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AFP Cumprum SA con Consejo para la Transparencia Rol: 43581-2020

Corte Suprema, 03/12/2020

AFP Cuprum S.A. interpone recurso de queja contra los Ministros de la Corte de Apelaciones, por las faltas y abusos graves cometidos al rechazar reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de la decisión de amparo adoptada por el Consejo para la Transparencia, mediante la cual se dispuso entregar al peticionario: "Copia del plan de negocios presentado por la AFP Argentum, en el año 2014, en el marco de la petición de aprobación de la fusión con AFP Cuprum, excluyendo los contratos suscritos con terceros acompañados por la mencionada empresa a su Plan de Negocios". La Corte Suprema rechaza el recurso de queja deducido.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Texto completo:

Santiago, tres de diciembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, en estos antecedentes Rol N° 43.5812020, sobre reclamo de ilegalidad seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, AFP Cumprum S.A. dedujo recurso de queja en contra de los Ministros (as) Sr. Juan Cristóbal Mera Muñoz y Sra. Lilian Leyton Varela, y del Abogado Integrante Sr. Jorge Norambuena Hernández, por las faltas y abusos graves que habrían cometido al dictar, el 9 de abril de 2020, la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad que la quejosa ejerció en contra de la decisión de amparo adoptada por el Consejo para la Transparencia el 5 de septiembre de 2019, en virtud de la cual se dispuso entregar al peticionario: "Copia del plan de negocios presentado por la AFP Argentum, en el año 2014, en el marco de la petición de aprobación de la fusión con AFP Cuprum, excluyendo los contratos suscritos con terceros acompañados por la mencionada empresa a su Plan de Negocios".

La solicitud de acceso a la información fue presentada por don Javier Morales ante la Superintendencia de Pensiones el 3 de febrero de 2019. Tal petición fue denegada por mediar oposición de un tercero, precisamente AFP Cuprum S.A., invocando la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285.

Ante la negativa, el peticionario interpuso solicitud de amparo por denegación de información ante el Consejo Para la Transparencia, dando origen a los antecedentes administrativos Rol C1947-19, que culminaron con la dictación de la instrucción antedicha.

En contra de aquella decisión, AFP Cumprum S.A. dedujo reclamo de ilegalidad, fundado en la configuración de la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285. Tal arbitrio fue rechazado en la sentencia dictada por los Ministros recurridos.

En relación con las faltas y abusos que se reprochan a través del presente recurso de queja, el recurrente señala que se comete por los jueces de fondo al rechazar su reclamo de ilegalidad, ignorando que, en la especie, concurrían los requisitos necesarios para la configuración de la causal de secreto o reserva que fue esgrimida por la actora.

Solicita, en definitiva, que se acoja el presente recurso de queja y se deje sin efecto la sentencia antes indicada, disponiendo, en su lugar, que se acoge el reclamo de ilegalidad interpuesto por AFP Cuprum S.A. o, en su defecto, se adopte cualquier otra medida que se estime idónea para remediar la falta o abuso grave.

Segundo: Que, en su informe, los recurridos reconocen haber concurrido a la dictación del fallo cuestionado, resumen sus fundamentos, y estiman no haber incurrido en falta o abuso grave, salvo el mejor parecer de esta Corte Suprema.

Tercero: Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, designado "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", cuyo acápite primero lleva por título: "Las facultades disciplinarias". Allí se contiene el artículo 545, que lo instaura como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, o en sentencias definitivas, siempre que, cualquiera sea el caso, no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Cuarto: Que, previo al examen de las cuestiones jurídicas implicadas en la presente impugnación, ya sintetizadas precedentemente, es menester consignar que la Constitución Política de la República señala, en su artículo 8°, que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

También la Constitución Política asegura el derecho de acceso a la información pública como una manifestación de la libertad de información (artículo 19, N° 12), que se encuentra reconocido en la Carta Fundamental -aunque no en forma explícita- como un mecanismo esencial para la plena vigencia del régimen democrático y de la indispensable asunción de responsabilidades, unida a la consiguiente rendición de cuentas que éste supone por parte de los órganos del Estado hacia la ciudadanía, sin perjuicio que representa, además, un efectivo medio para el adecuado ejercicio y defensa de los derechos fundamentales de las personas.

La relevancia de este derecho público subjetivo queda de manifiesto al observar que, reconocido inicialmente a nivel legal, fue posteriormente recogido por la reforma constitucional de agosto de 2005 como una de las bases de la institucionalidad o como un principio fundamental del Estado Constitucional y democrático de derecho que funda el Código Político, donde la publicidad es la regla y el secreto la excepción.

