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Comunidad Liberato Reinao con SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE LOS RÍOS Rol: C4822-20

Consejo para la Transparencia, 29/12/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos, referido a la entrega de copia de expedientes administrativos de regularización que se singularizan. Lo anterior, toda vez que se trata de información pública, respecto de la cual no se configura la causal de reserva de afectación de derechos de las personas, invocada implícitamente por el órgano reclamado y alegada por el tercero interesado. Adicionalmente, se ha desestimado la afectación al privilegio deliberativo pendiente, por no acreditarse una afectación al debido cumplimiento de las funciones del Servicio. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4822-20

Entidad pública: Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos

Requirente: Comunidad Liberato Reinao

Ingreso Consejo: 11.08.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos, referido a la entrega de copia de expedientes administrativos de regularización que se singularizan.

Lo anterior, toda vez que se trata de información pública, respecto de la cual no se configura la causal de reserva de afectación de derechos de las personas, invocada implícitamente por el órgano reclamado y alegada por el tercero interesado. Adicionalmente, se ha desestimado la afectación al privilegio deliberativo pendiente, por no acreditarse una afectación al debido cumplimiento de las funciones del Servicio.

En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4822-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de julio de 2020, la Comunidad Liberato Reinao solicitó a la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos -en adelante, indistintamente la SEREMI- la siguiente información: «copia del expediente folio N° 75.048, de noviembre de 2017, y de expediente folio N° 89.206, de noviembre de 2018, con respecto de persona que individualiza».

2) OPOSICIÓN DEL TERCERO INVOLUCRADO: Mediante presentación, de fecha 13 de julio de 2020, el tercero involucrado presentó su oposición a la entrega de los documentos consultados, señalando que, la entrega de dichos expedientes constituye un riesgo para su seguridad personal, pues implica la divulgación de sus datos personales. Sobre este punto, hizo presente que, en virtud de lo establecido en la Ley sobre Protección de la Vida Privada, dicha información constituye datos de carácter personal, que no pueden ser procesados sin el consentimiento expreso del titular.

Asimismo, agregó que, la información solicitada es referida a actos trámites y no una resolución definitiva, por lo que la entrega de información no encuentra sustento jurídico. Al respecto, razonó que, se debe presumir de mala fe, toda vez que al entregar la información personal, se podría fácilmente presentar oposición al procedimiento de saneamiento ya iniciado, sin estar en posición de una legitimación activa.

Asimismo, refirió que, en la especie concurre las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 letra b) y N° 2, toda vez que, la divulgación de su contenido afecta sus derechos de carácter comercial, económico y patrimonial.

3) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 21 de julio de 2020, la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos respondió a dicho requerimiento de información, denegando su entrega, por cuanto los documentos solicitados contienen información que puede afectar los derechos de persona que indica.

Atendido lo anterior, el órgano reclamado procedió a notificar al tercero consultado, quien formuló oposición, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley de Transparencia y el artículo 34° del Reglamento de la presente Ley. Por lo anterior y en aplicación de los efectos previstos en la citada norma legal, sostuvo que, no le es posible acceder a la divulgación de los antecedentes requeridos.

4) AMPARO: El 11 de agosto de 2020, la Comunidad Liberato Reinao dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud, en razón de la oposición formulada por el tercero. Adicionalmente, hizo presente que, se puede entregar los expedientes singularizados -al menos las resoluciones y antecedentes que forman parte de los expedientes- tarjando la información privada y todos los datos personales del opositor.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos, mediante Oficio N° E14543, de fecha 28 de agosto de 2020, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25° de la Ley de Transparencia y 47° de su Reglamento.

Mediante presentación, de fecha 14 de septiembre de 2020, el órgano reclamado remitió sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su respuesta. Sobre lo anterior, hizo presente que, atendida la oposición deducida por el tercero, el órgano reclamado quedó impedido de proporcionar la información requerida, en conformidad de lo establecido en el artículo 20° de la Ley de Transparencia.

Adicionalmente, expresó que, en el caso de especie concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b), toda vez que, la tramitación de los expedientes consultados aún se encuentra en curso y no existe una resolución definitiva.

6) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25° de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero interesado, mediante Oficio N° E16886, de fecha 5 de octubre de 2020, a fin de que presentara sus descargos y observaciones, haciendo mención expresa a los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la documentación requerida

A la fecha del presente Acuerdo, no consta que el tercero interesado hubiere presentado descargos u observaciones al presente reclamo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de los antecedentes consultados por el peticionario, referidos a las copias de los expedientes administrativos que se singularizan, sobre solicitudes de regularización de inmuebles. Al efecto, respecto de dicha información, el órgano comunicó al reclamante que se encontraba impedido de entregar lo requerido, fundado en la oposición formulada por el tercero interesado, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley de Transparencia, por tratarse de documentos que contienen información que puede afectar los derechos de persona que indica. Asimismo, con ocasión de sus descargos, hizo presente que, en la especie concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, por tratarse de expedientes aún en curso, que no tienen una resolución definitiva. Por su parte, el tercero interviniente, expuso que, los expedientes requeridos contienen datos personales -en conformidad de lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada-, y su divulgación constituyen una afectación a sus derechos comerciales y patrimoniales, considerando, adicionalmente, el eventual uso que se le puede otorgar a la información pedida.

