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Rodrigo Díaz Silva con Consejo para la Transparencia Rol: 3508-2020

Corte de Apelaciones de Talca, 29/01/2021

Se interpuso recurso de protección contra Consejo para la Transparencia por los actos arbitrarios e ilegales que describe y que transgreden garantías constitucionales. Corte rechaza el recurso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Texto completo:

Talca, veintinueve de enero de dos mil veintiuno.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el abogado Rodrigo Díaz Silva, domiciliado para estos efectos, en calle 30 oriente 1528 oficina 714 de la comuna de Talca, deduce recurso de protección en contra de David Ibaceta Medina, Director General (s)Consejo de la Transparencia, desconoce profesión u oficio, y en contra de Héctor Moraga Chávez, Director de Fiscalización Consejo Para la Transparencia, ambos domiciliados en calle Morandé 360 piso 7 de la comuna de Santiago, por los actos arbitrarios e ilegales que describe y que transgreden garantías constitucionales establecidas en su favor por la carta fundamental, en sus artículos 19 N° 1 y N° 4 de la Constitución Política de la República.

Hace presente que se desempeña en la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región del Maule, como abogado, en calidad contrata y el 5 de octubre de 2020, tomó conocimiento de orden emitida por los recurridos, Dirección de Fiscalización del Consejo de la Transparencia, que mediante correo electrónico de fecha 28 de septiembre de 2020 que dispone instrucción a la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región del Maule, para que efectúe la entrega de información sensible de tipo personal, ordenando entregar a un tercero un proceso administrativo "sin tarjar los nombres de los funcionarios públicos que figuren en ella (sea en calidad de fiscal, actuario, testigo, inculpado o cualquier otra".

Señala que la mencionada orden del Consejo de la Transparencia, se emite después de haber concluido un proceso Rol c2574- 20, por el cual un tercero reclamó, fuera de procedimiento legal, sobre la información entregada por la Seremi de Salud Región del Maule. Según los antecedentes de que tiene conocimiento, la Seremi de Salud Región del Maule, dió cumplimiento a la Orden de entregar copia del expediente sumarial, y resguardó la información de carácter personal, nombres, Rut, domicilios, correos electrónicos etc. Pese a que el tercero requirente de la información, le fue satisfecha su pretensión con la entrega de las piezas del expediente del sumario administrativo, no conforme con el resguardo de los datos personales, solicitó al consejo de la transparencia mediante un correo de reclamo, que se ordenara a la Seremi de Salud Región del Maule, la entrega de los nombres en el expediente. Ante la solicitud del tercero, el Consejo de la Transparencia, si mediar la debida bilateralidad de la audiencia, sin notificar a su persona sobre la mencionada solitud, adoptó la decisión de que se entregue el nombre de los intervinientes en las piezas del expediente.

Hace presente que en su calidad de recurrente, no se está frente a una función regular de la actividad pública, o ante la entrega de antecedentes de la dotación de la institución, cuestión que, si es del dominio público, si no por el contrario, se trata de antecedentes en un expediente sumarial, que trata de la potestad disciplinaria por el ejercicio por la relación de un contrato privado de arriendo entre la administración del Estado y un funcionario. Sumario que se encuentra terminado y con su respectiva absolución, pero que uso parcializado del mismo, puede ser utilizada en perjuicio del recurrente y no es información del dominio público, el uso de su nombre.

Agrega que el acto del Consejo de la Transparencia ha sido dictado contraviniendo la legalidad vigente, no fue emplazado, ni se le dio traslado del reclamo del tercero requirente de la información. Por lo anterior, no tuvo la oportunidad de hacer valer su derecho a oponerse ante el consejo, en esa precisa oportunidad procesal, lo que infringe el principio de bilateralidad con la que deben actuar los Órganos del Estado. Es más, no fue notificado del reclamo del tercero que exige la incorporación de los nombres en la información.

