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Roberto Urmeneta de la Barrera con SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS Rol: C6196-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Aduanas, referido a la individualización de las exportaciones e importaciones por empresas en el período consultado, identificadas con su RUT real (no ficticio). Lo anterior, teniendo presente, que si bien atendido el carácter económico de lo solicitado, era necesario notificar a los terceros interesados, sin embargo, dado que en la especie ascienden a 1.387.984 empresas, cuyo proceso de comunicación implicaría para el órgano una dedicación de a lo menos 57.833 jornadas, de 8 horas cada una, para llevar a cabo dicha gestión, se estimó que en la especie, efectivamente, su comunicación llevaría al órgano a una distracción indebida capaz de afectar el debido cumplimiento de sus funciones. En este caso, se sigue lo resuelto en la decisión de amparo rol C1848-18, caso en el cual, se tenía que notificar a 476 personas. Con todo, además de la falta de emplazamiento, por tratarse de información cuya divulgación afectaría los derechos comerciales y económicos de los terceros involucrados, como asimismo su capacidad competitiva; configurándose la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6196-20

Entidad pública: Servicio Nacional de Aduanas

Requirente: Roberto Urmeneta de la Barrera

Ingreso Consejo: 30.09.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Aduanas, referido a la individualización de las exportaciones e importaciones por empresas en el período consultado, identificadas con su RUT real (no ficticio).

Lo anterior, teniendo presente, que si bien atendido el carácter económico de lo solicitado, era necesario notificar a los terceros interesados, sin embargo, dado que en la especie ascienden a 1.387.984 empresas, cuyo proceso de comunicación implicaría para el órgano una dedicación de a lo menos 57.833 jornadas, de 8 horas cada una, para llevar a cabo dicha gestión, se estimó que en la especie, efectivamente, su comunicación llevaría al órgano a una distracción indebida capaz de afectar el debido cumplimiento de sus funciones. En este caso, se sigue lo resuelto en la decisión de amparo rol C1848-18, caso en el cual, se tenía que notificar a 476 personas.

Con todo, además de la falta de emplazamiento, por tratarse de información cuya divulgación afectaría los derechos comerciales y económicos de los terceros involucrados, como asimismo su capacidad competitiva; configurándose la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Aplica criterio contenido en la decisión de amparo Rol A325-09, entre otras.

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6196-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de junio de 2020, don Roberto Urmeneta de la Barrera solicitó al Servicio Nacional de Aduanas, la siguiente información:

"(...) Archivo de las exportaciones agrupadas por empresas (identificadas con su RUT) con sus montos exportados por productos (y servicios) y destinos, el medio de transporte, el puerto de salida, etc. Para los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 hasta el último mes posible (por ejemplo agosto).

Para poder comparar la evolución durante este año, se necesitará un corte similar en el año 2019 (agosto por ejemplo).

Y lo mismo para las importaciones. Las importaciones agrupadas por empresa con su RUT, indicando, los productos importados, país de origen, medio de transporte, etc. En los periodos señalados."

Observaciones: Solicita que la información sea entregada en dos archivos, uno para las exportadoras y otro para las importadoras, según indica.

2) RESPUESTA: El 11 de septiembre de 2020, el Servicio Nacional de Aduanas respondió a dicho requerimiento de información, mediante los oficios ordinarios N° 7485 y N° 2774, de esa fecha, señalando, en síntesis, lo siguiente:

A) Por oficio ordinario N° 7485, expuso que al tenor de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, en lo relativo a la parte de la información estadística solicitada sobre exportaciones e importaciones, en período consultado, esta se encuentra permanentemente a disposición del público, según cuadro indicado.

Respecto al resto de la información estadística pedida, indica que el Servicio genera y publica sus estadísticas de comercio exterior en sección indicada; donde se encuentra disponible una base de datos de ingresos y salidas mensuales, que se actualiza los primeros quince días del mes siguiente, con datos desde el 2010 en adelante, en los links señalados. A través de estas mismas direcciones se puede acceder al archivo EXCEL que contiene los códigos y glosas que permiten procesar de mejor forma los datos contenidos en los archivos de ingresos y salidas.

