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Antonio Morales Morales con MUNICIPALIDAD DE TENO Rol: C5531-20

Consejo para la Transparencia, 29/12/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Teno, requiriendo la entrega del o de los documentos que contengan la información referente a "de qué se trata esa investigación", si se estima procedente proporcionar copia del decreto alcaldicio N° E70, año 2019, que ordenó instruir el sumario administrativo consultado, de aquel se deberá tarjar todo otro antecedente que no diga relación con lo específicamente consultado, en especial, aquellos que den cuenta de la identidad de las personas denunciantes y de los involucrados en los hechos investigados, así como de cualquier dato que permita inferir la identidad de ellos, como las descripciones o menciones de cualquier situación o hecho que las haga identificables.Además, se requiere se informe al reclamante si se realizó una denuncia ya sea al Ministerio Público o a la policía respecto de los hechos objeto del sumario. En el evento, de haberse remitido otorgue copia de oficio conductor de aquella, sólo dando cuenta de su fecha, identidad y cargo de la autoridad que lo subscribe, sea la Sra. Alcaldesa u otro Directivo del municipio, tarjando todo otro nombre contenido en aquel, en especial, si hace alusión a un funcionario que realiza la denuncia o aporta los antecedentes para efectuar la misma, así como también, los datos personales de contexto que puedan estar incorporados en este. Así como también, proporcione copia del o de los documentos que den cuenta de la Fiscalía a la que fue remitida la denuncia realizada, el RUC asignado; y si se ha formalizado la investigación a su respecto, aquel en que conste el Tribunal que está conociendo de esta y el RIT otorgado. Lo anterior, por cuanto se descartó que su divulgación afecte los derechos de las personas involucradas en la investigación que se encuentran realizando, así como tampoco el cumplimiento de las debidas funciones del órgano reclamado por constituir antecedentes necesarios para su defensa jurídica o judicial; o se trate de aquellos previos a la adopción de alguna resolución. Se rechaza respecto de la entrega de copia del sumario administrativo solicitado, debido a que a la fecha de los descargos del órgano reclamado, se encontraba en tramitación. De esta forma, su divulgación puede poner en riesgo el éxito de la investigación en desarrollo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5531-20

Entidad pública: Municipalidad de Teno

Requirente: Antonio Morales Morales

Ingreso Consejo: 04.09.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Teno, requiriendo la entrega del o de los documentos que contengan la información referente a "de qué se trata esa investigación", si se estima procedente proporcionar copia del decreto alcaldicio N° E70, año 2019, que ordenó instruir el sumario administrativo consultado, de aquel se deberá tarjar todo otro antecedente que no diga relación con lo específicamente consultado, en especial, aquellos que den cuenta de la identidad de las personas denunciantes y de los involucrados en los hechos investigados, así como de cualquier dato que permita inferir la identidad de ellos, como las descripciones o menciones de cualquier situación o hecho que las haga identificables.

Además, se requiere se informe al reclamante si se realizó una denuncia ya sea al Ministerio Público o a la policía respecto de los hechos objeto del sumario. En el evento, de haberse remitido otorgue copia de oficio conductor de aquella, sólo dando cuenta de su fecha, identidad y cargo de la autoridad que lo subscribe, sea la Sra. Alcaldesa u otro Directivo del municipio, tarjando todo otro nombre contenido en aquel, en especial, si hace alusión a un funcionario que realiza la denuncia o aporta los antecedentes para efectuar la misma, así como también, los datos personales de contexto que puedan estar incorporados en este. Así como también, proporcione copia del o de los documentos que den cuenta de la Fiscalía a la que fue remitida la denuncia realizada, el RUC asignado; y si se ha formalizado la investigación a su respecto, aquel en que conste el Tribunal que está conociendo de esta y el RIT otorgado.

Lo anterior, por cuanto se descartó que su divulgación afecte los derechos de las personas involucradas en la investigación que se encuentran realizando, así como tampoco el cumplimiento de las debidas funciones del órgano reclamado por constituir antecedentes necesarios para su defensa jurídica o judicial; o se trate de aquellos previos a la adopción de alguna resolución.

Se rechaza respecto de la entrega de copia del sumario administrativo solicitado, debido a que a la fecha de los descargos del órgano reclamado, se encontraba en tramitación. De esta forma, su divulgación puede poner en riesgo el éxito de la investigación en desarrollo.

