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FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ con Consejo para la Transparencia Rol: 658-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 26/01/2021

Se interpone reclamo de ilegalidad en contra de la Decisión de Amparo Rol C334420, de 6 de octubre de 2020, dictada por el Consejo para la Transparencia (en adelante el CPLT), en virtud de lo señalado en el artículo 28 de la Ley de Transparencia que rechazó su solicitud de Amparo deducido en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, por no entregar la información requerida. Corte rechaza el recurso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Juan Cristóbal Mera Muñoz
  • Paola Herrera Fuenzalida

Texto completo:

Santiago, veintiséis de enero de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Rodrigo Cortés Cortés, abogado, en representación de la FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ (en adelante FALP) interpone reclamo de ilegalidad en contra de la Decisión de Amparo Rol C334420, de 6 de octubre de 2020, dictada por el Consejo para la Transparencia (en adelante el CPLT), en virtud de lo señalado en el artículo 28 de la Ley de Transparencia que rechazó su solicitud de Amparo deducido en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, por no entregar la información requerida.

Refiere que el 30 de abril de 2020 solicitó a la Inspección Comunal de Trabajo de Providencia la entrega de la totalidad de los antecedentes con arreglo a los cuales fue dictada la Resolución N° 142 y, en especial, de la información técnica relativa a los cargos que indica.

La Inspección Comunal del Trabajo de Providencia por Ord. N° 570, de 19 de mayo de 2020, respondió su requerimiento de información, expresando que un acuerdo sobre servicios mínimos supone una condición previa sin la cual no puede iniciarse un proceso de negociación colectiva reglado, esto es, en cumplimiento de la normativa establecida en el Código del Trabajo. Asimismo, que dicho acuerdo se origina en un plano privado. Luego la participación de la Dirección del Trabajo acontece por la remisión de copia del acuerdo o por haber sido requerida su intervención en hipótesis de desacuerdo. En consecuencia, no puede entregarse lo requerido, por estimar que su divulgación podría afectar, no sólo la futura acción fiscalizadora que le compete a la Dirección del Trabajo, sino que también los derechos de las personas, en especial de su vida privada, lo que configura las causales de reserva previstas en los numerales 1 letra c) y 2 del artículo 21 de la ley 20.285, 3 y 7 de la ley 19.628 sobre protección de datos personales.

Agrega que, el fundamento de su requerimiento de información es que, todos los casos considerados en la Resolución N° 142 son de especial relieve para la adecuada atención de los pacientes, por lo que es de extrema necesidad contar con la información técnica que hizo posible alcanzar las conclusiones contenidas en la referida resolución.

Indica que agregó a la solicitud que su representada y el Sindicato N° 2, el 24 de abril de 2020, suscribieron un contrato colectivo con el cual finalizó el proceso de negociación en el que pudo haberse producido la huelga que hace procedente la intervención del equipo de emergencia.

Expone que la decisión reclamada interpreta erróneamente el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, puesto que la información solicitada fue incorporada por su representada dentro del proceso de determinación de equipos de emergencia y de servicios mínimos, además, se relaciona con el proceso productivo que desarrolla la FALP, por lo que no se encuentra dentro de los supuestos de reserva o confidencialidad contenido en la norma citada.

Finalmente, pide se acoja el reclamo y se deje sin efecto la Decisión de Amparo C-3344-20 adoptada por el CPLT, con costas.

Segundo: Que, evacua informe Daniel Ibaceta Medina, abogado, en representación del Consejo para la Transparencia, formula los descargos y observaciones respecto al Reclamo de Ilegalidad deducido por la Fundación Arturo López Pérez en contra de su representado, en virtud de lo señalado en el artículo 28 de la Ley de Transparencia (LT), con motivo de la dictación de la Decisión de Amparo Rol C3344-20, solicitando que éste sea rechazado.

En cuanto al requerimiento de información de FALP a la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, el CPLT rechazó la solicitud de amparo intentada, por estimar que la información consultada sobre determinación de servicios mínimos en el contexto de un proceso de negociación colectiva, es de carácter "privado", no pudiendo accederse a ella por medio de las normas de la Ley N° 20.285.

Por otro lado, señala que el presente reclamo de ilegalidad se basa en una supuesta errónea aplicación de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la LT; en circunstancias que el argumento para rechazar el amparo se encuentra plasmado en el considerando 2° de la decisión recurrida, la que transcribe, y cuyo fundamento radica en la naturaleza privada de la información, reiterando que no puede accederse a ella a través de las normas de la Ley de Transparencia.

