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Armada de Chile con Consejo para la Transparencia Rol: 289-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 14/12/2020

Armada de Chile interpone reclamo de ilegalidad contra decisión del Consejo para la Transparencia que acogió el amparo deducido en su contra y dispuso entregar los antecedentes solicitados. Corte acoge el reclamo de ilegalidad.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Acogido


Ministros:

  • Jenny Book Reyes
  • Paula Rodríguez Fondón

Texto completo:

Santiago, catorce de diciembre de dos mil veinte.

Vistos:

Que comparece doña Ruth Israel López, Abogada Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Armada de Chile y presenta reclamo de ilegalidad, conforme con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley N° 20.285, en contra de la decisión adoptada el 5 de mayo de 2020, en los autos de Amparo Rol N° C 6396-2019, del Consejo para la Transparencia, que acogió el amparo deducido por don Cristián Cruz Rivera y dispuso entregar los siguientes antecedentes:

i. Informar si por su rol o función de ministros titulares de la Corte Naval don Ricardo Marcos Vivanco y don Cristián Araya Escobar reciben un estipendio, sueldo, bono, asignación, gratificación, reconocimiento u otro en dinero, como si se pueden hacer merecedores de bono por meta de gestión o símil. En caso de que efectivamente uno o ambos reciban dinero por ello indiquen el monto total, por mes, desde el 1 de enero de 2018 a la fecha.

ii. Informar si durante los años 2018 y 2019, en caso que uno de los ministros titulares de la Corte Naval no asistiese a una o más audiencias en dicha calidad, les fue descontado el día no trabajado o dejaron de recibir algún estipendio o símil.

iii. El número de audiencias a las que asistieron los ministros titulares de la Corte Naval, por mes, desde el 1 de enero de 2018 a la fecha de la solicitud de información formulada, como también por mes, las audiencias que asistieron otro u otros oficiales en su reemplazo, suplencia o subrogancia, indicando por mes los montos que percibieron esos reemplazantes, suplentes o subrogantes por asistir a las audiencias.

iv. Informar si uno o ambos de esos oficiales han cumplido o cumplen servicios, labores o símil, ya como titulares, suplentes, en comisión u otro, en el área de inteligencia naval, con señalamiento de las fechas en que ello ha ocurrido, punto al que en definitiva restringe su reclamo.

Como antecedentes expone que mediante Oficio OTAIPA N° 12900/814, de fecha 21 de agosto de 2019, la Armada dio respuesta al requirente de su solicitud de información, negándose a la entrega de la documentación solicitada; el 10 de septiembre de 2019, el requirente reclamó de esta negativa ante el Consejo para la Transparencia deduciendo Amparo y tras ser evacuados los correspondientes descargos por la Armada, mediante Oficio N° E6682 de 8 de mayo de 2020, notificado por correo electrónico el 11 del mismo mes, el Director Jurídico Subrogante del CPLT comunicó la Decisión de Amparo contra la que reclama.

Agrega que la orden de entrega de la información requerida en los numerales i a iii antes indicados, es innecesaria e improcedente, desde que tal como la Armada hizo ver, la solicitud fue derivada parcialmente a la Corte Marcial de Valparaíso y se dio respuesta el 20 de agosto de 2019.

En relación a la información cuya entrega se dispone en el numeral iv, afirma que el principal argumento del Consejo para la Transparencia carece de sustento legal y resulta, por lo mismo, abusiva, desde que se funda en la circunstancia de no haber podido establecer que la eventual publicidad de aquellos afectaría de manera concreta, presente o probable, algunos de los bienes jurídicos garantizados por el artículo 8° de la Constitución Política de la República, a saber: el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

Manifiesta que al tenor de la resolución recurrida, el Consejo para la Transparencia cree tener la facultad legal para imponerse del contenido de documentos cuyo órgano emisor ha considerado secretos o reservados, por aplicación de alguna de las causales contempladas en el artículo 21 de la Ley N° 20.285, bajo la justificación de ponderar, en el caso concreto, si efectivamente su publicidad constituye un riesgo para los bienes jurídicos protegidos en el señalado artículo 8° y en mérito de los cuales ha sido establecida su reserva. Por lo dicho, sostiene, que el Consejo para la Transparencia ha adoptado la práctica de ordenar al organismo público requerido, hacer entrega de los antecedentes aun cuando no existe norma legal alguna que lo autorice para imponerse del contenido de actos y resoluciones consideradas secretas por el órgano público que las emitió o que tiene la obligación de resguardarlas, lo que trasgrede el principio de juridicidad contenido en el artículo 6° de la Constitución Política de la República y no puede sobrepasar a pretexto de ejercer la facultad legal de facilitar el debido acceso a la información pública y el respeto de la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado al tenor del artículo 8° del texto constitucional vigente, analizando las facultades legales que le han sido conferidas.

