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Alejandro Sepúlveda Maulén con Consejo para la Transparencia Rol: 659-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 18/01/2021

Se deduce reclamo de Ilegalidad en contra Decisión de Amparo pronunciada por el Consejo para la Transparencia, que rechazó solicitud de acceso a la información. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza el reclamo de ilegalidad interpuesto.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Jenny Book Reyes
  • Paula Rodríguez Fondón
  • Verónica Sabaj Escudero

Texto completo:

Santiago, dieciocho de enero de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Alejandro Sepúlveda Maulén, abogado, quien deduce reclamo de Ilegalidad, en conformidad a los artículos 28, 29 y 30 de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en contra del Consejo para la Transparencia por haber incurrido en infracciones de ley con ocasión de la dictación de su Decisión de Amparo pronunciada en caso Rol C3720-20, notificada a su parte con fecha 9 de octubre 2020, mediante el cual se rechazó su solicitud de acceso a la información.

Pide se acoja el presente recurso, dejando sin efecto la mencionada Decisión, declarándose que procede dar acceso a la información solicitada.

Funda su recurso señalando que con fecha 17 de junio de 2020, se presentó ante el Servicio Médico Legal un requerimiento de información solicitando "(...) estudio histopatológico de (...), en virtud de siguiente: Soy abobado de („.), tal como se acredita en el documento que acompaño en esta presentación. Mi representado fue condenado por la muerte de persona cuyo estudio se requiere. Luego de reuniones con un tanatologo, nos indicó que faltaría un documento para efectos de analizar alguna posibilidad para un recurso de revisión, y este es, el estudio histiopatológico (...). Es por este motivo que solicito sea enviado el estudio señalado a este abogado para efectos de revisar las posibilidades para un recurso de revisión ".

Agrega que, por medio de Ordinario N° 5563 de 23 de junio de 2020, el Servicio Médico Legal, señala acceder a la solicitud. No obstante, a continuación, aclara: "Consultada la Unidad de Histopatología del Departamento de Tanatología del Servicio Médico Legal, esta señaló: "El examen histopatológico, correspondiente al cadáver de (...), se encuentra pendiente; no es posible estimar una fecha de despacho, ya que, en la actualidad, no hay patólogos en Santiago, que realicen estos informes periciales ".

Indica que el 29 de junio de 2020, don Alejandro Sepúlveda Maulén dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en lo siguiente: "La respuesta entregada por la institución, si bien formalmente fue un sí, en la práctica implica no obtener nunca la información, ya que depende de una disponibilidad que no se tiene certeza de cuando existirá. Necesito el estudio para ayudar a una persona privada de libertad y no puedo tener incerteza absoluta sobre los plazos. Solicito que se deriven las muestras del estudio a otra región para que lo haga otro Servicio, o en último caso, enviarlas a este abogado para su análisis particular, pero encontrar una fórmula para entregar la información de alguna manera, y no entregar una respuesta tan vaga e imprecisa "

Expone que el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Médico Legal, quien refirió que "(...) el artículo 201 del Código Procesal Penal, señala "Cuando hubiere motivo para sospechar que la muerte de una persona fuere el resultado de un hecho punible, el fiscal procederá antes de la inhumación del cadáver o inmediatamente después de su exhumación a practicar el reconocimiento e identificación del difunto y a ordenar la autopsia ". "En este orden de ideas, el Servicio Médico Legal estará obligado a realizar peritajes y a evacuar los correspondientes informes solo cuando se lo soliciten los órganos jurisdiccionales y de investigación de ilícitos, haciendo referencia al Ministerio Público como titular exclusivo y excluyente de la Investigación Penal. La pericia de autopsia y sus respectivos exámenes se encuentran regulados actualmente en la Resolución Exenta N° 856 que actualiza y aprueba instrucciones y normativas sobre áreas técnicas que indica, señalando en qué circunstancias procede el estudio histiopatológico.

En este caso particular, es decir, en la pericia de autopsia consultada, no existe el deber irrestricto por parte del Servicio Médico Legal de realizar el examen histopatológico; este puede ser efectuado si ha sido considerado fundamental por el perito para establecer la causa de muerte, o ante un requerimiento expreso por parte del Ministerio Público. Sin embargo, ninguno de los dos presupuestos se han dado en la especie ".

