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ARMADA DE CHILE con Consejo para la Transparencia Rol: 169-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 19/01/2021

Se interpone recurso de ilegalidad contra decisión del Consejo para la Transparencia. Corte rechaza el recurso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • María Soledad Melo Labra
  • Maritza Elena Villadangos F.
  • Omar Antonio Astudillo Contreras

Texto completo:

Santiago, diecinueve de enero de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Ruth Israel López, Abogada Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa el Estado, en representación de la ARMADA DE CHILE, quien interpone reclamo de ilegalidad en contra del CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, atendida la decisión de amparo Rol C3086-19, adoptada por su Consejo Directivo el 10 de marzo de 2020.

Menciona como antecedentes del reclamo, que doña Carolina Gaete Salgado, solicitó información respecto a la hoja de vida y calificaciones de un funcionario de la Armada de Chile, la cual fue rechazada con fecha 25 de abril de 2019, puesto que el tercero afectado se opuso a la entrega de antecedentes, cuestión que la institución consideró debidamente justificada. Luego, el día 29 del mismo mes y año, la requirente reclamo está negativa ante el Consejo para la Transparencia, instancia en que se acogió totalmente su solicitud, y se ordenó hacer entrega al "reclamante de la HOJA DE VIDA y CALIFICACIONES del Capitán de Navío AB (r) Valentín Diaz Gracia. Lo anterior, previa reserva de todos aquellos datos personales".

Sostiene, que en el presente caso es procedente la causal de reserva y secreto contempladas en la ley, a propósito de la especial regulación que tienen las Fuerzas Armadas dentro de la Administración del Estado. Por una parte, indica que los artículos 21 N° 3 y 5 de la Ley 20.285, se refieren a que es procedente la denegación de información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la nación, y cuando se trate de documentos que una ley de quorum calificado haya declarado reservados o secretos.

Lo anterior, en relación con el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que menciona entre documentos secretos los relativos a las planta o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile y de su personal.

Por otra parte, argumenta que las hojas de vida forman parte del sistema de calificación y proceso de selección de las instituciones armadas, cuyas sesiones y actas son secretas. Asimismo, menciona como fundamento de su reclamo el artículo 34 letra a) y b) de la Ley N° 20.424.

Estima, asimismo, que procede la causal de reserva y secreto contempladas en los artículos 21 N° 2 y 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto la Ley N° 19.628, "Sobre Protección de la Vida Privada" y 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

Argumenta, en este sentido, señalando que en las hojas de vida de sus funcionarios se registran además datos de carácter personal y aquellos a los cuales la ley les ha otorgado el carácter de sensibles.

Al respecto, menciona que, para justificar el rechazo de la aplicación de esta causal en el presente caso, el Consejo para la Transparencia alegó la necesidad de ponderar la afectación efectiva al bien jurídico protegido, cuestión que no se ajusta a derecho, por cuanto no hay norma que establezca la facultad de cuestionar la constitucionalidad de una norma legal de quorum calificado por disposición de la Constitución Política.

En razón de lo anterior, solicita se acoja el reclamo, declare la ilegalidad de la decisión de amparo, dejándola sin efecto, y declarando que la Armada de Chile actuó conforme a derecho al negar acceso a la información solicitada.

Segundo: Que evacuando el informe requerido, la Directora General del Consejo para la Transparencia, señora Andrea Ruiz Rosas, solicita el rechazo del reclamo en todas sus partes.

Argumenta que la información contenida en las hojas de vida de funcionarios públicos es pública en virtud de lo dispuesto en artículo 8° de la Constitución Política de la República y los artículos 5°, 10° y 11, letra C), de la Ley 20.285, ya que versa sobre su carrera funcionaria, su calificación y desempeño en el ejercicio de las funciones para las cuales fueron contratados, sirviendo su contenido de fundamento para la adopción de decisiones en los respectivos procesos calificatorios.

Así, indica que la hoja de vida de la ex oficial consultada obra en poder de un órgano de la Administración del Estado, fue elaborada con presupuesto público y ha servido de fundamento de resoluciones o actos administrativos dictados por la Armada de Chile en los respectivos procesos calificatorios a los que fue sometido el Sr. Díaz Gracia.