B) Por oficio ordinario N° 2774, señaló, que en cuanto a la parte del requerimiento referida a la individualización de las empresas exportadoras e importadoras identificadas con su RUT para el mismo período, se deniega esta información, fundado en que su atención implicaría notificar a 69.771 empresas exportadoras y a 1.318.213 empresas importadoras, totalizando 1.387.984 cartas certificadas a enviar, para efectos que puedan ejercer su derecho de oposición, en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, lo cual implicaría distraer indebidamente a los funcionarios de este Servicio del cumplimiento regular de sus labores habituales, situación que se encuentra contemplada en el artículo 21 N° l, literal c) de la Ley de Transparencia; lo anterior, significaría destinar 57.833 jornadas de 8 horas cada una, que equivalen a un total de 462.664 horas, cuyo costo aproximado sería de $ 5.551.936.000.- fraccionado entre el valor de sobres, etiquetas y el despacho de Correos de Chile-.

Por su parte, se debe considerar que la individualización del exportador y del importador se encuentra protegido por el denominado "secreto empresarial', el cual representa el resultado de tratativas comerciales de carácter internacional y el desarrollo de una estrategia comercial; por lo que su mantención en reserva significa para su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva, cuya divulgación afectaría los derechos de carácter comercial y económico de las empresas. Lo anterior hace improcedente su entrega, conforme con lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la ley en comento. Cita jurisprudencia de este Consejo sobre la materia.

3) AMPARO: El 30 de septiembre de 2020, don Roberto Urmeneta de la Barrera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado fundado en la respuesta parcial a su solicitud.

Además, el reclamante hizo presente que: "La información disponible en la web no permite identificar a las empresas exportadoras e importadoras. Por eso solicite expresamente que tuvieran el RUT. (...) En la web las empresas están con un RUT ficticio. (...)". Por tanto, requiere la información de las exportaciones por empresa con su RUT real. Y lo mismo para las importadoras".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E18311, de 23 de octubre de 2020, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas, solicitante que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros.

Mediante escrito de fecha 10 de noviembre de 2020, el órgano efectuó sus descargos, reiterando las reservas invocadas con sus fundamentos en el oficio ordinario N° 2774, en que se denegó la información reclamada, relativa o a la individualización de las empresas exportadoras e importadoras identificadas con su RUT para el período consulado, por aplicación las causales de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) y N° 2 de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto se individualización las exportaciones e importaciones por empresas en el período consultado, identificadas con su RUT real y no ficticio, según se señala en el N° 3 de lo expositivo. Al efecto el órgano denegó esta información por concurrir las causales de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) y N° 2 de la Ley de Transparencia.

2) Que, al respecto, este Consejo entiende que, los datos requeridos constituyen un bien económico estratégico, respecto del cual existen titulares, en la especie las empresas exportadoras e importadoras, que ejercen derechos de carácter comercial o económico, por corresponder al concepto internacionalmente aceptado de información no divulgada y, en concreto, al de secreto empresarial que recoge la legislación nacional, lo que exige a los órganos de la Administración del Estado otorgarle una protección adecuada para mantener ese carácter de secreto. Lo anterior, tiene fundamento constitucional en el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin estar sometido a una competencia desleal por parte de los demás competidores, y en el derecho de propiedad, que se ejerce en este caso respecto de este cúmulo de información que es el objeto del secreto señalado, respectivamente contemplados en los numerales 21° y 24°, del artículo 19° de la Constitución Política de la República.