Agrega que "La causa penal por la que se instruyó la realización de la pericia de autopsia, a la fecha se encuentra concluida por la Fiscalía.; sin perjuicio de ello, se ofició mediante ordinario No 7233, de 26 de agosto de 2020, que adjuntan, a la Fiscalía Local de Santiago Poniente, para consultar su parecer pese al cierre de su carpeta investigativa será necesario efectuar la pericia histológica. Ante una respuesta positiva de la Fiscalía, este Servicio dará curso a la pericia y obtenido el resultado, procederá a la derivación en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley No 20.285, en concordancia con el artículo noveno de la misma norma.

Refiere que "las solicitudes de acceso a la información pública, no pueden ser percibidas como un medio para la entrega de copias de pericias legales, las que se encuentran amparadas por la excepción establecida en el artículo 21 No 2 de la Ley de Transparencia, y para ordenar la realización de un examen pericial no requerido por el Ministerio Público, debido a que ello constituiría una vulneración al principio de igualdad ante la ley.

La información reclamada, insisten, no obra en poder del servicio, debido a que el perito a cargo de la causa ni el Ministerio Público estimaron conducente solicitar su realización, puesto que la causa de muerte se logró establecer sin necesidad de dicho estudio, según consta en el protocolo de autopsia No 1394-2017. En la respuesta otorgada se señaló expresamente que no se ha realizado el examen histopatológico pedido, y a menos que el Ministerio Público lo ordene, no se realizará, motivo por el cual es imposible materialmente entregar copia de sus resultados y/o proceder a la correspondiente derivación al Ministerio Público, por lo que no existió una denegación a la entrega de información.

Finalmente, hacen presente la causal del artículo 21 No 1, letra a) de la Ley de Transparencia ".

Refiere el recurrente que por medio de Oficio N° E15496 de fecha 11 de septiembre de 2020, el Consejo para la Transparencia le dio traslado ante los descargos del Servicio Médico Legal, en el que aparece que se estuviera retractando de haber acogido la solicitud por las dificultades técnicas de cumplirlo. Asevera que dado lo anterior, le parece pertinente que el Consejo reconozca que ya se generó el derecho de recibir la información solicitada, solicitud que fue bastante detallada, por lo tanto, sostiene que el Servicio no podría alegar que en realidad no entendió o interpretó de manera errada la información solicitada.

Asimismo, señala que su parte dio opciones al Servicio Médico Legal para entregar la información, por ejemplo, señalando que podría enviar las muestras a otra jurisdicción o acceder a entregarlas a su parte.

Finalmente expone que el Consejo para la Trasparencia rechazó su amparo argumentando que, si bien es efectivo que el Servicio Médico Legal utilizó en su oficio de respuesta el vocablo "se accede" a la solicitud, en el párrafo inmediatamente siguiente señaló expresamente que el estudio requerido no se había realizado, recayendo las alegaciones del reclamante al interponer su amparo, en la falta de gestión por parte del organismo en la elaboración de dicha pericia.

Añade que, se indicó por el Consejo para la Transparencia que, el artículo 10, inciso 2° de la Ley de Transparencia permite el acceso a "las informaciones contenidas en actos resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales De lo dispuesto en la norma precitada, se desprende que la petición subsidiaria realizada por el reclamante en su amparo, relativa a la entrega de "las muestras para el estudio ", comprendiendo por tal, los tejidos corporales de la víctima obtenidos en el contexto de una investigación penal, no es procedente requerirlos por la vía de una solicitud de acceso a la información pública, cuya funcionalidad y ejecución es sobre la base de la reproducción (copia) de los antecedentes que obran en poder de los órganos de la Administración del Estado, lo que no es factible dada su naturaleza.

Señala el recurrente que lo más importante en el caso de autos es que el Servicio Médico Legal había accedido a la información solicitada y las causales esgrimidas para su cambio de opinión no tienen asidero, pues si no tenía las facultades para acceder a lo solicitado, debió decirlo de esa forma desde el inicio.

