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Miguel Toro Salamanca con SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Rol: C5451-20

Consejo para la Transparencia, 29/12/2020

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago, referido a la entrega de la información correspondiente a distintas interrogantes asociadas al Informe de Factibilidad Territorial del proyecto inmobiliario "Loteo Lo Cruzat", sin perjuicio de tener por entregados los antecedentes, aunque en forma extemporánea. A su vez, en aplicación de los principios de máxima divulgación y facilitación consagrados en el artículo 11, literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia se remite al solicitante copia de los descargos evacuados por el órgano en esta sede y de sus antecedentes adjuntos. Se representa al órgano la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del mencionado cuerpo legal, al no haber conferido respuesta a la solicitud de acceso a la información dentro del plazo legal.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5451-20

Entidad pública: SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago

Requirente: Miguel Toro Salamanca

Ingreso Consejo: 03.09.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago, referido a la entrega de la información correspondiente a distintas interrogantes asociadas al Informe de Factibilidad Territorial del proyecto inmobiliario "Loteo Lo Cruzat", sin perjuicio de tener por entregados los antecedentes, aunque en forma extemporánea.

A su vez, en aplicación de los principios de máxima divulgación y facilitación consagrados en el artículo 11, literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia se remite al solicitante copia de los descargos evacuados por el órgano en esta sede y de sus antecedentes adjuntos.

Se representa al órgano la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del mencionado cuerpo legal, al no haber conferido respuesta a la solicitud de acceso a la información dentro del plazo legal.

En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5451-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de julio de 2020, don Miguel Toro Salamanca solicitó a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago, la siguiente información:

"La SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, mediante Ord. N° 1414/2020 de fecha 22 de abril de 2020, informó a la Contraloría General de la República que: "En el caso de la ZUC Lo Cruzat, los interesados presentaron como situación actual el terreno identificado como Parcela N° 7, la que, al año 2015, agrupaba los Lotes B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8a, b-8b, B-9, B-10, B-11, B-12 y B-13, declarando en total una Superficie de 613.555,04 m2, lo que equivale a 61,35 ha.". Además, este organismo indicó que: "Los propietarios y/o titulares que suscriben el proyecto ZUC Lo Cruzat el año 2015 eran: - Empresa Constructora Queylen S.A (...). - Terrenos y Desarrollo S.A. (...). - Inmobiliaria Don Benjamín Ltda. (...)". Incluso, la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo señaló expresamente que: "Los propietarios informaron que los lotes B-1 y B-2 formaban parte de la Parcela 7, terreno sobre el cual se solicitó un IFT, que en total suman una superficie de 613.555,04 m2, lo que equivale a 61,35 ha. Tanto para el lote B-1 como el B-2, se acreditó, en dichas fechas, la propiedad de esto terrenos por parte de las inmobiliarias participantes".

Por tanto, en mérito de lo expuesto, solicito la siguiente información pública sobre el Informe de Factibilidad Territorial (IFT) del proyecto inmobiliario "Loteo Lo Cruzat" de la comuna de Quilicura, aprobado por Ord. N° 5080/2015 de fecha 23 de octubre de 2015, modificado por Ord. N° 5390/2015 de fecha 4 de noviembre del mismo año, ambos de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo:

1) ¿Cómo y de qué forma los solicitantes acreditaron la propiedad de la "PARCELA 7" de la división del Fundo Lo Cruzat (Rol de Avalúo N° 110-20), si este predio fue subdivido en los Lotes B y C por Resolución DOM Quilicura N° 16/2004, cuyos deslindes se rectificaron por Resolución DOM Quilicura N° 66/2005? - Esto ocurrió 9 años antes de la entrada en vigencia del PRMS-100.