En conclusión, asevera que la argumentación del Consejo para la Transparencia vulnera el principio de juridicidad reconocido en el artículo 6° de la Constitución Política de la República, en tanto que el artículo 7° de la misma ordena a los órganos del Estado, entre ellos, el señalado Consejo, actuar dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley. Por lo mismo también infringe el artículo 8° de la Constitución Política de la República y el claro tenor de la Ley N° 20.285, que no contemplan facultad alguna que le permita excepcionarse del carácter secreto o reservado de un acto emanado de un órgano del Estado, ni aún a pretexto de ponderar si efectivamente su publicidad afectaría los bienes jurídicos cuya protección se pretende mediante la referida reserva o secreto.

El reclamante refiere, además, que la orden de entrega de la información requerida en el numeral iv antes indicado, es improcedente por existir causal legal de secreto o reserva a su respecto. En tal sentido, cita jurisprudencia que señala que la Armada forma parte de las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional y que existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional, por lo que el ordenamiento jurídico contempla una serie de cuerpos legales que regulan su organización y actividad, consagrándose así un régimen jurídico especial que se erige sobre la base de la particular y esencial labor que les ha sido entregada, entre la que se cuenta el Código de Justicia Militar. En virtud de la Ley de Transparencia, toda persona goza del derecho a acceder a la información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, la que se presume pública, salvo las excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado. Las causales en las que la Armada basó la denegación de informar se encuentran contenidas en los artículos 38 y siguientes de la Ley N° 19.974 sobre el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, y en el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar; ambas leyes de quórum calificado, aplicables según lo dispuesto por el artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285.

Conforme con el artículo 38 referido, concluye, es de toda lógica mantener el secreto y/o reserva de quienes hayan pertenecido y/o pertenezcan a la Dirección de Inteligencia de la Armada, pues su sólo conocimiento por terceros significará no sólo la inhibición de sus operaciones, sino que además se ponen en riesgo sus garantías constitucionales al convertirse en un posible objetivo de la inteligencia contraria, lo que, en su concepto es aplicable aun cuando un funcionario no perteneciera a la Dirección de Inteligencia de la Armada, desde que su reserva acerca de si pertenece o no es parte de la contra inteligencia, es necesaria en la medida que terceros no pueden discriminar entre unos y otros. De esta manera, la confirmación o denegación de la prestación de este tipo de servicios o destinaciones no puede ser exigida, ya que su divulgación permitiría a la Inteligencia extranjera ir acumulando o descartando información acerca de los Servicios de Inteligencia de Chile y de quiénes la integran o no.

Complementa lo anterior el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que señala que debe entenderse por documentos secretos, entre los que se cuentan los antecedentes relativos a las plantas o dotaciones, por al menos una de las causales establecidas en el artículo 8° de la Constitución, esto es, la seguridad de la Nación.

Por último, el artículo 21 de la Ley N° 20.285 establece las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información.

Los artículos 38 y siguientes de la Ley N° 19.974 y el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, son de quórum calificado y representan una excepción al principio de publicidad establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 4° transitorio de la Carta Fundamental, en relación con el artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.285, configurándose la excepción de denegación del artículo 21 numeral 5).

En este mismo orden de ideas hace presente el reclamante la improcedencia de exigir la acreditación de un daño efectivo al bien jurídico, lo que el Consejo para la Transparencia desatiende expresamente, afirmando que se debería comprobar de manera concreta el daño que provocaría la entrega de la información requerida. Sin embargo, del análisis de la Ley N° 20.285 no se vislumbra la facultad del señalado Consejo para establecer por la vía interpretativa requisitos que el legislador no previó, por lo que sobrepasa las atribuciones y órbita de competencia que el legislador le ha conferido, vulnerando lo preceptuado en el artículo 7° de la Constitución Política de la República.

El Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, en reiterada jurisprudencia, han señalado que debe respetarse la ponderación efectuada por el legislador en normas que establecen el secreto o reserva, anteriores a la reforma del artículo 8° de la Constitución en el año 2005 y a la Ley N° 20.285 del año 2008 , como lo es precisamente la Ley N° 19.974 del año 2004 y el Código de Justicia Militar, al tenor de los artículos 4° transitorio de la Carta Fundamental y 1° transitorio de la Ley de Transparencia.

