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Juan Diaz Soto con MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES Rol: C5734-20

Consejo para la Transparencia, 29/12/2020

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Los Ángeles, ordenándose la entrega de los Decretos Alcaldicios que cambiaron las funciones de los docentes que se señalan en la nómina adjunta; y, se informe si dichos decretos fueron efectivamente registrados en el sistema SIAPER y enviados a la Contraloría General de la República el año 2016 para su respectivo registro. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, relativa a actos administrativos emitidos por la reclamada sobre funcionarios públicos, respecto de los cuales se desestimó la distracción indebida esgrimida por el Municipio.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5734-20

Entidad pública: Municipalidad de Los Ángeles

Requirente: Juan Diaz Soto

Ingreso Consejo: 14.09.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Los Ángeles, ordenándose la entrega de los Decretos Alcaldicios que cambiaron las funciones de los docentes que se señalan en la nómina adjunta; y, se informe si dichos decretos fueron efectivamente registrados en el sistema SIAPER y enviados a la Contraloría General de la República el año 2016 para su respectivo registro.

Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, relativa a actos administrativos emitidos por la reclamada sobre funcionarios públicos, respecto de los cuales se desestimó la distracción indebida esgrimida por el Municipio.

En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5734-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de agosto de 2020, don Juan Diaz Soto solicitó a la Municipalidad de Los Ángeles -en adelante, indistintamente Municipalidad o Municipio- la siguiente información:

1.1) «Que la Municipalidad de Los Ángeles haga entrega de una copia de los Decretos Alcaldicios que cambiaron las funciones de los docentes que se señalan en la nómina adjunta; y

1.2) Que se me informe si dichos decretos fueron efectivamente registrados en el sistema SIAPER y enviados a la Contraloría General de la República el año 2016 para su respectivo registro».

Al respecto, adjuntó lista de los docentes de los cuales se solicita los decretos alcaldicios del año 2016.

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 14 de septiembre de 2020, don Juan Diaz Soto dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la ausencia de respuesta a su requerimiento de acceso a la información.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, mediante presentación, de fecha 15 de septiembre de 2020, la Municipalidad de Los Ángeles respondió extemporáneamente a dicho requerimiento de información, denegando su entrega, por concurrir en la especie la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c). Al efecto, hizo presente que, durante el año 2020 se han formulado un total de 25 solicitudes de acceso a la información por parte del reclamante.

Primeramente, puntualizó que, durante el mes de julio y agosto del presente año, ingresaron 20 solicitudes de acceso a la información por parte del reclamante, y 14 de ellas fueron dirigidas a la Dirección Comunal de Educación. Asimismo, hizo presente que, las presentaciones efectuadas por el peticionario requieren de un gran número de decretos y/o documentos correspondientes al periodo 2016, las cuales ilustró. Al efecto, acompañó copia de tabla con resumen de requerimientos efectuados por el reclamante.

Con respecto al requerimiento de especie, puntualizó que, dichas solicitudes implican la búsqueda de 16 documentos almacenados fuera de las instalaciones del DAEM en sector Escuela Huaqui, lo que evidentemente significa una carga de trabajo muy superior a la que hoy pueden atender los funcionarios del DAEM, en virtud del sistema de trabajo propuesto para evitar el contagio, con ocasión de la pandemia que afecta al país.

En tal sentido, informó que, algunos de los funcionarios de la Dirección Comunal de Educación Municipal, se encuentran mediante la opción de flexibilidad laboral mediante sistema de turnos entablados por Decreto Alcaldicio N° 1600, de fecha 25 de junio de 2020, y que, según lo informado por la encargada de Personal, mediante Memo N° 66, de fecha 3 de septiembre de 2020, los funcionarios del área de personal corresponden a un total de 14 funcionarios, de los cuales 3 se encuentran con permiso especial por edad o patología relacionada con la pandemia por Covid-19.

