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Francisco Ramírez Bastías con SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Rol: C5848-20

Consejo para la Transparencia, 29/12/2020

Se acoge el amparo en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, ordenándose la entrega de información sobre la fundamentación y respaldo para decretar, mantener y/o aplicar las acciones detalladas en el numeral 1° de lo expositivo, relativas al empleo obligatorio de mascarillas en la vía pública, a la indicación de la prohibición de divulgar la pastilla que refiere, al empleo del PCR para detectar el Covid-19, a la certificación de vacunas aplicadas por el órgano reclamado, así como a la indicación sobre si existe un registro de vacunación comparable con personas fallecidas y un estudio de respaldo de los sistemas que se consultan y su eventual afectación al organismo, en la medida que obre en alguno de los soportes documentales consignados en el artículo 10 inciso 2° de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual no se esgrimió por parte del organismo reclamado la concurrencia de causales de secreto o reserva que ponderar que justifique la denegación de lo solicitado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5848-20

Entidad pública: Subsecretaría de Salud Pública

Requirente: Francisco Ramírez Bastías

Ingreso Consejo: 15.09.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, ordenándose la entrega de información sobre la fundamentación y respaldo para decretar, mantener y/o aplicar las acciones detalladas en el numeral 1° de lo expositivo, relativas al empleo obligatorio de mascarillas en la vía pública, a la indicación de la prohibición de divulgar la pastilla que refiere, al empleo del PCR para detectar el Covid-19, a la certificación de vacunas aplicadas por el órgano reclamado, así como a la indicación sobre si existe un registro de vacunación comparable con personas fallecidas y un estudio de respaldo de los sistemas que se consultan y su eventual afectación al organismo, en la medida que obre en alguno de los soportes documentales consignados en el artículo 10 inciso 2° de la Ley de Transparencia.

Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual no se esgrimió por parte del organismo reclamado la concurrencia de causales de secreto o reserva que ponderar que justifique la denegación de lo solicitado.

En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5848-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 31 de julio de 2020, don Francisco Ramírez Bastías solicitó a la Subsecretaría de Salud Pública -en adelante e indistintamente, también, la Subsecretaría-, la siguiente información:

"En qué se basa y en qué y quién certifica y se respalda el ministerio u organismo para decretar, mantener y/o aplicar las siguientes accesiones:

1.- Que todos los ciudadanos sin distinción empleen obligatoriamente mascarilla en la vía pública, como calles, paraderos, restaurantes, supermercados, etc. ¿Esto solo sería para recintos hospitalarios?

2.- Por qué se permite adquirir o se divulga y se provee a todos los ciudadanos de pastillas Dioxicloroquina, ya que es probadamente un excelente medida preventiva y económica, además de proveer vitamina C. Siendo estos elementos muy económicos y de fácil empleo.

3.- El PCR, que se emplea, detecta específicamente el Coronavirus-Cov2 o como le pusieron posteriormente Covid-19 y quién certifica esto.

4.- Existe un registro de vacunación que se pueda comparar y analizar con las personas fallecidas con diagnóstico de Covid-19.

5.- Existe estudio que Uds. analizaron o consideraron de respaldo que las RF de los sistemas 1,2,3,4 y 5 G afectan al organismo.

6.- La certificación de las vacunas que Uds. autorizan y emplean y aplican, estas exentas de derivados o relacionadas con células humanas u otras células que son provocadoras de enfermedades, tumores o cancerígenas".

Adicionalmente, indicó que el motivo de requerir lo anterior, es para saber sobre los respaldos, información científica y certificaciones, tanto internacionales como nacionales, que el organismo emplea para aplicar las acciones consultadas.

2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por Carta N° 11281 de fecha 28 de agosto de 2020, la Subsecretaría notificó al solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 15 de septiembre de 2020, don Francisco Ramírez Bastías dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la ausencia de respuesta a su solicitud de información.

4) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a SARC, a fin de obtener por parte del órgano requerido la entrega de la información solicitada. Al respecto, mediante correo electrónico de fecha 7 de octubre de 2020, el órgano reclamado aceptó la propuesta de SARC. No obstante lo anterior, atendido que la Subsecretaría reclamada no cumplió con lo requerido dentro del plazo conferido, se tuvo por fracasado el SARC.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, mediante Oficio N° E19954 de fecha 13 de noviembre de 2020 solicitándole que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de la respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.