Agrega que el Consejo no puede convertirse en órgano legislativo o creador de normas al resolver qué debe entenderse como información o actividades de inteligencia, cuando una ley previa aprobada por el Parlamento y de quórum calificado -en conformidad a lo dispuesto en la disposición 4ª. transitoria de la Constitución Política- así lo establece expresamente. Añade que la Corte Suprema en Sentencia Rol 21377-2015, entre otros fallos, pronunciándose expresamente sobre este punto, reconoce que el Consejo para la Transparencia pretende crear por la vía interpretativa -al exigir acreditar la forma específica en que ha de verificarse el daño como consecuencia de la divulgación de determinada información- un requisito no exigido ni por la Constitución ni por la ley que regula la materia, apartándose de sus facultades legales en contravención a lo dispuesto en el artículo 7 de la Carta Fundamental.

En particular, se ha resuelto que no cabe exigir por el Consejo para la Transparencia prueba de la afectación, para lo cual basta el ejercicio lógico deductivo de encontrarse lo solicitado dentro de la información cuyo secreto o reserva ha dispuesto la ley de quórum calificado, puesto que la ley efectuó la ponderación ex ante. (Corte Suprema, queja 37908-17)

Consecuentemente con lo anterior, la información ordenada entregar por el Consejo para la Transparencia en la decisión de amparo reclamada, en su parecer, se encuentra amparada por el deber de reserva y secreto correspondiendo custodiarla a la Armada, sin que pueda ser obligada a entregar datos cuya confiabilidad o secreto le ha sido confiados, para así no incurrir en violación de normas legales con responsabilidad penal conforme lo que señala el artículo 255 del Código de Justicia Militar.

Concluye el reclamante que la decisión impugnada vulnera las señaladas causales de secreto, pretendiendo obligar a la Armada a hacer entrega de documentación reservada o secreta y, además, arrogándose facultades que exceden las que le han sido expresamente concedidas, olvidando que la norma legal que las contiene se enmarca en el Derecho Público chileno, según el cual los órganos del Estado sólo pueden realizar aquellos actos para los cuales están expresamente autorizados por la ley, la que, en todo caso, debe ser interpretada de manera restrictiva y no con la amplitud con que les otorga el Consejo para la Transparencia, a fin de extender indebidamente sus atribuciones, por lo que pide se deje sin efecto y se declare que la Armada actuó conforme a derecho al negar acceso a la información solicitada.

En su informe el Consejo para la Transparencia, luego de referirse a los hechos explicó que la Decisión de Amparo Rol C6396-19, se ajusta a derecho y al espíritu del constituyente en materia de transparencia y acceso a la información pública y no se ha incurrido en ilegalidad alguna. Agrega que teniendo en consideración la ponderación y especificidad de los antecedentes respecto de los cuales se acogió el amparo, al haber desestimado ese Consejo, la concurrencia de la causal de reserva consagrada en el numeral 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, en relación con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 19.974 y artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, haciendo presente que la Armada hizo entrega de la información a que se refieren los numerales i), ii) y iii) de la parte resolutiva, por lo que el reclamo se dirige a la falta de entrega de lo consignado en el numeral iv) de la decisión de amparo.

Aclara, al tenor del recurso, que el Consejo para la Transparencia no solicitó a la Armada de Chile remitir información alguna para efectos de ser analizada y revisada en concreto, de lo que se sigue que no ha ejercido la "facultad legal para imponerse del contenido de documentos cuyo órgano emisor ha considerado secretos o reservados", como afirma la reclamante. Al respecto, hace presente que la facultad para solicitar antecedentes a los órganos y sujetos obligados por la Ley N° 20.285, a fin de ponderar en concreto la alegación de reserva formulada por los órganos del Estado, se encuentra prevista en los artículos 33 letra k) y 34 de la citada ley, lo que ha sido reconocido por la jurisprudencia, por lo que tiene las facultades legales, para requerir bajo la debida reserva, la remisión de la información controvertida a los órganos de la Administración de Estado y el ejercicio de dicha facultad no transgrede el principio de juridicidad.

