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Soledad Luttino Rojas con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C5277-20

Consejo para la Transparencia, 29/12/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, teniendo por entregada, de manera extemporánea, la copia de dos denuncias presentadas por la reclamante y sus respectivas respuestas, conjuntamente con la notificación de la presente decisión. Por su parte, se requiere la entrega de copia de los currículums vitae y títulos profesionales de los funcionarios públicos consultados, tarjando previamente los datos personales de contexto que pueda contener. Lo anterior, debido a que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los servidores de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Se rechaza el amparo respecto de los expedientes de tramitación de las denuncias realizadas, respuesta del SII a oficio remitido por la Contraloría General de la República y expediente de investigación interna, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por el órgano reclamado, en orden a que aquellos no existen. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Inhabilitación)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5277-20

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos (SII)

Requirente: Soledad Luttino Rojas

Ingreso Consejo: 28.08.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, teniendo por entregada, de manera extemporánea, la copia de dos denuncias presentadas por la reclamante y sus respectivas respuestas, conjuntamente con la notificación de la presente decisión.

Por su parte, se requiere la entrega de copia de los currículums vitae y títulos profesionales de los funcionarios públicos consultados, tarjando previamente los datos personales de contexto que pueda contener. Lo anterior, debido a que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los servidores de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.

Se rechaza el amparo respecto de los expedientes de tramitación de las denuncias realizadas, respuesta del SII a oficio remitido por la Contraloría General de la República y expediente de investigación interna, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por el órgano reclamado, en orden a que aquellos no existen.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5277-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 12 de julio de 2020, doña Soledad Luttino Rojas solicitó al Servicio de Impuestos Internos - en adelante también SII-, lo siguiente:

a) "copia de todos los reclamos ingresados por la suscrita, con sus respectivas respuestas en el orden de ingreso- anexe copia del expediente de tramitación".

b) "copia de los curriculum vitae de los siguientes funcionarios, copia de títulos si tuvieran a.- Francis Rodríguez b.- Iris Peñafiel c.- Adela González d.-Alicia Navea e.- Berlín Barraza".

c) "copia de la denuncia ingresada por la suscrita a la Contraloría y la respectiva respuesta de este organismo".

d) "copia de expediente denuncias ingresadas en la ciudad de Santiago y sus respuestas (según instruye la ley 19880)".

e) "copia de expediente de denuncia tramitada en la ciudad de Antofagasta (según instruye ley 19880)".

f) "copia de expediente de investigación interna. Señalada en carta enviada a la Presidencia de la República".

2) TRASLADO A LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: El Servicio de Impuestos Internos por medio de oficios ordinarios, de fecha 21 de julio de 2020, y conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, notificó a las personas individualizadas, la solicitud de acceso a la información presentada y su derecho a oponerse a la entrega de esta.

3) OPOSICIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: Los funcionarios involucrados por medio de ordinarios, todos de fecha 23 de julio de 2020, se opusieron a la entrega de la información solicitada, en atención a que aquella no guarda ninguna relación con las labores que desempeñan en el Servicio de Impuestos Internos, más considerando que sus currículums vitae comprenden aspectos tanto de su desempeño profesional anterior al ingreso al SII, así como otros datos que son de naturaleza estrictamente personal. De esta forma, sostienen que aquel no es un acto o resolución de un órgano de la Administración del Estado; no sirve de sustento o complemento directo o esencial a éstos, y no constituye información elaborada con presupuesto público. Por lo tanto, tiene un carácter estrictamente personal y no constituye, información pública que sea susceptible de ser entregada a terceros mediante la Ley de Transparencia.

Por otra parte, en cuanto a la copia de sus títulos profesionales, si bien se encuentra en poder del SII, consideran que resulta innecesaria su entrega ya que puede acceder a sus profesiones en la sección de Transparencia Activa del sitio web del Servicio.

