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Eugenio del Carmen González Santelices con MUNICIPALIDAD DE CURICÓ Rol: C5769-20

Consejo para la Transparencia, 29/12/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Curicó, ordenando la entrega del expediente de investigación sumaria pedido hasta la dictación del decreto N° 404, de 04 de febrero 2020, que decretó su cierre, debiendo informar al reclamante que el procedimiento administrativo fue retrotraído a la etapa indagatoria. Lo anterior, por cuanto se ha desestimado la afectación al privilegio deliberativo alegada, toda vez que no se acreditó la forma en que la publicidad de dichos antecedentes podría entorpecer la decisión de la institución al respecto. Conforme con el principio de divisibilidad establecido en la Ley de Transparencia deberá reservarse la identidad de los testigos, - salvo la del propio reclamante- o cualquier dato o antecedente que directamente revele su identidad, o que, en su caso, permitiera colegir los testigos involucrados; ello con el propósito que en el futuro, tanto ellos, como otras personas, se inhiban en participar en procedimientos sumariales, o en caso de hacerlo, sus declaraciones no permitirán arribar al éxito de procedimientos de dicha naturaleza, por el temor de verse expuestos a represalias de cualquier naturaleza al interior de la institución.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 



Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5769-20

Entidad pública: Municipalidad de Curicó

Requirente: Eugenio del Carmen González Santelices

Ingreso Consejo: 15.09.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Curicó, ordenando la entrega del expediente de investigación sumaria pedido hasta la dictación del decreto N° 404, de 04 de febrero 2020, que decretó su cierre, debiendo informar al reclamante que el procedimiento administrativo fue retrotraído a la etapa indagatoria.

Lo anterior, por cuanto se ha desestimado la afectación al privilegio deliberativo alegada, toda vez que no se acreditó la forma en que la publicidad de dichos antecedentes podría entorpecer la decisión de la institución al respecto.

Conforme con el principio de divisibilidad establecido en la Ley de Transparencia deberá reservarse la identidad de los testigos, - salvo la del propio reclamante- o cualquier dato o antecedente que directamente revele su identidad, o que, en su caso, permitiera colegir los testigos involucrados; ello con el propósito que en el futuro, tanto ellos, como otras personas, se inhiban en participar en procedimientos sumariales, o en caso de hacerlo, sus declaraciones no permitirán arribar al éxito de procedimientos de dicha naturaleza, por el temor de verse expuestos a represalias de cualquier naturaleza al interior de la institución.

Aplica criterio de las decisiones de amparos roles C1013-13, C2782-15 y C4290-16, entre otros.

Asimismo, deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre protección de la vida privada y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia.

En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5769-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de agosto de 2020, don Eugenio del Carmen González Santelices solicitó a la Municipalidad de Curicó la siguiente información:

Expediente completo de investigación sumaria iniciada mediante Decreto N° 4297, de 24 de julio 2018 y concluida por Decreto N° 404, de 04 de febrero 2020, ambos de la Ilustre Municipalidad de Curicó.

2) RESPUESTA: El 08 de septiembre de 2020, la Municipalidad de Curicó respondió a dicho requerimiento de información, mediante Oficio Ordinario N° 1046, de esa fecha, indicando, en síntesis, lo siguiente:

Se deniega el sumario pedido en virtud de las causales de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) y N° 5, de la Ley de Transparencia, fundado en que aún se encuentra en tramitación y por tanto en estado de secreto, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 137 del Estatuto Administrativo. Asimismo, se hace presente que la información requerida no obra poder del municipio sino bajo el resguardo del Fiscal a cargo del procedimiento disciplinario administrativo, sin perjuicio, que una vez éste se encuentre totalmente afinado, se entregará una copia del mismo, con el debido resguardo de los datos personales. Cita pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre la materia.

3) AMPARO: El 15 de septiembre de 2020, don Eugenio del Carmen González Santelices dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado fundado en la repuesta negativa a su solicitud.

Además el reclamante hizo presente que "(...) la copia del expediente solicitado fue cerrado mediante decreto 404 del 04 de febrero 2020, de DAEM (...) mi solicitud se acota al expediente sumarial, cuya culminación fue decretada el 04 de febrero de 2020".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E17404, de 14 de octubre de 2020, confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Curicó, solicitando que: (1°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (3°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, explicando en qué medida lo solicitado serviría de antecedente o deliberación previa a la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; (4°) señale el estado procesal en que se encuentra la investigación sumaria solicitada; y, (5°) para el caso de encontrarse afinado el sumario solicitado, remita copia íntegra de su expediente. Finalmente, hago presente a usted que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento.