Por otro lado, sostiene que la reclamante pretende restringir injustificadamente la aplicación y alcance del artículo 8° de la Constitución y los artículos 5°, 10° y 11 la Ley N° 20.285, olvidando que a partir del año 2005 se modificó el ordenamiento nacional relativo al principio de publicidad, estableciendo que el derecho de acceso a la información pública, sólo reconoce como forma de afectación una Ley de Quórum Calificado que establezca el secreto o reserva por las causales antes mencionadas. En consecuencia, si la información obra en poder de un organismo de la Administración Pública es, en principio, pública y para desvirtuar ello debe acreditarse que concurre una causal de secreto o reserva establecida en una ley de quórum calificado, como exige el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución. En este mismo sentido, corresponde a quien alega la reserva, la carga procesal de acreditar los presupuestos que hagan aplicable alguna causal de secreto. El principio constitucional de publicidad, recogido en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República, así como también el derecho de acceso a la información, implícitamente reconocido en el artículo 19 N° 12 del mismo texto, obliga sin distinción a todos los órganos del Estado y la Constitución o la Ley N° 20.285 no han dejado a la Fuerzas Armadas, y en particular a la Armada, exentas de ello o al margen del derecho de acceso a la información pública, razón por la cual no puede sostenerse que por poseer una regulación especial dentro de la Administración del Estado, la información concerniente a sus funcionarios y el desempeño de funciones pública, no puedan ser requeridas ni entregadas a quien las solicite, en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, en tanto no concurra una causal de reserva o secreto respecto de éstas o partes de las mismas.

La reclamada afirma que la información ordenada proporcionar no resulta reservada en virtud de lo preceptuado en el artículo 436 N° 1 del Código de Justica Militar, que la dispone respecto de aquellos documentos directamente relacionados con el resguardo de la Seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas. En tal sentido, la funcionalidad del secreto establecido en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, es restar del conocimiento público aquellos antecedentes documentales, directamente vinculados con las funciones de garante de la Seguridad de la Nación y Defensa Nacional, siempre que, a consecuencia de la publicidad de esos antecedentes se vean afectados dichos bienes jurídicos, lo que no ocurre en el caso sub lite, desde que la información consultada sobre el ejercicio de las funciones públicas de los dos oficiales indicados en la solicitud no dice relación con antecedentes ni datos relativos a la Defensa Nacional o la Seguridad de la Nación, con la cual pudiera develarse información específica relativa a la estrategia, inteligencia o defensa militar o con planes de operación de las Fuerzas Armadas o de su personal, ni implica revelar su dotación.

Así, siendo las causales de reserva una excepción a la publicidad, su interpretación, configuración y aplicación debe ser de carácter restrictivo pues limitan el derecho de acceso a la información y por ello el artículo 21 de la Ley N° 20.285 estableció cuatro causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, exigiendo en cada una de ellas un examen de "afectación", como se desprende claramente del texto de éstas. Por lo expuesto y considerando que el artículo 8° de la Constitución también exige que para que ceda la publicidad y el acceso a la información pública frente al secreto o reserva deba "afectarse" algunos de los bienes jurídicos protegidos que ella menciona, se concluye que no basta con que exista un caso de secreto o reserva dispuesto por una Ley de Quórum Calificado, o que se invoque alguna de las causales de secreto o reserva del señalado artículo 21 de la Ley N° 20.285, sino que, además de adecuarse a algunas de las hipótesis del artículo 8°, inciso 2° de la Constitución, debe acreditarse una real y efectiva afectación de los bienes jurídicos que se protegen.

La reclamada afirma que la información ordenada proporcionar no resulta reservada en virtud de lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley N° 19.974. En tal sentido explica que la Armada señala que es de toda lógica mantener el secreto y/o reserva de quienes hayan pertenecido y/o pertenezcan a la Dirección de Inteligencia de la Armada, pues su sólo conocimiento por terceros significará no sólo la inhibición de sus operaciones sino que además se ponen en riesgo sus garantías constitucionales, al convertirse en un posible objetivo de la inteligencia contraria, pero no vincula materialmente el ámbito específico de reserva con la información objeto de la solicitud y omitir acreditar la afectación que la publicidad de ésta pueda provocar a alguno de los bienes jurídicos protegidos que el constituyente, estimando que la información restringida debe entenderse dirigida a la relativa a las actividades de inteligencia y contrainteligencia cuyo objetivo sea proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional, y no a cualquier información cuya materia o naturaleza resulte ajena a dichas actividades.

