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Matías Rojas Medina con CARABINEROS DE CHILE Rol: C6167-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de Carabineros de Chile, referido a la entrega de la información correspondiente al listado de funcionarios que integran la escolta presidencial y la relación jerárquica entre ellos; así como también, a la cantidad y placas patentes de los vehículos fiscales a cargo de dos oficiales individualizados. Lo anterior, por cuanto, la develación de datos relativos a la identidad y relación jerárquica de los funcionarios del departamento consultado, afectaría en forma presente o probable y con suficiente especificidad, la capacidad operativa de Carabineros de Chile, limitando y restando eficacia a la actividad policial, al desnaturalizar la esencia de las técnicas policiales preventivas o de reacción que deben implementar, cuyos efectos podrían incidir en una afectación de la seguridad de la Nación y del orden público, configurándose las causales de reserva o secreto previstas en el artículo 21, N° 3 y N° 5, de la Ley de Transparencia. A su vez, respecto de la información de la cantidad de vehículos y sus placas patentes a cargo de los dos funcionarios indicados, a juicio de este Consejo, se encuentra satisfecho el estándar que se ha determinado para la verificación de la circunstancia de hecho de inexistencia de la información, al reconocer el órgano que los funcionarios en cuestión no tienen vehículos fiscales a su cargo, no disponiéndose de antecedentes que permitan desvirtuar aquella alegación.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6167-20

Entidad pública: Carabineros de Chile

Requirente: Matías Rojas Medina

Ingreso Consejo: 29.09.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de Carabineros de Chile, referido a la entrega de la información correspondiente al listado de funcionarios que integran la escolta presidencial y la relación jerárquica entre ellos; así como también, a la cantidad y placas patentes de los vehículos fiscales a cargo de dos oficiales individualizados.

Lo anterior, por cuanto, la develación de datos relativos a la identidad y relación jerárquica de los funcionarios del departamento consultado, afectaría en forma presente o probable y con suficiente especificidad, la capacidad operativa de Carabineros de Chile, limitando y restando eficacia a la actividad policial, al desnaturalizar la esencia de las técnicas policiales preventivas o de reacción que deben implementar, cuyos efectos podrían incidir en una afectación de la seguridad de la Nación y del orden público, configurándose las causales de reserva o secreto previstas en el artículo 21, N° 3 y N° 5, de la Ley de Transparencia.

A su vez, respecto de la información de la cantidad de vehículos y sus placas patentes a cargo de los dos funcionarios indicados, a juicio de este Consejo, se encuentra satisfecho el estándar que se ha determinado para la verificación de la circunstancia de hecho de inexistencia de la información, al reconocer el órgano que los funcionarios en cuestión no tienen vehículos fiscales a su cargo, no disponiéndose de antecedentes que permitan desvirtuar aquella alegación.

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6167-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de agosto de 2020, don Matías Rojas Medina solicitó a la Carabineros de Chile, la siguiente información:

"1) Listado de funcionarios que integran escolta presidencial de Carabineros, y relación jerárquica entre ellos;

2) Destinaciones y cargos en orden cronológico, de los oficiales (2 que indica), precisando la función que ejercen actualmente, al igual que la cónyuge funcionaria del primero y su identidad;

3) Si existen denuncias y/o sumarios por eventuales malos tratos al personal de escolta, atribuidos al comandante (...); en caso efectivo, remítase copia digital de los documentos;

3) Patentes de vehículos fiscales y cantidad de éstos, a cargo de los citados oficiales;

4) Se me informe si se ha utilizado, y en qué fechas y por qué, a personal de la unidad mencionada en actividades privadas, pago de cuentas personales, compras o traslados particulares, precisando si hay denuncias y/o sumarios al respecto; en caso efectivo, remítase copia de los documentos, y/o informe las medidas adoptadas;

5) Copia digital de bitácora del vehículo fiscal que el día 9 de mayo de 2020 habría hecho retiro de productos de venta particular, chocolates y tazones, de propiedad del comandante (...), para su reparto en Santiago; si esto no ocurrió el día 9 de mayo, precise cuándo, remitiendo la bitácora de aquel día;

