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Juan Ignacio Bravo Alvarez con Consejo para la Transparencia Rol: 77-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 25/01/2021

Director del Servicio Registro Civil interpone reclamo de ilegalidad en contra de la decisión del Consejo de Transparencia, que ordenó al Servicio entregar copia del informe de evaluación psicolaboral relativa a concurso de Juez Tributario Aduanero. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza la reclamación de ilegalidad deducida.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Mireya Eugenia Lopez M
  • Rafael Andrade Díaz

Texto completo:

Santiago, veinticinco de enero de dos mil veintiuno.

Vistos:

Primero: Que con fecha 10 de febrero de 2020, comparece Juan Ignacio Bravo Álvarez, director del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública (s), interponiendo reclamo de ilegalidad en contra de la decisión del Consejo Directivo del Consejo de Transparencia en la sesión ordinaria N° 1065 del 16 de enero de 2020 que ordenó al Servicio Civil entregar copia del informe de evaluación psicolaboral relativa al concurso de Juez Tributario Aduanero de la región de Valparaíso.

Explica que el 27 de julio del 2019, don Carlos Salinas Bruzzone ingresó una solicitud en el Sistema de Información y Atención ciudadana de la Dirección Nacional de Servicio Civil, requiriendo que se le entregara el informe de evaluación psicolaboral, evacuado por la empresa consultora Provinculo, y que tuvo a la vista para eliminar del concurso para el cargo de Juez Tributario Aduanero al señor Salinas. Dicha solicitud fue respondida por el Servicio, indicando que de conformidad a lo dispuesto por las letras b) y d) el inciso cuarto del artículo 55 de la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública tienen el carácter de confidencial las referencias entregadas por terceros sobre los candidatos y las opiniones expertas y evaluaciones emitidas por empresas especializadas en selección de personal.

En razón de lo anterior el Servicio entregó el informe al candidato, omitiendo ambas informaciones. El fundamento para la reserva de información se encuentra en el N° 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, el que señala: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 5) Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política".

El 5 de agosto de 2019, el requirente dedujo recurso de amparo ante el Consejo de la Transparencia, fundado en que el recurrente habría entregado una respuesta incompleta o parcial a su solicitud de información.

Habiéndose dado traslado al Servicio, éste reiteró su argumentación respecto a la reserva legal de los antecedentes solicitados. Sin embargo, el Consejo resolvió en favor del señor Salinas, ordenando que se le entregara copia de su evaluación psicolaboral.

En cuanto a la ilegalidad reclamada, sostiene que el Consejo en el considerando tercero, sostiene que el artículo 55 de la Ley N° 19.882 señala que: "El proceso de selección y sus antecedentes tendrán el carácter de públicos, sin perjuicio de las reservas que expresamente establezca la ley".

Con todo, serán públicos los siguientes antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, sólo una vez nombrado el alto directivo público o declarado desierto el concurso: a) Los antecedentes curriculares de quien sea nombrado, debiendo resguardarse sus datos sensibles en conformidad con la ley, y b) Los puntajes finales de los candidatos incluidos en las nóminas a las que se refieren los artículos quincuagésimo y quincuagésimo segundo de esta ley, resguardando la reserva de la identidad de las personas nominadas.

En particular la letra b) al referirse a los puntajes finales de los candidatos, en la interpretación del Consejo para la Transparencia, no se agota con entrega del puntaje obtenido por el candidato y su correspondiente clasificación como idóneo o no, sino que dicha información debe incluir el informe evacuado por la consultora.

Al Respecto, el recurrente sostiene que tratándose de una solicitud de información regulada por la Ley de Transparencia, se debe realizar un análisis a la luz de los artículos 13 y 21 de dicha ley, luego analizar la confidencialidad y reserva de la información solicitada, es en este último punto donde el recurrente discrepa puesto que estima que el informe de la consultora es información reservada de conformidad al artículo 55 letra b) y d) de la Ley N° 19.882.

Así, mientras el Consejo estima que la mención la letra b) del artículo 55 de la citada Ley se aplica a todo el proceso del concurso. El Servicio Civil entiende que dicha disposición se aplica de forma transversal a cualquier etapa del proceso, pero las letras b) y d) del inciso 4° de dicho artículo se aplican específicamente a los elementos del Informe de Evaluación que se genera específicamente en la etapa denominada Evaluación Gerencial-Psicolaboral, los cuales habrían sido protegidos especialmente por el legislador.

El recurrente no cuestiona que el inciso 3° de la disposición lega citada, se aplique de forma transversal, sino que esto debe aplicarse en la medida que no vulnere la confidencialidad de los elementos señalados en el inciso siguiente de la misma disposición.