2) ¿Por qué se permitió que los solicitantes presentaran un Certificado de Informaciones Previas (CIP) de fecha 30 de agosto de 2013, correspondiente a un terreno RURAL, si el trámite de Informe de Factibilidad Territorial (IFT) se requirió para un proyecto de urbanización y/o edificación en una Zona Urbanizable Condicionada (ZUC) de la comuna de Quilicura, la cual establecida por el PRMS-100? - La modificación del PRMS-100 entró en vigencia el 26 de noviembre de 2013, es decir, 3 meses después de la fecha del CIP presentado por los solicitantes.

3) ¿Cómo y de qué forma los solicitantes acreditaron la propiedad del "LOTE C" de la subdivisión de la Parcela 7 de la división del Fundo Lo Cruzat, si este lote fue cedido gratuitamente a la Ilustre Municipalidad de Quilicura por escritura pública de fecha 27 de mayo de 2004, otorgada en la Notaría de Santiago de don Juan Luis Saiz del Campo bajo el repertorio N° 642-2004? - El título se encuentra inscrito a nombre de la Ilustre Municipalidad de Quilicura a fojas 47.170 número 41.668 del Registro de Propiedad del CBRS del año 2004. - Esto ocurrió 9 años antes de la entrada en vigencia del PRMS-100.

4) ¿La Ilustre Municipalidad de Quilicura suscribió el Informe de Factibilidad Territorial (IFT) aprobado por Ord. N° 5080/2015, modificado por Ord. N° 5390/2015, de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, atendido que el punto 1.1. del artículo 4.9 de la Ordenanza del PRMS dispone que esta solicitud "debe ser suscrita por todos los propietarios de los predios que conforman el terreno"?

5) ¿Cómo y de qué forma los solicitantes acreditaron la propiedad del "LOTE B-10" de la subdivisión de la Parcela 7 de la división del Fundo Lo Cruzat, si este lote fue vendido a Inmobiliaria de Rentas e Inversiones Monte Bello Ltda. por escritura pública de fecha 31 de enero de 2007, otorgada en la Notaría de Santiago de don Humberto Quezada Moreno bajo el repertorio N° 874-2007? - El título se encuentra inscrito a nombre Inmobiliaria de Rentas e Inversiones Monte Bello Ltda. a fojas 24.378 número 39.081 del Registro de Propiedad del CBRS del año 2007 - Esto ocurrió 7 años antes de la entrada en vigencia del PRMS-100.

6) ¿Inmobiliaria de Rentas e Inversiones Monte Bello Ltda. suscribió el Informe de Factibilidad Territorial (IFT) aprobado por Ord. N° 5080/2015, modificado por Ord. N° 5390/2015, de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, atendido que el punto 1.1. del artículo 4.9 de la Ordenanza del PRMS dispone que esta solicitud "debe ser suscrita por todos los propietarios de los predios que conforman el terreno"?

7) ¿Cómo y de qué forma los solicitantes acreditaron la propiedad del "LOTE B-2" de la subdivisión de la Parcela 7 de la división del Fundo Lo Cruzat, si el Fisco expropió 23.724 m2 del Lote B-2 para la ejecución de la obra pública denominada "Mejoramiento del cauce del Estero Las Cruces" (Lote 39 de los planos y cuadros de expropiación), mediante escritura pública de fecha 19 de julio de 2007, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello bajo el repertorio N° 7829-2007? - El título se encuentra inscrito a nombre del Fisco a fojas 44.668 número 71.410 del Registro de Propiedad del CBRS del año 2007. - Esto ocurrió 7 años antes de la entrada en vigencia del PRMS-100.

8) ¿Cómo y de qué forma los solicitantes acreditaron la propiedad de los "LOTES B-1 y B-2" de la subdivisión de la Parcela 7 de la división del Fundo Lo Cruzat, si el Fisco expropió 2478 m2 y 405 m2 de los Lotes B-1 y B-2 para la ejecución de la obra pública denominada "Mejoramiento del cauce del Estero Las Cruces" (Lotes 40-A y 40-B de los planos y cuadros de expropiación, respectivamente), mediante Decreto Expropiatorio MOP N° 824 de fecha 14 de noviembre de 2007? - La primera expropiación está inscrita a nombre del Fisco a fojas 74.624 número 112.677 del Registro de Propiedad del CBRS del año 2013. - La segunda expropiación está inscrita a nombre del Fisco a fojas 74.624 número 112.678, ambas del Registro de Propiedad del CBRS del año 2013 - Esto ocurrió 7 años antes de la entrada en vigencia del PRMS-100.