Mediante Ordinario N° 1223, de 26 de octubre de 2020, el órgano efectuó sus descargos señalando, en síntesis, lo siguiente:

Reitera las causales de reserva y fundamentos invocados con ocasión de la respuesta. Se adjunta Oficio Ord. N° 04, de 23 de octubre de 2020, del fiscal del sumario, en el cual se señala "(...) La investigación sumarial fue afinada en virtud del Decreto Exento N° 0404, de 4 de febrero de 2020, que rechazó el recurso de reposición interpuesto por don (...), corrigió el Decreto Exento N° 7268, de 30 de diciembre de 2019, y resolvió poner término al contrato de trabajo de (...). Sometida a revisión de Contraloría General de la República, la investigación fue objeto de representación, debiendo ser retrotraída hasta la etapa indagatoria, reincorporando al funcionario objeto de la investigación. (...) en específico, el procedimiento sumarial se encuentra en etapa indagatoria, razón por cual no es posible acceder a lo pedido, atendida la reserva legal aplicable a la etapa".

5) GESTIÓN OFICIOSA: Por correo electrónico de fecha 12 de noviembre de 2020, se solicitó al órgano recurrido, aclarar lo siguiente:

a) Si la investigación sumarial requerida fue elevada a sumario administrativo; y

b) Si la investigación versa sobre un funcionario regido por el Estatuto Administrativo Municipal.

- Por correo electrónico, de fecha 13 de noviembre de 2020, el órgano respondió que el funcionario consultado está vinculado a la Municipalidad de Curicó en virtud de un contrato de trabajo. Para tales casos, ante la eventual infracción a las obligaciones sumarias se debe instruir una investigación breve y sumaria, procurando resguardar las garantías del debido proceso y las reglas generales de los procedimientos disciplinarios en materia administrativa, como lo es la reserva durante la etapa indagatoria, según lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 18.883, siendo el motivo por el cual no se ha dado acceso al expediente.

6) COMPLEMENTA GESTIÓN OFICIOSA: Mediante correo electrónico, de fecha 16 de noviembre de 2020, se requirió complementar respuesta a gestión oficiosa en los siguientes términos:

a) Remitir copia del Oficio de Contraloría Regional citado, que ordenó retrotraer la investigación sumarial consultada a la etapa indagatoria.

b) Fundamentar la reserva del artículo 135, de la Ley 18.883, invocada, tratándose de una investigación sumaria (y no de un sumario administrativo).

Por correo electrónico de fecha 19 de noviembre de 2020, el órgano remitió el Memo N° 12, de 19 de noviembre de 2020, señalando lo siguiente:

"Luego de un análisis de fondo de la respuesta, se procedió a enviar un nuevo acto administrativo al solicitante, informando y rectificando el oficio de notificación de la respuesta otorgada. Esta rectificación no contiene información nueva que no estaba en el oficio de notificación dentro de los plazos estipulados en el Art. 14 de la Ley 20.285, sino más bien eliminando una de las dos causales de denegación (causal Art. 21 N° 5), sin perder de vista que la solicitud continúa denegada debido a la causal de denegación del Art. 21, letra 1 "b" de la Ley de Transparencia porque el proceso de investigación aún se encuentra abierto y dentro de los plazos estipulados en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. Esta acción, clarifica en rigor la respuesta remitida al solicitante sin modificar ni cambiar el fondo que es la denegación ejercida en la información de la solicitud de transparencia.

De igual manera, se informa al solicitante que, una vez terminada la investigación respectiva, se remitirá copia fiel (tarjando información tipificada en la Ley 19.628)".

Se adjunta los siguientes antecedentes:

- Oficio N° 1327, de fecha 18.11.2020, notificando al solicitante.

- Oficio N° 3850, de la Contraloría General de la República.

- Decreto N° 1673, de fecha 28.07.2020, que instruye incorporación del funcionario y retrotrae la Investigación sumaria.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se circunscribe a la entrega del expediente de investigación sumaria iniciada por decreto N° 4297, de 24 de Julio 2018, hasta la dictación del decreto N° 404, de 04 de febrero 2020, que decretó su cierre, según se señala en el N° 3 de lo expositivo. Al efecto el órgano denegó la investigación requerida por haberse retrotraído a la etapa indagatoria, configurándose la causal de reserva del artículo 21 N° 1, literal b), de la Ley de Transparencia.

