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Ministerio de Relaciones Exteriores con Consejo para la Transparencia Rol: 654-2020

Consejo para la Transparencia, 14/01/2021

Consejo de Defensa del Estado, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores deduce reclamo de ilegalidad en contra de decisión del Consejo para la Transparencia, que acogió amparo y dispuso hacer entrega de documentos que contengan información relativa a exiliados apristas peruanos en Chile. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza el reclamo de ilegalidad interpuesto.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Jenny Book Reyes
  • Paula Rodríguez Fondón

Texto completo:

Santiago, catorce de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Que comparece doña Ruth Israel López, Abogada Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores y deduce reclamo de ilegalidad, conforme con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley N° 20.285, en contra de la decisión adoptada el 29 de septiembre de 2020, en los autos de Amparo Rol C 2193-20 del Consejo para la Transparencia, que acogió el amparo deducido por don Emilio José Díaz Ugarte y dispuso en definitiva hacer entrega al reclamante de copia de documentos que contengan información relativa a exiliados apristas peruanos en Chile, entre los años 1930 y 1945. Ello, previo tarjado o reserva de la identidad de los terceros que figuren en los antecedentes solicitados, así como aquellos datos personales de contexto, tales como, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, domicilio, entre otros, que pudieren estar detallados en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, anonimizar todo dato sensible que pueda estar contenido en la información solicitada.

Como antecedentes expone que con fecha 09 de marzo de 2020, se recibió la solicitud de acceso a la información AC001T0002533 por parte del señor Emilio José Díaz Ugarte, cuyo tenor literal es el siguiente: "Acceso y copia de documentos que contengan información relativa a exiliados apristas peruanos en Chile, entre los años 1930 y 1945".

Mediante Resolución Exenta N° 1481, de 21 de abril de 2020, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores dio respuesta a la petición, denegando la información requerida, por las razones que en dicha Resolución se explican. En definitiva, la información general solicitada, tras la búsqueda efectuada por el Servicio, refiere a 42 antecedentes entre los que se encuentran notas, oficios y telegramas, vinculados a los exiliados apristas peruanos en Chile, correspondiente a los períodos consultados.

Debido a lo anterior, el señor Emilio José Díaz Ugarte dedujo amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia.

El Ministerio oportunamente presentó sus descargos, señalando que "la divulgación de la información contenida en los documentos cuyo acceso será denegado, afectará de forma presente, probable y específica las relaciones internacionales, en particular con la República de Perú, toda vez que el contenido de dichos instrumentos, incluyen expresiones en materia de política exterior de las autoridades de Chile respecto del Poder Ejecutivo peruano, y se emitieron bajo una expectativa razonable de reserva.

En este sentido, el hecho de dar a conocer estas opiniones y expresiones, independiente del momento histórico en el cual fueron emitidas, podría ser interpretado de forma inconsistente con los principios que rigen la política exterior del Estado de Chile, así como también, deterioraría las confianzas depositadas y la buena fe entre los respectivos Gobiernos, significando, en definitiva, un desmedro del interés nacional -particularmente las relaciones bilaterales de Chile con la República del Perú- y, consecuencialmente, el debido cumplimiento de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores."

Posteriormente, como medida para mejor resolver, el Consejo Directivo de esa Corporación, con fecha 20 de agosto de 2020, estimó pertinente, para los efectos de resolver acertadamente el amparo deducido requerir a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, lo siguiente: (1°) La remisión de copia de los documentos que obran en su poder, que contengan información relativa a exiliados apristas peruanos en Chile; y (2°) Precisar detalladamente cómo la entrega de los documentos solicitados, en atención a la data de los mismos, afectaría la política exterior de Chile y las relaciones internacionales con Perú.

En dicha oportunidad, mediante Oficio RR.EE. RES N° 2779, de 08 de septiembre de 2020, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, adjuntó un informe, elaborado por la Dirección de América del Sur- dependiente de la Secretaría General de Política Exterior de esta Secretaría de Estado- que examinó nuevamente cada uno de los documentos solicitados por el reclamante, con el propósito de determinar si, con la publicidad, comunicación o conocimiento de esa información podría afectarse en términos probables y específicos el interés nacional, especialmente, las relaciones diplomáticas que mantiene Chile con la República del Perú.

Al respecto, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores manifestó que "luego de una revisión exhaustiva de cada uno de los 42 documentos, se arribó a la conclusión de que 35 de aquellos revisten de un carácter extremadamente sensible, toda vez que contienen juicios de valor de las autoridades de la época sobre la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), las que versan, entre otras materias, sobre los intentos de subversión desde Chile, los altercados con la prensa local de ese país, la denigración de figuras políticas y públicas, los ataques a delegados peruanos, amenazas a destacadas personalidades, los incidentes policiales y judiciales, es decir, se trata de situaciones delicadas que, si se difunden o publican, traerán, inmediatamente, molestia y reclamo por parte del Perú, repercutiendo, necesariamente, en las relaciones de amistad con ese país.

De esta manera, únicamente siete documentos, los cuales se singularizan, asimismo, en el documento anexo a este oficio, podrían ser considerados no muy sensibles o medianamente inocuos para los efectos de la determinación del grado de afectación al interés nacional y que esta Secretaría de Estado, como colaborador inmediato del Presidente de la República, le asiste determinar o ponderar."

Además, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores reiteró lo expresado en la Resolución Exenta N° 1481, de 2020, en el sentido que, "la divulgación de la información contenida en los documentos en cuestión, afectará de forma presente, probable y específica las relaciones internacionales, en particular con la República de Perú, toda vez que el contenido de dichos instrumentos, incluyen expresiones en materia de política exterior de las autoridades de Chile respecto a actuaciones ocurridas en el Perú y se emitieron bajo una expectativa razonable de reserva. Es necesario señalar que las relaciones que se ha mantenido la República de Chile con la Republica del Perú se han caracterizado por su fragilidad a lo largo de nuestra vida republicana, no resultando procedente disponer la entrega de los antecedentes que revisten de una naturaleza sensible para el interés nacional."

No obstante, afirma la reclamante, en su Decisión de Amparo C 2193-2020 el Consejo Para la Transparencia desestimó dichos argumentos y ordenó entregar al solicitante todos los antecedentes, con la instrucción de tarjar datos sensibles que a su juicio consideró y especificó.

En relación a los fundamentos del reclamo interpuesto, invoca las causales de secreto o reserva contemplados en los números 1 y 4 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, esto es, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido; y cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.

En lo concerniente a la causal del número 1 de la norma citada, reitera que la publicidad, comunicación o conocimiento de la información denegada en la Resolución Exenta N° 1481, de 21 de abril de 2020, afectará de forma presente, probable y específica las relaciones internacionales, en particular con la República de Perú, toda vez que el contenido de dichos instrumentos, incluye expresiones en materia de política exterior de las autoridades de Chile respecto del Poder Ejecutivo peruano y se emitieron bajo una expectativa razonable de reserva. Agrega que es necesario señalar que las relaciones que se han mantenido con el Perú se han caracterizado por su fragilidad a lo largo de nuestra vida republicana y, en tal sentido, el hecho de dar a conocer esas opiniones y expresiones, podría ser interpretado de forma inconsistente con los principios que rigen la política exterior del Estado de Chile, así como también, deterioraría las confianzas depositadas y la buena fe entre los respectivos Gobiernos, significando, en definitiva, un desmedro del interés nacional -particularmente las relaciones bilaterales de Chile con la República del Perú- y, consecuencialmente, el debido cumplimiento de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Agrega que la antigüedad de los antecedentes no cambia lo expuesto, pues los principios que rigen las relaciones internacionales, en particular con Perú, son consistentes y se mantienen sin mayor variación desde hace muchas décadas, así como los riesgos de deterioro de ésta por este motivo o cualquier similar, tampoco cambian con los años. Precisa a este respecto que el Ministerio de Relaciones Exteriores es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño, planificación, prospección, conducción, coordinación, ejecución, control e información de la política exterior que éste formule, proponiendo y evaluando las políticas y planes orientadas a fortalecer la presencia internacional del país, y velando por los intereses de Chile, con el propósito de elevar la calidad del desarrollo, seguridad y bienestar nacional -tal como prescribe el artículo 1 de la Ley N° 21.080, en concordancia a lo previsto en el artículo 32 número 15 de la Constitución Política de la República-, de manera que sólo a este órgano del Estado, como colaborador directo e inmediato de la Primera Magistratura de la Nación, le corresponde calificar si la develación de la información requerida afecta el interés nacional. Luego de citar jurisprudencia sobre la materia, afirma que no parece prudente ni procedente que otro organismo pondere esta posible afectación a las relaciones bilaterales del país, en reemplazo del órgano llamado constitucional y legalmente a tal misión, o peor aún, en contra de su parecer. No cambia lo expuesto que estemos frente a una discusión de publicidad o no de ciertos actos o resoluciones de la administración, ya que precisamente la publicidad de la información requerida afectará las funciones del organismo técnico encargado de las relaciones internacionales, como colaborador inmediato de la más alta autoridad.