6) Indique si existe alguna empresa particular o emprendimiento tipo PYME que se vincule con el comandante (...) o su familia, y/o que este haya informado a la institución en sus declaraciones de patrimonio, o informes que existan al respecto, remitiéndolos; en caso efectivo, se me informe qué empresa es, con su nombre y RUT, y si ésta cuenta con permisos temporales, salvoconductos o autorizaciones de algún tipo para hacer repartos durante la cuarentena decretada en Santiago por la autoridad sanitaria, remitiendo tales documentos".

2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por carta RSIP N° 52609, de fecha 28 de agosto de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: El 10 de septiembre de 2020, a través de Resolución Exenta N° 408, Carabineros de Chile respondió al requerimiento de información indicando que, respecto al punto 2, comunica que el Teniente Coronel consultado registra las destinaciones y funciones que indica, mientras que, su cónyuge es la Mayor que individualiza, quien desarrolla funciones en el Departamento de Personal de Nombramiento Institucional. Informa que el segundo Teniente Coronel consultado, registra los cargos y destinaciones que detalla.

Luego, respecto del primer numeral 3 del requerimiento, informa que no existen denuncias y/o sumarios por eventuales malos tratos al personal escolta.

Para el segundo numeral 3, informa que no hay vehículos fiscales asignados a cargo de los citados funcionarios.

Respecto del numeral 4, indica que no existen antecedentes, como asimismo denuncias ni sumarios al respecto.

Para el punto 5, responde que no hay antecedentes al respecto en la bitácora del día.

En cuanto al punto 6, indica que el artículo 20 de la ley N° 20.285 prescribe que ante una solicitud de información que se refiera a antecedentes que puedan afectar los derechos de un tercero, el órgano deberá comunicar dicha situación al afectado, para que, dentro del plazo legal, ejerza su derecho de oposición, por lo que, el primer Teniente Coronel consultado fue notificado, accediendo a la entrega de la información. Agrega que, el citado funcionario no mantiene pyme o empresa familiar.

Posteriormente, para el numeral 1, alega que la entrega de la información conlleva a develar a un tipo de personal asignado al servicio de las diferentes funciones que Carabineros de Chile está llamado a cumplir, es decir, se refiere a develar la dotación, entendiéndose por aquella al conjunto de personas asignadas al servicio policial, por consiguiente, la solicitud consiste en que se devele la dotación que desempeña funciones en el Departamento Seguridad Presidencial.

Así, al entregar la información, por la vía de conocer quienes integran el estamento que tiene como misión establecer, coordinar, controlar y evaluar los servicios policiales de protección al Presidente de la República, nada impediría que, luego se requiriera la dotación de diferentes estamentos de la Institución, situación que después de un proceso de consolidación de datos permitiría tener una visión de la distribución del recurso humano que sirve en la misma, con grave desmedro y riesgo para los fines institucionales, en particular, el resguardo del orden y seguridad pública en el territorio.

El artículo 3 de la Ley N° 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile señala que la Institución podrá establecer los servicios policiales que estime necesarios para el cumplimiento de sus finalidades, y, el artículo 31, expresa que corresponde sólo a la autoridad respectiva de Carabineros destinar al personal en los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial.

Asimismo, el despliegue de funcionarios en un lugar determinado en el periodo consultado tiene el carácter de secreto, ya que la información se encuentra inserta dentro del plan operativo elaborado con motivo de los servicios policiales ordinarios o extraordinarios desarrollados por la Institución, por lo tanto, el detalle del actuar de Carabineros en los mismos no puede ser entregado, ya que:

- Tales procedimientos son de aplicación general, ello encuentra su fundamento en el respeto a la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

- La Ley de Transparencia en el artículo 21, N° 3, al regular las causales de secreto o reserva, consigna que no se podrá entregar la información "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte [...] particularmente la mantención del orden público o la seguridad pública".

