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Marisol Paredes Cárcamo con INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL) Rol: C6230-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se acoge el amparo deducido en contra del Instituto de Seguridad Laboral, requiriendo la entrega copia de la información proporcionada sin tarjar el dato relativo al nombre y apellido del funcionario al cual fue dirigida la comunicación por la que se consulta. Lo anterior, debido a que se descarta que su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. Además, que se trata de la identidad de un funcionario público, y este Consejo ha señalado de forma reiterada que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los servidores de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6230-20

Entidad pública: Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Requirente: Marisol Paredes Cárcamo

Ingreso Consejo: 01.10.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Instituto de Seguridad Laboral, requiriendo la entrega copia de la información proporcionada sin tarjar el dato relativo al nombre y apellido del funcionario al cual fue dirigida la comunicación por la que se consulta.

Lo anterior, debido a que se descarta que su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. Además, que se trata de la identidad de un funcionario público, y este Consejo ha señalado de forma reiterada que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los servidores de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C6230-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 2 de septiembre de 2020, doña Marisol Paredes Cárcamo solicitó al Instituto de Seguridad Laboral - en adelante también ISL-, "correos o notificación enviados al empleador de la funcionaria que emite la DIEP donde se solicita autorización para evaluación de puestos de trabajo de la funcionaria evaluada".

2) RESPUESTA: El Instituto de Seguridad Laboral mediante resolución N° 148, de fecha 4 de agosto de 2019, informó que accede a la entrega de los antecedentes solicitados.

3) AMPARO: Con fecha 1° de octubre de 2020, doña Marisol Paredes Cárcamo dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del Instituto de Seguridad Laboral, fundado en la respuesta incompleta o parcial. En particular sostuvo que "El mail enviado al empleador para solicitar autorización para realizar la evaluación de puestos de trabajo tiene tachada la parte del destinatario es decir a quien se le envió la notificación (...) Es trascendente contar con el nombre de quién recepcionó la notificación o más bien a quien se le envió la notificación de estudio de puesto de trabajo, ya que en la Dirección del Hospital de Maullín al ser consultados negaron haber sido notificados al respecto, indicando que quizás por error se le notificó a otra persona o al servicio de salud del Reloncaví".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral mediante Oficio N° E17.968, de fecha 20 de octubre de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada a la reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (3°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente su denegación; (4°) teniendo en consideración lo expuesto por la reclamante, con relación a que los datos del empleador habrían sido aportados por la propia solicitante al momento de ingresar la DIEP, señale si la información requerida, a su juicio, afectaba derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (5°) de haber procedido conforme a dicho artículo, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, (6°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

El órgano reclamado por medio de correo electrónico de fecha 5 de noviembre de 2020, informó que, de la revisión de los antecedentes remitidos por la Dirección Regional de Los Lagos, constataron que la documentación incorporaba datos personales y/o sensible que podrían generar afectación de derechos de terceros, por lo cual, en atención a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 y al artículo 11 letra e), ambos de la Ley de Transparencia, tarjaron aquellos datos de carácter personales y/o sensibles, o que bien que se encuentran sujetos a alguna causal de secreto o reserva. Además, señalan que no realizaron el procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, toda vez que la solicitud original explicitó como requerimiento el correo electrónico remitido con objeto de coordinar y/o notificar realización de Evaluación de Puesto de Trabajo, y no la identificación del destinatario del mensaje.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del amparo deducido al funcionario por cuyos antecedentes se consultan, mediante Oficio N° 19.618, de fecha 10 de noviembre de 2020, en su calidad de tercero a quien se refiere la información solicitada, a fin de que presente sus descargos y observaciones a este amparo.

El tercero involucrado por medio de correo electrónico de fecha 16 de noviembre de 2020, señaló que "Se solicitó a la Srta. Marisol Paredes informar a la mutual y reabrir su caso, a lo que ella se negó informándolo en el correo electrónico del 11-09-2020 que adjunto".

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la respuesta incompleta o parcial, circunscribiéndose el objeto de este a la individualización - nombre y apellidos- de la persona a quien se le envió la solicitud de autorización para evaluación de su puesto de trabajo. Al respecto el órgano reclamado alegó que concurre la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

2) Que respecto de la información solicitada se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en orden a que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo establecido en los artículos 5 inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, en tal sentido, lo solicitado obra en poder del órgano reclamado al formar parte de un procedimiento administrativo realizado en cumplimiento de las funciones que le otorga la ley y que involucra a la reclamante. De esta forma, constituye un fundamento de un acto o resolución de un órgano de la Administración del Estado, para establecer o descartar la existencia de una relación de causalidad directa entre la patología de salud y la actividad laboral de la trabajadora, lo cual en conformidad a los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia se trata de información pública, salvo la concurrencia de las excepciones establecidas en la ley.

4) Que el órgano reclamado denegó el acceso a la identidad de la persona a quien se dirigió la solicitud de autorización para la evaluación del puesto de trabajo de la reclamante, por tratarse de datos personales y/o sensibles, por lo que, consideran que concurre la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación alegada debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Lo que no concurre en el presente caso, razón por la cual se descartará aquella.

5) Que en cuanto a la alegación referida a que lo pedido se refiere corresponde a un dato personal, se debe hacer presente que este Consejo notifico al tercero cuyos antecedentes se requiere, quien no se opuso expresamente a la divulgación de lo pedido, sólo señaló las acciones efectuadas para realizar el estudio del puesto de trabajo de la reclamante. Además, se debe considerar que la recurrente es funcionaria del Hospital de Maullín, por lo que, se requiere acceso al nombre de un funcionario público. Al respecto, se debe considerar que atendido el tipo de labores que desempeñan dichos funcionarios, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa, este Consejo ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella.

6) Que, en consecuencia, se acogerá el amparo requiriendo la entrega de la información proporcionada sin tarjar el dato del nombre y apellido del funcionario al cual fue dirigida la comunicación por la que se consulta.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Marisol Paredes Cárcamo en contra del Instituto de Seguridad Laboral, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral, lo siguiente:

a) Entregue a la reclamante copia de la información proporcionada sin tarjar el dato relativo al nombre y apellido del funcionario al cual fue dirigida la comunicación por la que se consulta.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña doña Marisol Paredes Cárcamo, al Sr. Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral y al tercero involucrado en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.