Agrega que es imposible que la información solicitada vaya en desmedro de alguna investigación o crimen, toda vez que, tal como lo dice la propia institución, aquélla se encuentra cerrada, y quien la pide es una persona condenada que tuvo participación directa en los hechos y por lo tanto, uno de los más interesados en que está información sea entregada.

Refiere que olvida el Consejo para la Transparencia, que la regla general en la Ley N° 20.285 es la entrega de la información y no el rechazo, ya que la negación de información es excepcional y solo puede basarse en causas legales, pero el problema es que el recurrido no desarrolla la causal o el motivo de la negación de la información, sobre todo cuando su parte dio una alternativa a la entrega del estudio, ya que entendió que no estaba realizado, y es por eso que solicita las muestras. Reitera que es ahí donde el Consejo yerra, al decir que esa petición no corresponde al artículo 10 del signado cuerpo normativo, pero es el mismo artículo el que señala que "así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga. Es la propia ley la que dictamina que debe ser entregada la información realizada con presupuesto público (lo que se cumple en el presente caso), cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga (en este caso se piden las muestras o alguna información relacionada que permita conocer la pericia por esta parte).

Sostiene que con su decisión el Consejo vulnera al menos cuatro principios de la Ley N° 20.285: la libertad de información; apertura o transparencia; máxima divulgación y de facilitación.

Segundo: Que, comparece don David Ibaceta Medina, abogado, chileno, Director General Suplente y representante legal del Consejo para la Transparencia informa el presente recurso solicitando su rechazo.

Indica que, la controversia en el presente reclamo se centra en determinar si esa Corporación obró conforme a derecho al rechazar el amparo deducido por don Alejandro Sepúlveda Maulén en contra del Servicio Médico Legal, relativo a acceder a un estudio histopatológico de la persona que indicó, toda vez que, en relación a dichos antecedentes, este último acreditó en el marco de la tramitación del amparo Rol C3720-20, que lo solicitado no obra en su poder. Además, añadió que se deberá determinar, si resulta procedente acceder a la petición subsidiaria del recurrente, en cuanto ordenar hacer entrega a su parte de las muestras biológicas, que obran en poder del Servicio Médico Legal, para efectos de llevar a cabo el estudio forense que se ha requerido a dicha institución, en forma particular.

Expone que, conforme a la respuesta del Servicio Médico Legal, a juicio de ese Consejo, quedó de manifiesto que el requerimiento recae en información que no obra materialmente en poder de la reclamada, no siendo este último, en atención a la normativa precitada, competente para ordenar al organismo la realización de aquella pericia. En tal sentido y conforme lo dispone el artículo 3° del Código Procesal Penal, es el Ministerio Público quien tiene la potestad exclusiva de dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito, facultad normativa que no puede ser desatendida o arrogada por otro organismo en inobservancia de la ley, únicamente con base a lo expuesto en forma imprecisa por el Servicio Médico Legal en el oficio Ord. N° 5563 de 23 de junio de 2020, que corresponde a la respuesta otorgada a la solicitud de acceso del requirente de información y recurrente de ilegalidad

Sostiene que, el Consejo sistemáticamente ha sostenido que la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Afirma que esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual aquella no obra en su poder, lo que debe ser acreditado de forma fehaciente.

Pues bien señala que dicho estándar ha sido cumplido por el Servicio Médico Legal, pues si bien al responder la solicitud de información fue impreciso, tanto en la misma respuesta reclamada de amparo, como también con ocasión de los descargos, aquélla fue inmediatamente aclarada, entregando el órgano requerido una respuesta plausible, que permite acreditar fundadamente que no existe en su poder el antecedente de análisis científico solicitado, por no haber sido parte de la pericia de autopsia efectuada y que consta en el Protocolo de Autopsia N° 13942017 y no existir orden al respecto del Ministerio Público, puesto que la causa de muerte que se investigaba se logró establecer sin necesidad de dicho estudio, encontrándose la investigación penal asociada a la pericia requerida, actualmente concluida.

