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Ruth Dominguez Valdes con SEREMI DE SALUD REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS Rol: C6659-20

Consejo para la Transparencia, 29/12/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la SEREMI de Salud Región del Libertador Bernardo O?Higgins, solo en cuanto a la falta de derivación oportuna de la solicitud de información, en los términos dispuestos en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, en lo pertinente, a la Comisión Médica Regional, dependiente de la Superintendencia de Pensiones. En virtud del principio de facilitación, este Consejo derivará la solicitud al organismo competente.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6659-20

Entidad pública: SEREMI de Salud Región del Libertador Bernardo O’Higgins

Requirente: Ruth Dominguez Valdes

Ingreso Consejo: 19.10.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la SEREMI de Salud Región del Libertador Bernardo O’Higgins, solo en cuanto a la falta de derivación oportuna de la solicitud de información, en los términos dispuestos en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, en lo pertinente, a la Comisión Médica Regional, dependiente de la Superintendencia de Pensiones. En virtud del principio de facilitación, este Consejo derivará la solicitud al organismo competente.

En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6659-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de septiembre de 2020, doña Ruth Dominguez Valdés solicitó a la SEREMI de Salud Región del Libertador Bernardo O’Higgins: "copia de la resolución que califica su invalidez y la que le permite recibir pensión de invalidez desde febrero del año 2015".

2) RESPUESTA: El 19 de octubre de 2020, el órgano reclamado, respondió a dicho requerimiento de información indicando que "tras la revisión de la entidad previsional en la cual cotiza, se pudo constatar que pertenece a la AFP PROVIDA. Considerando que, dichas instituciones realizan la tramitación de las pensiones básicas solidarias de invalidez en las comisiones medicas regionales, es que debe solicitar copia del dictamen en dicha entidad ubicada en Campos 466, Comuna Rancagua"

3) AMPARO: El 19 de octubre de 2020, doña Ruth Dominguez Valdes dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Además, la reclamante hizo presente que "se solicita copia del dictamen de COMPIN dependiente de la SEREMI de Salud O'Higgins y se contesta que lo solicite en la AFP Provida".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud Región del Libertador Bernardo O'higgins, mediante oficio N° E19374, de 6 de noviembre de 2020, solicitándole que: (1°) indique si procedió a efectuar la búsqueda de la información solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre Procedimiento Administrativo de acceso a la información; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información requerida; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.

Mediante presentación de 16 de noviembre del 2020, el órgano reclamado evacuo sus descargos, señalando que: "Al respecto, debe dejarse establecido que la solicitud de información fue evacuada en tiempo y forma por esta Autoridad Sanitara Regional, informándole a la usuaria que al pertenecer a AFP PROVIDA, la tramitación de las Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez se tramitan en las Comisiones Médicas Regionales, acorde a lo establecido en el artículo 11 del decreto ley N° 3500 de 4 de noviembre de 1980 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social establece Nuevo Sistema de Pensiones, en relación con la ley N° 20.255, de 11 de marzo de 2016 del Ministerio del trabajo y Previsión Social; Subsecretaría de Previsión Social que establece Reforma Previsional y que dispone en su "Artículo 17.- Se considera inválida la persona que se encuentre en la situación que define como tal el inciso primero del artículo 4° decreto ley N° 3500 de 1980. La declaración de invalidez corresponderá efectuarla a las comisiones médicas de invalidez establecidas en el artículo 11 del mencionado decreto ley".

Por lo expuesto, la Comisión de Medicina Preventiva de Invalidez de esta Seremi de Salud no contaba con la información solicitada.

Cabe reafirmar en este aspecto que no se le indicó a la usuaria que debe solicitar la información a la AFP PROVIDA, sino que a la Comisión Médica Preventiva de Invalidez.

Que, en ningún caso se ha considerado que la información esté sujeta a alguna causal de secreto o reserva, sino que, de acuerdo a lo expuesto, no fueron proporcionados en razón de que este organismo requerido no es el competente para ocuparse de la solicitud de información y, por tanto, según lo expuesto, no posee los documentos solicitados, que es precisamente de lo que fue informado el peticionario mediante ordinario N° 1900 de 19 de octubre de 2020 con indicación del organismo competente para informar su solicitud. "

Mediante comunicación de 24 de noviembre del 2020, este Consejo requirió al órgano reclamado complementar sus descargos, solicitándole: (1°) precise si en el párrafo 4 de los descargos, se refiere a la Comisión Médica Regional o se refiere a la COMPIN; (2°) de referirse a la Comisión Médica Regional, aclare si derivó de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia; (3°) de haber realizado la derivación, remita copia de esta comunicación y del comprobante de notificación de la misma ante el órgano derivado. Luego, por medio de presentación de 27 de noviembre del 2020, el órgano requerido sostuvo que: "En primer lugar, cabe precisar que el párrafo 4 de los descargos se refiere a la Comisión Médica Regional, órgano que no depende de esta Autoridad Sanitaria Regional, sino de la Superintendencia de Pensiones. / En segundo lugar, se indica que en su oportunidad no se derivaron los antecedentes al órgano competente de conformidad al artículo 13 de la Ley de Transparencia"

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en que la información entregada no corresponde a la solicitada.

2) Que, respecto de lo solicitado en el requerimiento, la reclamada respondió mediante su respuesta y descargos que no es el órgano competente para responder a la solicitud efectuada y que aquello, les corresponde a las Comisiones Medicas Regionales, dependientes de la Superintendencia de Pensiones.