Añade que las garantías dependen ciertamente de la naturaleza del asunto y, por cierto, del propio procedimiento. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha ido desarrollando algunos elementos que le son consustanciales: Principio de la Bilateralidad de la audiencia, el derecho a aportar pruebas, Derecho a ser juzgado por un tercero imparcial, la Motivación de la sentencia, el Derecho a que la decisión sea revisada por un Tribunal y el principio de proporcionalidad

Señala que para el caso en cuestión interesa analizar el Derecho a la debida defensa, y la infracción al debido proceso y en conformidad a la Ley N° 19.880, en su artículo 11 establece el principio de la Imparcialidad. Tal como lo ha dicho el Tribunal Constitucional: "todo juzgamiento debe emanar de un órgano objetivamente independiente y subjetivamente imparcial, elementos esenciales del debido proceso que consagra toda la doctrina procesal contemporánea. Es más (...) la independencia e imparcialidad del juez no sólo son componentes de todo proceso justo y racional, sino que, además, son elementos consustanciales al concepto mismo de tal".

Estima que los actos y omisiones arbitrarios e ilegales del proceso, que ha argumentado, vulneran la garantía constitucional del N° 1 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, ya que, al verse expuesta información de tipo personal y sensible se ve afectada su integridad psíquica.

Asimismo, debe considerarse que se ha vulnerado, en igual forma, la garantía del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política del Estado, la que consagra: "El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley". Con respecto a esta garantía la orden del Consejo de la Transparencia dispone entregar el legajo sin tachar los nombres, y de esta forma se infringe la garantía constitucional, pues el nombre es un "atributo de la personalidad", y lo que está protegido, es precisamente los datos personales, y esta protección tiene rango constitucional.

Concluye pidiendo que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de David Ibaceta Medina, Director General (s) Consejo de la Transparencia y en contra de Héctor Moraga Chávez, Director de Fiscalización Consejo Para la Transparencia, a fin de que esta Corte de Apelaciones, acogiéndolo, disponga que el Consejo de la Transparencia deje sin efecto la instrucción a la Secretaria Regional Ministerial del Maule de entregar los nombres de los intervinientes en el proceso sumarial solicitado.

Segundo: Que el abogado David Ibaceta Medina, Director General Suplente y representante legal del Consejo para la Transparencia, corporación autónoma de Derecho Público, informando al tenor del recurso deducido en su contra, en lo medular manifiesta que con motivo del correo electrónico de fecha 28 de septiembre de 2020, enviado por Dirección de Fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT) con ocasión de la etapa de cumplimiento de la Decisión de Amparo C2574-20, de 25 de agosto de 2020, que resolvió acoger el amparo, requiriendo que la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule, haga entrega a don Matías Rojas Medina, de copia de la Resolución Exenta N° 3053 del año 2016, de la Resolución Exenta N° 814 de fecha 11 de julio de 2017, de la Resolución Exenta N° 1246 de fecha 13 de octubre de 2017, de la Resolución Exenta N° 620 de fecha 7 de mayo de 2018, y del sumario administrativo que dice relación con las resoluciones indicadas, incluyendo información sobre los hechos que motivaron la apertura del sumario en cuestión, detallando las razones y cargos imputados que llevaron a su instrucción, debiendo el órgano tarjar, previamente, aquellos datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la documentación que se entregue, como por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, teléfono o correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), 4 y 7 de la ley N° 19.628, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en cumplimiento de la atribución otorgada a ese Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada ley, con la salvedad de los nombres de los funcionarios públicos que figuren en ellos (sea en calidad de fiscal, actuario, testigo, inculpado o cualquiera otra), por ser información pública.

En cuanto a los hechos, expone que el 8 de mayo de 2020, don Matías Rojas Medina requirió a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule, lo siguiente:

"Copia digital de la Resolución Exenta N° 3053 del año 2016, de la Seremi de Salud del Maule;

Resolución Exenta N° 814 de fecha 11 de julio de 2017, de la Seremi de Salud del Maúle;

Copia digital de la Resolución Exenta N° 1246 de fecha 13 de octubre de 2017, de la Seremi de Salud del Maule;

Copia digital de la Resolución Exenta N° 620 de fecha 7 de mayo de 2018, de la Seremi de Salud del Maule;

Copia digital del sumario administrativo que dice relación con los pronunciamientos requeridos en los puntos anteriores;

Sin perjuicio de lo anterior, y del estado en que se encuentre la pieza sumarial, se me informe cuáles fueron los hechos que motivaron la apertura del sumario en cuestión, detallando las razones y cargos imputados que llevaron a su instrucción".

