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Andrés Macaya Jorquera con INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE (ISP) Rol: C6233-20

Consejo para la Transparencia, 29/12/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra del Instituto de Salud Pública de Chile, referido a copia de documento donde se detalle el procedimiento de emisión de una resolución exenta, con el detalle que indica. Lo anterior, por inexistencia de la información en los términos solicitados.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6233-20

Entidad pública: Instituto de Salud Pública de Chile

Requirente: Andrés Macaya Jorquera

Ingreso Consejo: 01.10.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra del Instituto de Salud Pública de Chile, referido a copia de documento donde se detalle el procedimiento de emisión de una resolución exenta, con el detalle que indica.

Lo anterior, por inexistencia de la información en los términos solicitados.

En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6233-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de septiembre de 2020, don Andrés Macaya Jorquera solicitó al Instituto de Salud Pública de Chile, -en adelante ISP- la siguiente información:

"Necesito me envíen por correo electrónico el (los) documento (s) legales y/o administrativos, vigentes y actualizados, sobre el procedimiento que tiene el ISP para la emisión de Resoluciones Exentas, las cuales son firmadas por la Directora o quien la subrogue. Por favor necesito el procedimiento detallado, sobre todo en dónde se indique la asignación de fecha, ingreso a sistema informático (nombre del sistema), oficina responsable de controlar la correcta emisión y control, persona u oficina que da fe del documento (forma de firmar), plazos para notificar, etc. También necesito información sobre modificaciones que pudiera haber afectado a dichos documentos legales y/o administrativos en los últimos 5 años.

Necesito que sean documentos que instruyan sobre procedimientos específicos y detallados. Por ejemplo, la Ley 19880, para estos efectos es sólo de carácter general y, por lo tanto, no me sirve".

2) RESPUESTA: Mediante Memorando A1/N° 684, de 22 de septiembre de 2020, el Instituto de Salud Pública de Chile respondió a dicho requerimiento de información indicando que no existe un documento específico que establezca el procedimiento consultado ni existe imperativo legal que lo establezca. Sin perjuicio de lo anterior señala que para determinar la naturaleza exenta de los actos administrativos, debe estar a lo dispuesto en la ley 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República y la Resolución N° 17, de 2019, del mismo órgano, que Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.

En cuanto a los aspectos formales de dichos actos administrativos (asignación de fechas, formas y plazos de notificación, ingreso al sistema de gestión, entre otros) es necesario precisar que no existe documento alguno que fije tal procedimiento, ni existe imperativo legal que así lo establezca.

Indica que la normativa especial que regula el procedimiento (en la solicitud no se indica el área de interés, razón por la cual no es posible determinar específicamente) y la ley 19.880, en subsidio, regulan los principales aspectos formales en la emisión de un acto administrativo. Agrega que, atendida la ficción de conocimiento de la ley, establecida en los artículos 7 y 8 de l Código Civil, dichos textos no se acompañan, pero pueden ser obtenidos de la página del Congreso Nacional.