En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C5531-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 23 de julio de 2020, don Antonio Morales Morales solicitó a la Municipalidad de Teno, lo siguiente:

a) "Copia digital de sumario ordenado por Decreto Alcaldicio E 70 de 2019 en Escuela Monterilla, contando de qué se trata esa investigación y si se informaron antecedentes relacionados con el caso al Ministerio Público, en concordancia con el artículo 175 del Código Procesal Penal; de ser así, se me informe con qué fecha se presentó la denuncia, quién la presentó y el RUC, fiscalía, RIT y tribunal donde se tramitaría la causa, de existir".

b) "Quisiera saber en qué consiste el concurso "Valorar a los que enseñan" de Fundación Arauco, qué profesores o establecimientos educacionales municipales de Teno han participado, cuáles han ganado y bajo qué parámetros de evaluación se eligió a los ganadores del último certamen".

c) "Se me informen los montos que en general ha entregado Fundación Arauco a la Municipalidad de Teno, a DAEM o a escuelas municipalizadas, señalando fechas y motivos de esas donaciones o premiaciones, a qué cuentas son depositadas, qué se hace con el dinero y cómo se rinde".

d) "Si hay rendición de fondos ya entregados por esa Fundación, se me entregue copia digital de ellas".

2) RESPUESTA: La Municipalidad de Teno por medio de resolución exenta N° 151/2020, de fecha 3 de septiembre de 2020, denegó el acceso a lo solicitado en el literal a) del requerimiento, por concurrir a su respecto la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, citando jurisprudencia de este Consejo en tal sentido. Lo anterior, sin perjuicio del estado actual en que se encuentra el procedimiento disciplinario consultado. Por otra parte, mediante oficio ordinario N° 948, de fecha 19 de agosto de 2020, informó lo pertinente respecto de los demás antecedentes consultados en la solicitud.

3) AMPARO: Con fecha 4 de septiembre de 2020, don Antonio Morales Morales dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Teno, fundado en la respuesta negativa a la solicitud respecto de lo requerido en el literal a) de aquella.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Teno mediante Oficio N° E16.544, de fecha 29 de septiembre de 2020, para que formulara sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) se refiera a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo la divulgación de aquella afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme a dicho artículo, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en aquel procedimiento; (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; (6°) para el caso de encontrarse afinado el sumario solicitado, remita copia íntegra de su expediente.

El órgano reclamado por medio de oficio ordinario N° 987/2020, de fecha 22 de octubre de 2020, señaló que las causales de secreto o reserva que se configuran respecto de la información reclamada son aquellas dispuestas en el artículo 21 N° 1 letras a) y b); y N° 2 de la Ley de Transparencia. En el caso de la primera causal alegada, sostienen que el procedimiento disciplinario en cuestión puede conllevar diversos tipos de responsabilidades, entre ellas, la responsabilidad penal. Por su parte, en cuanto a la segunda causal informada, sostienen que, por tratarse de un proceso administrativo, significa que a su respecto se adoptaran decisiones posteriores que se plasmaran en un acto administrativo. Finalmente, indican que la investigación consultada se refiere a hechos cuya divulgación puede afectar la salud y la vida privada de ciertas personas.

De esta forma, señalan que teniendo en consideración que existe un procedimiento disciplinario en curso, existen derechos de distintas personas que pudieran verse afectados con la hipotética entrega de la información solicitada. Como todo procedimiento disciplinario donde se investiga un hecho, existe incertidumbre del total de responsabilidades que pudieren demostrar la finalización del procedimiento. En este mismo sentido, si no es posible aún determinar con certeza los funcionarios responsables del hecho investigado, así como tampoco la totalidad de personas afectadas por el hecho, no es posible tener certeza de todos los derechos afectado. Sin embargo, desde ya vislumbran la afectación de ciertos derechos fundamentales, tales como la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República), derecho al debido proceso (artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República), protección de la vida privada y la honra (artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República), entre otros.

Por otra parte, en cuanto a la consulta referida al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, informan que aquel no se aplicó toda vez que consideraron que aquél es improcedente, toda vez que, si bien afectaría derechos de terceros, no es posible entregar la información solicitada dado el carácter de secreto de aquella de acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 137 del decreto con fuerza de ley N° 29, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo - en adelante Estatuto Administrativo-. Lo anterior, sumado a las causales de reserva prescritas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia.

Finalmente, informan que el procedimiento disciplinario consultado no se encuentra en etapa legal que permita ser entregado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso, circunscribiéndose el objeto de este a lo requerido en el literal a) de la presentación. Al respecto, el órgano reclamado alegó las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 1 letras a) y b); y N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 137 del Estatuto Administrativo.

2) Que, en primer lugar, en cuanto a la causal de excepción dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, en relación con lo prescrito por el artículo 137 del Estatuto Administrativo, cabe hacer presente que a partir de la decisión recaída en el amparo Rol A47-09, este Consejo ha sostenido que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado. En el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al precisar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "(...) sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado (...)" (criterio adoptado, entre otros, en el dictamen N° 11.341/2010). Lo anterior, además se aplica respecto del carácter secreto del expediente sumarial consagrado en el artículo 135 de la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales - en adelante ley N° 18.883-.