El 15 de mayo de 2020, mediante Ord. N° 679, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule denegó la entrega de la información, por cuanto, habiendo dado aplicación al procedimiento dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, los terceros se opusieron a la entrega de la documentación consultada, quedando impedido el órgano de proporcionar dicha información.

El 16 de mayo de 2020, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa por la oposición del tercero. Asimismo, alegó que "Tal como ha señalado el Consejo para la Transparencia en otros casos, no procede utilizar la oposición de un tercero para censurar por completo expedientes administrativos de carácter público. Aun si así lo fuera, el servicio no explica por qué se verían afectados los derechos del tercero. Tampoco adjunta la carta de oposición que indica".

El Consejo Directivo de esa Corporación acordó admitir a tramitación el amparo, confiriendo traslado a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule, notificando el reclamo y solicitando que formule sus descargos u observaciones. Posteriormente, dado que el órgano no otorgó respuesta dentro del plazo indicado en el oficio mencionado, mediante correo electrónico de fecha 25 de junio de 2020, se concedió a la Secretaría un plazo extraordinario para evacuar los descargos respectivos. Por medio de Ord. N° 940, de 30 de junio de 2020, la SEREMI evacuó sus descargos, reiterando los argumentos expuestos en su respuesta, relativos a la oposición de los terceros, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, y adjuntando los comprobantes de notificación y las respuestas de los terceros.

Hace presente que en sus oposiciones, los terceros, en términos similares, manifestaron su oposición señalando que "lo requerido contiene información consistente en datos personales y sensibles de propiedad del suscrito, y datos personales que se refieren a circunstancias de mi vida privada incluida la debida reserva que debe existir respecto del ejercicio de mis funciones y labores habituales, lo que alcanza las declaraciones formuladas en el marco de la investigación realizada por la Secretaria Ministerial de Salud del Maúle lo que puede perjudicar las relaciones laborales al interior del servicio en el que desarrollo mis funciones (...)", haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en relación con la ley N° 19.628.

Aduce que ese Consejo, mediante correo electrónico de fecha 9 de julio de 2020, solicitó a la SEREMI complementar sus descargos, requiriendo los datos de contacto de los terceros, señalar si procedía dar aplicación al principio de divisibilidad, e indicar el estado de tramitación del sumario consultado. Mediante Ord. N° 1041, de fecha 13 de julio de 2020, el órgano complementó sus descargos, indicando los datos de contacto de los terceros, y en relación con la aplicación del principio de divisibilidad y el estado de tramitación del sumario, la institución manifestó que reconsideró lo señalado, accediendo a la entrega del sumario solicitado, tarjando previamente los datos personales y sensibles que se encuentran incorporados.