Respecto a la causal del número 4 de la citada ley, afirma que el Consejo para la Transparencia, para contravenir su procedencia, se limita a concluir en el considerando 5° de la Decisión de Amparo que, "al alero de los principios definidos por la reclamada como fundamentos de la Política Exterior Chilena, específicamente la promoción de la democracia y el respeto de los derechos humanos; este Consejo advierte que, la divulgación de los antecedentes solicitados, en la medida que se trata de antecedentes vinculados a las circunstancias que rodean a personas que en su condición de exiliados políticos, vieron afectados sus derechos de libre circulación y residencia consagrados en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), implicarían un fortalecimiento de las relaciones internacionales con la República del Perú, los cuales contribuirían a esclarecer circunstancias relevantes vinculadas a los exiliados apristas peruanos entre el período consultado, y en consecuencia, fortalecer y preservar la memoria histórica nacional respecto de personas que en su condición de exiliados políticos se incorporaron a la vida nacional participando en el área de la cultura y la política chilena".

De este modo, el Consejo obvia la normativa legal vigente, en particular lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N° 21.080, en concordancia a lo previsto en el artículo 32 número 15 de la Constitución Política de la República, en el sentido que desconoce abiertamente la facultad privativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, como colaborador directo e inmediato de la Primera Magistratura de la Nación, correspondiéndole calificar si la develación de la información requerida afecta el interés nacional y, al alero de su particular apreciación, concluye que la publicidad fortalecería la relación bilateral, contradiciendo la opinión informada del órgano técnico y responsable de la misma, exacerbando así sus competencias.

Añade que la jurisprudencia ha sido consistente en clarificar el sentido de las normas y conceptos aplicables a esta causal de reserva y secreto y cita en tal sentido el fallo Rol 13510- 2013 de la Corte Suprema, recurso de queja, que señala "En efecto, si bien es cierto la expresión "interés nacional" no se encuentra definida en términos formales, no lo es menos que las reglas hermenéuticas contenidas en nuestro ordenamiento jurídico llevan a la conclusión de que, pese a su vaguedad y complejidad , en lo sustancial, ella confluye en el establecimiento de un estándar genérico encaminado a proteger un aspecto relevante del bien común de la sociedad política conformada por todos los habitantes de la nación o a la satisfacción de necesidades, objetivos o demandas propias de la comunidad nacional que, vinculadas al ámbito de las relaciones diplomáticas y a la defensa de sus aspiraciones internacionales esenciales, deben ser atendidas, evaluadas y solucionadas por los organismos estatales pertinentes bajo la dirección central del Presidente de la República, a quien el constituyente ha encargado como Jefe de Estado la conducción de los intereses del país en esta materia."

Agrega que el derecho internacional supone la buena fe y reciprocidad entre los Estados como principios fundamentales, por lo que no se puede entregar una información que otro país podría suponer reservada, pues ello implicaría una afectación al interés nacional, cuyo contenido precisa, acudiendo al autor Enrique Evans de la Cuadra en su obra "Los Derechos Constitucionales", en la cual señala que los intereses generales de la Nación "(...) expresan un bien jurídico que se relaciona directamente con la nación toda, entera, y jamás por importante que sea, con un sector de ella, y que se relaciona básicamente, con el beneficio superior de la sociedad política globalmente considerada, como un todo, sin referencia alguna a categorías o grupos sociales, económicos o de cualquier otro orden" (T. II, p. 378, Editorial Jurídica, 1986). También refiere que en este punto la jurisprudencia ha dicho que el interés nacional apunta a un beneficio para el país en su conjunto, relacionado con el bien común. El estándar apunta a la prudencia en las relaciones internacionales, en las que un desliz podría tener consecuencias, tensionándolas o dificultándolas y que el propio Consejo para la Transparencia resolvió en Decisión de Amparo Rol C 440-09 de 11 de diciembre de 2009, que para fijar el concepto de "interés nacional", debe entenderse por tal ".... un bien jurídico que se relaciona directamente con la Nación toda, entera y jamás, por importante que sea, con un sector de ella y que se relaciona básicamente, con el beneficio superior de la sociedad política globalmente considerada, como un todo, sin referencia alguna a categorías o grupos sociales, económicos o de cualquier otro orden" ... "Pues bien, precisamente un ámbito donde por naturaleza puede expresarse este interés es en la política exterior de un Estado, que debe representar al conjunto de la población."

Establecido lo anterior, cabe señalar que el numeral 4 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en análisis, ejemplifica tres casos en que se ve comprometido el interés nacional, refiriéndose en especial a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.

Agrega a este punto lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 22 de la Ley N° 20.285, que alude al tiempo que debe mantenerse en secreto o reserva un acto o documento que ha sido sometido a este régimen excepcional, y que, en su inciso tercero dispone, como regla excepcional, que la reserva debe de mantenerse indefinidamente, entre otros, cuando el acto o documento pertenezca al ámbito de la defensa nacional y su conocimiento pueda afectar la integridad territorial de Chile; la interpretación o el cumplimiento de un tratado internacional suscrito por Chile en materia de límites; la defensa internacional de los derechos de Chile, y la política exterior del país de manera grave.

Luego, hace presente las razones del voto en contra del Presidente del Consejo Para la Transparencia, don Jorge Jaraquemada Roblero, quien no comparte lo razonado en la Decisión y estima que el amparo debe ser rechazado.

Por último, señala que cabe considerar que la afectación que refiere la ley dice relación con el potencial de la capacidad de causar daño al interés nacional la divulgación de la información, afectando las relaciones internacionales; no se trata de una certeza en donde el daño ya se ha producido, toda vez que el sentido de la reserva es justamente prevenirlo y en ese sentido afirma que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha desechado la pretensión del Consejo para la Transparencia de tener facultades superiores para apreciar la efectividad del daño al bien jurídico protegido por la Constitución y la ley, al reconocer expresamente que pretende erróneamente crear por la vía interpretativa -al exigir acreditar la forma específica en que ha de verificarse el daño como consecuencia de la divulgación de determinada información- un requisito no exigido ni por la Constitución ni por la ley que regula la materia, apartándose de sus facultades legales en contravención a lo dispuesto en el artículo 7 de la Carta Fundamental.

Culmina su presentación afirmando que no cabe sino concluir que el Consejo para la Transparencia no ha respetado la concurrencia de las causales de secreto o reserva, auto otorgándose atribuciones que no posee y que corresponden exclusivamente a la Presidencia de la República con la colaboración de sus organismos técnicos; de tal manera que al controvertir la apreciación del órgano encargado, pretende dar publicidad a información cuyo conocimiento afectaría tanto el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido como también el interés nacional, en especial en lo referido a las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.

Solicita, en definitiva, acoger el reclamo y se deje sin efecto el acto cuestionado, declarando que corresponde rechazar en su integridad el amparo deducido en su oportunidad por don Emilio José Díaz Ugarte.

En su informe el Consejo para la Transparencia, luego de referirse a los hechos explicó que la Decisión de Amparo Rol C 2193-19, se ajusta a derecho y al espíritu del constituyente en materia de transparencia y acceso a la información pública, por lo que el Reclamo de Ilegalidad debe ser rechazado al no haberse incurrido en ilegalidad alguna en su dictación e insta por su rechazo.