Además, estiman que la petición de información no tan sólo afecta sus derechos como funcionarios públicos, sino también en lo personal afectan su honra en el normal desempeño de sus funciones, las cuales se han destacado por el respeto a los contribuyentes.

Finalmente, hacen alusión a la motivación de la reclamante para requerir sus antecedentes.

4) RESPUESTA: El Servicio de Impuestos Internos mediante resolución exenta N° 18948, sin fecha, informó en cuanto a lo pedido en los literales a) y c) de la solicitud, que adjuntan aquello haciendo presente que no existe un expediente propiamente tal, en los términos específicamente requeridos, sin perjuicio que se remite toda la información existente al efecto.

En cuanto a lo solicitado en el literal b) del requerimiento, deniegan su acceso por concurrir la oposición de los terceros cuyos antecedentes se piden en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 21 N° 2 de la ley citada y el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

Respecto a lo requerido en los literales d), e) y f) de la presentación, comunicó que, a la fecha, han recibido tres reclamos o denuncias, uno de ellos derivado desde Contraloría General de la República y dos ingresados de manera directa. Así las cosas, en cuanto a las conductas funcionarias denunciadas, reiteran que, no existen expedientes asociados a dichos requerimientos, dado que no se originaron. Por otro lado, "tal como ya sea razonado previamente en otras solicitudes de acceso de información presentadas por la solicitante, a saber, petición Folio AE006W50018487 y Folio AE006W50018650, es dable reiterar que, de acuerdo al análisis de los antecedentes que fundamentaron las solicitudes de la interesada y los antecedentes tenidos a la vista por el Departamento de Fiscalía Administrativa de la Subdirección de Contraloría Interna de esta entidad fiscalizadora, se descartó alguna actuación irregular que pudiera configurar una contravención a la probidad por parte de los funcionarios aludidos en la denuncia de fecha 09.07.2019, por lo que en opinión de la mencionada Subdirección no se observó ningún vicio que ameritara determinar alguna medida que fuere pertinente conforme al mérito de los antecedentes, por lo que se determinó no dar inicio a un procedimiento disciplinario por los hechos denunciados. Al respecto, cabe manifestar que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la Republica elaborada en relación con los artículos 126; 128 y 129 de la ley N° 18.834, Sobre Estatuto Administrativo, ha precisado en el dictamen N° 82.720, de 2016, que compete a la superioridad dotada de la potestad sancionatoria ponderar si los hechos alegados son susceptibles de ser castigados con una sanción disciplinaria, evento en el cual tendrá que ordenar el correspondiente proceso sumarial. Ahora bien, efectuadas las consideraciones anteriores, resulta útil recordar a la interesada que es la superioridad del Servicio, a la que le corresponde ponderar si las circunstancias descritas y los antecedentes que eventualmente se acompañen y se tengan a la vista, permiten acceder a la petición formulada -como en la especie ocurrió con la denuncia efectuada por la recurrente-, que finalmente determino no iniciar un procedimiento sumarial". Citando jurisprudencia de este Consejo en tal sentido.

5) AMPARO: Con fecha 28 de agosto de 2020, doña Soledad Luttino Rojas dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del Servicio de Impuestos Internos, fundado en la respuesta incompleta o parcial respecto de lo pedido en los literales a) y c); y la denegación de lo requerido en los literales b), d), e) y f) de la solicitud.

6) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Este Consejo mediante Oficio N° E15.642, de fecha 16 de septiembre de 2020, hizo presente a la reclamante que, luego de revisados los antecedentes adjuntos a su amparo, no fue posible constatar la infracción cometida puesto que no se remitió la respuesta otorgada por el Servicio de Impuestos Internos. Debido a lo anterior, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, se solicita a usted subsanar su amparo de conformidad a lo siguiente: (1°) remita copia íntegra de la respuesta otorgada por el Servicio de Impuesto internos; y, (2°) remita copia del correo donde el órgano reclamado notificó la prórroga de plazo y el correo por medio del cual otorgó respuesta, donde consten las fechas en que éstos fueron recibidos por Ud.