Agrega que en forma posterior, y en el mismo sentido, ese Consejo solicitó nuevamente a la SEREMI complementar sus descargos, aclarando si las resoluciones requeridas forman parte integrante del sumario, si la denegación por oposición de terceros se refiere a la totalidad de la información solicitada o a una parte de ella, y si el sumario aludido se encuentra afinado o en tramitación. Por medio de correo electrónico, el organismo aclaró lo señalado precedentemente, indicando que sólo una de las resoluciones exentas requeridas no formaba parte del sumario, que la oposición de los terceros se refiere a la entrega de los datos personales o sensibles según se extrae de las cartas de oposición, y que el sumario se encuentra afinado por Resolución Exenta N° 4185 de 7 de noviembre de 2018, pero que no es posible remitirlo por correo electrónico en atención al tamaño de los archivos. De igual modo, en forma posterior y en varios correos electrónicos, el órgano remitió copia del sumario aludido. En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esa Corporación acordó conferir traslado de este amparo a los terceros eventualmente afectados con la entrega de la información solicitada, mediante oficios N° E12056, E12057, E12058 y E12059, todos de fecha 28 de julio de 2020, a fin de que presenten sus descargos y observaciones. Mediante correo electrónico de fecha 10 de agosto de 2020, uno de los terceros notificados, que no fue don Rodrigo Díaz Silva, manifestó su oposición a la entrega de la información, señalando en síntesis, que "lo requerido contiene información consistente en datos personales y sensibles de propiedad del suscrito, y datos personales que se refieren a circunstancias de mi vida privada incluida la debida reserva que debe existir respecto del ejercicio de mis funciones y labores habituales, lo que alcanza las declaraciones formuladas en el marco de la investigación realizada por la Secretaria Ministerial de Salud del Maúle lo que puede perjudicar las relaciones laborales al interior del servicio en el que desarrollo mis funciones a lo que se debe sumar el mal uso que pueda hacerse de la misma sin perjuicio de una eventual afectación al derecho a la honra que me asiste, considerando que se desvirtúe o se manipule de forma maliciosa la información contenida en los actos o resoluciones solicitados en las que aparezcan los datos sensible del infrascrito o en toda otra actuación a la que se refiere la petición del usuario cuya entrega pudiere afectar además el respeto y protección a la vida privada e intimidad consagrados todos estos en los artículo 19 N° 4, de la Constitución Política de la República, cumpliéndose en la especie las circunstancias que permiten negar su entrega al amparo de la reserva de información contenida en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia en relación con la ley N° 19.628 (...) la información de carácter privado, que está en principio excluida del conocimiento de terceros porque forma parte de la esfera de privacidad de sus titulares que el Estado está llamado a respetar y proteger. Esta no pierde su naturaleza por el sólo hecho de ser recibida por un órgano del Estado, de lo contrario se estaría contraviniendo la garantía del artículo 19, número 26 de la Constitución".

Afirma que sin perjuicio de lo anterior, no existe constancia de que los demás terceros se hayan pronunciado en los términos referidos. Finalmente, con fecha 25 de agosto de 2020, ese Consejo resolvió acoger el amparo C2574-20, presentado por don Matías Rojas Medina, en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule, disponiendo lo siguiente:

"II. Requerir a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule lo siguiente: Entregar al reclamante copia de la Resolución Exenta N° 3053 del año 2016, de la Resolución Exenta N° 814 de fecha 11 de julio de 2017, de la Resolución Exenta N° 1246 de fecha

13 de octubre de 2017, de la Resolución Exenta N° 620 de fecha 7 de mayo de 2018, y del sumario administrativo que dice relación con las resoluciones indicadas, incluyendo información sobre los hechos que motivaron la apertura del sumario en cuestión, detallando las razones y cargos imputados que llevaron a su instrucción, debiendo el órgano tarjar, previamente, aquellos datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la documentación que se entregue, como por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, teléfono o correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos letra f), 4 y 7 de la ley N° 19.628, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada ley.

Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico que indica.

Sostiene que la decisión de amparo C2574-20, fue notificada a la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule, y a los 4 terceros interesados, incluyendo a don Rodrigo Díaz Silva, mediante correo electrónico de 28 de agosto de 2020. Posteriormente, la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule procedió a cumplir la decisión de amparo mediante correo electrónico de fecha 9 de septiembre de 2020, remitiendo al solicitante lo ordenado entregar por este Consejo, ante lo cual el Sr. Roja Medina se manifestó disconforme, indicando que el señalado Servicio "ha tachado improcedentemente la identidad de funcionarios públicos mencionados en la citada pieza sumaria, tales como testigos, inculpado, fiscal administrativo, secretario, entre otros nombres mencionados a lo largo del expediente. Por tanto, solicito a la brevedad que el CPLT ordene la entrega total de los antecedentes sin las tachas improcedentes y que vulneran al derecho de acceso a la información, bajo apercibimiento de instruir sumario contra el jefe de servicio".

