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Marelic con Consejo para la Transparencia Rol: 714-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 19/01/2021

Se interpone reclamo de ilegalidad contra la negativa de acceso a la información pública contenida en la Decisión Amparo del Consejo para la Transparencia. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza, el reclamo de ilegalidad interpuesto


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • María Soledad Melo Labra
  • Maritza Villadangos Frankovich
  • Omar Antonio Astudillo Contreras

Texto completo:

Santiago, diecinueve de enero de dos mil veintiuno.

Al folio 11; a todo, atendido el estado actual de tramitación de la causa y lo resuelto con esta misma fecha y teniendo presente además, que no se invoca un vicio o defecto que amerite la invalidación de lo actuado, no ha lugar por improcedente.

Vistos:

Comparece don Branislav Ljubomir Marelic Rokov, abogado, profesor de la Clínica de Acceso a la Información Pública e Interés Público de la Universidad Alberto Hurtado, , domiciliado para estos efectos en Cienfuegos 41, Santiago, Región Metropolitana e interpone reclamo de ilegalidad del artículo 28 de la Ley 20.285, contra la negativa de acceso a la información pública contenida en la Decisión Amparo de fecha 27 de octubre del 2020, correspondiente al Rol C5223-20 del Consejo para la Transparencia.

1.- Antecedentes:

Con fecha 17 de julio 2020 se ingresó a la Armada de Chile una solicitud de información correspondiente al período 2015 a 2020, sobre las siguientes materias: a) Número total nacional de solicitudes de interceptaciones telefónicas con finalidades de inteligencia a los Ministros de Corte de Apelaciones, reguladas en el artículo 25 de la ley N° 19.974; b) Número de esas interceptaciones telefónicas, desagregadas por año y mes y por Corte de Apelaciones; c) Número total nacional de tales solicitudes aceptadas; d) Número de dichas solicitudes aceptadas, desagregadas en un mismo archivo por año y mes y por Corte de Apelaciones.

El 14 de agosto la Armada de Chile invocó los artículos 38 y siguientes de la ley N° 19.974, sosteniendo que la información requerida se considera secreta y de circulación restringida. Recibido este rechazo, se interpuso un recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia. El día 14 de octubre fue notificada a su parte de la Decisión Amparo Rol C5223-20 que rechazó su recurso, esgrimiéndose nuevamente los artículos 38 y siguientes de la ley N° 19.974.

2.- Fundamentos de la ilegalidad:

No existe forma de afectación al funcionamiento de la institución, ya que expresar una cantidad en un número no pone en riesgo las funciones propias de la Armada de Chile. Un número no puede ser considerado secreto ni de circulación restringida. Es más, en el considerando N° 9 de la Decisión Amparo rol C5223-20 el Consejo para la Transparencia, argumentó que la información solicitada: "(...) implica la posibilidad cierta de exponer información relacionada de manera directa con las actividades de inteligencia de la Armada de Chile, por cuanto supondría facilitar o alertar sobre el actuar de dicho organismo (...)", lo que es un error. Las cifras siempre son informadas. La información requerida en relación con las escuchas telefónicas no dista en demasía de lo publicado en diversos medios de comunicación en otras áreas como datos y cifras sobre adquisiciones en el sector defensa o seguridad.

El secreto no irradia a todas las materias conexas, sino que se debe restringir específicamente al núcleo que se quiere cautelar. El número no afecta el hecho de que las interceptaciones se ejecuten o no; que se informe acerca del mero número de la actividad ejecutada no incide negativamente en el rol que cumple el Sistema de Inteligencia del Estado, ya que el puro dato estadístico no haría más que revelar que cierto acto se está realizando y en qué medida se desarrolla. El número permite responder dos preguntas muy específicas: i. ¿Se realiza o no cierta actividad? y ii. ¿En qué medida?. Desde que la potestad de interceptar teléfonos está en la norma, existe posibilidad de que se aplique, saber si fueron 10 ó 1000, no afecta el hecho de que cualquier persona pueda ser escuchada.

Por su parte en el considerando N° 10 de la decisión reclamada, se reconoce la legitimidad de la solicitud de acceso a la información del número de escuchas telefónicas, pero no a través de este mecanismo, ya que se afirma que la "vía idónea" de control es el Poder Judicial. Esta argumentación es débil si ponemos el caso de cualquier requerimiento de acceso a la información pública, ya que siempre existirán otros controles estatales coetáneos sobre lo que se solicita conocer. En otras palabras, entender que cuando existan otras "vías idóneas" de control para un asunto no procede la Ley de Transparencia, es negar el funcionamiento de todo el sistema de Acceso a la Información Pública.