9) ¿El Fisco de Chile suscribió el Informe de Factibilidad Territorial (IFT) aprobado por Ord. N° 5080/2015, modificado por Ord. N° 5390/2015, de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, atendido que el punto 1.1. del artículo 4.9 de la Ordenanza del PRMS dispone que esta solicitud "debe ser suscrita por todos los propietarios de los predios que conforman el terreno?".

2) RESPUESTA: El 17 de agosto de 2020, la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago respondió al requerimiento de información indicando que, en relación a la consulta, no constituye una solicitud de información pública, sin perjuicio de lo anterior, es posible informar que aquella es de orden general e involucra pronunciamientos sobre declaratorias de utilidad pública que afectarían un predio determinado, por lo que es necesario informar lo siguiente:

1.- Las declaratorias de utilidad pública destinadas a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, en las áreas urbanas, así como los situados en el área rural que los planes reguladores intercomunales destinen a vialidades; se constituyen conforme lo dispone el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y se consignan en los instrumentos de planificación de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de la ley la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), generando las afectaciones sobre los predios que quedan gravados por ello en el proceso de elaboración y modificación de los instrumentos de planificación territorial.

Concierne a los municipios informar a los interesados través de los Certificado de Informes Previos (CIP), cuando un predio se encuentra o no afecto a una declaratoria de utilidad pública. Ello debe ser solicitado por los interesados a las Direcciones de Obras Municipales correspondientes, quienes deben emitirlos en un plazo máximo de 15 días, conforme lo regulado en el artículo 116 de la LGUC y artículo 1.4.4. de la OGUC.

Dichos certificados contienen las condiciones aplicables al o los predios de que se trate, de acuerdo con las normas urbanísticas derivadas del instrumento de planificación territorial respectivo y mantendrán su validez mientras no se modifiquen.

2.- Corresponde a las Secretarias Ministeriales, entre otros, interpretar las disposiciones de los instrumentos de planificación territorial. Esta facultad de "Interpretación" otorgada en el artículo 4° de la LGUC a la Seremi de Vivienda y Urbanismo respecto de las disposiciones de los Instrumentos de Planificación, consiste en precisar o aclarar las disposiciones de los instrumentos de planificación.

3.- Conforme lo anterior, y solo si se considera que el Certificado de Informes Previos emitido por la Dirección de Obras Municipales, no se ajusta a derecho, usted puede solicitar a esta Secretaria Ministerial, un pronunciamiento destinado a interpretar las disposiciones de los Instrumentos de Planificación, para lo cual es necesario solicitarlo y adjuntar los antecedentes técnicos correspondientes: Certificado de Informaciones Previas emitido por la DOM correspondiente; Documentación vigente que acredite propiedad del predio. Plano en formato digital georreferenciado de acuerdo al DATUM en uso en la Secretaría PSAD56 y software Autocad 2000 con coordenadas UTM (métricas) Huso 19 (este plano deberá incluir un hito reconocible como cruces de caminos u otros) y 3 copias papel.

Realizado el estudio normativo, la interpretación se oficializa mediante un oficio dirigido al DOM con copia al recurrente, acompañadas ambas de un plano en que se grafique la interpretación normativa efectuada.

4.- Por último, señalarle que la solicitud debe ser ingresada con los antecedentes que la explican, en Oficina de Partes virtual.