Refiere que dado lo anterior, ese Consejo comunicó a la señalada Secretaría la denuncia de incumplimiento mediante Oficio N° 15606, de fecha 15 de septiembre de 2020, que fue respondido por el organismo de salud mediante Ordinario N° 1649, de fecha 24 de septiembre de 2020, indicando que dio cabal cumplimiento a la decisión de amparo Rol C2574-20, y que consideraba "improcedente indicar la "identidad" de las personas que intervienen, toda vez que existen nombres de funcionarios, y familiares en el expediente; y que el Sumario no dice relación con actos del ejercicio de las funciones públicas, sino que, sobre la facultad disciplinaria, que tiene el Jefe Superior del Servicio, respecto de sus subalternos. En este contexto, el desarrollo del sumario se circunscribe a la potestad disciplinaria, y no a la exteriorización de funciones púbicas de funcionarios con la comunidad".

Luego, ese Consejo procedió a responder el Ordinario antes señalado, mediante correo electrónico de 28 de septiembre, indicando lo siguiente: "Junto con saludar, luego del examen de su Od. N° 1649, de 24 de septiembre de 2020, que remite adjunto, en el caso el presente, se solicita a la Autoridad de dicho organismo, subsanar su respuesta en lo siguiente: Atendido que, por una parte, la decisión de amparo de la especie indicó el tarjado de los "datos personales de contexto "contenidos en la información, señalando alguno de ellos a modo ejemplar, más no indicó el tarjado de todo dato personal contenido en la información; y por otra parte, que el dato del nombre de los funcionarios públicos es por regla general de carácter público, como sucede en la especie atendida la materia del proceso disciplinario solicitado; se requiere a dicho organismo remitir el proceso administrativo en cuestión sin tarjar los nombres de los funcionarios públicos que figuren en ella (sea en calidad de fiscal, actuario, testigo, inculpado o cualquiera otra), directamente a la parte reclamante. En relación con lo anterior, se hace presente, que deberá mantenerse tarjado el nombre de los familiares de los funcionarios públicos -que no sean funcionarios-, contenidos en el expediente.

Finalmente, el plazo para dar cumplimiento a lo anterior, es hasta el jueves 1 de octubre de 2020; debiendo acreditar dicho cumplimiento a esta Corporación, a la casilla cumpl¡miento@consejotransparecia.d".

Adiciona que el 8 de octubre de 2020, don Rodrigo Díaz Silva, dedujo ante esta Corte de Apelaciones Recurso de Protección en contra del Consejo para la Transparencia, el cual quedó anotado bajo el Rol N° 3.508-2020, sin embargo, con la misma fecha antes señalada, esto es, 8 de octubre de 2020, esto es, con anterioridad a que esta Corte diera lugar a la orden de no innovar, conferida por resolución de 13 de octubre de 2019, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule procedió a cumplir la decisión C2574-20, proporcionado al solicitante, la información ordenada entregar, tal como consta en correo electrónico de fecha 8 de octubre de 2020 a don Matías Rojas Medina.

Estima que habiéndose analizado los argumentos desarrollados por don Rodrigo Díaz Silva, y considerando que la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule procedió a cumplir la decisión C2574-20, hace presente las consideraciones tenidas en cuenta por ese Consejo, lo cual permitirá ilustrar a esta Corte que el acto recurrido se ajusta a derecho y al espíritu del constituyente en materia de transparencia y acceso a la información pública, por lo que el Recurso de Protección debe ser rechazado, porque esa Corporación no ha incurrido en ninguna actuación ilegal o arbitraria, ni ha infringido el derecho a la integridad psíquica ni menos el derecho a la vida privada consagrados en el artículo 19 N° 1 y 4 de la Constitución Política, como lo pretende hacer ver el recurrente.