La reclamante por medio de correo electrónico de fecha 16 de septiembre de 2020, adjuntó lo requerido.

7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos mediante Oficio N° E17.726, de fecha 17 de octubre de 2020, para que formule sus descargos y observaciones.

El órgano reclamado por medio de correo electrónico, de fecha 3 de noviembre de 2020, remite escrito en el que presenta sus descargos y observaciones, reiterando lo señalado en su respuesta, en orden a que cuenta con parte de la información -respecto a la cual se ordenó su entrega-, que otra parte de los antecedentes requeridos no existe -respecto a los cuales se declaró su inexistencia- y que otra parte resulta imposible acceder a su entrega, por cuanto, fueron notificados los terceros de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia, quienes ejercieron su derecho de oposición -información que debió ser denegada-. Agregando, lo siguiente:

a) En cuanto a lo pedido en los literales a) y c) de la solicitud, remitieron los únicos documentos que existían, al menos a la fecha de dictarse su respuesta. Sin perjuicio de lo cual, complementan la información proporcionada en esa oportunidad señalando que aquella corresponde a la totalidad de antecedentes con los que cuentan sobre lo consultado.

b) Respecto a lo solicitado en el literal d) del requerimiento, reiteran que no existen expedientes de las denuncias realizadas, por cuanto, ponderados los hechos denunciados, se ha desestimado el inicio de un proceso disciplinario. De esta forma, "de acuerdo con las etapas del procedimiento administrativo, podríamos identificar el análisis realizado por las diversas unidades que han intervenido en sus denuncias, con la etapa pre-procedimental, la que corresponde a una etapa anterior a la iniciación del procedimiento administrativo, en que el órgano competente abre un periodo de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Las diligencias instruidas en esta etapa no implican haber iniciado un procedimiento, sino que se trata de una recopilación de antecedentes que permita determinar el mérito de iniciar el procedimiento o no. En virtud de este análisis, el órgano requerido puede iniciar o no el procedimiento, o incluso archivarlo, lo que no obsta a que posteriormente se pueda reabrir el procedimiento administrativo".

c) En lo referido a los expedientes requeridos en el literal e) de la presentación, reiteran que no existen aquellos respecto de la denuncia presentada por la reclamante, sin perjuicio que se le otorgó acceso a copia de aquella pedida en el literal a) de la solicitud.

d) Finalmente, en cuanto a lo pedido en el literal f) de la solicitud, reiteran que no existe expediente de investigación interna. Lo anterior, por cuanto, su Subdirección de Contraloría Interna comunicó que, ponderados los hechos puestos en conocimiento del SII, se desestimó el inicio de un proceso disciplinario, conforme a las facultades legales del órgano. Dicha Subdirección, además, señaló que, de acuerdo con las etapas del procedimiento administrativo el análisis realizado por las diversas unidades que han intervenido en sus denuncias corresponde a una etapa pre-procedimental, y en virtud de este análisis, pueden iniciar o no el procedimiento, o incluso archivarlo, lo que no obsta a que posteriormente se pueda reabrirse.

8) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del amparo deducido a los funcionarios por cuyos antecedentes se consultan, mediante oficios, todos de fecha 10 de noviembre de 2020, en su calidad de terceros a quienes se refiere la información solicitada, a fin de que presenten sus descargos y observaciones a este amparo.

Los funcionarios involucrados en el presente amparo, por medio de ordinarios, de fecha 17, 18 y 20 de noviembre de 2020, respectivamente, reiteran la oposición manifestada ante el órgano reclamado, agregando que su entrega vulnera su derecho a la protección de su vida privada en los términos dispuestos en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, así como a la protección de sus datos personales según lo establecido por la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-. Así, consideran que otorgar acceso a lo pedido afecta no sólo sus derechos como funcionarios públicos, sino que también su honra y el normal desempeño de sus funciones, las cuales se han destacado por observar siempre el debido respeto a los contribuyentes.

