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Valentín Vera Fuentes con Rol: C5210-20

Consejo para la Transparencia, 29/12/2020

Se acoge parcialmente el presente amparo, ordenando al Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas entregar la información relativa a las remuneraciones desglosadas con sus respectivas leyes y bonificaciones del funcionario consultado, como al cese de sus servicios. Lo anterior, por tratarse de información pública respecto de la cual no concurre la causal de reserva alegada sobre afectación de derechos de las personas. No obstante lo señalado, se ordena abstenerse de proporcionar la identificación de la Administradora de Fondos de Pensiones, el nombre de las instituciones de salud, como los descuentos voluntarios que se apliquen a las remuneraciones que comprende el requerimiento formulado, por constituir datos personales que deben reservarse. Por su parte, se rechaza el amparo, respecto de la información referida al correo electrónico y teléfono institucionales del funcionario responsable de entregar los antecedentes requeridos. Ello, por cuanto entregar la información requerida produciría una afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparos Roles C611-10, C136-13, C1944-16, C1423-20 y C2666-20, entre otras.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5210-20

Entidad pública: Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas

Requirente: Valentín Vera Fuentes

Ingreso Consejo: 25.08.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el presente amparo, ordenando al Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas entregar la información relativa a las remuneraciones desglosadas con sus respectivas leyes y bonificaciones del funcionario consultado, como al cese de sus servicios.

Lo anterior, por tratarse de información pública respecto de la cual no concurre la causal de reserva alegada sobre afectación de derechos de las personas. No obstante lo señalado, se ordena abstenerse de proporcionar la identificación de la Administradora de Fondos de Pensiones, el nombre de las instituciones de salud, como los descuentos voluntarios que se apliquen a las remuneraciones que comprende el requerimiento formulado, por constituir datos personales que deben reservarse.

Por su parte, se rechaza el amparo, respecto de la información referida al correo electrónico y teléfono institucionales del funcionario responsable de entregar los antecedentes requeridos. Ello, por cuanto entregar la información requerida produciría una afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparos Roles C611-10, C136-13, C1944-16, C1423-20 y C2666-20, entre otras.

En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5210-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 27 de julio de 2020, don Valentín Vera Fuentes solicitó al Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas las 36 últimas remuneraciones de don Miguel Castro Concha desglosadas con sus respectivas leyes y bonificaciones, como también el cese de servicios. Además, requiere teléfono o correo con la finalidad de poder tomar contacto con el responsable de entregar estos antecedentes.

2) RESPUESTA: El Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas respondió a dicho requerimiento de información mediante resolución exenta N° 303, de fecha 03 de agosto de 2020, señalando, en síntesis, que respecto de las remuneraciones requeridas, deniega la información pedida por cuanto no se enmarca dentro de las obligaciones que impone la Ley de Transparencia, por lo que informa que el interesado puede presentar el requerimiento a través de la respectiva Oficina de Partes, y que de todas maneras concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Respecto de la solicitud de correo electrónico del responsable de entregar lo pedido, deniega dicho antecedente por estimar que concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, toda vez que ya cuenta con una Oficina de Partes para hacer las presentaciones que sean necesarias, por lo que proporcionar la información pedida configura junto con otros riesgos, la posibilidad de recibir gran número de correos no deseado, tipo spam, constituyendo una alta posibilidad de entorpecimiento o bloqueo de esta herramienta de trabajo, que puede afectar el eficiente desarrollo de la función pública por parte de la jefatura en cuestión. Cita jurisprudencia en apoyo de su posición.

3) AMPARO: El 25 de agosto de 2020, don Valentín Vera Fuentes dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas mediante oficio N° E15484, de fecha 10 de septiembre de 2020. Se solicitó expresamente al órgano: se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si el tercero eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, del tercero involucrado, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Además, este Consejo a través de correo electrónico de fecha 06 de octubre de 2020 consultó al órgano reclamado por sus descargos u observaciones en el presente amparo.