El CPLT indica que la reclamante confunde la información que es susceptible de derecho de acceso a la información pública con la configuración de una causal de reserva, en circunstancias que son cuestiones totalmente distintas. En primer lugar, lo solicitado debe estar comprendido en los artículos 5° y 10 de la LT, es decir, obrar en un soporte documental de aquellos a los que aluden las señaladas normas legales y, en segundo lugar, corresponde verificar si concurre o no alguna causal de secreto a su respecto.

Conforme a lo señalado, resulta improcedente que FALP funde el presente reclamo de ilegalidad en la errada aplicación de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la LT, ya que de la simple lectura de la decisión recurrida, se concluye que el Consejo reservó la información requerida, por estimar que ésta es de naturaleza privada de conformidad a los artículos 5° y 10° de la Ley N° 20.285, y no por aplicación de la causal de reserva del artículo 21 N° 2, como erradamente lo sostiene la parte recurrente.

Dicho defecto en la interposición del reclamo de ilegalidad debe bastar para rechazarlo, pues los artículos 28 y 29 de la LT, si bien permiten que en contra de las Decisiones del CPLT pueda deducirse Reclamo de Ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, se exige al reclamante que señale con precisión y claridad las normas legales o reglamentarias que se estiman infringidas en la decisión recurrida, por tratarse de un recurso de derecho estricto, lo cual no acontece en el caso de autos.

Finaliza solicitando se rechace el reclamo de ilegalidad con costas.

Tercero: Que, se trajeron los autos en relación.

Cuarto: Que, cabe señalar que, la Ley N° 20.285 regula conforme al artículo 1°, el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la información. El artículo 5°, reafirma el principio de publicidad y sus excepciones. El artículo 10, otorga a toda persona el derecho a solicitar y recibir la información de cualquier órgano de la Administración del Estado. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a la información contenida en los actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, una vez que se encuentran finalizados los procedimientos en que inciden.

Quinto: Que, al contrario, no constituye una finalidad de la citada ley permitir la divulgación a terceros de información de origen y naturaleza privadas -que pertenece a la esfera íntima de los particulares- y que obra en poder del Estado, debido a que los administrados la adjuntan con el fin de obtener un determinado pronunciamiento.

Sexto: Que, en la especie, lo que debe decidir esta Corte es si la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia debe entregar o no a la FALP, la totalidad de los antecedentes que motivaron la Resolución N° 142, de 24 de abril de 2020, sobre determinación de los equipos de emergencia y servicios mínimos.

La FALP en su calidad de reclamante estima transgredido el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285 y, por su parte, el CPLT opina que la información requerida por la FALP sobre determinación de servicios mínimos en un proceso de negociación colectiva, es de carácter "privado", no pudiendo accederse a ella por medio de las normas de la Ley N° 20.285, atendido lo dispuesto por los artículos 5 ° y 10° de la Ley de Transparencia.

Séptimo: Que, de lo anterior, se advierte que lo que sancionan las normas indicadas es la negativa injustificada de información pública que se posea, más no aquella de naturaleza privada de conformidad con los artículos 5° y 10° de la LT.

Octavo: Que, el CPLT agrega que, además, el reclamo de ilegalidad de la FALP adolece defectos formales, por cuanto la impugnación hace referencia a la infracción del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, en circunstancias, que la sentencia del CPLT razona que el requerimiento de información de la FALP debe rechazarse porque la información solicitada es de naturaleza privada.

Así las cosas, resulta evidente que la reclamante objeta una infracción inexistente, ya que como tantas veces se ha dicho, el CPLT centró la controversia en la naturaleza privada de la información pedida, por lo tanto, resulta improcedente pronunciarse sobre la infracción al artículo 21 N° 2, porque no está controvertido.

Noveno: Que, estos sentenciadores concuerdan con los fundamentos de la Decisión de Amparo Rol C3344-20, pues al rechazarse por el Consejo el acceso a la información de documentos que constituyen el fundamento de la decisión administrativa adoptada por la Inspección Comunal de Trabajo de Providencia, atendida la naturaleza privada de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 20.285.

Décimo: Que, no corresponde condenar en costas a la reclamante, por haber litigado con fundamento plausible.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la ley 20.285 se rechaza sin costas, el reclamo presentado por FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ en contra de la decisión del CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA por su Decisión de Amparo C-3344-20.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la abogado integrante Sra. Herrera Fuenzalida.

No firma el Ministro (s) señor Durán, no obstante concurrir a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado sus funciones en esta Corte.

Rol Corte N° 658-2020 (Contencioso administrativo).

Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Juan Cristobal Mera M. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, veintiséis de enero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintiséis de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.