Considera que de acuerdo al tenor de los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya el Recurso de Protección, el actor sostiene que el acto recurrido, esto es, el correo electrónico de este Consejo de fecha 28 de septiembre de 2020, que ordenó la entrega de lo solicitado en la decisión C2574-20, incluyendo los nombres de los funcionarios públicos que figuren en el procedimiento administrativo (sea en calidad de fiscal, actuario, testigo, inculpado o cualquiera otra), le ocasiona privación, perturbación y amenaza a sus derechos fundamentales consagrados en el numeral 1 y 4 del Artículo 19 de la Carta Fundamental. Sin embargo teniendo presente los argumentos anteriores y el tenor de las alegaciones del actor, solicita el rechazo del Recurso de Protección presentado; en primer lugar, por resultar inconducente a los fines que persigue, ya que la información cuya reserva se pretende ya fue entregada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule; en segundo lugar, por no ser esta la vía idónea para intentar dejar sin efecto la decisión C2574-20; al tratarse de un asunto de lato conocimiento que debió haberse discutido por la vía especial dispuesta al efecto en el inciso 3° del Art. 28 de la LT; y, en tercer lugar, por no concurrir ningún acto ilegal que afecte, amenace, perturbe, prive o vulnere el derecho a integridad psíquica ni a la vida privada del recurrente.

Reitera que la acción de protección deducida en estos autos debe ser rechazada, por cuanto, el sujeto y órgano obligado por la LT, requerido de información, esto es, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule, ha procedido a cumplir con la entrega de la información dispuesta en la decisión de amparo Rol C2574-20, incluyendo los nombres de los funcionarios públicos que figuren en el procedimiento administrativo (sea en calidad de fiscal, actuario, testigo, inculpado o cualquiera otra), por lo que el presente recurso ha perdido oportunidad procesal, tornándose inconducente, inoficioso y carente de todo efecto práctico, ya que no tiene sentido alguno discutir la hipotética y eventual infracción del derecho a la integridad psíquica y a la vida privada del recurrente, buscando que se deje sin efecto la decisión de este Consejo, y el correo electrónico de fecha 28 de septiembre de 2002, que sólo aclaró lo indicado en la parte resolutiva de aquella, para impedir de dicho modo que el nombre del funcionario recurrente sean proporcionado al solicitante, si la Secretaría señalada ya lo entregó materialmente al requirente.

Expresa que también este recurso debe ser rechazado porque se está utilizando un mecanismo cautelar urgente, diseñado y establecido para suspender o dejar sin efecto, imperiosamente los efectos de un acto de la Administración u obtener un resguardo temprano e inaplazable de un derecho fundamental, para un caso en el que finalmente el recurrente plantea a conocimiento de esta Corte, la revisión de un procedimiento contencioso administrativo sobre el fondo, respecto de actuaciones ocurridas con motivo de la dictación de una decisión de este Consejo, pronunciada en el marco de la tramitación de un procedimiento de amparo por denegación de acceso a la información, toda vez que lo que está imputando al Consejo para la Transparencia, consiste en haber incurrido en un acto ilegal que infringe el derecho a la integridad psíquica y a la vida privada consagrados en el Art. 19 N° 1 y 4 de la Constitución Política, al haber dispuesto la entrega al solicitante de copia de las resoluciones exentas que indica, y del sumario administrativo consultado que dice relación con dichas resoluciones, incluyendo información sobre los hechos que motivaron la apertura del sumario y las razones y cargos imputados que llevaron a su instrucción, debiendo el órgano tarjar, previamente, aquellos datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la documentación que se entregue, en virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, y lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada, con excepción dentro de éstos últimos de los nombres de los funcionarios públicos que figuraran en dicha información (sea en calidad de fiscal, actuario, testigo, inculpado o cualquiera otra), por ser información eminentemente pública. en la especie, desde la dictación de la Ley N° 20.285, que instauró un órgano especializado y autónomo, llamado Consejo para la Transparencia, y además un mecanismo especial de reclamación en contra de lo obrado por el Consejo, denominado reclamo de ilegalidad, es dicha acción jurisdiccional especial, la que debe utilizarse para resolver las controversias suscitadas con motivo, ya sea de la negativa a proporcionar la información que es solicitada a los órganos de la Administración del Estado: o bien, para los casos, en que el Consejo para la Transparencia disponga la publicidad o entrega de la información objeto de la solicitud, tal como ocurre en el caso sub lite.