En línea con lo anterior, clarificó que, realmente se encuentran en la unidad correspondiente 7 personas por turno, las cuales deben realizar todas las funciones propias del departamento, laborando en la oficina sólo 6 horas diarias, siendo los funcionarios asignados a decretos sólo dos, los cuales deben dedicarse a realizar todo lo relacionado a docentes, ordenes de trabajo, decretos, ceses, respuesta a solicitudes, entre otras funciones. Por tanto, concluyó que, se requiere que una persona se dedique en forma exclusiva a ese trabajo -3 horas, manteniendo el sistema de turno semanal-.

En virtud de lo anterior, estimó que, atender las 14 solicitudes de acceso presentadas por el solicitante, implicaría un tiempo estimado de 2 meses, en circunstancias que el funcionario a cargo y conocedor del orden y clasificación de la bodega se encuentra en casa por ser persona en situación de riesgo frente a la pandemia. Agregó, además, que el total de horas hombres puede ascender a $1.793.520 -teniendo en consideración el costo en personal y vehículos en jornadas de 6 horas por semana-.

Por lo anterior, razonó que, en la especie si concurren los hechos constitutivos de la referida causal, teniendo en consideración que su atención podría implicar para tales funcionarios la utilización de un tiempo excesivo, teniendo en consideración que, en virtud de la pandemia, se ha disminuido de forma importante el personal, constituyendo, consecuencialmente, una dedicación desproporcionada al peticionario.

3) AMPARO: El 14 de septiembre de 2020, don Juan Diaz Soto dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la ausencia de respuesta a su requerimiento de acceso a la información.

4) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante Oficio N° E16445, de 28 de septiembre de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en caso de disconformidad, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada.

Mediante presentación, de fecha 30 de septiembre de 2020, el peticionario manifestó su inconformidad con la respuesta entregada. Al respecto, señaló que, no se entregó los antecedentes pedidos en el presente requerimiento.

5) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Ángeles, mediante Oficio N° E17945, de fecha 20 de octubre de 2020, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

A la fecha del presente acuerdo, no consta que el órgano hubiere presentado descargos u observaciones al presente reclamo en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a pronunciarse sobre el fondo del amparo, se debe señalar que la Ley de Transparencia en su artículo 14° dispone que, la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde su recepción. No obstante, ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado. Lo anterior importa una infracción al artículo 14° de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h) del mismo cuerpo normativo. Se hace presente lo anterior, a efectos de que se adopten las medidas necesarias en lo sucesivo que permitan enmendar dicha infracción.

2) Que, atendido el pronunciamiento del peticionario, el presente amparo se funda en la denegación de los antecedentes consultados por el peticionario, referidos a la entrega de información sobre la copia de los Decretos Alcaldicios que cambiaron las funciones de los docentes que se consignan, y si dichos decretos fueron efectivamente registrados en el sistema SIAPER y enviados a la Contraloría General de la República el año 2016 para su respectivo registro. Al respecto, el Municipio se opuso a su entrega, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, esto es, la distracción indebida de los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

3) Que, en cuanto a la configuración en la especie de la causal de reserva prevista en el artículo 21° N° 1 letra c), cabe tener presente que, dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales (énfasis agregado).

4) Que, en dicho contexto, y de conformidad a la causal de reserva esgrimida por el Municipio, respecto de la totalidad de las solicitudes de información ingresadas, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que «la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado». Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.

5) Que, en tal sentido, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que «la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales».

6) Que, sobre lo anterior, este Consejo ha razonado, a partir de su decisión Rol C1186-11, que el conjunto de requerimientos de información interpuestos por una misma persona, ante un mismo órgano de la Administración del Estado, en un período acotado de tiempo, puede justificar la concurrencia de la hipótesis de distracción indebida de los funcionarios de dicho órgano, respecto del cumplimiento regular de sus funciones, recogidas en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, cuando se acredite que su atención agregada implica para tales funcionarios la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo, de esta forma, la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas, implicando, todo ello, una carga especialmente gravosa para el organismo, en términos de la causal de secreto o reserva antes señalada. En este sentido, se debe tener presente que, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de SEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, los órganos de la Administración del Estado, se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia (énfasis agregado).