Agrega que, la decisión del Consejo fue acordada con el voto en contra del presidente del Consejo don Jorge Jaraquemada quien estuvo por rechazar el amparo, en consideración a que el informe psicolaboral es una evaluación que un tercero realiza del candidato, dicho informe es subjetivo ya que se trata de la evaluación de las competencias del oponente, de modo que no constituye un dato sensible, en consecuencia, el solicitante no está legitimado para solicitar dicha información. Así también, el voto considera que la divulgación del informe puede provocar dificultades en el proceso de selección y restarle eficacia al proceso de reclutamiento y selección, motivo por el cual legislador dio el carácter de confidencial a dicho informe.

Junto con lo anterior, alega que la jurisprudencia citada por el Consejo se refiere a casos de informes psicolaborales que se realizaron en el marco de concursos no regulados por las reglas de confidencialidad del Sistema de Alta Dirección Pública

En una segunda línea argumentativa, referida a la titularidad del solicitante sobre los datos contenidos en el informe de evaluación, fundada en la aplicación de la Ley de protección de la vida privada, el recurrente estima que no se configura dicha situación, toda vez que el informe es elaborado sobre las conclusiones de un tercero con competencias especiales para determinar la capacidad y habilidades del postulante al cargo, por lo tanto se trata de una opinión subjetiva del psicólogo evaluador que no contiene información intima del oponente, ni datos de salud o de otro tipo que deban considerarse sensibles dado que la evaluación, si bien se basa en información entregada por el evaluado, esta se refiere a características y experiencia laboral.

Concluye solicitando que se deje sin efecto la referida decisión del Consejo de Transparencia que le ordena entregar copia del informe de evaluación psicolaboral.

Segundo: Se solicitó informe Consejo de Transparencia, quien al evacuarlo señala que el amparo deducido por el señor Salinas fue acogido estimando que el amparado solicitó su propia información y que el legislador consideró procedente la entrega del resultado de la evaluación al postulante que la solicite, según lo señalado expresamente en el inciso 3° del artículo 55 de la Ley N° 19.882.

Agrega que en la elaboración del informe el concursante ha participado entregando una serie de datos personales y otros relativos a su vida privada, resulta, entonces, plenamente justificado que el interesado tome conocimiento de las impresiones vertidas en el informe de evaluación psicolaboral, puesto que es el titular de dichos datos de conformidad a lo establecido en el Art. 19 N° 4 de la Constitución Política y la Ley N° 19.628.

Sobre la controversia planteada respecto a la interpretación del inciso 3° del artículo 55 de la Ley N° 19.882 en concordancia con el inciso 4°, el recurrido sostiene que el Servicio omite cualquier tipo de consideración a los casos de excepción de la confidencialidad establecida en el inciso 4°. En efecto señala que, la confidencialidad no se aplica cuando es el propio postulante quien solicita su informe. En este sentido, sostiene que la confidencialidad establecida por el legislador no es absoluta.

Sobre la improcedencia de la aplicación de la Ley N° 19.628 sobre protección de datos alegada por el recurrente, el Consejo sostiene que es la propia Ley N° 19.882 que precisamente obliga a resguardar los datos sensibles de los candidatos, en conformidad con la ley, lo que corrobora que sí recaba y efectúa tratamiento de dicha categoría de datos personales.

Afirma que la forma de presentar el debate es completamente errada y se debe precisamente a que el Servicio Civil desea evitar discutir sobre la procedencia de la aplicación de la letra c) del inciso 4° del citado artículo y las excepciones a la reserva que establece dicha norma, pues ésta se remite al inciso 3°, el que excluye el carácter confidencial y permite que cada postulante pueda solicitar su puntaje final y el resultado de su evaluación, puesto que respecto del postulante, al ser el titular de esos datos, no pueden tener el carácter de reservados.

