la nulidad y beneficiarse de sus efectos, por cuanto la parte que representa ha concurrido a la materialización del vicio que la funda.

3° Que, además y sin perjuicio de lo ya señalado en el motivo 1° de la presente disidencia, es la Armada de Chile quien cuenta con los antecedentes de la familia del ex Almirante, de modo que, si estimaba que su notificación era un requisito esencial del procedimiento, debió haberla practicado derechamente, sin que pueda ampararse en una omisión que le es plenamente imputable y en la cual incurrió no sólo cuando el solicitante planteó la petición, sino también en el momento en que el Consejo para la Transparencia le requirió dichos antecedentes.

A este respecto, también es relevante dejar consignado que no existe potestad alguna conferida por la Ley al Consejo para la Transparencia, que le permita - o menos obligue - a realizar indagaciones respecto de quiénes son los herederos de una persona, para efectos del cumplimiento del artículo 20 de la Ley N° 20.285.

4° Que, a mayor abundamiento, en concepto de quien sostiene este voto particular, tampoco es posible concluir que la entrega de la hoja de vida de un funcionario constituya la revelación de datos sensibles que puedan afectar la honra o vida privada de la persona fallecida o sus herederos. Al respecto, el artículo 79 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas (Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del año 1997, del Ministerio de Defensa Nacional), define la hoja de vida como "el documento que contiene un registro cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación. En ella se efectuarán tanto las anotaciones de mérito como de demérito que lo afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, tales como, feriados, licencias, comisiones de servicio, resoluciones recaídas por investigaciones sumarias administrativas y sentencias definitivas en causas civiles y criminales. Podrá contemplar también todo otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal, siempre que corresponda al período de calificación de que se trate", sin que se hubiere acreditado que, en el caso particular del ex Almirante, ella contuviera antecedentes que excedan la definición normativa y que, por cierto no revisten la naturaleza de datos sensibles.

5° Que, finalmente, tampoco resulta indiferente para estos efectos, el hecho que el funcionario titular de la hoja de vida se encuentre fallecido, puesto que ello tiene como corolario que todo aquello que se ha consignado en su registro funcionario se refiera a circunstancias pasadas, esto es, antecedentes meramente fácticos a los cuales no puede atribuirse el carácter eventualmente desdoroso que pretende la incidentista y, de este modo, no resultan aptos para construir una afectación al derecho a la honra de su titular o de sus herederos.

6° Que es por lo razonado que no se cumple con el principio de la trascendencia que exige la nulidad y lleva a rechazar el incidente planteado, en especial por estar ante un argumento eventual y no acreditado.

7° Que, en tal contexto, la figura histórica y política de José Toribio Merino Castro, ya a casi 25 años de su fallecimiento, debe ser permitido conocerla por documentos oficiales en todos sus aspectos, puesto que la ecuación entre transparencia y responsabilidad política enseña que es directamente proporcional: a mayor autoridad, mayor transparencia. En igual sentido, la responsabilidad política es inversamente proporcional con la intimidad: a mayor responsabilidad política, menor intimidad. ("Rp" DP "Transp") = ("Rp" IP "Int") (1 Rp : 2 Transp) (2 Rp : 1 I)

Todo lo anterior se expresa en la actualidad con la expectativa de privacidad o de publicidad que una persona tiene respecto de sus antecedentes personales, sin que pueda sostenerse en este caso particular que siguen siendo reservados o secretos los antecedentes de la persona respecto de la cual se requiere conocer su hoja de vida institucional, por lo cual no se observa transcendencia en la nulidad planteada.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Vivanco y la disidencia, de su autor.

Rol N° 79438-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G., y Sra. Ángela Vivanco M., y los Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P., y Sr. Jorge Lagos G. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, la Ministra señora Sandoval por estar con feriado legal. Santiago, veintiuno de diciembre de dos mil veinte.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a veintiuno de diciembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M. y los Abogados (as) Integrantes Alvaro Quintanilla P., Jorge Lagos G. Santiago, veintiuno de diciembre de dos mil veinte.

En Santiago, a veintiuno de diciembre de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.