5.- Sin perjuicio de lo anterior, señala que en relación a los antecedentes requeridos, no obran en poder de la SEREMI RM, por cuanto, estos ya fueron devueltos a sus propietarios según correo corroborados por la empresa, en correo recibido el 19 de mayo del presente, el cual se adjunta.

3) AMPARO: El 3 de septiembre de 2020, don Miguel Toro Salamanca dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Además, el reclamante hizo presente que la subdivisión del predio denominado "Parcela 7" es el acto anterior y precedente a la subdivisión de los Lotes B y C, y dejó de existir el año 2004, esto es, nueve años antes de la entrada en vigencia del PRMS-100. La Municipalidad de Quilicura es dueña del "Lote C" desde el año 2004, es decir, 9 años antes de la entrada en vigencia del PRMS-100. El Fisco de Chile es dueño de 26.607 m2 de los "Lotes B-1 y B-2" desde el año 2007, esto es, 6 años antes de la entrada en vigencia del PRMS-100. Inmobiliaria de Rentas e Inversiones Monte Bello Ltda. es dueña del "Lote B-10" desde el año 2007, es decir, 6 años antes de la entrada en vigencia del PRMS-100.

La comuna de Quilicura no cuenta con un PRC que regule las condiciones urbanísticas de las Zonas Urbanizables Condicionadas (ZUC) creadas por el PRMS-100, por lo que son únicamente aplicables las normas dispuestas en la Ordenanza del PRMS, en especial la regla prescrita en el punto 1.1 del artículo 4.9, que señala que la solicitud de Informe de Factibilidad Territorial debe ser suscrita por todos los propietarios de los predios que conforman el terreno del proyecto.

El Ord. N° 5080/2015, modificado por Ord. N° 5390/2015, de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, aprobó Informe de Factibilidad Territorial de un terreno ubicado en una ZUC de la comuna de Quilicura, conformado por los Lotes "B-1 al B-13" y "C".

La Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo le informó a la Contraloría General de la República que las inmobiliarias solicitantes del Informe de Factibilidad Territorial en cuestión, acreditaron la propiedad de los Lotes "B-1" y "B-2", sin embargo, no compareció el Fisco de Chile, dueño de 26.607 m2 de estos predios, ni la Municipalidad de Quilicura, dueña del "Lote C", y tampoco Inmobiliaria de Rentas e Inversiones Monte Bello Ltda., dueña del "Lote B-10".

La solicitud de Informe de Factibilidad Territorial aprobada por Ord. N° 5080/2015, modificado por Ord. N° 5390/2015, de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, se hizo respecto de la Parcela N° 7, predio que no existe desde el año 2004, esto es, 9 años antes de la entrada en vigencia del PRMS-100.

En la solicitud de Informe de Factibilidad Territorial se acompañó un Certificado de Informaciones Previas emitido 3 meses antes de la entrada en vigencia del PRMS- 100, y que corresponde a un predio cuyo uso de suelo es rural.

La información pública solicitada permitirá determinar si se está utilizando y aprovechando patrimonio del Estado y de un tercero para beneficio de un privado sin su conocimiento ni consentimiento, atendido que el Ord. N° 5080/2015, modificado por Ord. N° 5390/2015, de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, aprobó una solicitud que habría utilizado inmuebles del Fisco de Chile, de la Municipalidad de Quilicura y de un tercero, sin que éstos hayan suscrito el Informe de Factibilidad Territorial, en contravención a lo dispuesto en el punto 1.1 del artículo 4.9 de la Ordenanza del PRMS.

Esta parte solicitó información pública sobre los lotes que conforman el terreno del proyecto aprobado por el Ord. N° 5080/2015, modificado por Ord. N° 5390/2015, de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, atendido que el punto 1.1 del artículo 4.9 de la Ordenanza del PRMS dispone que la solicitud de Informe de Factibilidad Territorial debe ser suscrita por todos los propietarios de los predios que conforman el terreno.

La información solicitada constituye información pública por no concurrir ninguna causal de secreto o reserva, y por no haberse invocado ninguna causal por el órgano requerido.