A la fecha de la presente decisión este Consejo no recibió presentación alguna del órgano reclamado destinada a formular sus descargos.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 29 de octubre de 2020, este Consejo revisó la página web del órgano reclamado, constatando que en ella se encuentran disponibles distintos medios de contacto institucionales del órgano reclamado destinados a la atención ciudadana.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto obtener la entrega por parte del Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas las 36 últimas remuneraciones de don Miguel Castro Concha desglosadas con sus respectivas leyes y bonificaciones, como también el cese de servicios, además, requiere teléfono o correo con la finalidad de poder tomar contacto con el responsable de entregar estos antecedentes. Al efecto el órgano reclamado denegó lo pedido, sosteniendo las remuneraciones requeridas no se enmarca dentro de los antecedentes que puede pedir a través de la Ley de Transparencia, por lo que informa que el interesado puede presentar el requerimiento a través de la respectiva Oficina de Partes, y que de todas maneras concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, y en relación a los datos de contacto del responsable de entregar lo pedido concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

2) Que, en primer lugar, cabe tener presente que de acuerdo al artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

3) Que, por consiguiente, cabe tener en consideración que los antecedentes requeridos relativos a las remuneraciones de un funcionario público y los datos de contacto del responsable de entregar lo pedido, constituye información que se puede requerir mediante una solicitud de información de acuerdo a la Ley de Transparencia, toda vez que se trata de antecedentes que obrarían en poder del órgano reclamado. No obstante, cuestión distinta es si procede su entrega por concurrir alguna causal de reserva legal o circunstancia de hecho, análisis que se realizará a continuación.

4) Que, así respecto de las remuneraciones del funcionario consultado, cabe señalar que este Consejo ha razonado que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares, de funcionarios y ex funcionarios. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios y ex funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser, o haber sido, empleados públicos al servicio de la misma.

5) Que, sin perjuicio de lo expuesto, cabe tener presente el criterio sostenido por este Consejo a partir de la decisión C211-10 en materia de liquidaciones de sueldo de funcionarios públicos, donde se ha razonado que ellas "(...) contienen, información relativa a descuentos que la ley permite y personales relativos a pagos de seguros; asociaciones gremiales, y ahorros voluntarios, entre otros (...) las remuneraciones percibidas por los funcionarios públicos tienen el carácter de información pública ya que dicen relación directa con el ejercicio de cargos y funciones públicas, y que, además, son pagados con fondos públicos, siendo objeto de transparencia activa. Sin embargo, el objeto al cual los funcionarios destinen voluntariamente dichas remuneraciones no guarda relación con el desempeño de sus funciones ni interfiere en el ejercicio de las mismas, siendo más bien una materia propia de la esfera de su vida privada, lo que lleva a este Consejo a concluir que la información pedida liquidaciones de sueldo deberá ser entregada, aplicando el principio de divisibilidad, tarjando la información contenida en las liquidaciones relativa a los gastos voluntarios efectuadas por los funcionarios a las que éstas se refieren (...) el mismo criterio debe aplicarse respecto de la identificación de las Administradoras de Fondos de Pensión, como de las instituciones de salud a la cual se encuentren afiliados, ya que es información irrelevante y meramente de contexto para el control que la ciudadanía puede realizar respecto del ejercicio de la función pública que desempeña cada funcionario". Luego, salvo la identificación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, el nombre de las instituciones de salud, como los descuentos voluntarios que se apliquen a las remuneraciones funcionarios públicos, la información requerida tiene naturaleza pública.

6) Que, por su parte sobre la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia alegada por el órgano requerido, cabe tener presente que este Consejo ha establecido como criterio, reiteradamente, que para verificar la procedencia de una causal de reserva, el órgano reclamado debe determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación negativa, la que a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, circunstancia que en este caso no se produce, salvo respecto de la identificación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, el nombre de las instituciones de salud, como los descuentos voluntarios que se apliquen a las remuneraciones funcionarios públicos, razón por la cual se desestimará parcialmente dicha alegación, en los términos expuestos.