- El artículo 436 del Código de Justicia Militar señala: "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden interior o la seguridad de las personas y entre otros:

1.- Los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal;

2.- Los atinentes a planos o instalaciones de recintos militares o policiales y los planes de operación o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia;".

- Sobre el particular, el artículo 21, N° 5, de la Ley de Transparencia, dispone: "las únicas causales de secreto en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información son las siguientes: (...) 5) cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política", causal que tiene relación directa con la contemplada en el artículo 7, N° 5, del Reglamento de dicha ley.

Así, debe determinarse si la revelación de los antecedentes solicitados produciría un resultado dañoso, y si aquel resulta suficiente para justificar la reserva invocada. Al respecto, en el ámbito del denominado test de daño este Consejo ha establecido el estándar para aplicar la reserva, concluyéndose en este caso que el entregar la información requerida, afecta el debido cumplimiento de las funciones de Carabineros, ya que el personal tiene la misión de coordinar, controlar y evaluar los servicios policiales de protección al Presidente de la República, sus familiares directos, del palacio de gobierno, Palacio Cerro Castillo y de las residenciales temporales y permanentes de aquellos, tanto en territorio nacional como en el extranjero, con el propósito de garantizar su integridad. Además, realiza igual cometido respecto de los Ex. Mandatarios y Ministro del Interior y Seguridad Pública. En este sentido, se afecta el futuro desempeño de los funcionarios y de las Unidades y Reparticiones donde ejercerán sus funciones, y conlleva un riesgo de afectación cierto y probable, además de específico al debido cumplimiento de las funciones de Carabineros de Chile y, en definitiva, a la seguridad pública.

En la decisión del amparo Rol C1421-12, referente a protocolos de acción del estamento institucional de FF.EE. de Carabineros, este Consejo concluyó que su publicidad implicaría "dar a conocer la planificación institucional que gobierna su actuar, lo que podría impedir que dicha repartición desarrollara y aplicara las técnicas y tácticas adecuadas que le permitan cumplir la principal misión que le ha sido encomendada, cual es, restablecer el orden público en caso de haber sido quebrantado", conclusión que resulta aplicable respecto de la información que aquí se razona.

En consonancia, y a razón de la dotación, la Corte Suprema, en causa Rol N° 8867-2019, dejó sin efecto la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 1 de abril de 2019, en los autos Rol 281-2019, argumentando, entre otros tópicos, lo siguiente: "en los términos previstos en el tantas veces citado artículo 436 del Código de Justicia Militar y, por tanto, su entrega en los términos que ha sido ordenada, permite establecer, a lo menos de manera parcial, la cantidad de personal civil que se desempeña en la referida Institución, como asimismo los recursos que son destinados a dicha planta de funcionarios civiles. Así, su revelación claramente debilita el rol esencial que a las Fuerzas Armadas les ha sido asignado por la Carta Fundamental, toda vez que publicita parte de los recursos humanos y económicos con los que cuenta", desprendiendo así la posibilidad de entender que si respecto de una fracción de la dotación de personal civil, se ve protegido por las causales expuestas, con mayor razón ello es procedente respecto del personal militar, el cual se ve absolutamente permeado por las garantías citadas y desarrolladas.

Así, conforme a las disposiciones legales mencionadas, Carabineros de Chile se encuentra impedido de entregar cualquier información que permita de alguna forma precisar o inferir cuáles son sus planes operativos y su dotación, ya que, en la práctica, ello produciría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de sus funciones.

A mayor abundamiento, lo solicitado constituye información determinante sobre la forma de organización y trabajo de Carabineros de Chile, ya que opera sobre la base de la distribución de sus funcionarios, posición ha sido sostenida por este Consejo en decisión de amparo C237-2017.