3) Que el órgano reclamado, alegó que el procedimiento sumarial consultado se encuentra en curso razón por la cual no es posible proporcionar acceso a aquel. De esta forma, en virtud de lo razonado en el considerando anterior, se rechaza el amparo, denegando la entrega de la copia digital del sumario ordenado instruir por decreto alcaldicio N° E70, por concurrir la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 135 de la ley N° 18.883.

4) Que en cuanto a lo pedido relativo a "de qué se trata esa investigación y si se informaron antecedentes relacionados con el caso al Ministerio Público"; cabe hacer presente lo resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia recaída en reclamo de ilegalidad Rol N° 2335-2010, en cuyo considerando 6°, razonó "...que en tal sentido, tal como se desprende del dictamen N° 36.929, de 6 de julio de 2008 de la Contraloría General de la República, lo que excepcionalmente se prohíbe es la información ‘en detalle’ de un sumario no afinado. Por ende, contrario sensu, es lícito recabar y entregar informaciones genéricas, marginales o tangenciales al fondo de la cuestión investigada, en cuanto con ello no se pone en jaque ni la honra de las personas ni el debido proceso en una condigna investigación". En la misma línea jurisprudencial, la citada Corte ha concluido que "Por otro lado, la disposición del artículo 137 inciso segundo del Estatuto Administrativo debe interpretarse a la luz de la finalidad de la norma, vale decir, concierne a la cuestión de fondo tendiente a asentar la responsabilidad administrativa en hechos que han sido valorados de trascendencia para la administración, por ello mira el éxito de la investigación y como ha sostenido la Contraloría General de la República, a la honra y respeto a la vida pública de los funcionarios que, eventualmente, podrían tener comprometida su responsabilidad en los hechos investigados. De ahí que una información que no comprometa estos fines, que no sea detallada en relación con el asunto indagado, pudiera ser entregada" (Considerando 8° sentencia recaída en reclamo de ilegalidad Rol N° 7608-2012).

5) Que, en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se concluye que la reserva dispuesta en el artículo 135 de la ley N° 18.883, no incluye a los demás antecedentes requeridos, razón por la cual, se descartará la concurrencia a su respecto de la causal de excepción establecida en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.

6) Que, por su parte, en cuanto a la causal de excepción dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia alegada por el órgano reclamado, en virtud de la cual se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales". En tal sentido, el artículo 7 N° 1 letra a) del Reglamento de la Ley de Transparencia, entiende por estos antecedentes "entre otros, aquéllos destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico". Al respecto, este Consejo ha sostenido reiteradamente, a partir de las decisiones recaídas en los amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, entre otras, que dicha causal debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido no transforma en secretos los documentos relacionados con éste. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia, debiendo verificarse, además, una afectación al debido funcionamiento del órgano en caso de revelarse aquéllos.

7) Que, el órgano reclamado junto con alegar la causal de excepción, señaló que el procedimiento disciplinario en cuestión puede conllevar diversos tipos de responsabilidades, entre ellas, la penal. Sin embargo, no hace referencia al o a los procesos judiciales pendientes en los que cuales se harían valer las defensas jurídicas y judiciales, sino que sólo alude a que eventualmente el sumario que están realizando puede arrojar como resultado una eventual responsabilidad penal. Además, no aporta antecedente alguno que permita acreditar el modo en que la entrega de la información solicitada afecta el debido cumplimiento de sus funciones por tratarse de datos necesarios para dichas defensas, requisito esencial para declarar su reserva. Por lo que, los argumentos esgrimidos por la Municipalidad de Teno no resultan suficientes para estimar como concurrente la causal de reserva invocada, por cuanto, se descartará aquello.

8) Que, finalmente, el órgano reclamado argumentó la concurrencia de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, sin embargo, cabe señalar que aquélla está establecida en favor de los terceros a quienes se refiere la información, contando con un procedimiento de oposición establecido en el artículo 20 de la ley señalada, el cual no fue aplicado en este caso. Razón por la cual, los argumentos esgrimidos para configurarla no serán considerados, por carecer de la titularidad para esgrimirla. Además, este Consejo no vislumbra cómo la divulgación de la información reclamada pueda afectar los derechos de terceros, más si se tiene en cuenta lo razonado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, citado en el considerando cuarto precedente.

