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Fernanda Salinas Urzúa con SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL Rol: C5465-20

Consejo para la Transparencia, 29/12/2020

Se rechaza el amparo interpuesto en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, referido a la entrega de copia desde la página 4-27 a la página 4-47 del capítulo 4 de la línea base del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto consultado. Lo anterior, por cuanto, del mérito de las alegaciones y de los documentos acompañados, en particular del acta de búsqueda de la información, es posible concluir que se encuentra satisfecho el estándar de acreditación de la inexistencia de la información en poder del órgano, que ha determinado la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y que se ha reflejado en la jurisprudencia de este Consejo, no contando con otros antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por el órgano reclamado. Aplica criterio contenido en decisiones de amparo roles C2526-18, C3552-18, C3452-19 y C2538-19, entre otras. A su vez, en aplicación de los principios de máxima divulgación y facilitación consagrados en el artículo 11, literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia se remite a la solicitante copia del "Acta de Búsqueda de la Información" y "Certificado de Disponibilidad de la Información", acompañados por el órgano en esta sede.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Medio Ambiente
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5465-20

Entidad pública: Servicio de Evaluación Ambiental

Requirente: Fernanda Salinas Urzúa

Ingreso Consejo: 03.09.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo interpuesto en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, referido a la entrega de copia desde la página 4-27 a la página 4-47 del capítulo 4 de la línea base del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto consultado.

Lo anterior, por cuanto, del mérito de las alegaciones y de los documentos acompañados, en particular del acta de búsqueda de la información, es posible concluir que se encuentra satisfecho el estándar de acreditación de la inexistencia de la información en poder del órgano, que ha determinado la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y que se ha reflejado en la jurisprudencia de este Consejo, no contando con otros antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por el órgano reclamado.

Aplica criterio contenido en decisiones de amparo roles C2526-18, C3552-18, C3452-19 y C2538-19, entre otras.

A su vez, en aplicación de los principios de máxima divulgación y facilitación consagrados en el artículo 11, literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia se remite a la solicitante copia del "Acta de Búsqueda de la Información" y "Certificado de Disponibilidad de la Información", acompañados por el órgano en esta sede.

En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5465-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de agosto de 2020, doña Fernanda Salinas Urzúa solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental - en adelante SEA- la siguiente información: "Solicito enviar desde la página 4-27 a la página 4-47 del capítulo 4 de la línea base del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central Termoeléctrica Mejillones-Unidad II, correspondiente a la RCA N° 13 del año 1997. Estas páginas no se encuentran disponibles en el EIA publicado en el sitio web del SEIA".

2) RESPUESTA: El 1 de septiembre de 2020, el Servicio de Evaluación Ambiental respondió al requerimiento de información indicando que procedió a revisar el expediente del proyecto "Central Termoeléctrica Mejillones Unidad 2", comprobándose que efectivamente faltan de las fojas 4-27 a la página 4-47 del Capítulo 4 de la Línea Base del Estudio de Impacto Ambiental. Sin embargo, se puede constatar que la foliación del expediente es correlativa, dado que la foja número 4-26 corresponde al folio 142 y la foja 4-48 corresponde al folio 143. En consecuencia, concluye que dicha información no se encuentra disponible, por lo cual, no cuenta con la información solicitada.

Señala que el expediente físico del proyecto "Central Termoeléctrica Mejillones Unidad 2" formó parte del proceso de digitalización de información, el cual permitió publicar dicha información en la plataforma electrónica del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por lo anterior, la documentación publicada en el expediente electrónico del proyecto; corresponde a la copia de la información física, hasta la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental. Dicho expediente cuenta con un certificado de autenticidad, el cual indica la cantidad de fojas que forman parte del expediente, las cuales figuran de manera íntegra en la plataforma electrónica del SEIA.