4) AMPARO: El 29 de septiembre de 2020, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de información, por motivos de seguridad nacional. Además, el reclamante hizo presente que: "Este reclamo se circunscribe a la reserva esgrimida por el Servicio en relación con los puntos 1 y 3, en relación a la identidad de los funcionarios públicos de la unidad en consulta, su estructura jerárquica, las patentes de los vehículos financiados con presupuesto público y los funcionarios a cargo de los mismos".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio E17924, de 20 de octubre de 2020, solicitando que: (1°) remita el comprobante de notificación de la prórroga comunicada y el comprobante de notificación de la respuesta otorgada al requerimiento; (2°) señale si la información solicitada relativa a -patentes de vehículos fiscales y cantidad de éstos, a cargo de los citados oficiales- obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (4°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación.

Mediante Oficio N° 228, de fecha 29 de octubre de 2020, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, manifestó que en la respuesta se informó que no existen vehículos fiscales asignados a los señalados oficiales ni a ningún otro, lo que reitera en esta oportunidad.

Luego, en lo relativo al requerimiento efectuado respecto al listado de funcionarios que integran la escolta presidencial y la relación jerárquica entre ellos, señala que tal materia tiene el carácter de secreta por las razones que se expusieran latamente en la respuesta, las que da por reproducidas, pues, la entrega de la misma, conlleva develar cuantitativamente un determinado tipo de personal asignado al servicio de una de las funciones que Carabineros de Chile está llamado a cumplir, es decir, se refiere a develar la dotación y en este caso una muy particular.

Entregar la dotación de Carabineros de Chile, por la vía de conocer quienes integran el Estamento que tiene como misión prestar protección a S.E. el Presidente de la República, pone en serio riesgo su seguridad, con grave desmedro y riesgo para los fines institucionales asignados a Carabineros de Chile, en particular, el resguardo del orden y seguridad pública en el territorio y el resguardo de dicha autoridad establecido por el artículo 3, inciso 5°, de la ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.

Hace presente que, resolviendo una situación similar, este Consejo estimo, en su decisión de amparo rol A45-09, que la revelación de la dotación del Departamento de Protección de Personas Importantes produciría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de las funciones de Carabineros de Chile. En efecto, conocer esta información afectaría la planificación estratégica de dicho Departamento y, por tanto, su función principal, cual es proteger a dichas personas de eventuales atentados delictivos derivados de su autoridad o importancia.

Tal conclusión se torna más definitiva cuando lo requerido es la dotación encargada de proteger al Presidente de la República y su entorno próximo pues se develaría su capacidad operativa efectiva, generando o una sensación de poco personal y desprotección o de exceso de personal dedicado a estas tareas. Lo primero, impulsaría la comisión de los atentados que se quiere evitar y, lo segundo, generaría un debate que impulsaría la necesidad de revelar más antecedentes -incluso la dotación de cada una de las Unidades o Departamentos de Carabineros-rigidizando y restando eficacia a la actividad policial, que pasaría a ser del todo previsible.

Por otro lado, tal control podría ser realizado en otras sedes que pueden mantener tal reserva -como la parlamentaria- con igual o mayor eficacia, evitando efectos nocivos en el actuar policial. De todo ello, se desprende que las ventajas de entregar esta información son inferiores al perjuicio al interés público que se generaría y que existen medios de control más moderados que pueden emplearse para verificar el funcionamiento de ese Departamento.

En la decisión antes señalada se sostiene: "Que en lo tocante a la afectación de la seguridad de la nación que podría derivar de la revelación de la dotación de este Departamento la conclusión es semejante. En efecto, de conocerse este dato y reducirse la eficacia del Departamento, conforme ya se explicó, se afectaría la seguridad pública pues ésta se ve directamente impactada cuando una autoridad es víctima de un delito. Lo mismo puede decirse de la seguridad de las personas protegidas en virtud de este programa, afectadas en tanto éste perdería eficacia. Se trata, en opinión del Consejo, de un daño superior al beneficio que la divulgación de esta información aportaría al debate público y al control social de la acción policial".

Lo anterior, determinó que, en ese caso y respecto del número de personas que integraban el Departamento de Protección de Personas Importantes de Carabineros de Chile, se diera por acreditada la causal invocada en cuanto a que la dotación de ese Estamento no podía entregarse por su directa relación con el debido cumplimiento de sus funciones, la Seguridad de la Nación y la seguridad de las personas.