Al efecto y previo a entrar al fondo del asunto, sostiene, en primer lugar, que el reclamo de ilegalidad debe ser desestimado por extemporáneo, haciendo presente que la decisión de amparo fue notificada a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores mediante Oficio N° E16830, de fecha 5 de octubre de 2020, el cual se despachó a través de correo electrónico de la misma fecha, a las casillas que indica, según dan cuenta los documentos que acompaña, por lo que el término legal de 15 días corridos, establecido en el artículo 28 de la Ley de Transparencia, para deducir reclamo de ilegalidad en contra de la decisión de amparo de este Consejo, venció el 20 de octubre de 2020, habiéndose interpuesto el reclamo el 22 de octubre del mismo años, afirmando la reclamante haber sido notificada el día 7 de octubre de 2020.

En segundo término, en subsidio, en cuanto al fondo del asunto, sostiene que la decisión de amparo Rol C 2193-20 se encuentra ajustada a derecho y refiere que el objeto de la controversia que motivó la interposición del reclamo de ilegalidad, de acuerdo con el tenor de los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya, se circunscribe a la obligación del órgano de otorgar acceso a los documentos que contienen información relativa a exiliados apristas peruanos en Chile, entre los años 1930 y 1945; lo que a juicio de la parte recurrente afectará las relaciones del Estado de Chile con la República del Perú, dado que el contenido de dichos antecedentes, según indica, incluyen expresiones en materia de política exterior, emitidos bajo una expectativa razonable de reserva, resultando esta publicidad contradictoria con los principios que rigen la política exterior del Estado de Chile, así como también, deterioraría las confianzas depositadas y la buena fe entre los respectivos Gobiernos de la comunidad internacional y el interés nacional, lo cual debería conducir a resguardar los datos solicitados, significando, en definitiva, un desmedro del interés nacional y, consecuencialmente, el debido cumplimiento de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores dentro del marco de la colaboración internacional, invocando las causales de reserva contenidas en los numerales 1 y 4 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

Al respecto, prosigue, el reclamo de ilegalidad es improcedente en relación a la causal del artículo 21 número 1 de la Ley de Transparencia invocada por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, argumentando que la revelación de la información contenida en los documentos cuya publicidad se ordena, afectaría el debido cumplimiento de las funciones de dicha Secretaría de Estado, al debilitar las relaciones bilaterales de Chile con la República del Perú. Agrega que, en concepto del Consejo para la Transparencia, se debe desestimar de plano entrar a conocer cualquier argumento que se relacione con la afectación de las funciones del Ministerio recurrente atendida la prohibición establecida en el artículo 28 inciso 2° de la Ley de Transparencia, que prohíbe a los órganos de la Administración del Estado, en este caso, al Ministerio de Relaciones Exteriores, reclamar de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones para impugnar lo resuelto en la tramitación del amparo por este Consejo, al pronunciarse en relación a las diversas hipótesis contempladas en el numeral 1 del artículo 21 del mencionado. Lo anterior significa en que dicha repartición ministerial, en tanto servicio público creado para el cumplimiento de la función administrativa, carece de legitimación activa para deducir la presente impugnación basada en la causal de reserva alegada.

En consecuencia, teniendo en consideración la especificidad de la parte petitoria del reclamo de autos y el tenor de los fundamentos de derecho en que se apoya, el debate se centra únicamente en determinar si esta Corporación obró conforme a derecho, al acoger el amparo deducido, desestimando la causal de reserva del numeral 4 del artículo 21 de la Ley de Transparencia respecto de la información relativa a los documentos que contengan información relativa a exiliados apristas peruanos en Chile, entre los años 1930 y 1945, previa aplicación del principio de divisibilidad.

En tercer lugar, arguye que conforme a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 28 de la Ley de Transparencia, el Ministerio de Relaciones exteriores carece de legitimación activa para reclamar de ilegalidad sobre la base de la causal de reserva consagrada en numeral 1 del artículo 21 de la Ley N° 20.285. Explica que el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentra imposibilitado de reclamar de ilegalidad sobre la base de la causal de reserva consistente en la afectación del debido cumplimiento de sus funciones, conforme a la limitación establecida en el inciso 2° del artículo 28 de la citada ley, desde que no le asiste la facultad de interponer un reclamo de ilegalidad al órgano de la Administración por las causales de secreto o reserva de información contenidas en el artículo 21 número 1 de la misma, dejando de manera exclusiva y excluyente entregada la consideración, ponderación y resolución de dicha causal al Consejo para la Transparencia, citando al efecto cuantiosa jurisprudencia que ha resuelto que la Corte no puede avocarse al conocimiento e invocación de la causal del numeral 1 del artículo 21 del mencionado cuerpo legal y a cualquier alegación formulada en la línea de la afectación al debido cumplimiento de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, por carecer de legitimación activa el órgano reclamante, para invocar tal causal de reserva como fundamento de su reclamo de ilegalidad.

En cuarto punto y para el hipotético caso de desestimarse las alegaciones previas, afirma que respecto de la información que se ordena entregar al solicitante, se determinó que no se configura la causal de reserva del artículo 21 número 1 de la Ley N° 20.285, ya que no fueron acreditados los presupuestos que la conforman, concluyendo que su divulgación no afecta el debido cumplimiento de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Refiere que la reclamante sostiene que el Consejo para la Transparencia incurrió en una ilegalidad al desechar dicha causal de reserva de afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano, desde que la misma no logró ser configurada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, puesto que sus alegaciones no resultaron suficientes para establecer su supuesto, teniendo en especial consideración para ello la naturaleza esencialmente pública de la información solicitada, que se enmarcan dentro de las funciones esenciales del órgano recurrente de autos.

Para afirmar aquello hace presente que para resolver, el Consejo para la Transparencia tuvo a la vista la información objeto del amparo, consistente en documentos que contienen información relativa a exiliados apristas peruanos en Chile, entre los años 1930 y 1945 y que dicha información no cuenta con antecedentes relativos a la política actual de contingencia internacional, con el vecino país de Perú, sino más bien, información de carácter histórico, de una data de 75 a 90 años de antigüedad, referente a notas diplomáticas, oficios, cablegramas y mensajes, emitidos por las embajadas de ambos países, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y el encargado de Negocios de Chile en Perú, los cuales dan cuenta de opiniones de las autoridades de la época sobre la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), así como del otorgamiento de asilos políticos, traslados de deportados apristas peruanos, actividades de los mismos en Chile y las medidas solicitadas al respecto, información sobre reuniones, utilización de membretes de reparticiones públicas chilenas, ingresos clandestinos al país, autorizaciones de viajes, entre otras circunstancias relativas a personeros del partido aprista peruano.

En conformidad a lo indicado, señala que dicha información detenta carácter público, tal como se razonó en la decisión reclamada, a la luz de lo dispuesto en el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política, en relación con los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, por tratarse de documentos que obran en poder del órgano reclamado, en virtud del cumplimiento de sus funciones públicas, que únicamente dan cuenta de antecedentes históricos cuya publicidad no tiene el mérito de afectar los bienes jurídicos del debido cumplimiento de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores o el interés nacional; sin que el órgano recurrido en el amparo, acreditara de forma específica y concreta dichas causales de secreto, situación que se reitera en los fundamentos del reclamo de ilegalidad en análisis y cita lo dispuesto en los artículos 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República, el inciso 2° del artículo 5°, el inciso 2° del artículo 10 y el artículo 11 letra c), todos de la Ley N° 20.285, normas que estima fijan el punto de partida. Si la información obra en poder de un organismo de la Administración Pública es, en principio, pública; para desvirtuar ello debe acreditarse que concurre una causal de secreto o reserva establecida en una Ley de quórum calificado, como exige el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política. En consecuencia, la información solicitada obra en poder de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, la cual ha sido generada con presupuesto público, en el ejercicio de las funciones y atribuciones que le confiere la ley, por lo que se considera, en principio, de carácter pública, correspondiendo la carga de la prueba del secreto a quien lo invoca. En este caso, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, durante la tramitación del amparo no logró acreditar la afectación alegada al debido cumplimiento de sus funciones, ni tampoco la reserva esgrimida en virtud del interés nacional, respecto de la información relativa a una data de 75 a 90 años de antigüedad, cuya entrega se ordena en la decisión de amparo reclamada en autos, lo que llevó a este Consejo a desestimar las causales de reserva alegadas consagradas en los numerales 1 y 4 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, el órgano se limitó a indicar en síntesis, que dicha información contenía juicios de valor de autoridades de la época (años 1930 a 1945), sobre la materia consultada, los que, en su opinión, producirían molestia de parte del Perú, alegación que fue desestimada por el Consejo para la Transparencia en su decisión, atendido que, habiendo tenido a la vista dichos antecedentes, sólo se advertía información de naturaleza histórica, sin que se explicara en forma pormenorizada, cómo se afectarían los bienes jurídicos indicados.