Luego, alega que la Armada de Chile carece de legitimación activa para invocar la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley 20.285, por cuanto el tercero fue notificado en todas las etapas del procedimiento, inclusive de la decisión de amparo y resolvió no reclamar de ilegalidad.

En subsidio a la falta de legitimación activa, arguye que la publicidad de la hoja de vida de un funcionario público, no se encuentra comprendida en la hipótesis de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley 20.285, por cuanto se relaciona con el cumplimiento de los principios de probidad y transparencia, aplicable a quienes se desempeñan en órganos públicos o en aquellos creados para el cumplimiento de funciones administrativos.

Señala que la decisión recurrida no vulnera el derecho al respeto y protección de la vida privada y la protección de datos personales consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución, y la Ley 19.628. Al respecto, refiere que el Consejo ha tenido a la vista información completa contenida en las hojas de vidas de otros ex funcionarios de la Armada, lo que le ha permitido determinar que no es efectivo que se afecte su vida privada u honra.

Refiere que no basta la existencia e invocación de una norma a la que se le atribuya el carácter de ley de quorum calificado que establezca el secreto de ciertos antecedentes, para configurar la causal de reserva. Estima que es necesario que la publicidad afecte alguno de los bienes jurídicos señalados en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución.

Asimismo, expone que las hojas de vida de los funcionarios de las Fuerzas Armadas no son reservadas, puesto que la Ley 20.424, no constituye una norma legal que permita reservar dichos documentos.

Por último, manifiesta que la decisión no es ilegal, puesto que la publicidad de la hoja de vida no afecta la seguridad de la nación.

Tercero: Que, notificada doña Catalina Gaete Salgado, hizo presente algunas consideraciones relativas a las razones por las cuales solicitó la información.

Indicó que es periodista, debidamente acreditada de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 19.733, y la información pedida se inserta en una investigación periodística, relacionada con conflictos de interés, entre la industria farmacéutica y el sector público de la salud en Chile.

Da a conocer algunos aspectos del proyecto periodístico y la necesidad de contar con algunos datos relacionados con el Director de Cenabast, don Valentín Díaz Gracia, ex funcionario militar de la Armada de Chile.

Cuarto: Que, como lo ha sostenido este Tribunal, la finalidad que persigue la Ley N° 20.285 es plasmar el mandato que contiene el artículo 8 de la Constitución Política de la República, que establece que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, salvo excepciones legales; y regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información. Los principios que informan la referida ley son los de relevancia, de libertad de información, de apertura o transparencia, de máxima divulgación, de oportunidad y de gratuidad.

Quinto: Que, en efecto, debe consignarse que, la Constitución Política de la República señala, en su artículo 8°, que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

También la Constitución Política asegura el derecho de acceso a la información pública como una manifestación de la libertad de opinión y a recibir información (art. 19, N° 12), que se encuentra reconocido en la Carta Fundamental como un mecanismo esencial para la plena vigencia del régimen democrático y de la indispensable asunción de responsabilidades, unida a la consiguiente rendición de cuentas que éste supone por parte de los órganos del Estado hacia la ciudadanía, sin perjuicio que representa, además, un efectivo medio para el adecuado ejercicio y defensa de los Derechos Fundamentales de las personas.

La relevancia de este derecho público subjetivo queda de manifiesto al observar que, reconocido inicialmente a nivel legal, fue posteriormente incorporado a la Carta Política por la reforma de agosto de 2005, como una de las bases de la institucionalidad, principio fundamental del Estado Constitucional y democrático de derecho que funda el ordenamiento fundamental, donde la publicidad es la regla y el secreto la excepción. Tal preceptiva, que sin distinción obliga a todos los órganos del Estado, exige de éstos que den a conocer sus actos decisorios -tanto en sus contenidos y fundamentos- y que aquellos obren con la mayor transparencia posible en los procedimientos a su cargo, circunstancia que se relaciona con el derecho de las personas a ser informadas.

Con todo, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado tiene justificadas excepciones que contempla la Constitución, las que dicen relación con los valores y derechos que la publicidad pudiere afectar, referidas todas ellas explícita y taxativamente en la norma constitucional antes transcrita y que sólo el legislador de quórum calificado puede configurar. Se sigue de ello que la interpretación de dichas excepciones debe efectuarse restrictivamente.