3) Que, sin perjuicio de la respuesta entregada por la reclamada, el requerimiento de acceso a la información se refiere a información que habría emanado de una Comisión Médica de Invalidez. Por ello, este Consejo estima que quien se encuentra en una mejor posición jurídica para responder la solicitud de acceso a la información es dicha Comisión. Lo anterior, en atención a lo dispuesto en las siguiente normativa:

i. El inciso segundo del artículo 4° del decreto ley N° 3.500, dispone que: "Las Comisiones Médicas a que se refiere el artículo 11, deberán, frente a una solicitud de pensión de invalidez del afiliado, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso anterior y emitir un dictamen de invalidez que otorgará el derecho a pensión de invalidez total o parcial a contar de la fecha que se declare la incapacidad, o lo negará, según corresponda. Cuando se trate de un dictamen que declare una invalidez total, aquél tendrá el carácter de definitivo y único."

ii. El inciso primero del artículo 11° del decreto ley N° 3.500, dispone que: "La invalidez a que se refiere el artículo 4° y la de las personas señaladas en el Art. Primero artículo 7° y en la letra c) del artículo 8° será N° 2 a) calificada, en conformidad a las "Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones", según lo señale el reglamento respectivo, por una Comisión de tres médicos cirujanos que funcionará en cada Región, designados por el Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, en la forma que establezca el reglamento de esta ley. Podrá designarse más de una Comisión en aquellas Regiones que lo requieran, en razón de la cantidad de trabajadores que en ellas laboren o de la distancia de sus centros poblados." (énfasis agregado). Luego, en su inciso tercero agrega que: "Las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán administrar y financiar en conjunto, en la proporción que corresponda de acuerdo al número de afiliados que soliciten pensión de invalidez en cada una de ellas, las Comisiones Médicas Regionales y Comisión Médica Central, excluidos los gastos derivados de la contratación del personal médico. El Instituto de Previsión Social contribuirá al financiamiento de las Comisiones Médicas en la misma forma que las Administradoras respecto de los solicitantes de pensión básica solidaria de invalidez. Para estos efectos, la Superintendencia de Pensiones fiscalizará a las Comisiones Médicas en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos. El reglamento normará la organización, las funciones de las Comisiones y de los médicos asesores de los afiliados incluidos en el Registro Público, así como el régimen aplicable a éstos y a los médicos integrantes de las Comisiones, ninguno de los cuales serán trabajadores dependientes de la Superintendencia y deberán ser contratados por ésta, a honorarios. Dicho reglamento dispondrá también las exigencias que deberán cumplir los médicos cirujanos asesores de los afiliados para ser incluidos en el Registro Público a que se refiere el inciso anterior, así como también las facultades que tendrán para el cumplimiento de su cometido".

iii. El artículo 17 de la ley N° 20.255 establece que: "Se considerará inválida la persona que se encuentre en la situación que define como tal el inciso primero del artículo 4° del decreto ley N° 3.500, de 1980. La declaración de invalidez corresponderá efectuarla a las Comisiones Médicas de Invalidez establecidas en el artículo 11 del mencionado decreto ley".

4) Que, en tal sentido, el artículo 13 de la Ley de Transparencia, dispone que "En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario (...)". Por su parte, el numeral 2.1, literal a) de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, si el órgano es incompetente para conocer de la solicitud, "Cuando sea posible individualizar al órgano competente, por existir una autoridad que deba conocer la solicitud de información según el ordenamiento jurídico, ya sea porque se desprende claramente de ella o de la subsanación correspondiente, en su caso, el sujeto requerido deberá derivar la solicitud de inmediato, e informar al peticionario de todo lo anterior, mediante notificación efectuada de acuerdo a lo indicado en su solicitud. De esta forma, el órgano dará por terminado el procedimiento administrativo de acceso iniciado ante él. La notificación al solicitante incluirá una copia del acto administrativo en virtud del cual se efectuó la derivación y la indicación de su fecha de envío al órgano competente".

5) Que, en la especie, y según lo expuesto por el órgano en sus descargos ante este Consejo, aquel no derivó, oportunamente, el requerimiento objeto del presente amparo, en los términos dispuestos en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, en lo pertinente, a la Comisión Médica Regional, dependiente de la Superintendencia de Pensiones. Lo anterior, constituye una infracción a lo dispuesto en el artículo 13 ya aludido, así como a los principios de máxima divulgación y facilitación, consagrados en el artículo 11, letras e) y f) de la Ley de Transparencia. En consecuencia, este Consejo acogerá el presente amparo, solo en cuanto a la falta de derivación de la solicitud de información, al organismo competente.

6) Que, por aplicación del principio de facilitación ya referido, esta Corporación derivará la solicitud a la Comisión Médica Regional, dependiente de la Superintendencia de Pensiones, a fin de que éste se pronuncie sobre el requerimiento en estudio, en atención a lo razonado en los considerandos precedentes.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Ruth Domínguez Valdés, en contra de la SEREMI de Salud Región del Libertador Bernardo O’Higgins, solo en cuanto a la falta de derivación de la solicitud de información, al organismo competente, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente:

a) Derivar la solicitud de información a la Comisión Médica Regional, dependiente de la Superintendencia de Pensiones, a fin de que se pronuncie sobre ella, respecto de las materias propias de su competencia; y,

b) Notificar la presente decisión a doña Ruth Domínguez Valdés y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.