3) Que, asimismo, cabe señalar que el precedente análisis e interpretación de la legislación nacional en correspondencia con los tratados internacionales de los que Chile es parte, manifiesta la particular preocupación de este Consejo por dar aplicación a las normas internacionales y a las de adecuación de aquéllas, con la finalidad de evitar la afectación del interés nacional, en particular, de las relaciones internacionales y de los intereses económicos o comerciales del país, según lo dispone el artículo 21 N° 4 y lo exige el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, en la medida que esos acuerdos internacionales contemplan obligaciones de confidencialidad a las que el Estado de Chile debe dar justo cumplimiento al adecuar su legislación, en especial cuando se trata de materias que afectan derechos comerciales o económicos de los sujetos protegidos por éstas.

4) Que, en la especie, el órgano atendida la naturaleza de la información solicitada, estimó que sería necesario notificar a sus titulares, tesis que este Consejo comparte, puesto que lo pedido detenta un evidente contenido económico que se vincula directamente con el patrimonio de todas las empresas consultadas fiscalizadas por el órgano reclamado. En tal sentido, para ponderar debidamente una eventual afectación a los derechos económicos y comerciales de las empresas, resultaría esencial a la luz del artículo 20 y 25 de la Ley de Transparencia, tener a la vista la posición de los titulares de dicha información, para de esa manera, al contar con todos los antecedentes posibles, se pueda llegar a una decisión lo más documentada y fundada posible.

5) Que, sin embargo, la cantidad de terceros interesados a notificar, ascienden a 69.771 empresas exportadoras y 1.318.213 empresas importadoras, circunstancia que lleva a este Consejo a estimar que en la especie, efectivamente, tal como señaló el Servicio, su comunicación significaría una distracción indebida capaz de afectar el debido cumplimiento de sus funciones. Lo anterior atendido que, según lo informado por el organismo, notificar a la gran cantidad de terceros, implicaría destinar 57.833 jornadas de 8 horas cada una, que equivalen a un total de 462.664 horas, cuyo costo aproximado sería de $ 5.551.936.000, y que este Consejo se pronunció sobre una hipótesis similar, en la decisión de amparo Rol C1848-18, entre otras, donde se razonó que: "según lo indicado por la Universidad, tratándose de una gran cantidad de terceros a quienes se debió notificar la solicitud de información objeto del presente amparo, 476 personas en total, resulta plausible sostener que, notificar a tal cantidad de terceros, generará la distracción indebida de los funcionarios de la entidad estudiantil, configurándose, además, la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia". Por tanto, en virtud de lo señalado se estima que concurre la causal invocada por la entidad para no emplazar a los terceros involucrados.

6) Que, con todo, además de lo expuesto precedentemente, se estima que en el presente caso resulta aplicable, lo resuelto por este Consejo en reiteradas jurisprudencias plasmadas en los amparos A 325-09 y C1015-15 entre otros, en el sentido que publicitar este tipo de información develaría aspectos estratégicos acerca del desarrollo de la actividad económica de las empresas, tales como el mercado especifico en que se desenvuelve internacionalmente, las importaciones de mercancías que realiza en un rubro determinado y los valores en los cuales las adquiere, antecedentes que constituyen un bien económico estratégico, respecto del cual existen titulares que ejercen derechos de carácter comercial o económico, y una posible afectación cuya divulgación podría afectar sus capacidades competitivas, configurándose así, a juicio de este Consejo, los tres requisitos exigidos para que los antecedente pedidos puedan afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica, a saber, que la información deba: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida, ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y, c) tener una valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y, por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).

7) Que, de este modo, versando esta solicitud de acceso de información respecto de la cual existen titulares que ejercen derechos de carácter comercial o económico, que pueden resultar afectados con su divulgación, en virtud de la facultad conferida a este Consejo, por el artículo 33, letra j) de la Ley de Transparencia, se tendrá por configurada la causal de secreto o reserva reconocida en el artículo 21 N° 2 de dicha Ley, lo que exige mantener su carácter de secreto, por lo que cabe rechazar el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Roberto Urmeneta de la Barrera en contra del Servicio Nacional de Aduanas, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, cuya divulgación afectaría los derechos comerciales y económicos de los terceros involucrados; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Roberto Urmeneta de la Barrera y al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.