Mediante correo electrónico de fecha 2 de diciembre de 2020, el órgano reclamado remitió Ordinario A/102 N° 5180 con sus descargos e informó que producto de la pandemia sanitaria que afecta a nuestro país, la respuesta entregada mediante Oficio Ordinario A/102 N° 4363 de fecha 13 de octubre de 2020 -que adjuntó al efecto-, no fue entregada al requirente dentro del plazo requerido. En efecto, en dicha respuesta, la Subsecretaría advirtió que lo solicitado no es propiamente una solicitud de información amparada en la Ley de Transparencia, toda vez que se requiere un pronunciamiento por parte del organismo, por lo que no es posible acceder a lo pedido.

6) PRESENTACIÓN DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, mediante correo electrónico de fecha 2 de diciembre de 2020, el requirente manifestó su disconformidad con la respuesta entregada por el organismo y señaló, además, que lo solicitado no es un pronunciamiento.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro de los plazos legales indicados, lo que constituye una infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11 letra h), del cuerpo legal citado. Por lo anterior, se le recomienda al órgano reclamado que en lo sucesivo adopte las medidas administrativas necesarias a fin de evitar la reiteración de la circunstancia ya descrita.

2) Que, el objeto del presente amparo es la entrega de información sobre la fundamentación y respaldo para decretar, mantener y/o aplicar las acciones detalladas en el numeral 1° de lo expositivo, relativas al empleo obligatorio de mascarillas en la vía pública, a la prohibición de divulgar la pastilla que refiere, al empleo del PCR para detectar el Covid-19, a la certificación de vacunas aplicadas por el órgano reclamado, así como a la indicación sobre si existe un registro de vacunación comparable con personas fallecidas y un estudio de respaldo de los sistemas que se consultan y su eventual afectación al organismo. Al respecto, la Subsecretaría reclamada advirtió, con ocasión de sus descargos, que la solicitud que motivó el presente amparo corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución Política de la República, al pedirse un pronunciamiento por parte de la autoridad, no amparado por la Ley de Transparencia.

3) Que, primeramente, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10° de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

4) Que, en cuanto a la alegación de la reclamada consignada en el numeral 5° de lo expositivo, respecto a que lo pedido se condice con el ejercicio del derecho de petición dispuesto en el artículo 19 N° 14 de la Carta Fundamental al requerirse un pronunciamiento por parte de la autoridad, cabe hacer presente que en la medida que la información requerida -vinculada a la indicación de fundamentos, respaldos, certificaciones y señalamiento de razones en relación a las acciones consultadas-, pueda estar contenida en alguno de los soportes documentales señalados en el artículo 10 inciso 2° de la Ley de Transparencia, es susceptible de ser requerida al amparo de la citada norma, circunscribiéndose lo pedido, dentro del debido ejercicio del derecho de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 10 de la Ley de Transparencia.

5) Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, tratándose lo solicitado de información de naturaleza pública, vinculada a la fundamentación de medidas tomadas por el organismo consultado, respecto de la cual no se esgrimieron causales de secreto o reserva que justifiquen la denegación de lo solicitado, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará su entrega, en la medida que dicha información obre en alguno de los soportes documentales consignados en el artículo 10 inciso 2° de la Ley de Transparencia. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información solicitada, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obra en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Francisco Ramírez Bastías, en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante información sobre la fundamentación y respaldo para decretar, mantener y/o aplicar las acciones detalladas en el numeral 1° de lo expositivo, relativas al empleo obligatorio de mascarillas en la vía pública, a la indicación de la prohibición de divulgar la pastilla que refiere, al empleo del PCR para detectar el Covid-19, a la certificación de vacunas aplicadas por el órgano reclamado, así como a la indicación sobre si existe un registro de vacunación comparable con personas fallecidas y un estudio de respaldo de los sistemas que se consultan y su eventual afectación al organismo, en la medida que obre en alguno de los soportes documentales referidos en el artículo 10 inciso 2° de la Ley de Transparencia, en la forma señalada en el considerando 5° del presente acuerdo.

No obstante lo anterior, en el evento de que dicha información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Francisco Ramírez Bastías y a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.