Para efectos de ponderar la falta de concurrencia de los requisitos de la causal de reserva improcedentemente invocada, se debe tomar en consideración que la información reclamada se refiere a funciones públicas del Ministerio de Relaciones Exteriores y al analizar las alegaciones efectuadas por la Subsecretaría en virtud de la citada causal de reserva, se pudo advertir que aquellas constituían únicamente argumentos genéricos.

Al respecto, añade que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume, sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurrió y el órgano no fundó suficientemente cómo la entrega de la información reclamada puede afectar el debido cumplimiento de sus funciones, razón por la cual, la causal alegada se desestimó.

Por otra parte, agrega que no se toma en consideración que, si bien se acogió el amparo, ordenándose la entrega de lo pedido, de igual forma se ordenó tarjar determinada información, relacionada con la vida privada y datos personales de las personas que aparecen nombradas en los documentos solicitados.

En consecuencia, asevera que el Consejo para la Transparencia resolvió el amparo aplicando el denominado "Principio de divisibilidad", contemplado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, y en este contexto, nada impide que se aplique el citado principio a la información solicitada, pues ello permite compatibilizar el acceso a la información con la reserva de los datos ya indicados y contenidos en los antecedentes ordenados entregar, ya que la reserva o secreto de la información pública, en tanto excepción al principio de publicidad, sólo debe ser utilizada en casos concretos, importantes, en que sea estrictamente necesario y se justifique hacer ceder el derecho fundamental de acceso a la información, ya que de lo contrario esta garantía se afectaría innecesariamente, en circunstancias que la regla general es la publicidad, debiendo el secreto o reserva ser aplicados de manera restrictiva, tal como se ha resuelto por el Tribunal Constitucional.

En el acápite quinto, señala que la decisión de amparo C 2193-20 no resulta ilegal al disponer la entrega de la información sobre acceso y copia de documentos que contengan información relativa a exiliados apristas peruanos en chile, entre los años 1930 y 1945, ya que la publicidad de dichos antecedentes, no tiene la potencialidad de afectar el interés nacional en forma presente o probable y con suficiente especificidad, por lo que no se configura en la especie la causal de reserva del artículo 21 número 4 de la Ley N° 20.285.

La única causal de reserva procedente alegada en el reclamo de ilegalidad de autos, corresponde a aquella contemplada en el artículo 21 número 4 de la citada ley, que señala que se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información "cuando su publicidad comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país". Al respecto, indica que resulta pertinente hacer presente que la Constitución Política en el artículo 8 consagra el mandato básico de publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, el cual, complementado con el Derecho de Acceso a la Información reconocido implícitamente en el artículo 19 número 12 de la Carta Fundamental, como una manifestación de la Libertad de Expresión, establece que el secreto o reserva es de carácter excepcional, debiendo establecerse sólo a través de una Ley de Quórum Calificado.

Durante la tramitación del amparo que originó el presente recurso, tal como se indicó en el numeral anterior del presente informe, el Consejo para Transparencia tuvo a la vista la totalidad de la información reclamada en el amparo, la que fue remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores a petición expresa del Consejo, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 26 y 34 de la Ley de Transparencia, pudiendo concluir que la entrega de la información en análisis, no vulnera el "interés nacional", razón por la cual se estimó que no concurría en la especie la causal de reserva alegada por la parte recurrente, al no contar con la potencialidad de provocar una afectación presente o probable y con suficiente especificidad, al interés de la nación desde la perspectiva de sus relaciones internacionales y/o bilaterales, máxime cuando la misma parte reclamante al dar respuesta a la señalada medida para mejor resolver, indicó que en 7 de los 42 documentos que forman parte de la información requerida, "podrían ser considerados no muy sensibles o medianamente inocuos para los efectos de la determinación del grado de afectación al interés nacional".

En la especie, las argumentaciones de la reclamante para reservar la información reclamada en el amparo Rol C 2193-20, en virtud de la causal de reserva contenida en el artículo 21 número 4 de la Ley N° 20.285 resultan forzadas y genéricas, fundadas esencialmente en criterios jurisprudenciales que no son aplicables al caso concreto, pareciendo no comprender que lo ordenado entregar no dice relación con información estratégica para las relaciones internacionales, más aun si se considera que a partir del año 2005 se modificó la legislación sobre el derecho de acceso a la información, desconociéndose la aplicación "in actum" de normas de orden público, que exigen que en cada caso concreto se efectúe un "test de daño" para constatar una real afectación a algunos de los bienes jurídicos que el propio artículo 8° de la Constitución protege, y que tanto este precepto constitucional, como la Ley de Transparencia, obligan a efectuar un test de afectación a los bienes jurídicos protegidos por las causales de reserva, al utilizar el vocablo "afectare" en cada uno de los casos en que se permite hacer ceder el derecho de acceso a la información, mediante la acreditación de causales de reserva debidamente comprobadas.

Agrega que con la promulgación de la Ley N° 20.050, se incorporó el nuevo artículo 8 de la Constitución Política, ubicado dentro del Capítulo I, denominado "Bases de la Institucionalidad", consagrándose con el máximo nivel normativo la publicidad de los actos de la administración, estableciendo que esta consagración solo puede limitarse a través de una Ley de Quórum Calificado, fundada en que: a) La publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones del órgano; b) La publicidad afectare los derechos de las personas; c) La publicidad afectare la seguridad de la Nación; y d) La publicidad afectare el Interés Nacional.

Conforme a lo anterior, a contar del año 2005, sólo a través de una Ley de Quórum Calificado se puede afectar el Principio de Publicidad de los Actos de la Administración, siempre y cuando, se afecten los bienes jurídicos protegidos que el propio artículo 8 contempla. Esta interpretación, deviene de la claridad del vocablo "afectare" en cuanto a que debe causarse un perjuicio o daño al bien jurídico si se divulga la información, de manera que no basta sólo que aquélla se "relacione" con éste o que le resulte atingente, para que se mantenga tal información en secreto o reserva, sino que se requiere para determinar si se configura o no la causal de excepción al principio de publicidad y transparencia, llevar a cabo el juicio de afectación, a cargo precisamente del Consejo para la Transparencia.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que para configurar la causal de reserva del artículo 21 número 4 de la Ley de Transparencia, respecto de antecedentes, informaciones y registros que obran en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya entrega se ordena en lo resolutivo de la decisión recurrida C 2193-20, es necesario verificar si la publicidad de la información solicitada provoca o tiene la potencialidad de provocar un daño presente o probable, concreto y específico al interés nacional, sin que sea posible presumir tal afectación, sino que ésta debe ser acreditada por los órganos administrativos que la invocan en sustento de una causal de secreto o reserva. Por ello, señala el Consejo procedió a efectuar el correspondiente examen de afectación o test de daño en concreto, a fin de determinar el perjuicio que podría traer aparejado al bien jurídico protegido invocado, la divulgación de la información requerida.