7) Que, en tal contexto, esta Corporación estima que, este no ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano requerido. En efecto, a juicio de este Consejo, la cantidad de solicitudes presentadas por el peticionario -14 requerimientos de acceso a la información formulados a la Dirección comunal de Educación- no constituyen una entidad suficiente que configuren la distracción indebida de sus funcionarios en el caso de especie, máxime si se considera que por cada requerimiento de acceso a la información se cuenta con 20 días hábiles para ser satisfechas, pudiendo prorrogarse por 10 días hábiles más en caso de resultar necesarios, prerrogativa que no fue utilizada por el órgano requerido. Asimismo, de la revisión de la tabla de resumen de solicitudes aportada por el Municipio -con ocasión de su respuesta-, esta Corporación advierte que, los requerimientos efectuados se circunscriben -principalmente- a materias similares, esto es, los decretos alcaldicios del personal de Educación del año 2016, emitidos por la Dirección de Administración de Educación Municipal -DAEM-, circunstancia que evidentemente facilita su recopilación, sistematización y respuesta. En tal sentido, el mismo órgano ilustró que, parte de estas solicitudes de acceso ya se encuentran debidamente atendidas.

8) Que, en línea con lo anterior, esta Corporación estima que, el volumen de información cuantificado por el órgano que es necesaria revisar -16 documentos almacenados en bodega que indica-no revisten de una entidad tal que permitan dar por configurada la causal de distracción indebida que se ha invocado, por cuanto el órgano tiene conocimiento -según sus propios dichos-, de su identificación y la ubicación en que se encuentran. En este contexto, a juicio de este Consejo, no resulta plausible que el órgano reclamado se demore 2 meses en atender la presente solicitud, respecto de documentos cuya ubicación, cantidad y materia conoce.

9) Que, respecto de los costos económicos y de recursos humanos esgrimidos por la reclamada, este Consejo advierte la improcedencia de dicha alegación, por cuanto aquellos deben realizar dicha tarea en cumplimiento de sus propias funciones como empleados públicos, recibiendo como contraprestación por los servicios prestados sus respectivas remuneraciones mensuales. Así, el gasto informado por el órgano no corresponde a un costo real en que debería incurrir, sino a un monto hipotético representativo del trabajo de sus funcionarios, tomando como base de cálculo el grado de escala de cada uno de ellos, que sólo sirve para graficar económicamente lo que se debería realizar, pero que en la práctica, no se traduce en un desembolso de recursos como los señalados, toda vez que los respectivos funcionarios que participarían en la recopilación de lo pedido, sólo recibirían sus remuneraciones correspondientes, independiente de las tareas que en concreto lleven a cabo. Por otra parte, resulta atingente aclarar que este deber de búsqueda y entrega de la información pública, es propia de los órganos públicos en su calidad de tal, cuya carga no puede traspasarse a los requirentes.

10) Que, a continuación, en cuanto a las dificultades generadas por el COVID-19 esgrimidas por el Municipio, se debe señalar que este Consejo, por medio de oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, a consecuencia del brote de COVID-19, con fecha 11 de marzo de 2020, y en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, de fecha 18 de marzo de 2020. En dicho contexto, si bien se refiere a la adopción de medidas extraordinarias respecto de los plazos de cumplimiento de las obligaciones de proporcionar acceso a la información pública en el contexto de la pandemia mundial, tal como se razonó en la decisión de amparo rol C2447-20, en caso alguno justifica la falta de entrega de la misma, ni se constituye en una causal de reserva o secreto de aquella. En efecto, el oficio en cuestión establece, en lo pertinente y respecto del plazo para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información, que: «A tales efectos y en consideración de las circunstancias de excepción previamente reseñadas, de producirse algún evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que impida dar cumplimiento al plazo de veinte días estipulado y a la prórroga de 10 días adicionales, el órgano requerido deberá contactar al solicitante, a la brevedad posible, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido, señalando un nuevo plazo para proceder a informar a éste su pronunciamiento» (énfasis agregado).