9) Que lo pedido relativo a "de qué se trata esa investigación", si bien se requiere planteado en forma de pregunta, aquello debe estar contenido en algún documento o soporte que obre en poder del órgano reclamado como, por ejemplo, el acto administrativo que instruyó la realización del sumario administrativo en cuestión, por lo que, se acogerá el amparo a su respecto, requiriendo la entrega de lo solicitado y si se estima procedente por la Municipalidad de Teno la entrega del decreto alcaldicio N° E70, año 2019, de aquel deberá tarjar todo otro antecedente que no diga relación con lo específicamente consultado, en especial, de aquellos que den cuenta de la identidad de las personas denunciantes y de los involucrados en los hechos investigados, así como de cualquier dato que permita inferir su identidad, como las descripciones o menciones de cualquier situación o hecho que las haga identificables.

10) Que en cuanto a lo consultado relativo a "si se informaron antecedentes relacionados con el caso al Ministerio Público, en concordancia con el artículo 175 del Código Procesal Penal"; si bien se requiere planteado en forma de pregunta, esto puede ser satisfecho, simplemente, con una respuesta afirmativa o negativa. En este punto cabe hacer presente lo dispuesto en el artículo 58 de la ley N° 18.883, en orden a que serán obligaciones de cada funcionario, entre otras, la siguiente: "l) Denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía si no hubiere fiscalía en la comuna en que tiene su sede la municipalidad, con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos y al alcalde los hechos de carácter irregular o las faltas al principio de probidad de que tome conocimiento". Refuerza lo anterior, la obligación de denunciar establecida en el artículo 175 de Código Procesal Penal, respecto de, entre otros, "b) Los fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos". En tal sentido, se prescribe en el inciso primero del artículo 177 del cuerpo normativo señalado que "Las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere".

11) Que, en consecuencia, se establece un deber funcionario de denunciar los hechos constitutivos de crímenes o simples delitos de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Por lo que, se acogerá el amparo en tal sentido, requiriendo se informe lo pertinente al reclamante.

12) Que, en el evento de que se haya realizado alguna denuncia, ya sea al Ministerio Público o a la policía, aquella debió ser remitida por acto administrativo suscrito por la autoridad competente para ello. En consecuencia, en el evento de ser positiva la respuesta otorgada por el órgano reclamado, deberá entregar copia de oficio conductor de la denuncia realizada, sólo dando cuenta de su fecha y de la identidad y cargo de la autoridad que lo subscribe, sea la Sra. Alcaldesa u otro Directivo de la Municipalidad, tarjando todo otro nombre contenido en aquel, en especial, si hace alusión a un funcionario que realiza la denuncia o aporta los antecedentes para efectuar la misma, así como también, los datos personales de contexto que puedan estar incorporados en estos - por ejemplo, domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-, según lo dispuesto en los artículos 2 letra f) y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia.

13) Que, además, deberá proporcionar al reclamante, copia del o de los documentos que den cuenta de la Fiscalía a la que fue remitida la denuncia realizada y el RUC asignado; y si se ha formalizado la investigación a su respecto, aquel en que conste el Tribunal que está conociendo de esta y el RIT otorgado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Antonio Morales Morales en contra de la Municipalidad de Teno, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Teno, lo siguiente:

a) Entregar al reclamante lo siguiente:

i. Copia del o de los documentos que den cuenta "de qué se trata esa investigación", si se estima procedente proporcionar copia del decreto alcaldicio N° E70, año 2019, que ordenó instruir el sumario administrativo consultado, de aquel se deberá tarjar todo otro antecedente que no diga relación con lo específicamente consultado, en especial, aquellos que den cuenta de la identidad de las personas denunciantes y de los involucrados en los hechos investigados, así como de cualquier dato que permita inferir la identidad de ellos, como las descripciones o menciones de cualquier situación o hecho que las haga identificables.

ii. Informe al reclamante si se realizó una denuncia ya sea al Ministerio Público o a la policía respecto de los hechos objeto del sumario. En el evento, de haberse remitido otorgue copia de oficio conductor de aquella, sólo dando cuenta de su fecha, identidad y cargo de la autoridad que lo subscribe, sea la Sra. Alcaldesa u otro Directivo del municipio, tarjando todo otro nombre contenido en aquel, en especial, si hace alusión a un funcionario que realiza la denuncia o aporta los antecedentes para efectuar la misma, y los datos personales de contexto que puedan estar incorporados en este. Así como también, proporcione copia del o de los documentos que den cuenta de la Fiscalía a la que fue remitida la denuncia realizada y el RUC asignado; y si se ha formalizado la investigación a su respecto, aquel en que conste el Tribunal que está conociendo de esta y el RIT otorgado.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto a la copia del expediente sumarial pedido por configurarse la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra b) en relación con lo establecido en el artículo 135 de la ley N° 18.883, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Antonio Morales Morales y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Teno.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.