logo
 

Juan Bravo Pávez con MUNICIPALIDAD DE RENGO Rol: C5879-20 / C5880-20

Consejo para la Transparencia, 29/12/2020

Se rechaza el amparo contra de la Municipalidad de Rengo, referido a la entrega de contrato de honorarios e informes de cumplimiento del requirente en período que indica. Lo anterior, por cuanto las diligencias de búsqueda de la información consultada implican un riesgo sanitario para los funcionarios municipales, configurándose la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Se requiere a la Municipalidad que adopte las medidas administrativas y sanitarias que permitan evitar la continuidad de lo acontecido. Aplica criterio contenido en las decisiones amparo Rol C7975-19, C1879-20 y C1883-20.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5879-20 Y C5880-20

Entidad pública: Municipalidad de Rengo

Requirente: Juan Bravo Pávez

Ingreso Consejo: 21.09.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo contra de la Municipalidad de Rengo, referido a la entrega de contrato de honorarios e informes de cumplimiento del requirente en período que indica.

Lo anterior, por cuanto las diligencias de búsqueda de la información consultada implican un riesgo sanitario para los funcionarios municipales, configurándose la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Se requiere a la Municipalidad que adopte las medidas administrativas y sanitarias que permitan evitar la continuidad de lo acontecido.

Aplica criterio contenido en las decisiones amparo Rol C7975-19, C1879-20 y C1883-20.

En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5879-20 y C5880-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 21 de julio de 2020, don Juan Bravo Pávez solicitó a la Municipalidad de Rengo la siguiente información: "Solicito por medio del presente los contrato de honorarios e informes de cumplimiento realizados por mi persona, realizados con la ilustre Municipalidad de Rengo, en el periodo que va desde el 19 de febrero del 2014 hasta el 31 de julio del año 2020".

2) RESPUESTA: Mediante Memorándum N° 123, de 13 de agosto de 2020, notificado el 14 de septiembre de 2020, la Municipalidad de Rengo respondió a dicho requerimiento de información indicando que deniega la entrega de la información en virtud del artículo 21, N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, ante la imposibilidad de acceder a la documentación, por encontrarse en archivo en el ex edificio municipal.

3) AMPAROS: El 21 de septiembre de 2020, don Juan Bravo Pávez dedujo amparos a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación estos amparos, confiriendo traslado al Sr. al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rengo, mediante Oficio N° E17369, de 13 de octubre de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; y, (5°) refiérase a la ubicación material de la información solicitada, acredite la ubicación geográfica de la misma y señale las razones por las cuales resulta difícil reunirla y/o acceder a las dependencias donde se encontraría.

Mediante ORD. N° 764, de 22 de octubre de 2020, el órgano reclamado hace llegar sus descargos a esta sede, señalando que la información solicitada constaría en formato papel y no archivados conjuntamente, sino que en diversas pilas de documentos, a modo de ejemplo, los informes de desempeño se archivan junto a los documentos contables , a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas y los contratos, se archivan en la documentación de la unidad de Recursos Humanos, por lo cual se encuentran físicamente en distintos apartados, siendo necesarios a lo menos dos funcionarios dedicados exclusivamente a buscarlos durante varias jornadas, sin embargo, los funcionarios municipales se encuentran bajo la modalidad de teletrabajo, siendo destinados cuando deben comparecer presencialmente, principalmente a colaborar en funciones urgentes y necesarias para la continuidad del servicio.

Asimismo, el órgano señaló que la documentación requerida se encuentra en una bodega de un edificio fiscal, que corresponde al ex Edificio Consistorial, el cual hace un par de años sufrió el anegamiento con materias fecales producto de inundación de alcantarillas, por lo que se requiere ser sanitizado, pues además existe plaga de ratones, por lo que ha sido imposible acceder al lugar donde se encuentra la documentación, lo que pondría en riesgo la salud de los funcionarios.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el principio de economía procedimental, establecido en el artículo 9° de la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige a estos últimos responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios, por lo tanto, atendiendo al hecho de que, respecto de las solicitudes que han motivado los amparos Roles C5879-20 y C5880-20 existe identidad respecto del requirente y del órgano requerido, así como la naturaleza de lo reclamado, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto.

2) Que, los presentes amparos se fundan en respuesta negativa a la solicitud de información, referida a contrato de honorarios e informes de cumplimiento del requirente en período que indica. Al respecto, la reclamada denegó la información en virtud de la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia y en virtud de que la búsqueda de lo solicitado pondría en riesgo la salud de los funcionarios municipales.

3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que: "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.

4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que «la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales» (énfasis agregado).

5) Que, de acuerdo a lo anterior, analizadas las alegaciones del órgano requerido, esta Corporación advierte que, sus fundamentos no resultan suficientes para acreditar el supuesta establecido en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. En efecto, lo señalado por el órgano respecto al tiempo y volumen de información a revisar, no reviste una entidad tal que permitan dar por configurada la causal de distracción indebida que se ha invocado, explicando que la búsqueda de la información solicitada requeriría a los menos dos funcionarios en varias jornadas. Sobre lo anterior, cabe hacer presente que el órgano reclamado cuenta con 20 días hábiles para responder cada solicitud de acceso a la información, pudiendo prorrogarse dicho plazo en 10 días hábiles más de resultar necesario.

6) Que, sin perjuicio de lo anterior y en relación a la alegación de la reclamada sobre el riesgo que a la salud de los funcionarios implica la búsqueda de lo solicitado, cabe tener presente que, ante requerimientos de idéntica naturaleza, esta Corporación denegó la entrega de la información solicitado por configurarse a su respecto la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto "la diligencias de búsqueda de la información consultada, implican un riesgo sanitario para los funcionarios municipales, (criterio aplicado también en las decisiones de amparo Roles N° C1879-20 y C1883-20).

7) Que, en virtud de lo señalado y en mérito de los antecedentes aportados por la reclamada, se rechazará el presente amparo por concurrir la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación al riesgo sanitario al que se verían expuestos los funcionarios municipales al realizar la búsqueda de la información solicitada.

8) Que, sin perjuicio de lo anterior, esta Corporación advierte que, atendido que la información solicitada se encuentra en un lugar inaccesible, dadas las condiciones de salubridad planteadas por la reclamada, cuyo acceso pondría en riesgo la salud de los funcionarios encargados de recabar dichos antecedentes, requerirá a la Municipalidad que adopte todas las medidas administrativas y sanitarias que permitan evitar la continuidad de lo acontecido. Lo anterior, por cuánto el actual estado de salubridad de dichas bodegas no puede constituirse de manera permanente en un obstáculo que impida al ciudadano a acceder a antecedentes públicos.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Juan Bravo Pávez, en contra de la Municipalidad de Rengo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rengo, que adopte todas las medidas administrativas y sanitarias que permitan terminar con el estado de insalubridad de la bodega municipal, a fin de evitar la continuidad de lo acontecido. Lo anterior, por cuanto el actual estado de salubridad de dichas bodegas no puede constituirse de manera permanente en un obstáculo que impida al ciudadano a acceder a antecedentes públicos.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Bravo Pávez y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rengo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.