Refiere que si bien el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República consagra el principio de publicidad de los actos de las Administración del Estado y el artículo 4° de la Ley de Transparencia establece el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública; recogiendo el artículo 11 del citado cuerpo normativo, una serie de principios que inspiran el derecho de acceso a la información; es un presupuesto básico para el ejercicio de ese derecho que la que ha sido requerida obre en poder del órgano requerido, conforme preceptúan los artículos 5° y 10° de la legislación en análisis, los que no han sido infringidos en el caso sub lite.

Afirma e consecuencia, que en virtud de lo preceptuado en los artículos 5°, 10 inciso 2°, 11 letra a), y 13 de la Ley de Transparencia, la única información que se encuentra amparada por las disposiciones de dicha ley se refiere exclusivamente a actas, resoluciones, expedientes, contratos, o acuerdos y que se encuentre en poder de los órganos públicos, cualquiera sea su denominación, origen, fecha de creación o procesamiento, siempre que existan materialmente. Por lo tanto, por más que el reclamante sostenga que le deben ser entregados los antecedentes requeridos, lo cierto es que esa exigencia se encuentra siempre referida a información o antecedentes existentes, que se encuentren en poder de la Administración del Estado, lo que evidentemente no ocurre en el caso de autos.

Asevera que la imposibilidad legal y fáctica de ordenar la entrega de información inexistente, ha sido reconocida por los Tribunales Superiores de Justicia, tal como consta en las sentencias de la Excma. Corte Suprema Rol N° 11.383-2014; de la Corte de Apelaciones de Talca en reclamo de ilegalidad Rol N° 1411-2014 y; la Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol N° 13.009-2015, entre otros.

Expresa que en atención a lo anterior, las muestras biológicas cuya entrega material pretende el recurrente de autos, no se encuentran comprendidas en ninguna de las diversas categorías de formatos o soportes documentales señalados en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, por lo que no puede ser objeto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, por exceder manifiestamente el alcance de dichos artículos, sino que se trata en definitiva de la elaboración de un pronunciamiento, que debe ser satisfecho en virtud del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, por lo que la decisión reclamada no ha incurrido en ilegalidad alguna, lo que justificó consecuencialmente la declaración de rechazo del amparo.

En conclusión, refiere que la Decisión de Amparo Rol C3720-20 emitida por el Consejo para la Transparencia se encuentra ajustada a derecho, habiéndose dictado dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le encomendó el legislador, interpretando la normativa conforme al artículo 8° de la Constitución Política de la República; artículos 5, 10, 13, 24, 28 y 33 de la Ley de Transparencia; y demás normas legales aplicables, no configurándose ninguna ilegalidad en su adopción.

Tercero: Que, comparece doña Ruth Israel López, Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Servicio Médico Legal, quien informa solicitando el rechazo del presente recurso.

Refiere que la Ley Orgánica del Servicio Médico Legal dispone que dicho organismo tiene como objeto asesorar técnica y científicamente a los órganos jurisdiccionales y de investigación en lo relativo a la medicina legal, ciencias forenses y demás materias propias de su ámbito.

Por su parte, el artículo 201 del Código de Procedimiento Penal, dispone que "Cuando hubiere motivo para sospechar que la muerte de una persona fuere el resultado de un hecho punible, el fiscal procederá, antes de la inhumación del cadáver o inmediatamente después de su exhumación, a practicar el reconocimiento e identificación del difunto y a ordenar la autopsia ". En este orden de ideas, sostiene que el Servicio Médico Legal estará obligado a realizar peritajes y a evacuar los correspondientes informes, sólo cuando se lo soliciten los órganos jurisdiccionales y de investigación de ilícitos, haciendo referencia al Ministerio Publico como titular exclusivo y excluyente de la Investigación Penal.

Agrega que, en este caso en particular, es decir, en la pericia de autopsia de la señora Nabil Hanna Abuhadba Sarrás, no existe el deber irrestricto por parte del Servicio Médico Legal de realizar el examen histopatológico, por no estimarse por el perito necesario para determinar la causa de muerte y no solicitarlo el Ministerio Público, pese a lo cual, y a encontrarse la causa cerrada, se ofició al Ministerio Público para su pronunciamiento.