La respuesta entregada por la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo no corresponde a la solicitada, puesto que nada tiene que ver con la consulta realizada, e incluso se refiere a asuntos no solicitadas por esta parte.

En conclusión, la respuesta del órgano requerido es incorrecta, deficiente e infringe los principios de probidad y de transparencia de la función pública, y el derecho de acceso a la información a la información de los órganos de la Administración del Estado.

4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Este Consejo, mediante Oficio E16564, del 30 de septiembre de 2020, solicitó al reclamante que: (1°) aclare la infracción cometida por el órgano reclamado indicando claramente que información de la que Ud. solicitó, no le fue entregada; y, (2°) remita copia de la respuesta otorgada, los antecedentes proporcionados y el comprobante de notificación de la misma.

A través de presentación de fecha 7 de octubre de 2020, el reclamante dio cumplimiento a lo solicitado, señalando, en resumen, que la información pedida se puede resumir en las preguntas que indica.

La respuesta entregada no corresponde en ningún término a la solicitada y se refiere a asuntos no requeridos:

En el numeral 1, se refiere sobre las declaratorias de utilidad pública.

En el numeral 2, alude a la facultad de interpretación de los instrumentos de planificación territorial otorgada por el artículo 4 de la LGUC.

En el numeral 3, señala que si se considera que un Certificado de Informaciones Previas no se ajusta a derecho se puede solicitar un pronunciamiento destinado a interpretar las disposiciones de los instrumentos de planificación.

En el numeral 4, indica que la solicitud debe ser ingresada en la oficina de partes virtual de la Seremi.

Y, finalmente, en el numeral 5, advierte que los antecedentes fueron devueltos a sus propietarios.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago, mediante Oficio E18326, 23 de octubre de 2020, solicitando que: (1°) indique las razones por las que, a su juicio, lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (2°) señale si la información solicitada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.

Mediante Ord. N° 3531, de fecha 3 de diciembre de 2020, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, manifestó que se procede a complementar la información entregada respondiendo a las nueve consultas referidas de la normativa sectorial y urbanística:

Respuesta 1: Para efectos de la revisión de un proyecto acogido a las normas condicionadas del artículo 4.9. del PRMS, se tuvo a la vista lo informado en Memoria Explicativa del proyecto, donde se detallaba el cumplimiento de la superficie bruta exigida, sobre 60 hectáreas, detallándose la situación legal de los Lotes B y C, y se identifica el resto de lotes que conformaban el terreno presentado para la solicitud de Informe de Factibilidad Territorial (IFC).

Respuesta 2: Mediante Carta de fecha 16.01.2015, la oficina "Varas + Otero Arquitectos" ingresó un listado de planos y documentos relativos a la tramitación del Informe de Factibilidad Territorial del proyecto denominado "Parcela N° 7". Entre ellos se detalla un Certificado de Informaciones Previas sin número ni fecha. Sin embargo, para efectos de la tramitación de un proyecto acogido a las normas condicionadas del PRMS, este documento no es una exigencia previa para ello, sino que sirve como un antecedente de trabajo más a tener a la vista.

Respuesta 3: Para efectos de la revisión de un proyecto acogido a las normas condicionadas del artículo 4.9. del PRMS, se tuvo a la vista lo informado en la Memoria Explicativa del proyecto, donde se detallaba el cumplimiento de la superficie bruta exigida, sobre 60 hectáreas, detallándose la situación legal de los Lotes 8 y C, y del resto de lotes que conformaban el terreno presentado para la solicitud de IFC.