3) AMPARO: El 3 de septiembre de 2020, doña Fernanda Salinas Urzúa dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Además, la reclamante hizo presente que: "El SEA no ha dejado constancia de la búsqueda en los sistemas de registro, no se ha certificado las diligencias desplegadas para corregir el error en el proceso de digitalización del expediente, no se han desarrollado gestiones de coordinación para facilitar la búsqueda del documento original, ni se ha fundamentado satisfactoriamente la exclusión de la información. Por lo tanto, la respuesta del Servicio para denegar la información no ha sido fundada y se insta a realizar lo necesario para cumplir con su obligación". Agrega que: "Se ha denegado información que falta en el expediente digital de evaluación ambiental. Esta información debe ser pública en su integridad, de conformidad con los art. 4 de la Ley N° 19.300 y 22 del Decreto 40/2012 del MMA, Reglamento del SEIA. Este organismo del Estado, en cuanto servicio a cargo de la administración del SEIA (artículo 81 letra a) de la Ley N° 19.300) debe permitir el acceso a la información ambiental que conste en los expedientes administrativos de evaluación, la que debe ser completa, de acuerdo con los principios de facilitación y de máxima divulgación que consagran los artículos 11 letras d) y f) de la Ley N° 20.285".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, mediante Oficio E16580, de 29 de septiembre de 2020, solicitando que: (1°) indique si procedió a efectuar la búsqueda de la información solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre Procedimiento Administrativo de acceso a la información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información requerida; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (5°) en el evento de pretender otorgar una respuesta a la solicitud mediante sus descargos, remítasela directamente a la parte recurrente, aplicando la divisibilidad respectiva, en caso de existir datos de carácter personal y/o sensible, de conformidad a la Ley 19.628, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).

Mediante presentación de fecha 19 de octubre de 2020, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que la solicitud fue contestada indicando el motivo del por qué la información requerida no se encuentra disponible. Hace presente que desde el año 2011, el SEA ha realizado un proceso de digitalización y foliación de los proyectos más antiguos, recogiendo todo lo que existe en papel y cargándolo al sistema electrónico del SEIA como "expediente consolidado". Luego, el expediente consolidado del proyecto consultado, con las piezas que están en poder del SEA, se encuentran permanentemente a disposición de la ciudadanía en la plataforma electrónica e-SEIA, a la cual se puede acceder a través del link que indica. Señala además que el expediente tiene certificado de autenticidad, el cual se encuentra disponible en el link que informa.

De esta manera, destaca que la información solo existe en los términos indicados anteriormente, por lo que el Servicio de Evaluación Ambiental cumple en los términos indicados en el artículo 15 de la Ley N° 20.285, esto es, comunicando al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a la información al señalar el enlace de búsqueda de expedientes, su característica de "expediente consolidado".

Por otro lado, en cuanto a las alegaciones efectuadas por la reclamante, indica que el SEA agotó todos los medios posibles, efectuando una búsqueda exhaustiva de las piezas faltantes del expediente administrativo en sus dependencias, cuyo origen se remonta al año 1996, más de veinte años atrás, no encontrando información adicional. Señala que, al momento de recabar la información para su digitalización en el año 2011, también se realizó la búsqueda minuciosa de esta. Sin embargo, la información requerida correspondiente desde las páginas 4-27 a la 4-47 no se encuentra disponible, en formato físico ni digital, no obstante, la foliación del expediente es correlativa dado que la foja número 4-26 corresponde al folio 142 y la foja 4-48 corresponde al folio 143.

5) PRONUNCIAMIENTO DE LA RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio E18422, de 27 de octubre de 2020, solicitó a la reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en el último caso, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada.

A través de correo electrónico de fecha 3 de noviembre de 2020, la reclamante manifestó su disconformidad con la respuesta complementaria entregada. Señala que en la solicitud se ha requerido "la página 4-27 a la página 4-47 del capítulo 4 de la línea base del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central Termoeléctrica Mejillones-Unidad II, correspondiente a la RCA N° 13 del año 1997", sin embargo, ni la respuesta ni los descargos en esta sede entregan dicha información. En su lugar, el SEA informa sobre la plataforma electrónica en la que se encuentra el expediente consolidado del proyecto -que indica, tiene certificado de autenticidad-, respecto de la cual ya tenía conocimiento y acceso con anterioridad a efectuar la solicitud de información, de modo que cabe reiterar, ésta no corresponde a la información que se ha solicitado.

Por otro lado, destaca que el órgano reclamado indica en la respuesta complementaria que la información requerida no se encuentra disponible, en formato físico ni digital, aduciendo que agotó todos los medios posibles, efectuando una búsqueda exhaustiva de las piezas faltantes en sus dependencias, no encontrando información adicional, y señala que, al momento de recabar la información para su digitalización en el año 2011, también se realizó la búsqueda minuciosa de ésta. Sin embargo, no se ha acompañado al efecto un certificado de extravío, que acredite que efectivamente se haya realizado una búsqueda exhaustiva. En efecto, no se ha dejado constancia de la búsqueda en los sistemas de registro, ni se han certificado las diligencias desplegadas, que fundamente suficientemente la exclusión de la información requerida y que no consta en el expediente consolidado.

Recuerda que este Consejo ha resuelto que la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual aquella no obra en su poder, lo que debe ser acreditado de forma fehaciente.

Indica que el certificado de autenticidad entregado no cumple con estos propósitos, pues sólo sirve para acreditar que el expediente digitalizado es copia fiel del original que se ha tenido a la vista, pero no prueba fehacientemente el motivo por el cual lo solicitado no obra en su poder.

