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Claudio Morales Bórquez con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rol: C5767-20

Consejo para la Transparencia, 29/12/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Tesorería General de la República, sobre acceso al Mapa de Cobranza, en formato Excel, realizado por la división de cobranza y quiebras, que incluya los mismos elementos usado por ésta, con especial énfasis en el listado de todos los deudores con deudas vigentes que pertenezcan a la cartera fiscal, con el detalle que indica. Lo anterior, por cuanto este Consejo ha razonado que los antecedentes relacionados con las deudas cuyo cobro se encuentran encomendadas al Servicio de Tesorerías, corresponde a información cuya develación afecta los derechos económicos y comerciales de las personas naturales y jurídicas, en cuanto podría dañar tanto su capacidad de operar comercialmente como su prestigio comercial. Además, respecto de las personas naturales, afectaría también su vida privada y honra. Además, resultan plausibles las alegaciones del órgano reclamado en orden a que la publicidad de los antecedentes pedidos configura un riesgo de daño cierto y específico a la tarea de recaudación del Servicio, principal labor que debe efectuar el organismo en cumplimiento de un mandato legal. Así las cosas, se configura también la causal de reserva de afectación de las funciones del organismo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5767-20

Entidad pública: Tesorería General de la República (TGR)

Requirente: Claudio Morales Bórquez

Ingreso Consejo: 14.09.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Tesorería General de la República, sobre acceso al Mapa de Cobranza, en formato Excel, realizado por la división de cobranza y quiebras, que incluya los mismos elementos usado por ésta, con especial énfasis en el listado de todos los deudores con deudas vigentes que pertenezcan a la cartera fiscal, con el detalle que indica.

Lo anterior, por cuanto este Consejo ha razonado que los antecedentes relacionados con las deudas cuyo cobro se encuentran encomendadas al Servicio de Tesorerías, corresponde a información cuya develación afecta los derechos económicos y comerciales de las personas naturales y jurídicas, en cuanto podría dañar tanto su capacidad de operar comercialmente como su prestigio comercial. Además, respecto de las personas naturales, afectaría también su vida privada y honra.

Aplica criterio sostenido por la Corte Suprema, en fallo Rol N° 4681-2013, que acogió recurso de queja; y, por la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia Rol N° 6531-2014, que acogió reclamo de ilegalidad, sobre materia similar, lo cual ha sido recogido por este Consejo en las decisiones de amparo Roles C2750-14, C1269-16, C2746-16 y C4937-19, entre otras.

Además, resultan plausibles las alegaciones del órgano reclamado en orden a que la publicidad de los antecedentes pedidos configura un riesgo de daño cierto y específico a la tarea de recaudación del Servicio, principal labor que debe efectuar el organismo en cumplimiento de un mandato legal. Así las cosas, se configura también la causal de reserva de afectación de las funciones del organismo.

En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5767-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1° de septiembre de 2020, don Claudio Morales Bórquez solicitó a la Tesorería General de la República, en adelante e indistintamente también TGR, información sobre el mapa de cobranza realizado por la división de cobranza y quiebras, en formato Excel que incluya los mismos elementos usado por ésta.

Requiere que dicha tabla Excel incluya todos los elementos que le pertenecen al mapa de cobranza de uso de la división cobranzas y quiebras, con especial énfasis en: listado de todos los deudores con deudas vigentes que pertenezcan a la cartera fiscal, indicando nombre completo y/o razón social del deudor; rut; número y año de expediente administrativo, comuna expediente, región, etapa; fecha etapa; sub etapa; etapa anterior; monto deuda demandada; monto saldo adeudado; unidad operativa; fecha última diligencia; sección, abogado a cargo, señalar si tiene convenio, y en su caso si se encuentra vigente o caducado; embargo, tipo de bien embargado y fecha de embargo; en caso de que se encuentre en segunda etapa, solicito que se señale el tribunal y el rol de segunda etapa o sede civil.

2) RESPUESTA: El 10 de septiembre de 2020, mediante Oficio Ord. N° 2214, la Tesorería General de la República respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que lo solicitado es información estratégica para el cumplimiento de los fines de este y su exposición afectaría el debido cumplimiento de este, por tanto, deniega los antecedentes por la causal del articulo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Asimismo, sostiene que su divulgación puede afectar los derechos de carácter comercial o económico de las personas que allí se individualizan, por tanto, se deniega también por el articulo 21 N° 2 de la Ley de Trasparencia en relación con la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada. Finalmente, indica que considerando que los procesos de negocios de la cobranza a cargo se relacionan con el manejo de dinero y recursos del Tesoro Público, la divulgación de las estrategias para su aseguramiento expone el patrimonio fiscal, por tanto, resultaría igualmente aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 4 del citado cuerpo normativo.

3) AMPARO: El 14 de septiembre de 2020, don Claudio Morales Bórquez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Tesorera General de la República, mediante Oficio N° E16894, de 5 de octubre de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de terceros; (4°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (5°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; (6°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (7°) detalle cómo la entrega de la información solicitada afectaría el interés nacional.

