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Jorge Lara Lara con SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DEL MAULE Rol: C4793-20

Consejo para la Transparencia, 29/12/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región del Maule, ordenándose la entrega del expediente administrativo de regularización consultado. Lo anterior, toda vez que se trata de información pública, respecto de la cual no se configura la causal de reserva de afectación de derechos de las personas, invocada por el órgano reclamado y alegada por la tercero interesada. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4793-20

Entidad pública: Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región del Maule

Requirente: Jorge Lara Lara

Ingreso Consejo: 11.08.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región del Maule, ordenándose la entrega del expediente administrativo de regularización consultado.

Lo anterior, toda vez que se trata de información pública, respecto de la cual no se configura la causal de reserva de afectación de derechos de las personas, invocada por el órgano reclamado y alegada por la tercero interesada.

En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4793-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de julio de 2020, don Jorge Lara Lara solicitó a la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región del Maule -en adelante, indistintamente la SEREMI- la siguiente información: «copia de expediente N° 49592, específicamente de todos los documentos, resoluciones o actuaciones posteriores al 10 de marzo de 2020».

2) OPOSICIÓN DE TERCEROS: Mediante presentación, de fecha 6 de agosto de 2020, la tercero involucrada presentó su oposición a la entrega de los documentos consultados, exponiendo circunstancias personales que indica. Al respecto, se opuso a la entrega del expediente de regularización pedido, en virtud de la oposición formulada por personas que indica en dicho procedimiento y el eventual uso que podría otorgarse a dichos antecedentes.

Al respecto, cabe tener presente que, la tercero interviniente es la representante de la Sucesión, según consta en poderes de representación simples otorgados por los herederos, acompañados por el órgano reclamado, con ocasión del presente amparo.

3) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 11 de agosto de 2020, la SEREMI respondió a dicho requerimiento de información, denegando su entrega. Al respecto, expuso que, los documentos solicitados contienen información que puede afectar los derechos de persona que indica. Atendido lo anterior, el órgano reclamado procedió a notificar al tercero consultado, quien formuló oposición, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley de Transparencia y el artículo 34° del Reglamento de la presente Ley. Por lo anterior y en aplicación de los efectos previstos en la citada norma legal, sostuvo que, no le es posible acceder a la divulgación de los antecedentes requeridos.

4) AMPARO: El 11 de agosto de 2020, don Jorge Lara Lara dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud, en razón de la oposición formulada por el tercero.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región del Maule, mediante Oficio N° E14548, de fecha 28 de agosto de 2020, solicitándole que: (1°) remita copia de la solicitud de información que dio origen al presente amparo; (2°) adjunte los antecedentes que acreditan la fecha de notificación de la respuesta reclamada; (3°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (4°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de el/los tercero(s); (5°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a el/los tercero(s), incluyendo copia de la(s) respectiva(s) comunicación(es), de los documentos que acrediten su notificación, de la(s) oposición(es) deducida(s) y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta(s) ingresó(aron) ante el órgano que usted representa; y, (6°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante presentación, de fecha 16 de septiembre de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su respuesta. Sobre lo anterior, hizo presente que, atendida la oposición deducida por la tercero, el órgano reclamado quedó impedido de proporcionar la información requerida, en conformidad de lo establecido en el artículo 20° de la Ley de Transparencia.

Asimismo, estimó que, en el caso de especie concurre la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21° N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual, se puede denegar el acceso a la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente, tratándose de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. Al respecto, ilustró que, el expediente de saneamiento consultado, contiene distintos antecedentes de carácter privado o reservado, incluso sensibles, como fotografías de casa habitación, teléfonos, personas que habitan, entre otra documentación necesaria para acreditar posesión material, y que resulta atendible denegar su publicidad, más aún, en el evento de que su titular manifiesta formalmente su oposición.

Finalmente, acompañó la copia de la notificación practicada, la oposición formulada por la tercero interesada a la entrega del expediente administrativo de saneamiento pedido, y copia digitalizada de poderes de representación entregados por los miembros de la sucesión a la tercero interviniente.

6) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25° de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a la tercero interesada, mediante Oficio N° E16882, de fecha 5 de octubre de 2020.

A la fecha del presente Acuerdo, no consta que el tercero interesado hubiere presentado descargos u observaciones al presente reclamo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de los antecedentes consultados por el peticionario, referidos a la entrega de copia del expediente administrativos que se singulariza, sobre solicitudes de regularización de inmuebles. Al efecto, respecto de dicha información, el órgano comunicó al reclamante que se encontraba impedido de entregar lo requerido, fundado en la oposición formulada por la tercero interesada, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley de Transparencia, por tratarse de documentos que contienen información que puede afectar los derechos de personas que indica. Asimismo, con ocasión de sus descargos, hizo presente que, en la especie concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por contener antecedentes de naturaleza privada que indica. Por su parte, la tercero interviniente, se opuso a la entrega del expediente de regularización pedido, en virtud de la oposición formulada por personas que indica en dicho procedimiento y el eventual uso que podría otorgarse a dichos antecedentes.