Respuesta 4: Los propietarios de los 13 lotes involucrados en la tramitación de un proyecto acogido a las normas condicionadas establecidas en el artículo 4.9. del PRMS, en la cual no participó la Municipalidad de Quilicura, ya que según los antecedentes con los que se dispuso para la revisión de la solicitud ingresada, no se indicaba al municipio como propietario de alguno de los predios expuestos, por lo que se entiende que de los antecedentes adjuntos, se indicaba y estaban firmados por los propietarios o Representantes Legales en ese momento de los predios. Estos suscribieron el acuerdo inmobiliario para participar en el desarrollo del Proyecto Inmobiliario denominado "Quilicura Oriente", con fecha dos de noviembre de 2005, reducido a escritura pública. Esta última fue adjunta en Memoria Explicativa ingresada mediante carta de fecha 16.01.2015, por la oficina "Varas + Otero Arquitectos".

Respuesta 5: Para efectos de la revisión de un proyecto acogido a las normas condicionadas del artículo 4.9. del PRMS, en particular lo dispuesto en su punto 1.1., se tuvo a la vista lo informado en Memoria Explicativa, donde los propietarios de los 13 Lotes resultantes (Subdivisión Lote "B"); son la Empresa Constructora Queylen S.A. e Inmobiliaria Don Benjamín Ltda.

Respuesta 6: Al momento de la revisión de esta solicitud de IFT, indicar que se tuvo a la vista lo informado en Memoria Explicativa y antecedentes adjuntos al momento del ingreso, en donde fueron identificados los propietarios de los predios, los que además suscribieron un acuerdo inmobiliario para participar en el desarrollo de un Proyecto Inmobiliario denominado "Quilicura Oriente", con fecha dos de noviembre de 2005, reducido a escritura pública.

De los antecedentes que se adjuntaron, no aparece ni fue indicada en antecedentes, la Inmobiliaria Rentas e inversiones Bello Ltda., como propietario de alguno de los predios, que considera la consulta.

Es importante señalar que son los propietarios y/o representantes legales quienes se hacen responsables que la documentación que se presenta para la tramitación, en este caso para un IFT, ya que la Secretaría Ministerial actúa bajo el principio de buena fe, y el análisis se desarrolla respecto de los antecedentes que se tienen a la vista, presumiendo que estos están completos, y que son reales y verídicos.

Respuesta 7: Al momento de ingresar el proyecto de IFT se acreditó de la propiedad de los terrenos por parte de las inmobiliarias participantes, de los 13 lotes involucrados en la solicitud. En ese momento, los interesados no declararon, ni adjuntaron antecedentes que den cuenta alguna, que en el año 2007 se haya efectuado alguna expropiación por parte del Fisco de Chile de alguna parte de los predios B-1 o B-2.

Respuesta 8: Como fue indicado en Oficio Ord. 1414, los propietarios informaron que los lotes B-1 y B-2 formaban parte de la Parcela 7, terreno sobre el cual se solicitó un IFT, que en total suman una superficie de 613.555,04 m2, lo que equivale a 61,35 ha. Tanto para el lote B-1 como el B-2, se acreditó, en dichas fechas, la propiedad de estos terrenos por parte de las inmobiliarias participantes.

Respecto del lote C, anteriormente se indicó que: "El título de propiedad se encuentra inscrito a nombre de la Ilustre Municipalidad de Quilicura a fojas 47.170 número 41.668 del Registro de Propiedad del CBRS del año 2004".

Asimismo, al momento de ingresar el proyecto de IFT, se acreditó, en dicha fecha, la propiedad de los terrenos por parte de las inmobiliarias participantes. En ese momento, los interesados no declararon, ni adjuntaron antecedentes que den cuenta, que, en el año 2007, se efectuó una expropiación por parte del Fisco de Chile de una parte de los predios B-1 o B-2 individualizados en su consulta.

Dicho antecedente, no se encontraba en conocimiento de la Secretaría Ministerial por lo que no se tuvo a la vista al momento de emitir el IFT favorable del año 2015.