2.- Divisibilidad de la información:

La institución requerida, así como el Consejo para la Transparencia, asumen que informar el número de interceptaciones telefónicas con fines de inteligencia pone en riesgo el funcionamiento de la labor de la Armada. Se debe señalar que, en base a la Ley de Inteligencia, las escuchas telefónicas no pueden ser superiores a 90 días, prorrogables por una sola vez por igual período. Es decir, cada escucha telefónica tiene una duración máxima de 180 días. El artículo 11, letra e) de la Ley 20.285, establece el llamado principio de divisibilidad, "conforme al cual si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda." Aplicando el principio de divisibilidad a este caso, nada impide entregar el número de interceptaciones pasadas, ya que estas últimas ya fueron ejecutadas. Es por eso, que se debe dar la información, a lo menos, sobre escuchas telefónicas concluidas, si es que se considera que las escuchas telefónicas vigentes presentan riesgo, lo cual, en todo caso, no puede ser efectivo por lo dicho.

Solicita se declare ilegal la decisión de Decisión Amparo Rol C5223-20 y que se ordene entregar lo pedido en la solicitud de transparencia original, formulada a la Armada de Chile.

Se apersona don David Ibaceta Medina, abogado, chileno, Director General Subrogante y representante legal del Consejo para la Transparencia, domiciliada para estos efectos en calle Morandé N° 360, piso 7 , comuna de Santiago, evacuando el informe requerido.

Expresa que para resolver las alegaciones del solicitante de información, el Consejo debió determinar si la información solicitada se encuentra amparada por la norma de reserva contenida en el artículo 38 de la ley N° 19.974 y, consecuencialmente, si concurre a su respecto una causal de reserva, específicamente aquella contenida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.

La norma del artículo 38 de la ley N° 19.974, invocada para fundar la aplicación de la causal de reserva, establece lo siguiente:

"Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos.

Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas. Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique. Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios"

Esa norma debe relacionarse y contextualizarse también con lo prescrito por los artículos 1°, 2°, 4° y 5° de la citada ley N° 19.974

Desde el punto de vista de la "reconducción material" de la norma aludida, hacia alguna de las causales de secreto o reserva enumeradas en el artículo 8° de la Constitución, el Consejo concluyó, luego de analizados la totalidad de los antecedentes, que efectivamente la divulgación de la información estadística relativa al desarrollo de actividades de inteligencia solicitada a la Armada de Chile afecta de forma presente o probable y con suficiente especificidad, el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido de información. De ese modo, determinó que concurre la causal de secreto o reserva invocada por el órgano requerido de información. En efecto, como se sostuvo en el considerando 8) de la decisión reclamada, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella afectación debe ser presente o probable y con la suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad, estándar que fue efectivamente cumplido por la Armada de Chile, en la tramitación del amparo rol C5223-20.

Consecuentemente, luego de un examen de las argumentaciones planteadas por la Armada de Chile, el Consejo compartió el criterio sustentado por dicho órgano, concluyendo que, sin perjuicio de que la información reclamada en el amparo tiene carácter estadístico, atendida la materia consultada y la desagregación que se requiere, se concluye que la misma forma parte de aquellas materias que la norma resguarda en forma específica, por tratarse directamente del ejercicio de actividades de inteligencia desplegadas por la Armada de Chile. En conformidad a lo indicado, tal como se sostuvo en el considerando 9) de la decisión reclamada, el solo hecho de pronunciarse sobre lo requerido obliga a la Armada de Chile a divulgar si dispone o no de antecedentes sobre interceptaciones de comunicaciones telefónicas con finalidades de inteligencia solicitadas y autorizadas ante los Ministros de Corte de Apelaciones, lo que implica la posibilidad cierta de exponer información relacionada de manera directa con las actividades de inteligencia desplegadas por dicha institución, todo lo cual supone divulgar aspectos cubiertos por la reserva dispuesta en el artículo 38 del cuerpo legal citado, dado que dicha hipótesis protege los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de ese organismo. En efecto, obligar a la reclamada a reconocer que ha procedido o no a ejecutar determinadas acciones, en determinadas regiones del país y en fechas específicas, para luego, divulgar dicha información, afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada y se entorpecerían las eventuales acciones de inteligencia sobre las materias relacionadas- bien jurídico protegido por el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Antes de efectuar cualquier consideración sobre el asunto de fondo, resulta preciso poner en relieve que esta clase de reclamaciones participa de los caracteres de un mecanismo de control de legalidad de la decisión que adopta en este caso el Consejo Para la Transparencia (CPLT). A su turno, el CPLT emite su pronunciamiento en función de las causales de reserva que se hagan valer y, por su lado, la competencia de esta Corte queda determinada por el contenido y alcance de la reclamación;

Segundo: El objeto de la reclamación es la decisión del CPLT de mantener la negativa de entregar cierta información relativa al número de las solicitudes de interceptación de comunicaciones, presentadas por la Armada de Chile con arreglo a las disposiciones del artículo 25 de la ley N° 19.974, precisándose aquellas que fueron aceptadas y desagregándolas por totales nacionales, por períodos determinados y por Cortes de Apelaciones;