Mediante Oficio Ord. N° 3373, de 20 de octubre de 2020, la Tesorería General de la República presentó sus descargos y observaciones del caso señalando, en síntesis, lo siguiente:

Que, el Mapa de Cobranza es un instrumento que, a partir de los objetivos y metas del Servicio de Tesorerías, plasma la forma en que serán llevados a cabo las acciones de cobro en cada Tesorería. A través de este se busca lograr resultados financieros y de proposición de valor, fijando foco y directrices para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, indicadores y líneas de acción a implementar, centrados fuertemente en la ejecución e implementación de la estrategia, de manera que el entregarlos ponen de manifiesto el nivel de exposición al riesgo de cada línea de acción para el cumplimiento de la estrategia institucional en materia de cobranza.

De este modo, la publicidad, comunicación o conocimiento de este instrumento de gestión interna, conlleva la entrega al requirente de información que genera un nivel importante de vulnerabilidad y de amenazas respecto de los procesos de cobro, planificación y dinámica de trabajo de las Tesorerías, que compromete la prevención del eventual mal uso de los recursos públicos en la recaudación de recursos de fiscales por la vía de la cobranza.

El mapa de cobranza permitiría a terceros identificar las acciones de cobro planificadas y tomar acciones de hecho que impliquen eludirlas, comprometiendo con ello el logro de nuestros objetivos y metas asociados al cobro compulsivo de las deudas morosas y, por tanto, en su conjunto, constituye información estratégica, sensible y en continua evaluación, encontrándose ésta en el ámbito de la Política General de Seguridad de la Información de la TGR, cuyo objetivo es proteger la información del servicio en niveles adecuados de integridad, disponibilidad y confidencialidad, asegurando que sólo quienes estén autorizados puedan acceder a la información, minimizando el riesgo asociado a este activo.

Conforme a lo señalado, se configuraría la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, toda vez que, al proporcionar el mapa de cobranza que se ha requerido, afectaría el debido funcionamiento de las mismas, pues facilitaría a terceros eludir sus acciones de cobro y recaudación por esta vía.

Por otra parte, se debe tener presente que la publicidad, comunicación o conocimiento de un listado de deudores morosos y de antecedentes relacionados con su morosidad tributaria, compromete su capacidad para operar en el mercado y su reputación o prestigio comercial que se sustenta en el debido cumplimiento de sus obligaciones, afectando sus derechos de carácter comercial o económicos y, según corresponda, se refiere a información de carácter personal de los contribuyentes, siendo ésta reservada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, en relación con lo previsto en la ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada.

En relación a las personas jurídicas incluidas en nóminas de deudores morosos, éstas serían titulares de un derecho al buen nombre, fama o reputación, la que puede verse afectada para operar comercialmente en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial, que en el evento de dar publicidad referida a su estado de morosidad de deudas tributarias, conllevaría la afectación de sus derechos comerciales y económicos, asimismo, a su imagen o prestigio.

Por otra parte, las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales en la Tesorería General de la República, se encuentran afectas al deber de secreto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° de la ley N° 19.628, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público; teniendo presente, que este servicio extrae de los sistemas computacionales de Tesorería la información requerida para cumplir con la función establecida en su estatuto orgánico, de efectuar la cobranza coactiva sea judicial, extrajudicial o administrativa, entre otros, de los impuestos fiscales en mora, con sus intereses y sanciones.

En consecuencia, el almacenamiento de datos personales efectuado por la Tesorería General de la República se encuentra amparado por el artículo 20 antes citado, siendo improcedente la divulgación o publicidad de estos datos para fines diversos al señalado.

De acuerdo a lo expuesto, concurriría también la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que su comunicación o conocimiento afecta los derechos de carácter comercial o económico y la esfera de la vida privada de estos contribuyentes, según corresponda.

En otro orden de ideas, considerando que el procesos de negocios de la cobranza a cargo de la Tesorería General de la República se relacionan con el manejo de dinero y recursos del Tesoro Público, la divulgación de las estrategias para su aseguramiento, expone el patrimonio fiscal a eventuales maniobras tendientes a evadir la acción de la justicia en el cobro de impuestos y créditos fiscales adeudados, de modo tal, que el beneficio público de conocer dicha información es evidentemente menor que el daño que se puede causar con su divulgación.

Conforme a lo anterior, procedería también invocar respecto de la información solicitada, la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, pues su publicidad, comunicación o conocimiento afecta el interés nacional, en especial los intereses económicos o comerciales del país.

En virtud de las causales de secreto o reserva antes invocadas, previstas en el artículo 21 N° 1, 2 y 4 de la Ley de Transparencia, se estima procede denegar totalmente la solicitud de acceso a la información.