2) Que, primeramente, con respecto a la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, esgrimida implícitamente por la SEREMI y alegada por el tercero involucrado, cabe tener presente que, dicho precepto permite denegar el acceso a la información «cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico». Sobre la referida causal de secreto, este Consejo ha establecido como criterio, que para verificar la procedencia de una causal de reserva, se debe determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación negativa, la que a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, circunstancia que en este asunto no se produce, toda vez que este Consejo no advierte el modo en que la publicidad del expediente previamente individualizado afectaría los derechos del tercero interviniente, en circunstancias de que se trata de un proceso de regularización -pendiente de resolución-, que puede ser objeto de la oposición de otros interesados que aleguen derechos sobre el inmueble, en conformidad de lo establecido en el artículo 11°, inciso final del Decreto Ley N° 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella: «No obstante, los terceros tendrán el derecho a oponerse desde el momento en que se acoja la solicitud a tramitación».

3) Que, en línea con lo anterior, esta Corporación estima que, el tercero interviniente no ha explicado ni acreditado suficientemente, cómo la entrega de lo requerido, afectaría sus derechos, limitándose a señalar que lo pedido se trataría de información de índole personal y patrimonial. Al efecto, esta Corporación advierte que, el fundamento sostenido por el tercero en su oposición -en orden al eventual uso que podría otorgarle el tercero interesado, formulando una oposición al procedimiento de saneamiento ya iniciado, sin estar en posición de una legitimación activa -, en el cual basa su negativa a entregar la información pedida, a juicio de este Consejo, no resulta suficiente para acreditar una afectación a un derecho específico y determinado, en conformidad con lo previsto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que el oponente sólo se limita a invocar un mero interés, al pretender con su denegación que se evite el eventual mal uso de la información, en caso de ser ésta divulgada, razón por la cual el perjuicio alegado tendría también carácter eventual e incierto. De este modo, en la especie resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 7° N° 2 del Reglamento del cuerpo legal citado -ratificado en la Instrucción General N° 10, sobre procedimiento administrativo de acceso a la información en su punto 2.4-, el cual excluye del ámbito de la causal de reserva invocada la alegación de un simple interés, como ha sucedido en la especie.

4) Que lo anterior permite a este Consejo concluir, tal como se sostuvo en la decisión recaída en el amparo C216-12, que un mero interés no es suficiente para justificar la reserva de la información, no reuniéndose, por ende, los elementos constitutivos de la afectación invocada, esto es, ser una afectación presente o probable y con suficiente especificidad a un derecho determinado, por tal razón la oposición en análisis deberá ser desestimada.

5) Que, además, ante lo alegado por el tercero en su oposición, cabe tener presente que, de conformidad con el artículo 11° letra g) de la Ley de Transparencia, que consagra el principio de no discriminación, los órganos de la Administración del Estado deberán entregar la información a todas las personas que la soliciten sin exigir expresión de causa o motivo. En consecuencia, la finalidad que persiga el requirente al solicitar la información no resulta determinante al momento de resolver su entrega o denegación. Por tales motivos, este Consejo desestimará la causal de reserva invocada en este punto y las alegaciones formuladas por el tercero en esta parte, sin perjuicio de lo que se resolverá, respecto de los datos personales y sensibles de contexto incorporados en los expedientes administrativos solicitados.

6) Que, con respecto a la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia que fuere esgrimida por el órgano requerido, cabe hacer presente que, se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente «tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas». Además, según lo previsto en el artículo 7 N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes «todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios». Así, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos rol C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

7) Que, sobre lo anterior, este Consejo, no advierte la verificación del 2° requisito exigido por la jurisprudencia para la procedencia de la causal de reserva de la especie, esto es, que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, pues la SEREMI no aportó suficientes antecedentes que permitan acreditar de manera indubitada y fehaciente la manera en que la entrega de la información pedida produciría una afectación presente o probable con suficiente especificidad en el cumplimiento de las funciones del organismo. En tal sentido, el órgano requerido sólo puntualizó que, la tramitación de los expedientes consultados aún se encuentra en curso y no existe una resolución definitiva, no especificando la forma o la manera en que la entrega de la información requerida podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones y consecuentemente, el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, teniendo en consideración que por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva. En efecto, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entrega, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. Por lo anterior, se desestimarán las alegaciones de la SEREMI, en cuanto a la concurrencia de la referida causal.

8) Que, en cuanto a la publicidad de los antecedentes consultados, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que «son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen». En este sentido, cabe tener presente que de conformidad con el criterio que ha venido reiterada y sistemáticamente aplicando este Consejo, a partir de las decisiones de los amparos Roles C396-12, C1196-12, C438-13, C1045-15, C2397-16, C1867-17, C6260-18, C1269-19, C593-20 entre otros, la información consultada es de naturaleza pública. En efecto, se trata de antecedentes relativos a la regularización de un inmueble, conforme al procedimiento regido por el decreto ley N° 2.695, de 1979 -que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella-, el cual establece un procedimiento para que los poseedores materiales de determinados inmuebles soliciten al Ministerio de Bienes Nacionales que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de aquéllos, a fin de que puedan adquirir su dominio por prescripción. Por lo expuesto, la información referida a los respectivos expedientes sobre los cuales versa el requerimiento de información tiene el carácter público.

9) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente; tratándose de información de naturaleza pública; no configurándose en la especie la afectación de derechos invocada implícitamente por el órgano reclamado y alegada por el tercero interesado; y, no habiéndose acreditado suficiente y fehacientemente la hipótesis de reserva consagrada en el 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, esto es, la afectación del privilegio deliberativo del órgano reclamado, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega de los antecedentes consultados.

10) Que, con respecto a la información que se ordenó proporcionar, en virtud del Principio de Divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por Comunidad Liberato Reinao, en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante copia del expediente folio N° 75.048, de noviembre de 2017, y de expediente folio N° 89.206, de noviembre de 2018, con respecto de persona que individualiza.

En virtud del Principio de Divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la Comunidad Liberato Reinao; al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos; y, al tercero interesado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.