Tercero: El artículo 8° de la Constitución Política prescribe que "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen", consagrando de ese modo - a nivel fundamental - los principios de transparencia de la función pública y de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado. Efectivamente, la transparencia y el acceso a la información constituyen mecanismos de control ciudadano de los actos de los Órganos del Estado. Por ello, en principio también, el secreto debe asumirse de un modo restringido, toda vez que extenderlo más allá de lo razonable "haría ilusorio el escrutinio público de las decisiones adoptadas por la autoridad. Importaría pedir de los administrados un acto de fe ciega en los actos de administración, impropio de un régimen gobernado por el derecho" (IC Santiago, Sentencia recaída en ingreso 7938-2010);

Cuarto: La ley 20.285 regula y concreta la expresión de tales principios. Sus artículos 5° y 10 entregan las nociones necesarias sobre lo que debe entenderse por "información pública". De ese modo surge que debe considerarse como tal aquella información que ha sido elaborada con presupuesto público y que también adquiere ese carácter cualquier otra información que "obre en poder de los órganos de la Administración". Desde esa doble perspectiva, en una primera aproximación, fluye que la información requerida puede calificarse como información pública. Con todo, una cosa es que la información pueda ser catalogada de "pública" y otra muy diferente es que deba ser de "acceso público". En tal sentido, la propia Constitución Política de la República y, por extensión, los artículos 5°, 10 y 21 de la Ley 20.285 prevén excepciones, esto es, situaciones en que está vedado ese acceso, lo que constituye el asunto que debe resolver este tribunal;

Quinto: En la especie, la causa legal invocada para mantener en reserva la información de que se trata corresponde a la contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley 20.285, conforme a la cual puede denegarse total o parcialmente el acceso a la información: "5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política".

La ley de quórum calificado -cualidad que no discute el reclamante-, que ha servido de sustento a la negativa de acceso, corresponde al artículo 38 de la ley N° 19.974, que a la letra dispone lo siguiente:

"Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos.

Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas. Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique. Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios";

Sexto: Sin perjuicio de lo que ya pueda sugerir el sentido de la norma transcrita, para fijar su alcance resulta útil acudir a su contexto. Así, cabe enfatizar que la Ley N° 19.974 tiene por objeto establecer y regular el Sistema de Inteligencia del Estado, cuyas normas se aplican a toda la actividad de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integren ese Sistema (Artículo 1°). Enseguida, el artículo 4° inciso primero de dicha ley define al "Sistema de Inteligencia del Estado" como "el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional, y que, además, formulan apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales". Por su lado, el artículo 5° de la misma ley dispone que dicho Sistema se encuentra integrado, entre otros, por las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, comprendiendo en ello entonces a la respectiva unidad de la Armada de Chile;

Séptimo: Retomando, lo primero que debe hacerse notar es que, a diferencia de otras situaciones semejantes en que la ley ha establecido la obligación de secreto o reserva con relación al funcionario que, en razón de su cargo o de las labores que ejecuta, toma conocimiento de la información; la cualidad de secretos y las restricciones para la circulación se predican y disponen inequívocamente en el mencionado 38 de la ley N° 19.974, respecto de "los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal". En suma, el secreto se establece de un modo categórico con relación al objeto, respecto de la información misma que está relacionada con las actividades de inteligencia, sin distinción alguna;

Octavo: Por lo mismo, se impone la conclusión de que los datos requeridos por el reclamante están efectivamente amparados por la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 38 de la Ley N° 19.974, de momento que se trata de registros, antecedentes e informaciones que obran en poder de la Armada de Chile en su condición de integrante del Sistema de Inteligencia del Estado y que tienen directa relación con las actividades de inteligencia reguladas en dicho cuerpo normativo. Consecuentemente, no pueden entregarse al peticionario porque la ley les ha conferido el carácter de secretos y porque su eventual divulgación pública, esto es, proporcionarla a personas o con fines distintos del propósito que justificara su recopilación, supondría comprometer los objetivos y valores que consagra la citada ley, esto es, "proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional", amén de la "consecución de los objetivos nacionales";

Noveno: A modo de corolario, entonces, la información aludida está resguardada por la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, con relación a lo que contempla el varias veces mencionado artículo 38 de la Ley N° 19.974, que se justifican por consideraciones atingentes a la seguridad de la Nación o al interés nacional, conceptos jurídicos que se identifican con los supuestos que la Carta Fundamental legitima como motivos para la exclusión de la publicidad y del acceso a la información.

Por estas razones, se rechaza, el reclamo de ilegalidad interpuesto contra la decisión de amparo Rol C5223-20 del Consejo para la Transparencia.

Redactó el ministro señor Astudillo.

Regístrese y oportunamente, archívese.

Rol N° 714-2020 (Contencioso Administrativo).