En cumplimiento del mandato constitucional fue dictada la Ley N° 20.285 de Acceso a la Información Pública que preceptúa, en lo que interesa, que "la función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella" (art. 3°). También que "el principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley" (art. 4). Por último, que "en virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado" (art. 5).

Por lo demás, cabe observar que la referida legislación establece dos mecanismos de transparencia. Uno, denominado transparencia activa, que consiste en la obligación de los órganos públicos de difundir o poner a disposición del público determinada información. Y transparencia pasiva, traducida en la obligación de entregar determinada información a los ciudadanos cuando éstos la soliciten.

El legislador creó el Consejo para la Transparencia como un órgano autónomo de la Administración del Estado con el fin de hacer efectivo el principio de publicidad previsto en la Carta Política y es en esa línea que lo dotó de facultades para conocer reclamos respecto de actos emanados de entidades que forman parte básicamente de la Administración del Estado. ( Excma. Corte Suprema Rol 1824-2019).

El derecho de acceso a la información pública es un derecho implícito que, como otros -entre ellos el derecho a la identidad personal o al desarrollo libre de la personalidad-, nuestro orden constitucional asegura a toda persona y, por tal consideración, merece íntegra protección.

Sexto: Que corresponde en primer término, hacerse cargo de la alegación formulada por el CPLT, en el sentido de estimar que la recurrente carece de legitimación activa para reclamar, como ha ocurrido en la especie.

En cuanto a la falta de legitimación activa, conviene traer a colación lo que ha dicho la Excma. Corte Suprema sobre la materia (Queja Rol 42422019), "...el principio de publicidad recae en la información emanada de los órganos del Estado y referida exclusivamente a la función pública. En este entendido, si bien no es posible poner en duda la participación del Ejército de Chile en el procedimiento de solicitud de información en que el objeto de la misma está constituida por datos que se encuentran bajo su custodia, lo cierto es que sin duda su intervención deberá estar referida a la defensa de aspectos institucionales, a la seguridad de la nación o a la seguridad pública. En otras palabras, el Ejército de Chile puede oponerse a la entrega de información requerida, en la medida que comparezca defendiendo el interés institucional, el cual habrá de estar relacionado con alguno de los aspectos indicados previamente, cuestión que no se advierte en autos como bien lo han entendido las sentenciadoras del fondo".

En el mismo antecedente, sostuvo que, "distinto sería el caso si a través de la develación de antecedentes reservados de interés individual - como los que se requieren en la especie- el Ejército compareciere acreditando la afectación de la Institución, de fines institucionales o de la seguridad de la nación. Sin embargo, en la situación de autos, resulta ostensible e indudable que el compareciente lo ha hecho en defensa de fines particulares como lo son el honor y la honra de los Oficiales a quienes aplicó sanciones en el mes de septiembre del año 2015 y que aún se mantienen en servicio activo. Lo anterior queda demostrado desde que, como ya se adelantó, no encuadró sus alegaciones en ninguna de las causales del artículo 21 de la Ley N° 20.285".

Séptimo: Que, en este orden de ideas, y centrándonos en el caso en estudio, aparece que frente a una solicitud planteada por doña Carolina Gaete Salgado, requiriendo información respecto a la hoja de vida y calificaciones de un funcionario de la Armada de Chile, ella fue rechazada con fecha 25 de abril de 2019, puesto que el tercero afectado se opuso a la entrega de antecedentes, cuestión que la institución consideró debidamente justificada.

Frente a ello, la señora Gaete dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Armada de Chile, fundado en haber recibido respuesta negativa, por oposición de terceros. El Consejo admitió a tramitación el amparo, confirió traslado a la Armada de Chile, la que emitió sus descargos.

Por otra parte, se le confirió traslado del amparo al ex funcionario de la Armada por el cual se consulta, mediante Oficio N° E10.021, de fecha 27 de julio de 2019, en su calidad de tercero a quien se refiere la información solicitada, a fin que presentara sus descargos y observaciones al presente amparo. El señor Díaz Gracia por medio de presentación efectuada el 12 de agosto de 2019, reiteró su oposición a la entrega de la información solicitada, manifestada ante el órgano reclamado, dando a conocer los argumentos para sustentar dicha negativa.

Tal interesado, no reclamó de la ilegalidad de la decisión adoptada por el Consejo.