Afirma que admitir una interpretación en contrario, con la finalidad de extender el alcance o ámbito de acción y competencia del Recurso de Protección al caso de autos, genera un paralelismo procesal1 entre el recurso de protección y el procedimiento especial de reclamación, establecido por la LT al efecto, en sus artículos 28 y 29, desplazando dicho procedimiento, tornándolo inaplicable e inoperante, más aún cuando en el caso de marras el recurrente de protección pretende que por intermedio de la presente acción cautelar de urgencia se deje sin efecto la interpretación y aplicación que el Consejo tuvo en consideración con los datos personales de contexto, obviando el grado de ostensibilidad del agravio y la necesidad real de tutela urgente, como condiciones de aplicabilidad del recurso de protección y la existencia de un reclamo especial para impugnar lo resuelto por el Consejo para la Transparencia.

Sostiene que ello no ocurre cuando el procedimiento es reglado, como en el caso de marras, puesto que la solicitud de información efectuada por don Matías Rojas Medina fue en ejercicio del derecho a solicitar y recibir información de parte de los órganos públicos contemplado en el Art. 10 y 12 de la Ley de Transparencia, y la respuesta evacuada por la Secretaría, también fue expedida bajo las normas de la Ley N° 20.285, así como también el traslado a los terceros, que el Sr. Díaz Silva no utilizó, y la decisión de este Consejo, de modo que al haberse acogido el amparo por denegación de acceso a la información, ordenando entregar la información requerida, el mecanismo especial de reclamación es aquel contemplado en los artículos. 28 y 29 de la misma ley, es decir, el reclamo de ilegalidad y no el recurso de protección, ya que estamos ante un procedimiento especial, reglado en su totalidad, cuya legitimación activa ha sido establecida justamente, en el inciso 3° del Art. 28 de la LT, de manera expresa para los terceros afectados, con la finalidad de que éstos, puedan reclamar de la resolución del Consejo ante la Corte de Apelaciones respectiva. En consecuencia, claramente el recurso de protección de derechos fundamentales establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, no es la vía para discutir la pretendida infracción al artículo 19 N° 1 y 4 de la Constitución, sino el reclamo de ilegalidad previsto en el artículo 28 de la Ley de Transparencia.

En definitiva pide tener por evacuado informe y que se rechace el recurso de protección interpuesto, con costa.

Tercero: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que él que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Cuarto: Que así entonces, el recurso de protección, es un mecanismo constitucional que constituye una acción de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, cuando un derecho indubitado de aquellos consagrados en la norma precitada ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho.

Debe entenderse que un derecho tiene el carácter de indubitado cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es menester recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia.

Por el contrario, cuando un derecho reclamado por una parte es discutido por la otra, de manera que para zanjar el conflicto necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, podemos afirmar que en dicha situación, tal derecho carece de la entidad exigida por nuestra Carta Fundamental para su protección por la presente vía de acción.

De allí entonces que es adecuado sostener que el propósito de la acción constitucional de protección es el de mantener el statu quo actual, evitando de esa manera que a través de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarias, tales derechos sean vulnerados.

Quinto: Que de lo expuesto por las partes se desprende claramente que el recurrente por la presente vía proteccional, cuestiona el actuar del Consejo de la Transparencia, en orden a haber ordenado a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, Región del Maule, a proporcionar información sensible acerca de su persona, que el primero estima privada y confidencial a la luz de lo prevenido en la Ley N° 20.285 a un tercero que la ha requerido (Matías Rojas Medina), lo que se manifestó mediante correo electrónico de fecha 28 de septiembre de 2020, sin tarjar los nombres de los funcionarios públicos que figuren en ella, por no tratarse de información de dominio público.

Sexto: Que la Ley N 20.885, publicada en el Diario Oficial el 20 de agosto del año 2008, dentro del contexto del principio de transparencia de la función pública, reguló el acceso a la información pública de la Administración del Estado, para lo cual creo un procedimiento especialísimo, a la cual deben sujetarse todos los organismos públicos a que se refiere su artículo 2°, dentro de los cuales se encuentra el Ministerio de Salud y sus respectivas Secretarías Regionales Ministeriales.