Este razonamiento, en orden al deber de los órgano obligados por la Ley de Transparencia, de acreditar la efectiva afectación del bien jurídico que justifica la pretensión de reservar información de carácter esencialmente pública, no obedece a una exigencia extra legal del Consejo para la Transparencia, sino que está establecido expresamente en el inciso 2° del artículo 8 de la Constitución Política de la República, siendo necesario y fundamental para determinar si la específica información pedida se encuentra cubierta o no por la reserva alegada y es consistente con el carácter excepcional de los casos de reserva o secreto -dado que la regla general es la publicidad y la excepción los casos de reserva o secreto-, lo que a su vez determina que la interpretación y aplicación de las causales de secreto y reserva debe ser restrictiva, aludiendo a al desarrollo doctrinario del test de daños, lo que también encuentra sustento en el artículo 5 de la Ley de Transparencia y la presunción de publicidad, establecida en el artículo 11 letra c) y el artículo 21 de la Ley de Transparencia, acreditando en forma fehaciente cómo tal publicidad pudiere afectarle, lo que en la especie no ocurrió.

Al efecto, prosigue, el órgano se mantuvo sin explicar en forma pormenorizada la afectación al debido cumplimiento de sus funciones y al interés nacional, motivo por el cual el Consejo para Transparencia se vio en la necesidad de tener a la vista la información reclamada, no advirtiéndose en su examen, que las alegaciones genéricamente invocadas por la Subsecretaría pudieran tener asidero. En este sentido, tal como se ha señalado precedentemente, los antecedentes que se observaron, son más bien de carácter históricos; y en esa línea, teniendo presente que lo pedido dice relación con "documentos que contengan información relativa a exiliados apristas peruanos en Chile, entre los años 1930 y 1945", en el considerando

6) de la decisión reclamada, se indicó que: "(...) la condición de exiliados y las actividades desarrolladas por los apristas peruanos, no era desconocida en el contexto nacional. Así, se ha reconocido la presencia que los mismos tuvieron en las editoriales y revistas chilenas y en el escenario político y cultural de nuestro país. Al efecto, cabe consignar a modo ejemplar, lo consignado en antecedentes históricos sobre el particular: "Una revista importante fue Ercilla, perteneciente a la editorial anteriormente mencionada y que a partir de 1936 estuvo dirigida por Manuel Seoane junto a Manuel Solano y Bernardo García Oquendo, todos peruanos y apristas. Esta revista causó alto impacto debido a sus artículos sobre cultura, política y economía (.) Seoane logró posicionar a la revista Ercilla como la más importante del país gracias a su influencia en círculos políticos y sus múltiples contactos, proponiendo así nuevas ideas en el periodismo chileno (...) los exiliados apristas en Chile forjaron una carrera política e intelectual de gran importancia para el país, representada en editoriales, gestión de proyectos culturales, redes políticas y difusión ideológica, que desarrolló un protagonismo político cultural ascendente en Chile, adquiriendo gradualmente importancia en torno a la cultura y el debate político (. ) los exiliados peruanos lograron desarrollar paulatinamente un proceso intelectual en el que se conformó una cultura política en torno a ideas apristas, viéndose plasmadas en sus revistas, discursos e ideas" (Hernández Toledo, Sebastián; "Apristas en Chile: circuitos intelectuales y redes políticas durante los años 1930", Revista de Historia y Geografía N° 31UCSH, 2014, págs. 81, 92, 93).

Por otra parte, los argumentos fundantes del reclamo de ilegalidad son incompletos, pues no sólo tienden a reiterar los genéricos fundamentos esgrimidos por la Subsecretaría ante el Consejo, en sede de amparo, sino, además invoca normativa que no resulta aplicable en la especie. Así, por ejemplo, se alega la aplicación del inciso 3° del artículo 22 de la ley 20.285, el cual dice relación exclusivamente a información que ya ha sido reservada en forma previa por medio de un acto administrativo, lo cual no corresponde a este caso. A su vez, los fundamentos que la parte recurrente expone ante la Corte constituyen más bien apreciaciones genéricas, citando sentencias que no resultan atingentes al caso en particular, resultando evidente la "desproporción" en el secreto alegado, que se pretende extender a la totalidad de la información requerida, lo que resulta injustificado y contrario a derecho, considerando el tipo de información, de carácter histórico, que se solicitó. En los hechos, el reclamo de ilegalidad en análisis no logra explicar claramente respecto de este caso concreto, la ilegalidad en que incurriría la decisión de amparo del Consejo para la Transparencia, el cual ponderando debidamente las causales de reserva alegadas en su decisión de amparo Rol C2193-20, determinó que aquellas -teniendo la información pedida a la vista-, no se configuraban en la especie, por cuanto el órgano no logró acreditar la necesaria vinculación entre la publicidad y una eventual afectación presente o probable y con suficiente especificidad al bien jurídico protegido con la causal de reserva del artículo 21 números 1 y 4 de la Ley de Transparencia.

La falta de pormenorización de fundamentos de parte del órgano reclamante, se ve reflejada asimismo, en inconsistencias probatorias, lo que se puede apreciar en lo expuesto en el considerando 7) de la decisión reclamada, en la siguiente forma: "Que, por otra parte, cabe hacer presente además, la inconsistencia del órgano reclamado al advertir con ocasión de la medida para mejor resolver decretada por esta Corporación que ante documentos de similar contenido, a modo meramente ejemplar, el Oficio Confidencial N° 117 y el Oficio Confidencial N° 128, ambos del Departamento Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile al Embajador de Chile en el Perú, sobre ingreso clandestino de dirigentes apristas a Chile, ha señalado por una parte, respecto del primero, que no habría inconveniente en proporcionárselos al requirente, advirtiendo respecto del segundo la necesidad de su reserva. Lo anterior, relativiza la posición del órgano reclamado respecto a la necesidad de reservar los antecedentes que fueren requeridos".

En este sentido, señala que es posible afirmar fundadamente que el Consejo para la transparencia realizó un examen detallado y pormenorizado de la información cuya publicidad se discutió en el amparo Rol C 2193-20, pudiendo sostener que la información cuya reserva se pretende por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores no da cuenta de antecedentes sensibles o confidenciales de contingencia internacional actual, en el marco de las relaciones bilaterales de nuestro país con la República del Perú, tratándose más bien de información de antigua data y contenido histórico, razones por las que no fue posible advertir una relación de causalidad clara y específica entre la publicidad de dicha información y el potencial de afectación al interés nacional, como tampoco a las relaciones internacionales de la nación.

Así las cosas, la decisión reclamada en su considerando 8) refirió que: "de la revisión de los antecedentes solicitados, si bien es cierto se advierten juicios y opiniones de diversas autoridades de la época; ministros de relaciones exteriores y embajadores de ambos países, respecto de diversos acontecimientos que involucran a los exiliados apristas y de solicitudes de gestiones de diversas autoridades nacionales y extranjeras, vinculadas a la presencia de los apristas peruanos en el país, atendida la data en que los acontecimientos consignados en los documentos solicitados ocurrieron, y la sabida participación que los mismos tuvieron en el escenario político y cultural chileno, a juicio de este Consejo, su conocimiento no supone una afectación de los bienes jurídicos, en particular del interés nacional, que con la reserva se pretende proteger. En este sentido, la preservación de la memoria histórica supone acceder a información como la solicitada, para esclarecer procesos históricos, aclarando sus principales hitos y el contexto en que se llevaron a cabo".

En conclusión, afirma que con la entrega de la información requerida, en modo alguno se revelarían los aspectos estratégicos ni sensibles relativos a las relaciones internacionales o bilaterales del Estado de Chile, ni tiene la potencialidad de deteriorar las confianzas depositadas y la buena fe entre los respectivos Gobiernos, por tratarse de antecedentes históricos que, si bien se generan en el contexto de las relaciones bilaterales, no se refieren a aspectos actualmente sensibles propios de la contingencia internacional de hoy, por lo que se concluyó que el Ministerio de Relaciones Exteriores no logró acreditar la existencia de un perjuicio presente, probable y específico al interés nacional, descartando, en consecuencia, la concurrencia de la casual de reserva del artículo 21 número 4 de la Ley de Transparencia. Dicha conclusión no se modifica por los argumentos que sostienen el reclamo de ilegalidad de autos, de carácter más bien genérico y que no realiza el ejercicio de ilustrar de qué forma dar a conocer la información solicitada, que adicionalmente tiene una data de entre 75 y 90 años de antigüedad, puede afectar el interés nacional en los términos establecidos en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, máxime si se ha aplicado en el caso de marras, el principio de divisibilidad, ordenando tarjar en forma previa, la identidad de los terceros que figuren en los antecedentes solicitados, así como aquellos datos personales de contexto, tales como, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, domicilio, entre otros, como asimismo, todo dato sensible que pueda estar contenido en la información solicitada.