Expone que el señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, a través del Oficio FN N° 28 de 2011, complementa las instrucciones sobre la aplicación de la Ley N° 20.285 sobre Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, señalando que "lodo interviniente puede solicitar copia de la carpeta investigativa, con todo el contenido de la misma, precisamente al órgano persecutor, Ministerio Público, o al Tribunal que corresponda. En tal sentido, los órganos auxiliares del Ministerio Público, están obligados a entregar exclusivamente al fiscal la información que generen en el marco de una investigación penal, órganos que además deben guardar reserva de aquellos antecedentes, de acuerdo a lo prescrito en el inciso final del artículo 182 del Código Procesal Penal ".

Es decir, afirma que los intervinientes no requieren invocar la Ley N° 20.285 para acceder a la investigación penal, por cuanto a ellos se les aplica plenamente lo dispuesto por la norma previamente citada.

Agrega que, las solicitudes de acceso a la información pública, no pueden ser percibidas por los consultantes como un medio válido, en primer término para solicitar la entrega de copias de las pericias médico legales, debido a que estas se encuentran amparadas bajo las excepciones establecidas en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, y en segundo término, para ordenar la realización de un examen pericial no requerido ni priorizado por el Ministerio Público o ese Servicio Forense, debido a que ello constituiría una vulneración al principio de igualdad ante la ley.

Concluye que el Servicio Médico Legal no puede acceder a la solicitud del recurrente por no existir tal información en su poder, ajustando su respuesta al marco jurídico y legal vigente.

Cuarto: Que, establecido el marco constitucional y legal aplicable en la especie, se hace necesario precisar lo esencial de los cuestionamientos planteados por la reclamante de autos y el tercero interesado, que conforme a lo ya explicitado en los motivos precedentes, se circunscribió a censurar la Decisión de Amparo Rol C3720-20, adoptada por el Consejo para la Transparencia con fecha 6 de octubre de 2020, que rechazó el amparo de acceso a la información pública deducido por don Alejandro Sepúlveda Maulén en contra del Servicio Médico Legal.

En consecuencia, la controversia en la presente acción se centra en determinar si el Consejo para la Transparencia obró conforme a derecho al rechazar el amparo deducido por don Alejandro Sepúlveda Maulén en contra del Servicio Médico Legal, relativo a acceder a un estudio histiopatológico de la persona que indicó, toda vez que en relación a dichos antecedentes este último habría señalado que el anterior no obra en su poder; además de determinarse, si resulta procedente acceder a la petición subsidiaria del recurrente, en torno hacer entrega a su parte de las muestras biológicas, que obran en dicho organismo, para efectos de llevarse a cabo lo solicitado.

Quinto: Que, el sustrato jurídico que presupone el presente reclamo de ilegalidad, considera en primer lugar, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental, donde se expresa que: "El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de publicidad en todas sus actuaciones.

Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. "

Tal consagración de la garantía constitucional determinó la promulgación, con fecha 20 de agosto de 2008, de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, la que en su artículo 32° dispone que: "El consejo tiene por objeto promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información. " Además, el artículo 3° preceptúa que: "La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella.."

Es así como el artículo 4° dispone que: "Las autoridades, cualquiera que sea la denominación con que las designen y las leyes, y los funcionarios de la Administración del Estado, deberán dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública.

El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley. "

Asimismo, el artículo 2° inciso primero, indica que "Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa.

Por su parte, el artículo 5° inciso segundo del referido cuerpo normativo, establece que "Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas ".

Además, el artículo 10 de la legislación antes citada precisa que: "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece la ley.

El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales. "

El artículo 11 de la ley referida precisa que "El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios:

a) Principio de la relevancia, conforme al cual se presume relevante toda información que posean los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento.

b) Principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.

c) Principio de máxima divulgación, de acuerdo al que los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales (...) "

A su turno, el artículo 13, señala que "En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante. "

Sexto: Que por otro lado, el Consejo advirtió que, de acuerdo a lo aseverado en sus descargos por el Servicio Médico Legal, la información solicitada por don Alejandro Sepúlveda Maulén, relativo al examen histopatológico correspondiente al cadáver de la víctima, no obraba en su poder, debido a que el perito a cargo de la causa no estimó conducente efectuar su realización, sin contar a su respecto con la orden de autoridad competente en dicho sentido, puesto que la causa de muerte se logró establecer sin la necesidad de la realización de dicha diligencia, según consta en Protocolo de Autopsia N° 13942017.

