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Corporación Chilena del Cobre con Ministros de Corte de Apelaciones de Santiago Rol: 135590-2020

Corte Suprema, 27/01/2021

Se interpone recurso de queja en causa sobre reclamo de ilegalidad contra decisión del Consejo para la Transparencia. Corte declara inadmisible el recurso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Adelita Ravanales Arriagada
  • Ángela Vivanco M.
  • Jorge Zepeda Arancibia
  • María Eugenia Sandoval Gouet
  • Sergio Muñoz Gajardo

Texto completo:

Santiago, veintisiete de enero de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el Consejo de Defensa del Estado, por la Corporación Chilena del Cobre (COCHILCO), en autos sobre reclamo de ilegalidad seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago Rol N° 407-2019, dedujo recurso de queja en contra de los Ministros Sres. Miguel Vásquez Plaza, Elsa Barrientos Guerrero y Rafael Andrade Díaz (S), por las faltas y abusos que habrían cometido al dictar, el 6 de noviembre de 2020, la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad que COCHILCO ejerció en contra de la decisión de amparo adoptada por el Consejo Para la Transparencia el 27 de junio de 2019, en antecedentes Rol C192-19, en cuya virtud se dispuso la entrega al peticionario Miguel Ángel Carrasco Arriagada de: "Copia del Informe Final de Fiscalización acerca de la responsabilidad de la División El Teniente de CODELCO-CHILE en la aplicación de los descuentos de seguros de cesantía realizados por el contratista Más Errázuriz Ltda., a su personal finiquitado DF/35/2018".

Denuncia que tales faltas o abusos graves consisten en: (i) Resolver que COCHILCO carece de legitimación activa para reclamar la decisión de amparo Rol C192-19; (ii) Considerar que COCHILCO ha actuado como una especie de agente oficioso de terceros; y, (iii) Desconocer la configuración de las causales de secreto o reserva de los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285.

Segundo: Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, designado "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales". Su acápite primero, que lleva por título "Las facultades disciplinarias", contiene el artículo 545 que lo instaura como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, o en sentencias definitivas, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Tercero: Que, en el marco del examen de admisibilidad del recurso de queja sub judice, conviene recordar que la Ley N° 20.285 ha venido en regular el principio general de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio de aquel derecho y para su amparo, así como las excepciones expresas a la publicidad de la información.

En ese contexto, el artículo 24 de dicho cuerpo normativo confiere al requirente de información cuya petición ha sido expresa o tácitamente denegada, la posibilidad de solicitar el amparo de su derecho de acceso ante una autoridad especial, consistente en el Consejo para la Transparencia, órgano cuyo objeto consiste en promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información.

Desde una perspectiva orgánica, su máximo estamento está constituido por su Consejo Directivo, integrado por cuatro consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, funcionarios que sólo cesan en sus cargos por expiración del plazo por el cual fueron designados, renuncia presentada ante el Presidente de la República, postulación a cargos de elección popular, incompatibilidad sobreviniente, o remoción dispuesta por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados mediante acuerdo adoptado por simple mayoría, o a petición de diez diputados, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.

Como se puede apreciar, el Consejo Para la Transparencia es un órgano colegiado, técnico, generado con la participación de los poderes ejecutivo y legislativo, compuesto por miembros que gozan de estabilidad en sus cargos e integran la Administración del Estado, actuando en esta materia como fiscalizadores; encontrándose llamado, entre otras funciones, a resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados, determinación que debe adoptar con sujeción estricta, en especial, a los principios de legalidad, contradictoriedad e imparcialidad, directrices que le exigen actuar con objetividad en la tramitación y en la decisión que adopte (artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental y artículo 11 de la Ley N° 19.880).

Cuarto: Que, por su parte, los artículos 28 y 29 de la Ley N° 20.285 confieren, al afectado por una decisión del Consejo Para la Transparencia, la posibilidad de reclamar ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, órgano jurisdiccional que debe dictar sentencia dentro del término de diez días contados a partir de la vista de la causa, sin que proceda recurso alguno en su contra.

Quinto: Que, como se aprecia de lo desarrollado en los dos motivos precedentes, la Ley N° 20.285 ha elaborado un sistema complejo de amparo del derecho ciudadano de acceso a la información pública, compuesto por dos etapas diversas: Una fase administrativa, ante el Consejo Para la Transparencia, y la eventual revisión judicial de lo decido por el Consejo, ante la Corte de Apelaciones respectiva.

En común, en ambas etapas la controversia es conocida por órganos colegiados, integrados por miembros independientes, sujetos al principio de imparcialidad y siempre ajenos a la entidad pública requerida, previa tramitación de procedimientos contenciosos y adversariales dotados de las etapas necesarias para asegurar la debida cautela y el pleno respeto de los derechos del requirente, de la repartición requerida y de los terceros que pudieren tener interés en la publicidad, secreto o reserva de la información.

De esta manera, se está frente a un sistema dotado de dos niveles de revisión de la decisión administrativa denegatoria, asegurando con ello su control técnico, amplio, integral, y efectivo.

Sexto: Que, así, no puede sostenerse que, en la sentencia de 6 de noviembre de 2020, los jueces cuya decisión se impugna hayan incurrido en falta o abuso grave, pues tal resolución, en tanto comparte plenamente la decisión de amparo del Consejo Para la Transparencia, es fruto de la revisión exhaustiva, sucesiva y consonante del conflicto, desarrollada en sede administrativa y luego judicial, proceso de análisis cuyo resultado uniforme permite concluir que los argumentos de la quejosa, que se limitan a reiterar las alegaciones desarrolladas en el reclamo, no resultan aptos para alterar lo decidido.

Séptimo: Que, por lo demás, esta Corte Suprema ha resuelto con antelación que el órgano administrativo requerido carece de legitimación para esgrimir causales de secreto o reserva relacionadas con derechos personalísimos de terceros interesados, quienes cuentan con la posibilidad de ejercer la facultad de oposición que la ley les franquea (V.g. SCS Roles 1.824-2019 y 4.242-19, entre otras). Por ello, incluso cuando quienes concurren al presente fallo puedan no compartir aquel criterio, no es dable reprochar a los Ministros recurridos haber incurrido en falta o abuso grave, esto es "de mucha entidad o importancia", con mayor razón si se ha coincidido con las líneas jurisprudenciales desarrolladas por este máximo tribunal de la República, aspecto de la decisión que determinaba, por sí solo, el necesario rechazo de la reclamación.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, se declara inadmisible el recurso de queja deducido por el Consejo de Defensa del Estado en lo principal de su presentación de doce de noviembre de dos mil veinte.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Muñoz.

Rol N° 135590-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., y el Ministro Suplente Sr. Jorge Zepeda A. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, el Ministro Suplente Sr. Zepeda, por haber cesado en su periodo de suplencia. Santiago, 27 de enero de 2021.

En Santiago, a veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.