Así, sostiene que teniendo presente que la información controvertida, consiste en informar si uno o ambos de los oficiales consultados por el solicitante, han cumplido o cumplen servicios, labores o símil, ya como titulares, suplentes, en comisión u otro, en el área de inteligencia naval, con señalamiento de las fechas en que ello ha ocurrido, no es posible arribar a la conclusión de que se trate de información cuya publicidad afecte las labores de inteligencia o contrainteligencia, pues no se refiere a descripciones de procedimientos de inteligencia de ninguna especie, no da cuenta de estrategias de inteligencia, ni planificaciones de investigación, ni resultados de operativos de la misma naturaleza que estén en desarrollo, ni tampoco contiene informes de inteligencia o contrainteligencia, ni ninguna otra información que atente con la misión del Sistema de Inteligencia del Estado, consistente en asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, ni se trata de información cuya publicidad atente contra el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional, ya sea de amenazas internas o externas.

En síntesis, estima que la Decisión de Amparo se encuentra absolutamente ajustada a derecho, por lo que solicita rechazar el reclamo de ilegalidad interpuesto.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

PRIMERO: Que con el propósito de analizar la materia de que trata esta reclamación, cabe, primeramente, precisar cuál es el marco de normas legales y constitucionales que la regulan. El artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República dispone: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés Nacional."

SEGUNDO: Que la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública regula el principio de transparencia de la función pública, en virtud del cual los actos y resoluciones de los órganos de la administración del Estado, sus fundamentos, los documentos en que se sustentan o le sirvan de complemento directo o esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, estableciéndose, sin embargo, algunas excepciones.

De lo anterior, no cabe sino deducir que la publicidad de los actos públicos es un principio que nuestro ordenamiento jurídico valora y protege a través de la propia Carta Fundamental -artículo 8- y la Ley de Transparencia -como se expresa en su artículo 1- sin embargo, el valor que se da a la publicidad de los actos de la administración no puede preponderar por sobre las funciones que la misma Constitución Política de la República y la ley entregan a los órganos de la administración del Estado. Es precisamente esta colisión de bienes los que el artículo 21 de la Ley de Transparencia resuelve, al establecer una excepción a la regla general de publicidad que rige a los órganos de la administración, basada en el fin específico que cada uno de ellos cumple.

TERCERO: Que el artículo 21 de la Ley N° 20.285 señala las hipótesis para la definición de secreto o reserva, toda vez que dicha disposición expresa: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales. b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.

3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública.

4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.

5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política."

CUARTO: Que, de esta manera, el artículo 21 de la Ley N° 20.285, establece diversos casos de reserva, instituyendo aquellos en los cuales puede ser denegada cierta información cuando concurren determinadas circunstancias que le otorgan el carácter de reservado o secreto, concretizando las causales de reserva que prescribe la Constitución Política de la República, además de aquella contemplada en el artículo 8 de la misma.

QUINTO: Que el presente reclamo, de acuerdo con lo manifestado en estrado por los comparecientes, dice relación únicamente con la información que el Consejo para la Transparencia ordenó a la Armada de Chile proporcionar al requirente en el numeral iv del punto II de la Decisión de Amparo C 6396-19 con fecha 5 de mayo de 2020, relativa a si los oficiales don Ricardo Marcos Vivanco y don Cristián Araya Escobar han cumplido o cumplen servicios, labores o símil, ya como titulares, suplentes, en comisión u otro, en el área de inteligencia naval, con señalamiento de las fechas en que ello ocurrió.

SEXTO: Que la reclamante funda su reclamo de ilegalidad en lo dispuesto en los artículos 38 y siguientes de la Ley N° 19.974 sobre el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado y en el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar; ambas leyes de quórum calificado, aplicables según lo dispuesto por el artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, conforme con lo señalado en la parte expositiva, por lo que el objeto de la controversia dice relación con la presunción de publicidad de la información solicitada a efectos de determinar si a su respecto concurre una excepción a la publicidad conforme a la causal invocada por el reclamante, agregando el Consejo de Defensa del Estado, entre otros fundamentos, que el Consejo para la Transparencia, excede sus facultades al exigir a su parte acreditar una afectación del bien jurídico protegido que justifique la reserva invocada.

SÉPTIMO: Que para resolver el asunto sublite, es imprescindible tener en consideración que, como sostenidamente señala la jurisprudencia, la Armada de Chile forma parte de las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional, las que, conforme a lo estatuido en el artículo 101 de la Constitución Política de la República, existen para "la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional". Por lo anterior, nuestro ordenamiento jurídico contempla una serie de cuerpos legales que regulan su organización y actividad, consagrándose así un régimen jurídico especial que se erige sobre la base de la particular y esencial labor que les ha sido entregada. Entre esta normativa se encuentra el Código de Justicia Militar, que revela la importancia y especialidad de la tarea encomendada y en su artículo 436 precisa los documentos que tienen el carácter de secretos.