En el sexto capítulo señala que la interpretación de los casos de secreto y reserva debe ser restrictiva, atendido que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental, la cual debe ser ponderada por el consejo para la transparencia por expreso mandato legal.

Indica que, de acuerdo al texto de la Ley de Transparencia, las causales de reserva son de carácter excepcional, dado que la regla general es la transparencia y las excepciones deben interpretarse de manera restrictiva, acudiendo a los fines o motivos por los cuales el ordenamiento jurídico dispuso la reserva. Por ello es que, aplicando los principios de "relevancia" y de "máxima divulgación", consagrados en las letras a) y d) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, resulta completamente ajustada a derecho la Decisión de amparo reclamada, ya que al considerarse relevante toda información que los órganos de la Administración posean, y al considerarse como pública toda información que sirva de sustento o complemento directo y esencial de los actos de dichos órganos, o que se simplemente se encuentren en su poder, cualquiera sea su formato o soporte, éstos deben proporcionarla en los términos más amplios posibles.

Por otra parte, el artículo 11 letra c) de la Ley de Transparencia consagra el principio de apertura o transparencia y existiendo una presunción legal de publicidad, el órgano público que quiere denegar el acceso a la información que le sea solicitada, debe proceder a desvirtuar tal presunción, para lo cual no basta un mera referencia a que la información requerida afecta el debido cumplimiento de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores o el interés nacional, como lo pretende la reclamante, sino que debe acreditarse el daño o afectación que la publicidad pudiere ocasionar y no solo presumirlo.

Así, la reserva o secreto de los antecedentes y documentos de los órganos de la Administración sólo debe ser utilizada en casos concretos e importantes, en que sea estrictamente necesario y se justifique ceder el derecho fundamental de acceso a la información, ya que de lo contrario esta garantía se afectaría innecesariamente, en circunstancias que la regla general es la publicidad, debiendo el secreto o reserva ser aplicados de manera restrictiva. En consecuencia, la aplicación en concreto de estos principios que inspiran la Ley de Transparencia, aconseja que la información solicitada por

En este sentido, continua, la Corte Suprema, ha reconocido que el "derecho de acceso a la información" es una garantía constitucional implícitamente reconocida en el Art. 19 número 12 de la Carta Fundamental, debiendo las excepciones ser interpretadas restrictivamente.

De acuerdo a lo expuesto, reitera que es claro que la regla general es la publicidad, siendo el secreto y reserva de carácter excepcional, por lo que a éstas últimas se les debe dar una interpretación restrictiva, debiendo aplicarse solamente en aquellos casos en que sea estrictamente indispensable y justificado, atendido que su reconocimiento afectará la garantía fundamental de acceso a información, y, asimismo, al principio de publicidad consagrada en la Carta Fundamental.

Aclarado lo anterior, refiere que es de toda lógica, que la ponderación de las causales de reserva que se aleguen, como excepciones al principio constitucional de publicidad, queda radicado en el Consejo para la Transparencia, quien, de acuerdo con el mandato del legislador, establecido en el artículo 32 de la Ley N° 20.285, tiene por objeto promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información. Enseguida, el artículo 33 de la misma ley, pormenorizando las funciones y atribuciones del Consejo para la Transparencia, dispone en sus letras b) y j) que dicha Corporación debe, resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley y velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado.

La función recién expuesta, supone ponderar las alegaciones de las partes y medios de prueba acompañados, para así poder establecer si la presunción de publicidad en el caso concreto puede o no desvirtuarse, lo que sido reconocido por la jurisprudencia que cita.

Finalmente, concluye que la decisión cuestionada se encuentra absolutamente ajustada a derecho, habiéndose dictado dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le encomendó el legislador, e interpretando la normativa conforme al artículo 8 de la Constitución Política y la Ley de Transparencia, no configurándose ninguna de las ilegalidades alegadas por la parte reclamante, por lo que pide rechazar en su totalidad el reclamo de Ilegalidad presentado, resolviendo en definitiva mantener o confirmar la Decisión de Amparo Rol C2193-20 del Consejo para la Transparencia.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

PRIMERO: Que con el propósito de analizar la materia de que trata esta reclamación, cabe, primeramente, precisar cuál es el marco de normas legales y constitucionales que la regulan.

El artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política de la República dispone: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés Nacional."

Tal consagración de la garantía constitucional determinó la promulgación, con fecha 20 de agosto de 2008, de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, la cual en su artículo 10 dispone que "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece la ley. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales."

SEGUNDO: Que la Ley N° 20.285 regula el principio de transparencia de la función pública, en virtud del cual los actos y resoluciones de los órganos de la administración del Estado, sus fundamentos, los documentos en que se sustentan o le sirvan de complemento directo o esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, estableciéndose, sin embargo, algunas excepciones.

De lo anterior, no cabe sino deducir que la publicidad de los actos públicos es un principio que nuestro ordenamiento jurídico valora y protege a través de la propia Carta Fundamental -artículo 8- y la Ley de

Transparencia -como se expresa en su artículo 1- sin embargo, el valor que se da a la publicidad de los actos de la administración no puede preponderar por sobre las funciones que la misma Constitución Política de la República y la ley entregan a los órganos de la administración del Estado. Es precisamente esta colisión de bienes los que el artículo 21 de la Ley de Transparencia resuelve, al establecer una excepción a la regla general de publicidad que rige a los órganos de la administración, basada en el fin específico que cada uno de ellos cumple.

TERCERO: Que el artículo 21 de la Ley N° 20.285 señala las hipótesis para la definición de secreto o reserva, toda vez que dicha disposición expresa: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales, b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas, c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.

3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública.

4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.

5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8 o de la Constitución Política."

CUARTO: Que, de esta manera, el artículo 21 de la Ley N° 20.285, establece diversos casos de reserva, instituyendo aquellos en los cuales puede ser denegada cierta información cuando concurren determinadas circunstancias que le otorgan el carácter de reservado o secreto, concretizando las causales de reserva que prescribe la Constitución Política de la República, además de aquella contemplada en el artículo 8 de la misma.

QUINTO: Que el presente reclamo dice relación con la solicitud de amparo iniciada en autos Rol C 2193-20 del Consejo para la Transparencia, a requerimiento de don Emilio José Díaz Ugarte, en contra de la Resolución Exenta N° 1481, de 21 de abril de 2020 de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, que denegó la solicitud de acceso y copia de documentos que contengan información relativa a exiliados apristas peruanos en Chile entre los años 1930 y 1945, fundada en las causales de reserva o secreto previstas en los numerales 1 y 4 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, por las siguientes razones:

a) La publicidad, comunicación o conocimiento de la información consignada en los documentos afectará en forma presente, probable y especifica las relaciones internaciones, en particular con la República del Perú, pues reflejan pareceres de funcionarios del servicio exterior, circunscritos dentro de la órbita de la política exterior y que se emitieron bajo una expectativa razonable de reserva:

b) La divulgación de esos antecedentes, independiente del momento en que fueron producidos, podría interpretarse de forma inconsistente con los principios que rigen la política exterior de nuestro país, como también deterioraría con alta probabilidad la confianza que mutuamente han depositado los Gobiernos de Chile y el Perú para la mantención duradera de la paz y amistad entre ambos pueblos, lo que iría en desmedro del interés nacional y, consecuencialmente, el debido cumplimiento de las funciones de esa Secretaría de Estado.

c) El Ministerio de Relaciones Exteriores es la Secretaria de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño, protección, conducción, coordinación, ejecución, control e información de la política exterior que éste formule , proponiendo y evaluando la políticas y planes orientadas a fortalecer la presencia internacional del país y velando por los intereses de Chile, con el propósito de elevar la calidad del desarrollo, seguridad y bienestar nacional, tal como prescribe el artículo 1 de la Ley N° 21.080 en concordancia a lo previsto en el artículo 32 N° 15 de la Constitución Política de la República. De manera que sólo a este órgano del Estado, como colaborador directo e inmediato de la Primera Magistratura le corresponde calificar si la develación de la información requerida afecta el interés nacional.

d) En complemento a lo señalado, la Excma. Corte Suprema, en sentencia dictada el 13 de enero de 2014, causa Rol N° 13510-2013, en lo que interesa, ha razonado que ..."la Carta fundamental y la ley dictada para desarrollar su texto normativo en esta materia disponen de manera clara e inequívoca que es el Presidente de la República como Jefe de Estado en un régimen de tipo presidencial como el nuestro a quien le corresponde exclusivamente la conducción de las relaciones internacionales del país. y, por ende, que sólo a él, mediante los organismos estatales establecidos para tal efecto en su representación, cabe calificar si una determinada decisión las afectará.".