Tal conclusión cobra mayor relevancia en el amparo en análisis por tratarse de un grupo cuya función es precisamente el resguardo de la seguridad de S.E. el Presidente de la República.

En conformidad a lo expuesto, se deniega el acceso a la información, en virtud de las causales de reserva o secreto del artículo 21, N° 3 y N° 5, de la ley N° 20.285.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, según se desprende de lo expuesto en el número 4 de la parte expositiva, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información correspondiente al listado de funcionarios que integran la escolta presidencial de Carabineros de Chile y la relación jerárquica entre ellos; así como también, a las placas patentes de los vehículos fiscales y cantidad de éstos, a cargo de dos oficiales individualizados. Al efecto, el órgano denegó el acceso a la primera información señalada, en virtud de las causales de reserva o secreto del artículo 21, N° 3 y N° 5, de la Ley de Transparencia, ésta última, en relación con lo dispuesto en el artículo 436, N° 1 y N° 2, del Código de Justicia Militar. A su vez, señala no contar con la segunda información, pues no existen vehículos fiscales asignados a los señalados oficiales.

2) Que, el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3) Que, en relación a las causales de reserva invocadas respecto de la información del listado de funcionarios, el citado artículo 436 del Código de Justicia Militar prescribe que se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y, entre otros, según lo establecido en el N° 1 de dicho artículo: "Los relativos a las plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal", y en el N° 2: "Los atinentes a planos o instalaciones de recintos militares o policiales y los planes de operación o deservicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia".

4) Que, este Consejo, a partir de la decisión del amparo rol A45-09, ha establecido que el artículo 436 del Código de Justicia Militar posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a título ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21, N° 5, y del artículo 1° transitorio, de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material). La reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional.

5) Que, en efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume, sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Cabe hacer especialmente presente que, este criterio interpretativo referido a la forma en que debe ser aplicada la causal de reserva invocada del artículo 21, N° 5, en relación con las normas dictadas en forma previa a la reforma constitucional del año 2005, ha sido ratificado por los Tribunales Superiores de Justicia de nuestro país. En efecto, la Corte Suprema en el fallo Rol N° 26.843-2018, de 05 de marzo de 2019 sobre recurso de queja, indicó, en su considerando décimo, lo siguiente: "Que, en cuanto a la causal del numeral 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, esta Corte ha dicho en anteriores ocasiones que para que se configure la excepción a la publicidad, no sólo basta la existencia o mera referencia a una ley de quórum calificado dictada con anterioridad a la reforma constitucional del año 2005, sino que además es necesario evaluar, en concreto, la afectación al bien jurídico que se trata de proteger, en la especie, la seguridad de la Nación. (Roles C.S. N° 35.801-2017 y 49.981-2016)".

6) Que, en este sentido, para justificar las causales de reserva alegadas respecto de la entrega de la información correspondiente al "Listado de funcionarios que integran escolta presidencial de Carabineros, y relación jerárquica entre ellos", Carabineros de Chile ha señalado, en síntesis, que su entrega conlleva develar cuantitativamente la dotación asignada al servicio de una función muy particular como lo es la misión de prestar protección a S.E. el Presidente de la República, lo que pone en riesgo su seguridad, con grave desmedro y riesgo para los fines institucionales, en particular, el resguardo del orden y seguridad pública en el territorio y la protección de dicha autoridad, lo anterior, porque se develaría su capacidad operativa efectiva, generando o una sensación de poco personal y desprotección o de exceso de personal dedicado a estas tareas, impulsando, lo primero, la comisión de atentados, y lo segundo, la necesidad de revelar más antecedentes rigidizando y restando eficacia a la actividad policial, que pasaría a ser del todo previsible. De lo anterior, se desprende que las ventajas de entregar la información son inferiores al perjuicio al interés público que se generaría.