Dentro de lo que interesa, el artículo 5° de la precitada ley, consigna que los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo excepciones. En este contexto, el artículo 8° de la ley es claro en orden a que cualquier persona puede presentar un reclamo ante el Consejo si alguno de los organismos de la Administración no informa lo prescrito en el artículo anterior. Esta acción estará sometida al mismo procedimiento que la acción regulada en los artículos 24 y siguientes.

Asimismo, el artículo 20 señala que cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar a terceros, éstos pueden ejercer su derecho a oposición, prerrogativa de la cual hizo uso el recurrente Rodrigo Díaz Silva, en su calidad de tercero supuestamente afectado.

A este respecto conforme al artículo 24 de la Ley de Transparencia, el tercero requirente hizo uso del amparo al acceso de la información impetrada, procedimiento que se notificó al recurrente, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 25 de la ley mencionada.

Es decir, la propia ley contempla un procedimiento especial para zanjar los cuestionamientos que se puedan formular al respecto.

Séptimo: Que en este orden de ideas, cobra relevancia lo prescrito en los artículos 27, 28 y 30 del cuerpo de leyes en examen.

En efecto, de acuerdo al artículo 27, la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información, será notificada mediante carta certificada al reclamante, al órgano reclamado y al tercero, si lo hubiere.

A su vez, el artículo 28 dispone que en contra de la resolución del Consejo que deniegue el acceso a la información, procederá el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante. El afectado, que en la situación de autos sería el recurrente Rodrigo Díaz Silva, también podrá reclamar de la resolución del Consejo ante la Corte de Apelaciones respectiva, cuando la causal invocada hubiere sido la oposición oportunamente deducida por el titular de la información, de conformidad con el artículo 20.

Finalmente el artículo 30 consigna que la Corte de Apelaciones dispondrá que el reclamo de ilegalidad sea notificado por cédula al Consejo y al tercero interesado, en su caso, quienes dispondrán del plazo de diez días para presentar sus descargos u observaciones. Evacuado el traslado por el Consejo, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la sala. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días, y escuchar los alegatos de las partes y dictará sentencia dentro del término de diez días.

Octavo: Que atento al compendio de normas reseñadas precedentemente y que tienen relación directa con la materia objeto de la presente acción de protección, permite concluir que si bien, este Tribunal de Alzada tiene plena competencia para conocer y resolver lo que el recurrente pretende, ello debe estar comprendido dentro del procedimiento especializado que el legislador ha previsto, siendo por lo tanto el recurso de protección una vía procesal inapropiada en el ejercicio de los derechos que, según el recurrente, le asisten.

Noveno: Que así las cosas, la acción de protección impetrada debe necesariamente desestimarse, tanto por existir un procedimiento especialísimo contemplado en la Ley N° 20.285, como también, porque el recurso de protección ha perdido oportunidad, al haberse obtenido por el tercero solicitante, toda la información que requería mediante la Secretaria Regional Ministerial de Salud, Región del Maule, como se constata de la información allegada a esta carpeta judicial y, además, por no encontrarse involucrado un derecho indubitado a favor del recurrente, conforme los estándares y presupuestos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Conocimiento, Tramitación y Fallo del recurso de que se trata, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Rodrigo Díaz Silva, en contra de David Ibaceta Medina, Director General (s)Consejo de la Transparencia y en contra de Héctor Moraga Chávez, Director de Fiscalización Consejo Para la Transparencia.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 3508-2020.- Protección.

Redacción del Ministro don Moisés Muñoz Concha.

Se deja constancia que no firma el abogado integrante don Ruperto Pinochet Olave, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por estar ausente.

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministro Moises Olivero Muñoz C. y Ministra Suplente Marta Benita Asiain M. Talca, veintinueve de enero de dos mil veintiuno.

En Talca, a veintinueve de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.