7) Que, por consiguiente, se acogerá el amparo en esta parte, ordenando al Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas al solicitante la información reclamada, tarjando previamente previamente sólo aquellos datos personales de contexto incorporados en la información que se ordena entregar, por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, como asimismo absteniéndose de proporcionar la información referida a la identificación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, el nombre de las instituciones de salud, como los descuentos voluntarios que se apliquen a las remuneraciones funcionarios públicos que comprende el requerimiento, todo ello en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628.

8) Que, por otra parte, en relación al correo electrónico y teléfono institucionales del responsable de entregar lo pedido a los datos de contacto del responsable de entregar lo pedido, a juicio de este Consejo resulta plenamente aplicable el criterio sostenido, entre otras, en las decisiones de amparo Roles C611-10, C136-13, C1944-16, C1423-20 y C2666-20, donde se estableció que "5) (...) que el sitio web del Servicio de Registro Civil e Identificación tiene a disposición de los usuarios un Sistema Integral de Atención Ciudadana el cual le permite canalizar el flujo de comunicaciones electrónicas que recibe. De este modo, la divulgación de las casillas de correo electrónico respecto de las cuales el órgano no cuenta con el mecanismo de canalización de comunicaciones precedentemente descrito podría significar una afectación semejante a la descrita en el considerando precedente respecto de los números telefónicos. A mayor abundamiento, el órgano reclamado señaló en sus descargos que el conocimiento de las direcciones de correo electrónicas institucionales, permitiría el envío masivo de correos, utilizados con fines netamente particulares, que constituirían un serio entorpecimiento en el correcto y eficiente desarrollo y ejercicio de la función pública por parte de sus funcionarios. Con dichas alegaciones, si bien no se explicita, se desprende que la reclamada entiende puede configurarse en este caso la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. // 6) Que, en consecuencia, considerando que el órgano reclamado se encuentra dotado de un sistema centralizado de atención ciudadana con la finalidad precisa de evitar distraer de sus funciones habituales a su personal y de esa forma dar respuesta a los requerimientos de los usuarios de manera oportuna, este Consejo estima que el dar a conocer las casillas de correo electrónico de sus funcionarios, podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones, motivo por el cual se rechazará el presente amparo dando por justificada la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 ya citado" (amparo Rol C136-13)".

9) Que, por lo expuesto, en aplicación del razonamiento señalado precedentemente, y teniendo presente además que el órgano reclamado cuenta con un sistema centralizado de atención ciudadana, informado en su portal electrónico como se verificó en virtud de la gestión oficiosa señalada en el N° 5 de lo expositivo, con la finalidad precisa de evitar distraer de sus funciones habituales a su personal y de esa forma dar respuesta a los requerimientos de los usuarios de manera oportuna, a juicio de este Consejo, se encuentra acreditada la causal de reserva invocada contenida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, considerando que el dar a conocer el correos electrónico o teléfono institucional de un funcionario determinado podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones, razón por la cual se rechazará el amparo en esta parte.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Valentín Vera Fuentes en contra del Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas:

a) Entregar al reclamante la documentación referida a las 36 últimas remuneraciones de don Miguel Castro Concha desglosadas con sus respectivas leyes y bonificaciones, como también la documentación relativo al cese de servicios de dicho funcionario, tarjando previamente sólo aquellos datos personales de contexto incorporados en la información que se ordena entregar, por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, como asimismo absteniéndose de proporcionar la información referida a la identificación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, el nombre de las instituciones de salud, como los descuentos voluntarios que se apliquen a las remuneraciones funcionarios públicos que comprende el requerimiento, todo ello en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo deducido respecto a la información relativa al correo electrónico y teléfono institucionales del responsable de entregar lo pedido a los datos de contacto del responsable de entregar lo pedido, por configurarse la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia

IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Valentín Vera Fuentes y al Sr. Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.