Y CONSIDERANDO:

1) Que este amparo se funda en la respuesta incompleta o parcial, al respecto el órgano reclamado complementó aquella con ocasión de sus descargos, sosteniendo que no cuentan con más antecedentes que los informados y que denegó el acceso a lo pedido en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

2) Que en términos generales se requiere información referente a las denuncias presentadas por la reclamante tanto ante el órgano reclamado como ante la Contraloría General de la República. De esta forma, según los antecedentes tenidos a la vista por este Consejo, se puede acreditar la existencia de la siguiente documentación:

a) Denuncia presentada por la reclamante ante la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos de la Región de Antofagasta, la que fue resuelta mediante ORD DJ.02.00 N° 5, del Director Regional.

b) Denuncia presentada por la reclamante ante la Contraloría General de la República, derivada al Servicio de Impuestos Internos con fecha 26 de septiembre de 2019.

c) Denuncia presentada por la reclamante ante la Subdirección de Contraloría Interna, con fecha 2 de diciembre de 2019, la que fue resuelta mediante OFICIO RES. N° 10, de fecha 9 de enero de 2020, de la Subdirectora de Fiscalización.

3) Que, si bien el órgano reclamado informó de la existencia de dos denuncias más realizadas por la reclamante, aquellas son de fecha 11 y 24 de septiembre de 2020, respectivamente, por lo tanto, al momento de interponer el requerimiento de acceso, esto es, el 12 de julio de 2020, estas no existían. Razón por la cual, la procedencia de su entrega no será analizada en la presente decisión.

4) Que en cuanto a lo pedido en el literal a) del requerimiento, el órgano reclamado informó que otorga acceso a dos denuncias y los actos administrativos que las resolvieron, además alega la inexistencia del expediente de tramitación de aquellas. Sin embargo, no consta que dicha documentación haya sido entregada a la reclamante. Razón por la cual, se acogerá el amparo en este aspecto, teniendo por entregada esta con ocasión de la notificación de la presente decisión.

5) Que, en cuanto a la inexistencia de los expedientes de tramitación, así como de otras denuncias presentadas por la reclamante ante el Servicio de Impuestos Internos, y de lo pedido en los literales d) y e) del requerimiento; cabe hacer presente que la alegación realizada es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual ésta no obra en su poder, y debe ser acreditada en forma fehaciente. En la especie, el órgano reclamado sostiene que ponderados los hechos denunciados se decidió no dar curso a las denuncias efectuadas, así explican que el análisis realizado respecto de aquellas corresponde a una etapa "pre-procedimental", esto es, anterior a la iniciación del procedimiento administrativo. De esta forma, las diligencias instruidas en esta etapa no implican haber iniciado un procedimiento que se contenga en un expediente administrativo como los pedidos.

6) Que, de esta forma, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sólo será pública la información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. En consecuencia, y sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por el órgano reclamado, se rechazará el presente amparo en este aspecto.

7) Que, respecto a los antecedentes pedidos en el literal b) de la solicitud, el órgano reclamado funda su denegación en la oposición manifestada por los funcionarios por cuyos currículums y títulos se consulta, los que alegaron que aquellos tienen el carácter de datos personales cuya divulgación vulnera su derecho a la protección de su vida privada en los términos dispuestos en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y en ley N° 19.628-.

8) Que, en cuanto a la información solicitada, se debe considerar que atendido el tipo de labores que desempeñan los funcionarios públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa, este Consejo ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella.