3) AMPARO: El 1° de octubre de 2020, don Andrés Macaya Jorquera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta dada por el Instituto de Salud Pública es inverosímil. Además el reclamante hizo presente que: "Es inverosímil la respuesta del ISP al decir que no existe imperativo legal, ni documento, procedimiento ni otro instrumento que regule la emisión de Resoluciones Exentas. Así también indica que no existe imperativo legal que establezca un procedimiento formal. Es inverosímil pensar que un organismo público, como lo es el ISP, no tenga un procedimiento establecido sobre la emisión de Resoluciones exentas; ni legal ni administrativo. En mi solicitud original solicito antecedentes legales y/o administrativos al respecto. El ISP sólo me contestó basado en imperativos legales y no los administrativos. Es inaudito que no exista resolución, circular, instructivo, etc. de cualquier índole, emitido por cualquier órgano del Estado, por medio del cual se deba regir la emisión de dichas resoluciones. Es impensable pensar que no exista un procedimiento, el cual fije y determine responsabilidades al interior del ISP. Por ejemplo; ¿Cuál es la forma o mecanismo para asignar la fecha de la Resolución?, ¿La Resolución debe ser ingresada al Sistema Documental Informático?, ¿Dicho Sistema asigna la fecha?, ¿y si la fecha es determinante cuando existe un plazo fatal (por ejemplo: plazo de 5 días en el Silencio Administrativo Positivo)?, ¿Todas las Resoluciones Exentas quedan registradas en dicho Sistema?,¿Cuál es el formato de la resolución?, ¿Porqué y cuándo la firma del Director no es de puño y letra sino impresa?, ¿Quién firma dando fe del documento?, ¿Cuáles son los antecedentes que deben estar incluidos en la resolución?, ¿Quiénes son los responsables de que la Resolución cumpla con todos los aspectos legales y administrativos, para que sea válida? y un largo etcétera. ¿De qué forma se asegura el cumplimiento del principio de legalidad de este acto administrativo si no existe control en la asignación de la fecha del documento ni ninguna formalidad sino sólo las mencionadas en la Ley 19880, si tampoco existen procedimientos, responsabilidades, asignación de recursos informáticos, de personal, etc.? ¿Cómo es posible que este organismo público no cuente con algún documento legal y/o administrativo para ello? Si fuera así entonces el principio de legalidad sería fácilmente no cumplido con todo lo que ello implicaría. Por otro lado, el Sr. Saavedra responde lo que no pregunto. En ii se refiere sobre la exención del trámite de Toma de Razón; aspecto que, al parecer, ha sido incluido para llenar más espacio en el documento. Asimismo, en iv, no es necesario que me indique que la Ley es sabida por todos ni que en la biblioteca del Congreso Nacional puedo obtener las leyes. Eso lo sé. Si he acudido a la búsqueda de información mediante Transparencia es porque en mi búsqueda previa no he encontrado la información que necesito. Además, para ello se ha creado en Consejo para la Transparencia. El Sr. Saavedra no tiene ningún derecho responderme como si fuera yo un ignorante. Preciso es mencionar que el ISP como todo organismo público, es controlado, por la Contraloría General de la República. La CGR debe velar por el cumplimiento, entre otros, del principio de legalidad.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora (S) del Instituto de Salud Pública de Chile, mediante Oficio N° E17969, de 21 de octubre de 2020, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) teniendo en consideración lo expuesto por el reclamante, con relación a que debería existir algún instructivo o documento administrativo que regule la emisión de resoluciones exentas, señale fundadamente si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.

Mediante Oficio Ord. N° 2121, de 4 de noviembre de 2°20, el órgano reclamado hizo llegar sus descargos a este Consejo, reiterando los argumentos hechos valer en su respuesta.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la insatisfacción del reclamante respecto de la respuesta entregada por el órgano reclamado, en cuanto a copia de documento donde se detalle el procedimiento de emisión de una resolución exenta, con el detalle que indica.

2) Que, al respecto, el reclamante fue consistente en señalar, tanto en la respuesta, como en los descargos evacuados ante este Consejo, que no existe un documento específico que establezca el procedimiento consultado ni existe imperativo legal que lo establezca.

3) Que el artículo 10° de la Ley de Transparencia, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado «cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga...». En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3° letra d) del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que «toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración...».

4) Que, al respecto, cabe tener presente lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09. En dicha decisión, se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10° de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir a la reclamada que haga entrega de información que, de acuerdo con lo señalado, no obraría en su poder, como tampoco de aquélla que resulte inexistente.

5) En consecuencia, y atendida la falta de antecedentes en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada en esta sede, en cuanto a la inexistencia de la información solicitada, se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Andrés Macaya Jorquera, en contra del Instituto de Salud Pública de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Andrés Macaya Jorquera y a la Directora (S) del Instituto de Salud Pública de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.