Agrega que, el Servicio Civil plantea que el legislador estableció que la vulneración de la confidencialidad de los antecedentes contemplados en el inciso 4° del artículo qincuagésimo quinto de la Ley N° 19.882, por todo el lapso a se refiere el inciso 6°, afectaría el debido cumplimiento de las funciones de los órganos indicados en dicho inciso y la adecuada operación del Sistema de Alta Dirección Pública. A su juicio, lo anterior constaría en la historia fidedigna del establecimiento de la Ley N° 20.955, que modificó la Ley N° 19.882, en esta materia, por lo que además invoca la causal de reserva consagrada en el Art. 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

Respecto de la invocación del artículo 21, el recurrido sostiene que Dirección Nacional del Servicio Civil se encuentra imposibilitada de reclamar de ilegalidad sobre la base de la causal de reserva consistente en la afectación del debido cumplimiento de sus funciones y la adecuada operación del Sistema de Alta Dirección Pública, conforme a la limitación establecida en el inciso 2° del Art. 28 de la Ley de Transparencia, cuyo tenor es claro al sostener que no le asiste la facultad de interponer un reclamo de ilegalidad al órgano de la Administración por las causales de secreto o reserva de información contenidas en el Art. 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, dejando de manera exclusiva y excluyente entregada la consideración, ponderación y resolución de dicha causal al Consejo para la Transparencia. A continuación, cita abundante jurisprudencia de esta Corte que reconoce la imposibilidad de fundar el reclamo en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

Afirma que, considerando el sentido y alcance de las modificaciones legales introducidas por la Ley N° 20.955 a la regulación de la Ley N° 19.882, que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica, este Consejo no comparte la interpretación realizada por la Dirección Nacional de Servicio Civil, en el sentido de estimar que la expresión "resultado de su evaluación" utilizada por el legislador se agote con la entrega de la parte conclusiva del informe proporcionado por la empresa consultora, esto es, el puntaje final del postulante y su calificación de "no idóneo" para el cargo; sino que por el contrario, el reconocimiento que hace el legislador en el sentido que los postulantes a los concursos tienen derecho a acceder a su propia información, recoge la actual jurisprudencia de este Consejo, ratificada por los tribunales, en materia de evaluaciones psicolaborales, esto es, que los datos contenidos en dichos informes son datos personales sensibles conforme lo dispuesto en el artículo 2°, letra g) de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, respecto de los cuales el postulante solicitante es su titular. De esta forma, la expresión "resultado de su evaluación" no puede sino referirse al contenido mismo de la valoración y apreciación de los datos personales vertidos en dicho informe psicolaboral.

Aceptar la interpretación del Servicio Civil implica entender que "calificación final" y "resultado de su evaluación" corresponden a la misma información, puesto que conociéndose la calificación final del postulante se conoce su categoría de "idóneo/a", "idóneo/a con observaciones" o "no idóneo/a", lo que tornaría completamente inútil la excepción de la reserva efectuada por el legislador en el inciso 3°, y las contra excepciones a la confidencialidad contempladas en las letras c) y d), del inciso 4° antes citado.

Junto con lo anterior, sostiene que las alegaciones vertidas por la Dirección Nacional del Servicio Civil, en el presente reclamo de ilegalidad, resultan contradictorias con sus actos propios, puesto que con ocasión de la decisión de amparo C-511-19 y una vez que fue notificada de la misma, procedió a dar cumplimiento a dicha decisión a través de correo electrónico enviado al solicitante, con fecha 15 de octubre de 2019, entregándole una copia de su informe psicolaboral emitido por la empresa consultora respectiva, relacionado con el concurso público al cual postuló.

Por último, rechaza la solicitud de costas por estimar que la decisión recurrida se tomó dentro del ámbito de sus competencias.

Tercero: En cumplimiento de la normativa del ramo, se agregó el recurso en forma preferente para su vista extraordinaria.

Cuarto: Que, en un primer orden de ideas, la regla general es que la información generada, distribuida, recibida, gestionada y almacenada en y por la administración pública, es también pública. En ciertos casos, que constituyen la excepción, la información puede revestir el carácter de reservada y/o secreta y, es misión del Consejo para la Transparencia, resolver en cuanto al fondo de las peticiones que le sean efectuadas al respecto, mediante la respectiva Decisión Amparo.

El recurso en contra de las decisiones del Consejo para la Transparencia no es un recurso de alzada, ni de fondo. Es una reclamación, por decisiones ilegales que el referido organismo cometa en la dictación de sus Decisiones Amparos, motivo por lo cual el rol del Tribunal ad quem, es verificar la existencia o no de las supuestas infracciones normativas que se esgrimen en contra de aquellas.

Quinto: Que, es un hecho reconocido por ambas partes que el señor Salinas Bruzzone participó en el concurso para Juez Tributario Aduanero de la región de Valparaíso, y que no resultó seleccionado para el cargo.