Lo que reitera al evacuar el Oficio N° E 14166 de 25 de agosto de 2020, solicitado como medida para mejor resolver.

SEXTO: Que, además, mediante Oficio RR.EE. RES N° 2779, de 08 de septiembre de 2020, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, adjuntó 42 documentos vinculados a los exiliados apristas peruanos en Chile durante el período consultado y detalló que luego de una revisión exhaustiva de cada uno de ellos, se arribó a la conclusión que 35 de aquellos revisten de un carácter extremadamente sensible, toda vez que contienen juicios de valor de las autoridades de la época sobre la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), las que versan, entre otras materias, sobre los intentos de subversión desde Chile, los altercados con la prensa local de ese país, la denigración de figuras políticas y públicas, los ataques a delegados peruanos, amenazas a destacadas personalidades, los incidentes policiales y judiciales. En ese sentido advirtió, que se tratan de situaciones delicadas que, si se difunden o publican, traerán, inmediatamente, molestia y reclamo por parte del Perú, repercutiendo, necesariamente, en las relaciones de amistad con ese país y agregó que la divulgación de la información contenida en los documentos en cuestión afectará en forma presente, probable y específica las relaciones internacionales, en particular con la República del Perú, toda vez que el contenido de dichos instrumentos incluyen expresiones en materia de política exterior de las autoridades de Chile respecto a actuaciones ocurridas en el Perú y se emitieron bajo una expectativa razonable de reserva.

SÉPTIMO: Que, por Decisión de Amparo de 29 de septiembre de 2020, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y dispuso, en definitiva, hacer entrega al reclamante de copia de documentos que contengan información relativa a exiliados apristas peruanos en Chile, entre los años 1930 y 1945, debiendo previamente tarjarse por el órgano reclamado la identidad de los terceros que figuren en los antecedentes, así como los datos personales de contexto que pudieran estar detallados en la información cuya entrega se ordena y asimismo deberá anonimizar todo dato sensible que pudiera estar contenido en la información pedida.

Para resolver de esa manera, en síntesis, el Consejo para la Transparencia luego de analizar que no se ha señalado por el órgano reclamado de qué manera los principios fundamentales en materia de relaciones exteriores y política exterior de nuestro país se verían vulnerados y cómo dicha contravención se traduciría en una afectación del interés nacional y consecuencialmente, en el debido cumplimiento de sus funciones, agregó en el motivo 5° de la decisión que, "al alero de los principios definidos por la reclamada como fundamentos de la Política Exterior Chilena, específicamente la promoción de la democracia y el respeto de los derechos humanos; este Consejo advierte que, la divulgación de los antecedentes solicitados, en la medida que se trata de antecedentes vinculados a las circunstancias que rodean a personas que en su condición de exiliados políticos, vieron afectados sus derechos de libre circulación y residencia consagrados en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), implicarían un fortalecimiento de las relaciones internacionales con la República del Perú, los cuales contribuirían a esclarecer circunstancias relevantes vinculadas a los exiliados apristas peruanos entre el período consultado, y en consecuencia, fortalecer y preservar la memoria histórica nacional respecto de personas que en su condición de exiliados políticos se incorporaron a la vida nacional participando en el área de la cultura y la política chilena".

Posteriormente, refiere que la condición de exiliados y las actividades desarrolladas por los apristas peruanos no era desconocida en el contexto nacional, alude a las inconsistencias del órgano de la administración ante el contenido de la información que relativizan la necesidad de reserva y hace presente que la necesidad de preservar la memoria histórica supone acceder a la información solicitada, concluyendo en el motivo 9° de la decisión que no se advierte una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al interés nacional, y en consecuencia, al debido funcionamiento que del órgano reclamado se podría producir con la divulgación de lo solicitado, y al alero de los principios que rigen la política exterior establecidos por la propia reclamada, así como del interés público prevalente -atendida además la data de la información consultada- en preservar la memoria histórica nacional mediante la divulgación de lo requerido y en concordancia con el principio de trasparencia en el ejercicio de la función pública establecido en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República, en relación con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia.

OCTAVO: Que en contra de la señalada Decisión de Amparo el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores dedujo reclamo de ilegalidad, fundado en las causales previstas en los numerales 1 y 4 del artículo 21 de la Ley N° 20.085.

NOVENO: Que previo a entrar analizar los fundamentos del reclamo de ilegalidad interpuesto, cabe señalar que el plazo de interposición del mismo en contra de las resoluciones emanadas del Consejo para la Transparencia es de quince días corridos, contados desde la notificación de la resolución que acoge el amparo, la cual, de acuerdo con los antecedentes que obran en autos, fue notificada a los intervinientes mediante Oficio N° E16830, de fecha 5 de octubre de 2020, despachado a través de correo electrónico de la misma data a las casillas que indica, los que aparecen debidamente recibidos por sus destinatarios, según consta de los antecedentes aparejados a la causa, no obstante posteriormente haberse enviado materialmente el 7 de octubre de 2020, por lo que, tal como platea la reclamada, el plazo para interponerlo venció el 20 de octubre de 2020, habiéndose presentado a esta Corte una vez vencido dicho término legal) y por tanto extemporáneamente.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, siguiendo el análisis de lo discutido en autos, en relación a la primera causal invocada por el reclamante, la prevista en el artículo 21 numeral 1 de la Ley N° 20.285, esto es, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 inciso segundo del mismo cuerpo legal, resulta improcedente, toda vez que la citada norma legal prohíbe a los órganos de la Administración del Estado -en este caso al Ministerio de Relaciones Exteriores-, reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo para la Transparencia que otorgue el acceso a la información que se hubiere denegado fundada en dicha causal, como ocurre en la especie, por lo que compartiendo lo sostenido por la reclamada, resulta forzoso concluir que adolece de falta de legitimación activa, lo que obliga a desestimar el reclamo el de ilegalidad por esta causal.

UNDÉCIMO: Que, en cuanto al fondo de lo planteado en el reclamo de ilegalidad, sustentado en la causal prevista en el artículo 21 numeral 4 de la Ley de Transparencia, esto es, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país, fundada, en síntesis, en que el Consejo para la Transparencia, al resolver y decidir entregar la información en los términos que refiere la decisión, desatiende la normativa legal vigente, en particular lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N° 21.080 y 32 número 15 de la Constitución Política de la República, desde que desconoce la facultad privativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, como colaborador directo e inmediato de la Primera Magistratura de la Nación, de calificar si la develación de la información requerida afecta el interés nacional; que el derecho internacional supone la buena fe y reciprocidad entre los Estados como principios fundamentales, por lo que no se puede entregar una informaión que otro país podría suponer reservada, pues ello implicaría una afectación al interés nacional, que se compromete especialmente si se refiere a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país; que el artículo 22 inciso tercero de la mencionada Ley N° 20.285, dispone que la reserva debe de mantenerse indefinidamente, entre otros, cuando el acto o documento pertenezca al ámbito de la defensa nacional y su conocimiento pueda afectar la integridad territorial de Chile, la interpretación o el cumplimiento de un tratado internacional suscrito por Chile en materia de límites; que la afectación dice relación sólo con el potencial de la capacidad de causar daño al interés nacional la divulgación de la información, afectando las relaciones internacionales y no de una certeza en donde el daño ya se ha producido, careciendo el Consejo para la Transparencia de facultades para apreciar la efectividad del daño al bien jurídico protegido por la Constitución y la ley.