Añadió además el Servicio Médico Legal, que el Ministerio Público -Fiscalía Local de Santiago Poniente- no ha ordenado la realización de dicho examen histopatológico solicitado por el recurrente, en el marco de un proceso penal -el que se encuentra actualmente concluido-, por lo que le resulta imposible -materialmente- entregar copia de sus resultados y/o proceder a la correspondiente derivación al ente persecutor, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.

Por su parte, se acreditó que el Servicio Médico Legal consultó al Ministerio Público -con ocasión del requerimiento de información objeto del amparo que en esta sede se recurre-, su pronunciamiento sobre la procedencia de la realización del referido estudio, precisando que sólo ante una respuesta positiva de la Fiscalía, dicho organismo debiera dar curso a la pericia y obtenido el resultado, lo que en la especie no aconteció.

Séptimo: Que una vez sentado lo expuesto precedentemente, se evidencia que el requerimiento recayó en primer término, respecto de información que no obra materialmente en poder del Servicio Médico Legal, no siendo además el Consejo para la Transparencia la autoridad que por ley esté facultada para decretar dicha pericia -artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República en relación con lo dispuesto en el artículo 3 del Código Procesal Penal-, en atención a que su competencia se encuentra indicada única y exclusivamente en la Ley N° 20.285.

En consecuencia, la inexistencia de la información ha sido fundada plausiblemente por parte del Servicio Médico Legal, en cuanto a las circunstancias fácticas que la rodearon -no existe en su poder el antecedente de análisis científico solicitado, por no haber sido parte de la pericia de autopsia efectuada, según obra en el Protocolo de Autopsia N° 13942017 y no contarse con una orden del ente persecutor que dispusiere la realización de dicha diligencia, puesto que la causa de muerte que se investigaba se estableció por otro medio de convicción, encontrándose por lo demás dicha etapa cerrada- y conforme a la normativa legal existente en la materia.

De esta forma, de acuerdo a lo señalado por el órgano requerido, el Consejo para la Transparencia no incurrió en ilegalidad, en cuanto rechazó el referido amparo, atendida la falta de antecedentes en el procedimiento administrativo de acceso, dada la inexistencia de la información solicitada.

Al respecto es dable aclarar, que no obsta lo razonado precedentemente, en cuanto a desestimar la ilegalidad en el actuar de la recurrida que, el Servicio Médico Legal utilizare en forma imprecisa, en su Oficio Ordinario N° 5563 de 23 de junio de 2020, en respuesta al recurrente, el vocablo "se accede " a la solicitud, dado que en el párrafo inmediatamente siguiente indicó que, el estudio requerido no se había realizado.

Octavo: Que en efecto, el principio básico para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública requiere que aquélla obre -materialmente- en poder del órgano requerido -Servicio Médico Legal-, en algún tipo de soporte o formato -actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos- de acuerdo lo preceptúan los artículos 5, 10 y 13 de la Ley de Transparencia, los que en la especie no han sido infringidos, coligiéndose dado lo antes razonado que, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo, fundado en que el actuar del Servicio Médico Legal se hizo conforme a los hechos -conteste con el principio que "a lo imposible nadie está obligado "- y al derecho aplicable, desestimándose en consecuencia, la ilegalidad en su proceder, por cuanto la recurrida actuó dentro de las atribuciones que la ley le confiere al rechazar el amparo Rol C3720-2020, en lo concerniente al tópico antes referido.

Noveno: Que de igual manera ha sido resuelto, por la Excma. Corte Suprema, en sentencia de fecha 25 de agosto de 2014, en recurso de queja Rol N° 11.383-2014, en el que se señaló:

"3°) Que el artículo 13 de la Ley N° 20.285 dispone: "En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante.