2) Que, primeramente, con respecto a la causal de reserva contemplada en el artículo 21° N° 2 de la Ley de Transparencia, esgrimida por la SEREMI, cabe tener presente que, dicho precepto permite denegar el acceso a la información «cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico». Sobre la referida causal de secreto, este Consejo ha establecido como criterio, que para verificar la procedencia de una causal de reserva, se debe determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación negativa, la que a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, circunstancia que en este asunto no se produce, toda vez que este Consejo no advierte el modo en que la publicidad del expediente previamente individualizado afectaría los derechos de la tercero interviniente, en circunstancias de que se trata de un proceso de regularización -pendiente de resolución-, que puede ser objeto de la oposición de otros interesados que aleguen derechos sobre el inmueble, en conformidad de lo establecido en el artículo 11°, inciso final del Decreto Ley N° 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella: «No obstante, los terceros tendrán el derecho a oponerse desde el momento en que se acoja la solicitud a tramitación».

3) Que, acto seguido, esta Corporación estima que, la tercero interviniente no ha explicado ni acreditado suficientemente, cómo la entrega de lo requerido, afectaría sus derechos. Al respecto, la tercero interviniente justifica su denegatoria, en virtud de la oposición formulada por personas que se indican en el procedimiento de regularización singularizado y el eventual uso que podría otorgarse a dichos antecedentes. Al efecto, esta Corporación advierte que, el fundamento sostenido por el tercero en su oposición, en orden al eventual uso que podría otorgarle el tercero interesado, en el cual basa su negativa a entregar la información pedida, a juicio de este Consejo, no resulta suficiente para acreditar una afectación a un derecho específico y determinado, en conformidad con lo previsto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que el oponente sólo se limita a invocar un mero interés, al pretender con su denegación que se evite el eventual uso de la información, en caso de ser ésta divulgada, razón por la cual el perjuicio alegado tendría también carácter eventual e incierto. De este modo, en la especie resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 7° N° 2 del Reglamento del cuerpo legal citado -ratificado en la Instrucción General N° 10, sobre procedimiento administrativo de acceso a la información en su punto 2.4-, el cual excluye del ámbito de la causal de reserva invocada la alegación de un simple interés, como ha sucedido en la especie.

4) Que, lo anterior permite a este Consejo concluir, tal como se sostuvo en la decisión recaída en el amparo C216-12, que un mero interés no es suficiente para justificar la reserva de la información, no reuniéndose, por ende, los elementos constitutivos de la afectación invocada, esto es, ser una afectación presente o probable y con suficiente especificidad a un derecho determinado, por tal razón la oposición en análisis deberá ser desestimada.

5) Que, además, ante lo alegado por el tercero en su oposición, cabe tener presente que, de conformidad con el artículo 11° letra g) de la Ley de Transparencia, que consagra el principio de no discriminación, los órganos de la Administración del Estado deberán entregar la información a todas las personas que la soliciten sin exigir expresión de causa o motivo. En consecuencia, la finalidad que persiga el requirente al solicitar la información no resulta determinante al momento de resolver su entrega o denegación. Por tales motivos, este Consejo desestimará la causal de reserva invocada y las alegaciones formuladas por el tercero en esta parte, sin perjuicio de lo que se resolverá, respecto de los datos personales y sensibles de contexto incorporados en los expedientes administrativos solicitados.

6) Que, en cuanto a la publicidad de los antecedentes consultados, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que «son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen». En este sentido, cabe tener presente que de conformidad con el criterio que ha venido reiterada y sistemáticamente aplicando este Consejo, a partir de las decisiones de los amparos Roles C396-12, C1196-12, C438-13, C1045-15, C2397-16, C1867-17, C6260-18, C1269-19, C593-20 entre otros, la información consultada es de naturaleza pública. En efecto, se trata de antecedentes relativos a la regularización de un inmueble, conforme al procedimiento regido por el decreto ley N° 2.695, de 1979 -que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella-, el cual establece un procedimiento para que los poseedores materiales de determinados inmuebles soliciten al Ministerio de Bienes Nacionales que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de aquéllos, a fin de que puedan adquirir su dominio por prescripción. Por lo expuesto, la información referida a los respectivos expedientes sobre los cuales versa el requerimiento de información tiene el carácter público.

7) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente; tratándose de información de naturaleza pública; no configurándose en la especie la afectación de derechos invocada por el órgano reclamado y alegada por la tercero interesada, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega del expediente de regularización consultado.

8) Que, con respecto a la información que se ordenó proporcionar, en virtud del Principio de Divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Jorge Lara Lara, en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región del Maule, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región del Maule, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante copia del expediente N° 49.592, específicamente de todos los documentos, resoluciones o actuaciones posteriores al 10 de marzo de 2020.

No obstante lo anterior, en virtud del Principio de Divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge Lara Lara; al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región del Maule; y, a la tercero interesada.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.