11) Que, como es posible apreciar del tenor del oficio citado, para la aplicación de la facultad excepcional que ahí se consagra, es pertinente que se verifiquen a lo menos dos requisitos, esto es, informar al solicitante, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido; y, señalar un nuevo plazo para proceder a informar a aquel su pronunciamiento. En el presente caso, si bien el órgano enuncia las dificultades para cumplir con lo requerido en razón de la pandemia y estado de excepción, en caso alguno da cumplimiento a la segunda de las exigencias enunciadas, pues no señala plazo alguno para otorgar respuesta a la solicitud, indicando, en definitiva, que no accederá a lo pedido por la casual que invoca (énfasis agregado).

12) Que, a su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública consagrado en el artículo 3°, inciso primero, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado -que obliga a esta última a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En tal sentido, el órgano reclamado, debió seguir lo informado por este Consejo en el citado oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020, lo cual habría facilitado su actuar en materia de cumplimiento de acceso a información pública, debiendo proceder a la búsqueda y entrega de la información solicitada, dentro de un plazo prudente establecidos por ellos mismos, de acuerdo a su propia realidad (énfasis agregado). Asimismo, es necesario tener en consideración que, tal como ha sido reconocido por el organismo, los funcionarios del municipio se encuentran trabajando en sistema de turnos, algunos de los cuales se encuentran en modo presencial. Por los motivos expuestos con anterioridad, se desestimará la alegación del órgano reclamado, respecto de la configuración de la causal de reserva de distracción indebida al cumplimiento de sus funciones.

13) Que, acto seguido, en cuanto a la publicidad de los antecedentes consultados, esta Corporación advierte que, lo requerido se circunscribe -principalmente- a información sobre actos administrativos -Decretos Alcaldicios- que cambiaron las funciones de los docentes que se consignan. Sobre este punto, esta Corporación ha sostenido reiteradamente que, atendido al tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales y relativos a su desempeño. Luego, y en base a la referida premisa, ha ordenado la entrega de instrumentos de nombramiento, cambio y cese de funciones, medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, títulos de profesión, liquidaciones y otros antecedentes referidos al desempeño de sus laborales (énfasis agregado).

14) Que, sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones del personal de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En este contexto, los actos administrativos que vinculan laboralmente a determinados funcionarios a un organismo público permiten conocer las condiciones en que se encuentran sometidas tales relaciones laborales.

15) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente; tratándose de información de naturaleza pública, referente a actos administrativos emitidos por la reclamada sobre el cambio de funciones de funcionarios públicos; no habiéndose alegado la inexistencia de los antecedentes requeridos; y, resultando insuficientes las alegaciones efectuadas por el órgano reclamado para tener por configurada la hipótesis de la causal de reserva de distracción indebida, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega de los antecedentes consultados. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

16) Que, sin perjuicio de lo anterior, y en adecuación con lo expuesto por la reclamada, este Consejo comprende la situación excepcional por la que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia sanitaria por el brote de COVID-19. En este contexto, esta Corporación pudo prever, que la situación descrita anteriormente implicaría que los órganos de la Administración del Estado verían disminuida la capacidad de trabajo de sus dotaciones, que un gran número de funcionarias y funcionarios realizarían sus labores en modalidad de teletrabajo y que los servicios de despacho de documentos sufrirían retrasos, lo que podría generar una demora en el desarrollo de ciertos procedimientos administrativos, afectando con esto los plazos contemplados en los mismos. Por lo anterior, se concederá un plazo adicional para dar respuesta al presente procedimiento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Juan Diaz Soto, en contra de la Municipalidad de Los Ángeles, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Ángeles, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante copia de los Decretos Alcaldicios que cambiaron las funciones de los docentes que se señalan en la nómina adjunta; e, informe si dichos decretos fueron efectivamente registrados en el sistema SIAPER y enviados a la Contraloría General de la República el año 2016 para su respectivo registro.

En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Díaz Soto y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Ángeles.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.