DUODÉCIMO: Que esta Corte debe examinar y tiene competencia legal, conforme a los artículos 28 y siguientes de la Ley 20.285, respecto de la Decisión de Amparo Rol C 2193-20, de fecha 29 de septiembre de 20208 de febrero de 2019, por lo que debe limitar su análisis a las razones que el servicio requerido proporcionó para denegar la información y la resolución que adoptó el Consejo para la Transparencia en dicho contexto, puesto que los demás argumentos constituyen alegaciones nuevas no contenidas en aquellos descargos y decisión que son objeto del presente arbitrio.

En tal sentido, de acuerdo con lo consignado en los motivos que preceden, lo que se arguye originariamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para justificar la negativa a entregar la información, en relación a la causal en análisis, se refiere a la afectación del interés nacional que la divulgación de la información requerida podría representar, desde que refleja pareceres funcionarios del servicio exterior, dentro de la órbita de la política exterior, emitidos bajo una expectativa razonable de reserva y que podría interpretarse de forma inconsistente con los principios que rigen la política exterior de nuestro país y deterioraría la confianza mutua de los Gobiernos de Chile y el Perú para la mantención duradera de la paz y amistad entre ambos pueblos; y, además, que de conformidad con lo previsto en los artículos 1 de la Ley N° 21.080 y 32 N° 15 de la Constitución Política de la República corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, como colaborador directo e inmediato del Presidente de la Republica, a quien está encomendada la política exterior, calificar si la develación de la información afecta el interés nacional, lo que, como se dijo, fue desestimado por la decisión del Consejo para la Transparencia, que negó la aplicación de la causal invocada.

DÉCIMO TERCERO: Que, para determinar si la información pedida se encuentra cubierta o no por la causal alegada, se debe tener en consideración que la regla general, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de la Republica, es el de publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, estableciéndose el secreto o reserva en carácter excepcional y a través de una ley de quorum calificado, por lo que la causal invocada debe interpretarse de manera restrictiva a efectos de determinar si la información requerida efectivamente se subsume en la regla legal de reserva y finalmente, se debe establecer si la divulgación de la información afecta el interés nacional, para lo cual debe aplicarse el juicio de afectación o test de daño, que es el estándar que se ha construido por la dogmática comparada, definido como el "balance entre el interés de retener la información y el interés de divulgarla para determinar si el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría causar su revelación" (La jurisprudencia del Consejo para la Transparencia sobre acceso a la información pública y seguridad de la Nación, Pablo Contreras Vásquez y Andrés Pavón Mediano Revista Ius et Praxis, Año 18, No 2, 2012, pp. 343 - 386).

Esta demostración o ponderación de los valores en conflicto y la necesidad de realizarse en cada caso concreto un "test de daños" también encuentra sustento en el artículo 5° de la Ley de Transparencia, conforme a la cual es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación, o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas" y en la presunción legal de publicidad establecida en el artículo 11 letra c) de la misma ley, que consagra el principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas, lo que lleva a concluir que el órgano administrativo, para denegar el acceso a la información solicitada, debe desvirtuar tal presunción, para lo cual no basta una mera referencia a que la información requerida afecta el debido cumplimiento de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores o el interés nacional, sino que debe acreditarse el daño o afectación que la publicidad pudiere ocasionar y no solo presumirlo.

DÉCIMO CUARTO: Que tal afectación, como se sostiene reiteradamente por la jurisprudencia, implica que debe causarse un perjuicio o daño al bien jurídico con la divulgación de la información que se requiere, de manera que no basta sólo que aquélla se relacione con el interés nacional o que le resulte atingente, para que se mantenga en secreto o reserva, sino que se debe realizar el correspondiente test de daño, el que en este caso no se produce, en atención a que no se acreditó por el órgano que lo invoca en sustento de la causal de secreto o reserva que se esgrime, sin que el mismo pueda presumirse de las solas afirmaciones contenidas en la resolución.

En efecto, teniendo en cuenta que la información solicitada dice relación con los exiliados apristas peruanos en Chile entre los años 1930 y 1945, encontrándose en el Archivo General Histórico 42 antecedentes relativos a dicha materia, consistentes en notas, oficios confidenciales y telegramas y que las razones que se entregan para denegar la información por el órgano requerido resultan del todo vagas e imprecisas, aduciendo argumentos generales y sin especificación acerca de la manera en que se produciría la afectación, pero sin referir como éste se materializaría, el Consejo para la Transparencia concluye que debe prevalecer el evidente carácter histórico de la información solicitada, atendida además su fecha y la sabida participación que los apristas peruanos exiliados en nuestros país tuvieron en el escenario político y cultural chileno, sin que resulte posible advertir una relación de causalidad entre la publicidad de dicha información y la potencial afectación al interés nacional y a las relaciones internacionales de la nación, desestimando la aplicación de la causal.

DÉCIMO QUINTO: Que lo anterior resulta aún más evidente si se tiene en consideración que en la información a cuya divulgación se accede, si bien se advierten juicios y opiniones de distintas autoridades de la época respecto de diversos acontecimientos que involucraron a los exiliados apristas y solicitudes de gestiones formuladas por autoridades de ambos países vinculadas a la presencia de los mismos en el país, se ordena omitir la identidad de terceros y los datos sensibles que pudieran contener, por aplicación del principio de divisibilidad, sin que de ellos pueda colegirse corresponda a materias que no obstante su data deban calificarse como reservadas o materia de información estratégica para las relaciones internacionales, al tenor de lo previsto en el artículo 22 de la Ley N° 20.285, como el reclamante sostiene y enarbola ahora en su libelo y en especial a su inciso 3°, el cual dice relación con información que ha sido reservada previamente por medio de un acto administrativo, lo que también permite descartar la concurrencia de la casual de reserva del artículo 21 número 4 de la mencionada ley, desde que pese aludir a temas que atañen a las relaciones exteriores, no puede estimarse que su divulgación contribuirá a deteriorar la buena fe, las confianzas depositadas y la reciprocidad entre los respectivos Gobiernos ni afecta el interés nacional dado su contenido, su fecha y la manera en que se dispuso su divulgación, ni siquiera de manera potencial puesto que se trata de sucesos ocurridos en un contexto que ya ha sido objeto de análisis histórico y publicaciones en tal sentido, como queda de manifiesto de lo señalado en la decisión de amparo.

DECIMO SEXTO: Que finalmente, ante las afirmaciones de la reclamante en cuanto a que la decisión del Consejo para la Transparencia desconoce lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N° 21.080 y 32 número 15 de la Constitución Política de la República y la facultad privativa del Ministerio de Relaciones Exteriores para calificar si la develación de la información requerida afecta el interés nacional, se debe tener en consideración que de acuerdo al artículo 32 de la Ley N° 20.085, el Consejo tiene por objeto promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información, competencia que no se encuentra limitada y que se extiende a todos los órganos sometidos a la ley, de lo que no escapa el órgano requerido, conforme con lo dispuesto en el artículo 2 del citado texto legal, por lo que nada impide su aplicación en esta materia.

DECIMO SÉPTIMO: Que conforme con todo lo expuesto, no cabe sino concluir que en el presente caso no concurren las causales de secreto o reserva esgrimidas por el órgano requerido y la Decisión de Amparo Rol C 2193-20 adoptada por el Consejo para la Transparencia con fecha 20 de septiembre de 2020, ha hecho una correcta aplicación de la normativa aplicable, motivo por el cual el reclamo no podrá prosperar.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley N° 20.285, SE RECHAZA el reclamo de ilegalidad interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado, por el Estado de Chile y en particular en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, en contra de la Decisión de Amparo Rol C 2193-20 dictada por el Consejo para la Transparencia con fecha 20 de septiembre de 2020, que acogió el deducido por don Emilio José Díaz Ugarte, en los términos que expresa.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactada por la ministra interina señora Rodríguez.

Contencioso N° 654-2020.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por la Ministra (I) señora Paula Rodríguez Fondón y el Fiscal Judicial señor Jorge Norambuena Carrillo.

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Jenny Book R., Ministra Suplente Paula Rodríguez F. y Fiscal Judicial Jorge Luis Norambuena C. Santiago, catorce de enero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a catorce de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.