Tal preceptiva, que sin distinción obliga a todos los órganos del Estado, exige de éstos que den a conocer sus actos decisorios -tanto en sus contenidos y fundamentos- y que aquellos obren con la mayor transparencia posible en los procedimientos a su cargo, lo que se relaciona justamente con el derecho de las personas a ser informadas.

Con todo, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado tiene justificadas excepciones que contempla la Constitución, las que dicen relación con los valores y derechos que la publicidad pudiere afectar, referidas todas ellas explícita y taxativamente en la norma constitucional antes transcrita y que sólo el legislador de quórum calificado puede configurar. Se sigue de ello que la interpretación de dichas excepciones debe efectuarse restrictivamente.

En cumplimiento del mandato constitucional fue dictada la Ley de Acceso a la Información Pública (N° 20.285) que preceptúa, en lo que interesa, que "la función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella" (art. 3°). También que "el principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley" (art. 4). Por último, que "en virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas" (art. 5).

Por lo demás, cabe observar que la referida legislación establece dos mecanismos de transparencia. Uno, denominado transparencia activa, que consiste en la obligación de los órganos públicos de difundir o poner a disposición del público determinada información. Y transparencia pasiva, traducida en la obligación de entregar determinada información a los ciudadanos cuando éstos la soliciten. El legislador creó el Consejo para la Transparencia como un órgano de la Administración del Estado -con autonomía- con el fin de hacer efectivo el principio de publicidad previsto en la Carta Política y es en esa línea que lo dotó de facultades para conocer reclamos respecto de actos emanados de entidades que forman parte básicamente de la Administración del Estado.

Quinto: Que puede decirse, entonces, que el derecho de acceso a la información pública es un derecho implícito que, como otros -entre ellos el derecho a la identidad personal o al desarrollo libre de la personalidad-, nuestro orden constitucional asegura a toda persona y, por tal consideración, merece íntegra protección.

Sexto: Que, como se ha dicho, la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública tiene por objeto el regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información. Entre estas últimas se encuentra aquella comprendida en su artículo 21 N° 2, esto es, la afectación de derechos de las personas, merma que, en el caso concreto, se ha hecho consistir en el detrimento de derechos comerciales o económicos de AFP Cuprum S.A.

Séptimo: Que, al respecto, cabe destacar que, tal como se expresó por los recurridos en la sentencia impugnada, la información cuyo secreto aquí se pretende resguardar ya fue declarada pública en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 4 de agosto de 2016 en los autos Rol N° 12.068-2015, que rechazo el reclamo interpuesto por AFP Cuprum S.A. en contra de la decisión de amparo del CPLT Rol C1510-15, que, precisamente, ordenó a la Superintendencia de Pensiones la entrega del mismo plan de negocios objeto de esta controversia, descartando la configuración de idéntica causal de secreto o reserva que la aquí invocada por la quejosa. En contra de aquella decisión fue interpuesto recurso de queja por la reclamante, arbitrio rechazado por esta Corte Suprema a través del fallo pronunciado el 19 de junio de 2017 en causa Rol N° 49.981-2016.

Octavo: Que, de esta forma, se está en presencia de información que ya ha sido declarada accesible y pública por el sistema de protección del acceso a la información, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, resultando manifiestamente impertinente que el mismo órgano pretenda invocar igual causal respecto de idénticos antecedentes.

Resta señalar que en nada altera lo concluido el hecho de haberse cumplido o no la decisión pretérita, ni la falta de certeza sobre si el peticionario primigenio divulgó o no la información que eventualmente le fue entregada, ni el efecto relativo de la sentencia anterior, pues lo relevante es que se está en presencia de información que superó el tamiz institucional necesario para descartar su secreto o reserva, quedando, la información en sí, en una condición jurídicamente incompatible con la denegación de acceso por igual causal.

Noveno: Que, siendo lo previamente constatado suficiente para que el reclamo haya sido rechazado, no puede sino concluirse que, al obrar en igual sentido, los jueces recurridos no han incurrido en falta o abuso grave que deba ser enmendado por esta vía.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, se rechaza el recurso de queja deducido por el AFP Cuprum S.A. en lo principal de la presentación folio N° 387.267-2019.

Agréguese copia de esta resolución a los autos tenidos a la vista. Hecho, devuélvase.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Vivanco.

Rol N° 43581-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M., y Sra. María Angélica Repetto G., y la Abogada Integrante Sra. Leonor Etcheberry C. Santiago, 03 de diciembre de 2020.

En Santiago, a tres de diciembre de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.