9) Que lo requerido son los currículums y títulos profesionales de funcionarios públicos, por lo que, dicen relación y dan cuenta de los elementos con los cuales se acredita la idoneidad profesional de aquellos, constituyendo un antecedente que sirvió de fundamento a las resoluciones por las cuales se contrataron o designaron en el cargo las personas consultadas. De esta forma, y según lo razonado en el considerando anterior, no se acredita que su divulgación pueda afectar los derechos de las personas consultadas. Razón por la cual se acogerá el amparo en este literal, requiriendo la entrega de lo pedido; tarjando, previamente, los datos personales de contexto en este contenido, tales como RUT, domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, teléfono y correo electrónico, entre otros, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 2 letra f), 4 y 7 de la ley N° 19.628, y de la atribución de este Consejo conferida por el artículo 33 literal m) de la Ley de Transparencia.

10) Que en cuanto a lo solicitado en el literal c) de la presentación, la disconformidad de la reclamante se refiere a que no le otorgaron acceso a la respuesta que el Servicio de Impuestos Internos habría realizado a la Contraloría General de la República. Al respecto el órgano reclamado alegó que no se elaboró ni envió comunicación alguna como la requerida. En tal sentido se debe tener presente por medio oficio N° 25.427, de fecha 26 de septiembre de 2019, de la Contraloría General de la República, esta se abstiene de informar sobre lo solicitado y remite presentación que indica; así de la revisión de su contenido, se concluye que aquel sería el oficio remisor de la denuncia, sin requerir que se dé cuenta de la misma. De hecho, en su parte final señala "es del caso hacer presente que, en conformidad con lo sostenido por esta Contraloría General en los dictámenes N° s 24.847, de 2013, y 55.810, de 2014, entre otros, corresponde a la superioridad de un servicio, dotada de la potestad sancionatoria, ponderar si las situaciones denunciadas son susceptibles de ser castigadas con una medida disciplinaria, caso en el cual ordenará la instrucción de un procedimiento sumarial, sin perjuicio, por cierto, de las atribuciones de esta Entidad Fiscalizadora. En consecuencia, se remite al Servicio de Impuestos Internos copia de la presentación de la especie, para su debida atención, y para que, en el ejercicio de sus atribuciones, determine la procedencia de iniciar un proceso administrativo a fin de establecer las posibles responsabilidades administrativas que pudieran afectar a las funcionarias de ese organismo, eventualmente, involucradas en la denuncia efectuada por la recurrente".

11) Que, lo anterior se debe relacionar con lo informado por el órgano reclamado respecto de lo pedido en el literal f) de la presentación, en orden a que de acuerdo al análisis de los antecedentes que fundamentaron las solicitudes de la reclamante y los tenidos a la vista por su Departamento de Fiscalía Administrativa de la Subdirección de Contraloría Interna, se descartó alguna actuación irregular que pudiera configurar una contravención a la probidad por parte de los funcionarios aludidos, que ameritara determinar alguna medida, por lo que se determinó no dar inicio a un procedimiento disciplinario por los hechos denunciados. Así, señalan que compete a la superioridad dotada de la potestad sancionatoria ponderar si los hechos alegados son susceptibles de ser castigados con una sanción disciplinaria, evento en el cual tendrá que ordenar el correspondiente proceso sumarial.

12) Que, de esta forma, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sólo será pública la información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. En consecuencia, y sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por el órgano reclamado, se rechazará el presente amparo a estos literales.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Soledad Luttino Rojas en contra del Servicio de Impuestos Internos, teniendo por entregada la información solicitada en el literal a) del requerimiento relativa a copia de las denuncias y sus respuestas, de manera extemporánea, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, lo siguiente:

a) Entregue a la reclamante copia de los currículums vitae y títulos profesionales de los funcionarios públicos individualizados en el requerimiento, tarjando previamente los datos personales de contexto que pueda contener.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto a lo pedido en los literales a) -expedientes de tramitación-c), d), e) y f) del requerimiento, por no obrar en poder del órgano reclamado, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, a los terceros involucrados en el presente amparo y a doña Soledad Luttino Rojas, remitiendo a esta última los antecedentes acompañados en los descargos presentados por el órgano reclamado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el presente caso, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.