Respuesta 9: Según los antecedentes que se tenían a la vista y fueron adjuntos al momento de la solicitud de IFT, no se indicó propiedad por parte el Fisco de Chile u otro estamento gubernamental; por lo que se entendía que, según consta en el acuerdo inmobiliario suscrito para participar en el Desarrollo Inmobiliario denominado "Quilicura Oriente", con fecha 2 de noviembre del año 2005, reducido a escritura pública, eran propietarios los indicados en ese momento, según Memoria Explicativa ingresada mediante Carta de fecha 16.01.2015, por parte de la oficina "Varas + Otero Arquitectos".

En cuanto a las puntualizaciones sobre las cuales el Consejo, detalla que el principio que se tomó para considerar que la solicitud del requirente, si bien se trata de una consulta de carácter normativo, se enmarca dentro de la aplicación del artículo 5 de la Ley de Transparencia. Pero, en aras de considerar que la función pública, como lo establece el artículo 3 de la misma ley, debe permitir y promover el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella, es que se resolvió dar respuesta a las nueve consultas del requirente a través del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC), sistema amparado en la Ley N° 19.880. La información resulta de un análisis jurídico urbanístico, cuya interpretación se desprende de una de las Fuentes del Derecho Urbanístico, OGUC e Instrumentos de Planificación Territorial detallados. No existen fundamentos para denegar lo requerido.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información requerida, correspondiente a la respuesta a distintas interrogantes asociadas al Informe de Factibilidad Territorial (IFT) del proyecto inmobiliario "Loteo Lo Cruzat", alegando además el reclamante que el órgano habría proporcionado antecedentes distintos a los solicitados.

2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

3) Que, en el presente caso, como se evidencia de la transcripción de la solicitud de acceso a la información efectuada por el reclamante, lo requerido corresponde a la respuesta a una serie de interrogantes planteadas acerca del Informe de Factibilidad Territorial del proyecto inmobiliario "Loteo Lo Cruzat" de la comuna de Quilicura, aprobado por resolución de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo.

4) Que, al respecto, el órgano en su respuesta no atendió cada una de las consultas formuladas por el reclamante, sino que, junto con esbozar que lo requerido no constituye una solicitud de información pública, se refirió en términos generales a las declaratorias de utilidad pública y a la facultad de interpretación de los instrumentos de planificación territorial que le asiste. Luego, en los descargos evacuados en esta sede, se refiere particularmente a cada uno de los nueve puntos consultados.

5) Que, en este contexto, a juicio de este Consejo, los antecedentes proporcionados por el órgano en esta sede, permiten tener por atendida, aunque extemporáneamente, la solicitud de acceso a la información, la que, como se señaló, fue formulada en términos interrogativos sin recaer sobre documentos específicos cuya entrega se requiriera para considerarla como satisfecha por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago, razones por las cuales, el presente amparo será acogido, sin perjuicio de tener por entregada de manera extemporánea la información requerida.

6) Que, en concordancia con lo enunciado en el considerando presente respecto del carácter extemporánea de la entrega de la información, se debe hacer presente que el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles contados desde su recepción. No obstante, en el presente caso la solicitud no fue respondida en su integridad dentro del plazo legal indicado, por lo que, este Consejo representará al Sr. Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la citada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del mencionado cuerpo legal.

7) Que, a su vez, en aplicación de los principios de máxima divulgación y facilitación consagrados en el artículo 11, literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia, se remitirá a la solicitante copia de los descargos evacuados por el órgano en esta sede y de sus antecedentes adjuntos.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Miguel Toro Salamanca en contra de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago, sin perjuicio de tener por entregada la información solicitada, aunque en forma extemporánea, según los fundamentos señalados precedentemente.

II. Representar al Sr. Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago la infracción a lo dispuesto en los artículos 11, letra h), y 14 de la Ley de Transparencia, toda vez que no dio respuesta a la solicitud de información dentro de plazo legal. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere tal infracción.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Secretario Regional Ministerial de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago y a don Miguel Toro Salamanca, adjuntando a este último, copia de los descargos evacuados por el órgano en esta sede y de sus antecedentes adjuntos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.