OCTAVO: Que, como reiteradamente se ha resuelto en esta materia, la primera exigencia que se debe cumplir para que la reserva de la información pueda ser invocada por los órganos del Estado, es que ésta conste en una ley de quórum calificado, condición que cumplen las disposiciones legales dictadas con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.285 y que estaban vigentes a esa fecha, como ocurre con el Código de Justicia Militar y la Ley N° 19.974.

De esta manera, el deber de reserva que establecen dichos cuerpos normativos, cumple con el requisito de emanar de una ley de quórum calificado y, por tanto, no cabe sino su aplicación.

NOVENO: Que, en tal sentido, el artículo 436 del Código de Justicia Militar, expresamente refiere que son documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y, entre otros, en su numeral 1 contempla los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal; el artículo 38 de la Ley N° 19.974, por su parte, indica que se consideran secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia, como lo es la Dirección de Inteligencia de la Armada, o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos, que comprende la Dirección de Inteligencia de la Armada.

DÉCIMO: Que, conforme con lo expuesto, es posible concluir que la información vinculada a si los oficiales nombrados han cumplido o cumplen servicios o labores de inteligencia naval y sus fechas, que motiva el presente reclamo, se encuentra efectivamente amparada por el secreto contemplado en el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, desde que dice relación con materias relacionadas con el personal que presta servicios relacionados con labores de inteligencia de la Armada de Chile, lo que no puede sino vincularse, al tenor de los criterios de reserva contemplados en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, con la seguridad de la Nación, al comprometer, además, las labores que desarrolla el Sistema de Inteligencia del Estado, dirigidas a la recolección y análisis de información que busca producir conocimiento útil para la toma de decisiones, y a tareas de inteligencia, esto es, aquellas concebidas para detectar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas por otros Estados o por personas, organizaciones o grupos extranjeros, dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional, así como proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional, objetivos contemplados en los artículos 2 y 4 de la Ley N° 19.974 y que guardan estrecho vínculo con la seguridad de la Nación, motivo por el cual su revelación supondría un debilitamiento de su rol al permitir hacer públicos aspectos sensibles y relevantes en relación a la individualización de quienes ejecutan las tareas de inteligencia, poniendo de manifiesto aspectos que podrían ser explotados en labores de contrainteligencia, arriesgando la seguridad personal de los involucrados.

UNDÉCIMO: Que, acorde con todo lo expuesto, se configura la causal de secreto contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, para cuya aplicación no resulta exigible acreditar una afectación del bien jurídico con que se relaciona, desde que dicha ponderación la efectúa ex ante el legislador, al establecer la materia cuya publicidad se restringe en razón del secreto o reserva.

DUODÉCIMO: Que, en razón de lo señalado, la decisión del Honorable Consejo para la Transparencia infringe lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de la República, 21 de la Ley N° 20.285, 436 del Código de Justicia Militar y 38 de la Ley N° 19.974, motivo por el cual el reclamo interpuesto debe ser acogido.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en las normas citadas y lo señalado en los artículos 28 y 30 de la Ley N° 20.285, que establece la facultad de esta Corte para conocer del presente asunto, se acoge el reclamo de ilegalidad deducido por la Armada de Chile, representada por el Consejo de Defensa del Estado y, en consecuencia, se rechaza el Amparo de Acceso a la Información Pública intentado por don Cristian Cruz Rivera ante el Consejo para la Transparencia sólo en cuanto a la información referida a si los oficiales don Ricardo Marcos Vivanco y don Cristián Araya Escobar han cumplido o cumplen servicios, labores o símil, ya como titulares, suplentes, en comisión u otro, en el área de inteligencia naval, con señalamiento de las fechas en que ello ha ocurrido, la que la Armada de Chile no proporcionará al solicitante.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactada por la ministra interina señora Rodríguez.

Rol N° 289-2020.-

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por la Ministra (I) señora Paula Rodríguez Fondón y la Fiscal Judicial señora Javiera González Sepúlveda.

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Jenny Book R., Ministra Suplente Paula Rodriguez F. y Fiscal Judicial Javiera Veronica Gonzalez S. Santiago, catorce de diciembre de dos mil veinte.

En Santiago, a catorce de diciembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.