Que a continuación, el señor Salinas solicitó al Servicio Civil que le entregase copia del informe de su propia evaluación psicolaboral, solicitud que fue respondida por el referido Servicio indicando que de conformidad a lo dispuesto por las letras b) y d) el inciso cuarto del artículo 55 de la Ley N° 20.285, lo solicitado por el señor Salinas tiene el carácter de confidencial por cuanto se trata de referencias entregadas por terceros sobre los candidatos y las opiniones expertas y evaluaciones emitidas por empresas especializadas en selección de personal, en razón de lo cual el Servicio entregó el informe al señor Salinas omitiendo ambas informaciones, haciendo referencia que el fundamento para tal reserva de información se encuentra en el N° 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

Que, ante la referida negativa, el señor Salinas Bruzzone recurrió en tiempo y forma al Consejo de Transparencia, el que en su sesión ordinaria N° 1065 de fecha 16 de enero de 2020 ordenó al Servicio Civil entregarle copia de su informe de evaluación psicolaboral relativa al concurso ya indicado.

Sexto: Que, la controversia jurídica versa entonces respecto de si la decisión del Consejo para la Transparencia, de ordenar al Servicio Civil entregar a don Carlos Salinas Bruzzone copia del informe de su propia evaluación psicolaboral relativa al concurso de Juez Tributario Aduanero de la región de Valparaíso en el que participó, vulnera o no las letras b) y d) del inciso cuarto del artículo 55 de la Ley N° 20.285, en relación con el N° 5 del artículo 21 y el artículo 13 , de la propia Ley de Transparencia.

Séptimo: Que el inciso 3° del artículo 55 de la Ley N° 19.882 es expreso y claro al establecer que cada postulante podrá solicitar su puntaje final y el resultado de su evaluación.

De la citada norma se desprende que al ser el titular de esos datos la persona que los solicita, no pueden tener el carácter de reservados. En otros términos, la confidencialidad pretendida por el recurrente no se aplica cuando es el propio postulante quien solicita su propio informe.

Que lo preceptuado en el inciso cuarto del mismo artículo 55, no constituye una excepción a aquello establecido en el citado inciso tercero, por cuanto se refiere a información que no guarda relación con aquella que es propia y exclusiva del interesado

El reconocimiento que hace el legislador en el sentido que los postulantes a los concursos tienen derecho a acceder a su propia información ha sido resuelta en este mismo sentido por esta Corte de forma reiterada, esto es, que en materia de evaluaciones psicolaborales y los datos contenidos en dichos informes, resultan ser datos personales sensibles conforme lo dispuesto en el artículo 2°, letra g) de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, respecto de los cuales el postulante solicitante es su titular, y tiene derecho a ellos.

Octavo: Yerra entonces el recurrente al afirmar que en mérito del N° 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, existe reserva de la información solicitada por el señor Salinas, por cuanto solo ha pedido aquello que se refiere a su propia evaluación, de la que es titular y por ende tiene derecho a pedir, como ya se dijo, y su petición no guarda relación con aquello referido en esta norma.

Noveno: Que, por lo expresado, la entrega al señor Salias Bruzzone de la copia de su propio informe de evaluación psicolaboral relativa al concurso de Juez Tributario Aduanero de la región de Valparaíso en el cual participó, no vulnera de manera alguna información confidencial, como ha esgrimido el recurrente.

Décimo: Que, conforme a lo que se ha venido razonando, lo decidido por el Consejo por la Transparencia, no atenta en contra de lo dispuesto por las normas sobre protección de datos personales, letras b) y d) el inciso cuarto del artículo 55, artículo 21 N° 5, todos de la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley de Transparencia.

Con el mérito de lo expuesto, esta Corte solo puede declarar que no existe el vicio que se reprocha a la Decisión del Consejo Directivo del Consejo de Transparencia en la sesión ordinaria N° 1065 del 16 de enero de 2020 que ordenó al Servicio Civil entregar a don Carlos Salinas Bruzzone copia del informe de su propia evaluación psicolaboral relativa al concurso de Juez Tributario Aduanero de la región de Valparaíso, lo que necesariamente llevará al rechazo del reclamo de ilegalidad deducido en su contra.

Por estas consideraciones, citas legales antes señaladas y de conformidad al artículo 28 de la Ley N° 20.285, se rechaza la reclamación de ilegalidad deducida por Juan Ignacio Bravo Álvarez, director del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública (s), en contra de la decisión del Consejo Directivo del Consejo de Transparencia en la sesión ordinaria N° 1065 del 16 de enero de 2020 que ordenó al Servicio Civil entregar copia del informe de evaluación psicolaboral relativa al concurso de Juez Tributario Aduanero de la región de Valparaíso.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Jorge Benítez Urrutia.

Contencioso Administrativo N° 77-2020.

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Mireya Eugenia Lopez M., Ministro Suplente Rafael Andrade D. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, veinticinco de enero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.