2) Que, a modo de contexto es menester señalar que el procedimiento consultado se inició mediante el decreto exento N° 4297, de 24 de julio de 2018, que instruyó una investigación sumaria, a fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas en los hechos informados por la Asociación Comunal de Funcionarios AFUM-Curicó, respecto del funcionario municipal que allí se individualiza, teniéndose por concluida mediante el decreto N° 404, de 04 de febrero de 2020, que rechazó el recurso de reposición interpuesto por el afectado en contra de la sanción de destitución que le fuera aplicada. Luego, la Contraloría Regional del Maule por Oficio N° 1780, de 2020, ordenó la reapertura del procedimiento concluido e instruyó "(...) agotar la investigación, pues conforme a los antecedentes analizados en su oportunidad, no se habría acreditado suficientemente la ocurrencia efectiva de las conductas reprochadas", según se señala en el Ordinario N° 3850, de 10 de julio de 2020, del Órgano Contralor, que desestimó la solicitud de reconsideración al referido Oficio por parte del Sr. Alcalde de la Municipalidad de Curicó, ante lo cual, el procedimiento sumario fue retrotraído a la etapa de investigación por Decreto N° 1673, de 28 de julio de 2020. Por último, es del caso señalar, que el reclamante declaró como testigo en el procedimiento consultado.

3) Que, sobre el particular, cabe tener presente el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

4) Que, respecto de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, literal b), de la Ley de Transparencia, alegada por el Municipio, cabe tener presente que los criterios fijados por este Consejo para los efectos de configurar dicha causal, requiriéndose la concurrencia de dos requisitos copulativos, cuales son: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. En efecto, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que acrediten la afectación a los bienes jurídicos.

5) Que, en la especie, el órgano se limitó a señalar que existía un proceso investigativo pendiente retrotraído a la etapa indagatoria por instrucción de la Contraloría Regional, sin informar detallada y fehacientemente, la forma en que la publicidad del expediente pedido podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones, o la manera en que se vería perjudicado el resultado de la investigación en curso con su entrega. En virtud de lo expuesto, la causal alegada por el órgano no podrá prosperar, teniendo presente que por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva. En consecuencia, se acogerá el presente amparo y se ordenará la entrega del expediente pedido, hasta la dictación del decreto N° 404, de 04 de febrero 2020, que decretó su cierre, debiendo informar al reclamante que la investigación fue retrotraída a la etapa indagatoria por Decreto N° 1673, de 28 de julio de 2020.

6) Que, atendida la naturaleza de los antecedentes pedidos, conforme con el principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia "si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causal legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda", deberá reservarse la identidad de los testigos que declararon en dicho proceso - salvo la del propio reclamante - o cualquier dato o antecedente que directamente revelara su identidad, o que, en su caso, permitiera colegir los testigos involucrados; ello por aplicación del criterio sostenido en las casos roles C1013-13, C2782-15 y C4290-16, entre otros, donde se ordenó reservar estos datos; reconociendo que los testigos involucrados tenían una razonable expectativa de que sus declaraciones serían mantenidas en reserva, pues lo contrario implicaría que en el futuro, tanto ellos, como otras personas, se inhiban en participar en procedimientos sumariales, o en caso de hacerlo, sus declaraciones no permitirán arribar al éxito de procedimientos de dicha naturaleza, por el temor de verse expuestos a represalias de cualquier naturaleza al interior de la institución.

7) Que, asimismo, se deberán tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Eugenio del Carmen González Santelices en contra de la Municipalidad de Curicó; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Curicó, lo siguiente;

a) Hacer entrega al reclamante:

El expediente de investigación sumaria pedido, hasta la dictación del decreto N° 404, de 04 de febrero 2020, que decretó su cierre. Conjuntamente con su entrega se deberá informar al reclamante que el procedimiento sumario fue retrotraído a la etapa indagatoria por Decreto N° 1673, de 28 de julio de 2020.

Deberá reservarse la identidad de los testigos que declararon en dicho proceso - salvo la del propio reclamante - o cualquier dato o antecedente que directamente revelara su identidad, o que, en su caso, permitiera colegir los testigos involucrados. Asimismo, aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros. Ello, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Eugenio del Carmen González Santelices y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Curicó.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.