A mayor abundamiento, aun cuando obviando las mencionadas causales de secreto o reserva, hipotéticamente se estimare procedente la entrega de la información, se debe tener presente que el mapa de cobranza considera un universo total de 1.520.035 demandas, por lo que desagregar la información al nivel de detalle y datos requeridos, implicaría una distracción indebida de los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, afectando el debido cumplimiento de las funciones del Servicio de Tesorerías en los términos del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Tesorería General de la República a la solicitud de información del reclamante. En efecto, el solicitante requirió el Mapa de Cobranza, en formato Excel, realizado por la División de Cobranza y Quiebras, que incluya los mismos elementos usado por ésta, con especial énfasis en el listado de todos los deudores con deudas vigentes que pertenezcan a la cartera fiscal, con el detalle que indica. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información solicitada, fundado en las causales de reserva del artículo 21 N° 1, 2 y 4 de la Ley de Transparencia. Posteriormente, con ocasión de sus descargos en esta sede, agregó que también seria aplicable la causal de distracción indebida del artículo 21 N° 1, letra c) de la citada ley.

2) Que, en base a lo requerido por el solicitante, y según lo razonado en las decisiones de amparo Roles C2750-14, C1269-16, C2746-16 y C4937-19, entre otras, cabe tener que, en relación a la entrega de antecedentes relacionados con los morosos de deudas tributarias, este Consejo ha seguido lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema al conocer recurso de queja Rol N° 4681-2013, esto es, que «es indudable que cuando una persona aparece como deudora en una nómina puede verse afectada tanto en su capacidad de operar comercialmente como en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial, en circunstancias que terceros pueden ser prevenidos frente a la situación de incumplimiento del deudor. Es dable entonces presumir fundadamente que la entrega de la información requerida (...) puede afectar los derechos de carácter comercial o económico de los deudores comprometidos» (énfasis agregado). Agregó el Máximo Tribunal que «la Municipalidad recurrente, en cuanto organismo estatal, se encuentra obligada a cautelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos de quienes podrían verse afectados por la divulgación de que se trata, para lo cual no solo está habilitada sino obligada, tanto para denegar la información pedida en virtud de la causal contemplada en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, como para intentar una reclamación como la de autos, porque como se ha dejado apuntado más arriba, su publicidad, comunicación o conocimiento es capaz de afectar los derechos de las personas involucradas, particularmente de aquellos que inciden en la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico que pudieran afectar su honra». Luego, «divulgar información que potencialmente pueda afectar derechos de personas, atribuyéndoles la referida calidad, es improcedente a la luz de los citados cuerpos normativos».

3) Que, a su vez, los razonamientos referidos en el fallo señalado sirvieron de base para la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 26 de enero de 2015, que acogió Reclamo de Ilegalidad Rol 6531-2014, en la que se concluye que «la entrega de la información requerida consistente en una nómina o listado de los contribuyentes morosos de patentes comerciales de la I. Municipalidad de Las Condes, con sus nombres, domicilios, números de Rut, nombre de los representantes legales, resulta para esta Corte, fundadamente puede afectar - a dichas personas - en cuanto su capacidad para operar comercialmente, su prestigio comercial y financiero y de esta forma vulnerada su honra y honor» (énfasis agregado).

4) Que, a juicio de este Consejo, lo señalado por la referida magistratura, se aviene fielmente a la esfera de protección de la vida privada que el constituyente como el legislador han fijado en la Constitución Política de la República como en las Leyes de Transparencia y ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. En efecto, dichos cuerpos normativos han establecido un régimen de protección de los datos personales que obran en poder de los órganos de la Administración, a partir de la garantía constitucional dispuesta en el artículo 19 N° 4, sobre el respeto a la vida privada y la honra de la persona y su familia. Luego, la comunicación de los datos requeridos a la luz de lo dispuesto en los citados cuerpos normativos resulta improcedente.

5) Que, consecuencia, la entrega de la información reclamada genera una afectación cierta o probable y con la suficiente especificidad a los derechos económicos y comerciales de las personas naturales y jurídicas que allí se consignan, en cuanto podría dañar tanto su capacidad de operar comercialmente como su prestigio comercial. Además, respecto de las personas naturales, afectaría también su vida privada y honra. En mérito de lo expuesto, se rechazará el presente amparo por concurrir respecto de la solicitud de información impetrada la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

6) Que, a mayor abundamiento, resultan plausibles las alegaciones del órgano en orden a que la divulgación de información sobre el Mapa de Cobranza, en tanto instrumento que plasma la forma en que serán llevados a cabo las acciones de cobro en cada Tesorería, configura un riesgo de daño cierto y específico a la tarea de recaudación del Servicio, principal labor que debe efectuar el organismo en cumplimiento de un mandato legal, con la consecuente afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. En efecto, revelar a un tercero las directrices para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, indicadores y líneas de acción a implementar en el proceso de recaudación, implicaría develar necesariamente las fortalezas, características y enfoques de tales procesos. Así las cosas, respecto de los antecedentes pedidos se configura también la causal de denegación prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

7) Que, atendido lo resuelto precedentemente, este Consejo no se pronunciará sobre las demás alegaciones y causales de reserva invocadas por el TGR, por innecesario.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Claudio Morales Bórquez en contra de la Tesorería General de la República, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Claudio Morales Bórquez y a la Sra. Tesorera General de la República.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.