7) Que, al respecto, este Consejo estima que la revelación de los antecedentes requeridos referidos a la escolta presidencial, efectivamente produciría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de las funciones públicas encomendadas a Carabineros de Chile, en los mismos términos explicados por el órgano, los que además han sido recogidos por la jurisprudencia emanada de esta Corporación, por cuanto, dar a conocer esta información afectaría la planificación estratégica de dicho Departamento Seguridad Presidencial y, por tanto, su función principal, cual es proteger a S.E. el Presidente de la República de eventuales atentados delictivos derivados de su autoridad e importancia. En efecto, conectada esta información con la persona protegida se develaría su capacidad operativa efectiva, generando o una sensación de poco personal y desprotección o de exceso de personal dedicado a estas tareas, impulsándose la comisión de atentados o rigidizándose y restando eficacia a la actividad policial, la que se haría previsible, al conocerse públicamente.

8) Que, en lo tocante a la afectación de la seguridad de la Nación que podría derivar de la revelación de la información requerida, la conclusión es semejante, ya que, de conocerse el listado de funcionarios que conforman la escolta presidencial de Carabineros de Chile, reduciéndose en consecuencia la eficacia de dicho Departamento Seguridad Presidencial, conforme ya se explicó, se afectaría la seguridad pública pues ésta se ve directamente impactada cuando una autoridad es víctima de un delito, más aún, si quien puede resultar vulnerado es S.E. el Presidente de la República, quien además experimentaría un detrimento en su seguridad personal. Se trata, en opinión del Consejo, de un daño superior al beneficio que la divulgación de esta información aportaría al debate público y al control social de la acción policial. En consecuencia, la develación de datos relativos a la identidad de los funcionarios objeto de la consulta, afectaría en forma presente o probable y con suficiente especificidad, la capacidad operativa de Carabineros, limitando y restando eficacia a la actividad policial, al desnaturalizar la esencia de las técnicas policiales preventivas o de reacción que deben implementar, cuyos efectos podrían incidir en una afectación de la seguridad de la Nación y el orden público. En conformidad a lo indicado, a juicio de este Consejo, la información reclamada resulta reservada, por aplicación de las causales del artículo 21, N° 5, en relación con la norma del artículo 436, N° 1, del Código de Justicia Militar, y del artículo 21, N° 3, de la Ley de Transparencia.

9) Que, luego, en relación con el segundo aspecto que funda la presente reclamación, esto es, la entrega de la información correspondiente a las "Patentes de vehículos fiscales y cantidad de éstos, a cargo de los citados oficiales", cuya inexistencia ha alegado el órgano, se debe recordar que conforme se ha resuelto previamente por parte de esta Corporación en las decisiones de amparo Roles C4950-18, C4603-18 y C4846-18, entre otras, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder, debiendo acreditarla fehacientemente. A juicio de este Consejo, se encuentra satisfecho el mencionado estándar de justificación y acreditación de la circunstancia de hecho correspondiente a la inexistencia de la información, al reconocer el órgano, tanto en su respuesta como en los descargos emitidos en esta sede, que los funcionarios consultados no tienen vehículos fiscales asignados, no contando este Consejo con antecedentes que logren desvirtuar aquel reconocimiento que ha realizado Carabineros de Chile en los dos actos administrativos dictados con ocasión de la solicitud de acceso a la información y de la interposición del presente amparo, debiendo ser igualmente rechazado el amparo en este punto.

10) Que, en mérito de lo expuesto, el presente amparo será rechazado, al configurarse, respecto de la información referida a la escolta presidencial de Carabineros de Chile, las causales de reserva o secreto del artículo 21, N° 3 y N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 436, números 1 y 2, del Código de Justicia Militar; y por encontrarse satisfecho el estándar que se ha definido para la verificación de la circunstancia de hecho de inexistencia de la información, respecto de la solicitud de la cantidad y placas patentes de los vehículos fiscales que tendrían asignados los dos funcionarios consultados.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Matías Rojas Medina en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Rojas Medina y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.