Octavo: Que, de lo hasta ahora indicado, aparece que la reclamante no tiene legitimación activa para hacerlo, desde que, luego de oídos sus argumentos y defensas, no ha demostrado haber comparecido defendiendo el interés institucional, sino más bien el de un ex funcionario cuyos antecedentes se requieren, por lo que habrá de concluirse que carece de legitimación activa para accionar como lo ha hecho.

Noveno: Que, sin perjuicio de lo anterior, debe destacarse en cuanto al fondo de la cuestión sometida a conocimiento de esta Corte, que el constituyente ha dispuesto la publicidad sólo respecto de "los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen", declaración precisa y carente de toda ambigüedad que conduce a concluir, basados en su claro tenor literal, que el acceso a la información, respecto de los órganos del Estado, sólo se refiere o abarca sus actos y resoluciones, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, carácter que indudablemente no comparten las hojas de vida funcionaria.

Décimo: Que, la decisión de amparo que viene reclamada dispuso:

"hacer entrega al reclamante de la HOJA DE VIDA y CALIFICACIONES del Capitán de Navío AB (r) Valentín Diaz Gracia. Lo anterior, previa reserva de todos aquellos datos personales tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía del funcionario, peso y altura, religión y también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado al funcionario. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de la misma ley. Conjuntamente con ello, se deberá tarjar los datos de su cónyuge.".

Undécimo: Que, del análisis de la normativa señalada y de los antecedentes de autos, esta Corte concluye que, en la especie, la información que se ha ordenado entregar no afecta la seguridad de la Nación o el interés nacional, tampoco que ella deba ser considerada secreta, y por lo tanto estar vedada su publicidad, toda vez que se refiere a antecedentes de carácter personal del propio reclamante, y en ningún caso, se trata de información sustantiva que diga relación con actividades de inteligencia.

Duodécimo: Que, por otra parte, el Consejo reclamado, aplicando el principio de divisibilidad, dispuso que "...Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de la misma ley. Conjuntamente con ello, se deberá tarjar los datos de su cónyuge.", lo que está en consonancia con la normativa que protege la privacidad del afectado.

Décimo tercero: Que, por lo hasta ahora razonado, no se advierte la existencia de un actuar ilegal de la reclamada, por lo que el arbitrio impetrado habrá de ser desestimado.

Por estas consideraciones, normas citadas y lo dispuesto en la Ley N° 20.285, se rechaza, sin costas, el reclamo deducido por doña Ruth Israel López, Abogada Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa el

Estado, en representación de la ARMADA DE CHILE, en contra del

CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, atendida la decisión de amparo Rol C3086-19, adoptada por su Consejo Directivo el 10 de marzo de 2020.

Se estima innecesario emitir pronunciamiento en relación con lo dispuesto en el inciso final del artículo 30 de la Ley 20.285.

Se previene que el Ministro señor Astudillo no concurre a la decisión, en cuanto se acoge la falta de legitimidad activa alegada, por las razones que siguen:

1.- La resolución de reclamos por denegación de acceso a la información constituye un contencioso administrativo, en que una de sus partes debe ser siempre y necesariamente el órgano de la administración. Si el CPLT deniega la información parece evidente que el legitimado para reclamar es el particular requirente. Empero, si el CPLT da lugar a la entrega de la información pedida, el sujeto legitimado no puede ser ese particular, sino que podrá serlo el órgano de la Administración que se ve obligado a entregarla, precisamente por decisión del CPLT;

2.- La circunstancia de que se invoque una causal que mira al derecho o interés de un privado, no es obstáculo para ello. Desde luego, porque el organismo público es depositario de esa información, que le ha sido proporcionada, que ha recibido o que ha recopilado para el cumplimiento de sus funciones y en razón de ello. Como tal, es su custodio. Sigue a ello indicar que en el secreto está implícito el deber de no revelar la información reservada a la que se ha podido acceder. Ese deber tiene que ser observado por la Administración. Consecuentemente, cuando la Armada de Chile deduce su reclamo por la causal del artículo 21 N° 3 y 5, antes que ejercer un derecho, está cumpliendo con una obligación que el ordenamiento jurídico le asigna.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactó la Ministra señora María Soledad Melo Labra y la prevención, su autor.

N° Contencioso Administrativo-169-2020.

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio Astudillo C., Maria Soledad Melo L., Maritza Elena Villadangos F. Santiago, diecinueve de enero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a diecinueve de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.