Entiende que, sin una respuesta por la que se entreguen las páginas solicitadas, vía la reconstitución del expediente, el órgano infringe los artículos 4 y 31 bis de la Ley N° 19.300 y el artículo 21 del Decreto Supremo 40 de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Lo anterior, por cuanto el SEA no mantiene disponible para el libre acceso la información completa y actualizada relativa al expediente de evaluación del proyecto consultado. Además, infringe los artículos 4, 5 inciso 1°, 10 y 11, letras d) y f), de la Ley N° 20.285, por cuanto sólo permite un acceso restringido a la información, es decir, únicamente al expediente consolidado, sin fundamentar fehacientemente la exclusión de la información solicitada, en términos que son contrarios a lo que disponen los principios de máxima divulgación y de facilitación, que rigen el acceso a la información pública.

6) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 9 de noviembre de 2020, por medio de correo electrónico, esta Corporación requirió al órgano remitir certificado o acta que dé cuenta de la búsqueda de la información con resultados negativos o de su inexistencia. Mediante correo electrónico de fecha 11 de noviembre de 2020, el órgano dio cumplimiento a lo solicitado, remitiendo "Acta de Búsqueda de la Información" y "Certificado de Disponibilidad de la Información".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información correspondiente a copia de las páginas 4-27 a 4-47 del capítulo 4 de la línea base del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Central Termoeléctrica Mejillones-Unidad II, correspondiente a la Resolución de Calificación Ambiental N° 13 del año 1997, información que no se encontraría disponible en el EIA publicado en el sitio web del SEIA. El órgano, por su parte, manifiesta haber realizado la búsqueda de la información constatando que aquella no se encuentra disponible, en formato físico ni digital.

2) Que, al respecto, cabe consignar que, como manifiesta la reclamante, este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada en poder del órgano requerido constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder, debiendo acreditarla fehacientemente.

3) Que, en este sentido, según lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación: "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregados).

4) Que, en el presente caso, el órgano reclamado en su respuesta ha explicado que con ocasión de la solicitud procedió a revisar el expediente del proyecto "Central Termoeléctrica Mejillones Unidad 2", comprobando que efectivamente faltan de las fojas 4-27 a la página 4-47 del Capítulo 4 de la Línea Base del Estudio de Impacto Ambiental, señalando que el expediente físico del proyecto formó parte de un proceso de digitalización de información para su disponibilidad en la plataforma electrónica del SEIA, por lo que, la documentación publicada corresponde a la copia de la información física, hasta la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental, contando el expediente con un certificado de autenticidad. Posteriormente, en sus descargos en esta sede, agrega que agotó todos los medios posibles, efectuando una búsqueda exhaustiva de las piezas faltantes del expediente administrativo en sus dependencias, cuyo origen se remonta al año 1996, no encontrando información adicional.

5) Que, como manifiesta la solicitante en sus presentaciones, aquellas circunstancias de hecho invocadas por el órgano reclamado no se encontraban respaldadas por los respectivos medio de prueba que las sustenten, sin embargo, según lo descrito en el número 6 de la parte expositiva, en respuesta a la gestión oficiosa realizada por este Consejo el SEIA acompañó "Acta de Búsqueda de la Información", suscrita por la correspondiente Evaluadora y por el Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental región de Antofagasta, en la que se inserta una tabla que detalla las gestiones de búsqueda de la información y sus resultados negativos; y, "Certificado de Disponibilidad de la Información", rubricada por el mencionado Director Regional, en el que se certifica que el expediente físico no se encuentra disponible en las dependencias de la Dirección Regional.

6) Que, en consecuencia, del mérito de lo expuesto y de los antecedentes tenidos a la vista, se concluye que se encuentra satisfecho el estándar para la acreditación de la inexistencia de la información en poder del órgano que ha determinado la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y que se ha reflejado en la jurisprudencia de este Consejo, no contando con otros antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado y acreditado por el órgano requerido en esta sede, en cuanto a la inexistencia en su poder de la información solicitada, razón por la que será rechazado el presente amparo. A su vez, en aplicación de los principios de máxima divulgación y facilitación consagrados en el artículo 11, literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia, se remitirá a la solicitante copia del "Acta de Búsqueda de la Información" y "Certificado de Disponibilidad de la Información", acompañados en esta sede.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Fernanda Salinas Urzúa en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental y a doña Fernanda Salinas Urzúa, adjuntando a esta última, copia del "Acta de Búsqueda de la Información" y "Certificado de Disponibilidad de la Información", acompañados en esta sede.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.