4°) Que en esas circunstancias y en consideración a lo dispuesto en el precepto citado, sólo cabe concluir que el órgano de la Administración no se encuentra obligado a entregar información requerida por no poseerla, la que según se ha dicho sólo puede tener en su poder una vez que ejerza un procedimiento de fiscalización en materia de tributos conforme a lo establecido en los artículos 59 y siguientes del Código Tributario ".

Décimo: Que por su parte, en lo relativo a la petición subsidiaria de "entrega de muestras "- tejidos corporales de la víctima obtenidos en el contexto de una investigación penal- efectuada tanto en el amparo y reiterada en el reclamo de ilegalidad, es dable indicar que aquélla -por su naturaleza- no constituye una solicitud de acceso a la información pública, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia -el que contempla soportes documentales que expresamente se determinan-, sino que consiste en el ejercicio del derecho de petición, consagrado en el artículo 19 N° 14 de nuestra Carta Fundamental, tal como razonó la decisión recurrida, debiendo por tanto dirigirse ante la Fiscalía Local de Santiago Poniente, entidad respecto de la cual el Servicio Médico Legal, ya solicitó su pronunciamiento, por lo que la decisión reclamada no reviste ilegalidad alguna.

Undécimo: Que por otro lado, los artículos 28 y 29 de la Ley de Transparencia establecen una forma de impugnación de las decisiones del Consejo para la Transparencia que denieguen o permitan el acceso a la información, situación que no ha acontecido en la especie, en cuanto se resolvió por la recurrida, que lo que se solicitada excedía los contemplado en los artículos 5 y 10 inciso segundo del citado cuerpo normativo, dado que lo pretendido no revestía la naturaleza propia que permitiría sustentar este arbitrio -el que por lo demás es de derecho estricto-, por cuanto no se pronunció sobre el fondo del asunto.

Duodécimo: Que es en ese contexto en el que cabía al recurrente fundar su reclamo, incumbiéndole precisar las normas legales que estimaba infringidas y la forma en que ello se concretaba, toda vez que el recurso establecido en el artículo 28 de la Ley de Transparencia, según se ha asentado es de legalidad.

Decimotercero: Que en consecuencia, habiéndose fundado la decisión en el incumplimiento de lo dispuesto por los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, conforme a los cuales se estimó no estar en presencia de una solicitud de acceso a la información pública, en los términos establecidos por la ley, incumbía al actor estructurar su reclamo en torno a tales normas y conclusiones jurídicas, lo que no aconteció, configurándose así un primer obstáculo para el éxito del reclamo.

Decimocuarto: Que sin perjuicio de lo anterior, cabe consignar que si bien el artículo 10 de la Ley del Transparencia consagra el derecho de toda persona a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, lo es en la forma y condiciones establecidas por dicha ley, precisando que el derecho de acceso a la información comprende el de acceder a las informaciones contenidas en actos y resoluciones, actas expedientes, contratos y acuerdos, así como toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, lo que no se corresponde con lo que se reclama en autos, según se ha desarrollado latamente en las motivaciones que preceden.

Decimoquinto: Que de esta forma, corresponde concluir que la Decisión de Amparo Rol C3720-20 emitida por el Consejo para la Transparencia se encuentra ajustada a derecho, habiéndose dictado dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le fueron establecidas, conforme lo previenen el artículo 8 de nuestra Carta Fundamental y los artículos 5, 10, 13, 24, 28 y 33 de la Ley de Transparencia, no configurándose en consecuencia ilegalidad alguna en su adopción.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley N° 20.285, se rechaza el reclamo de ilegalidad interpuesto por don Alejandro Sepúlveda Maulén en contra de la Decisión de Amparo Rol N° C-3720-2020 dictada por el Consejo para la Transparencia con fecha 6 de octubre de 2020, que rechazó el Amparo por denegación de acceso a la información deducido por el recurrente, con costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Contencioso N° 659-2020

Redacción de la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero, quien no firma por estar haciendo uso de su feriado legal.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero y la Ministra (I) señora Paula Rodríguez Fondón.

En Santiago, a dieciocho de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.