logo
 

Lorenzo Quiñenao Lemunguier con INTENDENCIA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Rol: C6088-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de la Intendencia Región Metropolitana de Santiago, ordenando la entrega del RIT y RUC de las causas consultadas y el Tribunal ante el cual se ejerció la acción penal correspondiente, en el período indicado. Lo anterior por tratarse de información pública toda vez que la designación del RIT o RUC, la realizan los Tribunales, sobre cuyas actuaciones rige el principio de publicidad consagrado en el Código Orgánico de Tribunales, el cual dispone que: "Los actos de los tribunales son públicos". Además, la publicidad en el caso de los procesos penales se encuentra consagrada tanto en el Código Procesal Penal, como en tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con todo, en caso de existir un riesgo de afectar la vida privada de las víctimas u otros, el servicio, puede solicitar al tribunal respectivo mantener en reserva la identidad de aquellas y omitirla del sistema. Se sigue lo resuelto en las decisiones de amparo roles C2607-17, C3941-19, C8223-19 y C2897-20, entre otras.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6088-20

Entidad pública: Intendencia Región Metropolitana de Santiago

Requirente: Lorenzo Quiñenao Lemunguier

Ingreso Consejo: 28.09.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Intendencia Región Metropolitana de Santiago, ordenando la entrega del RIT y RUC de las causas consultadas y el Tribunal ante el cual se ejerció la acción penal correspondiente, en el período indicado.

Lo anterior por tratarse de información pública toda vez que la designación del RIT o RUC, la realizan los Tribunales, sobre cuyas actuaciones rige el principio de publicidad consagrado en el Código Orgánico de Tribunales, el cual dispone que: "Los actos de los tribunales son públicos". Además, la publicidad en el caso de los procesos penales se encuentra consagrada tanto en el Código Procesal Penal, como en tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Con todo, en caso de existir un riesgo de afectar la vida privada de las víctimas u otros, el servicio, puede solicitar al tribunal respectivo mantener en reserva la identidad de aquellas y omitirla del sistema.

Se sigue lo resuelto en las decisiones de amparo roles C2607-17, C3941-19, C8223-19 y C2897-20, entre otras.

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6088-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de agosto de 2020, don Lorenzo Quiñenao Lemunguier solicitó a la Intendencia Región Metropolitana de Santiago, la siguiente información:

1. El número de casos en los que la Intendencia Metropolitana haya ejercido la acción penal por alguna de las figuras penales previstas en la Ley 12.927, entre enero del año 2010 y junio del año 2020.

2. El RIT y RUC de cada uno de los casos y el Juzgado y/o Tribunal ante el cual haya sido ejercida cada acción penal.

3. Se indiquen aquellos casos en los que la querella haya sido declarada inadmisible, si se interpuso recurso contra dicha resolución, el Rol de la causa conocida en la Corte y el resultado del recurso en la Corte.

4. Se indique, sólo de ser posible, el resultado de cada una de las causas.

5. El número de casos en los que la Intendencia Metropolitana haya ejercido la acción penal por alguna de las figuras penales previstas en la Ley 18.314, entre enero del año 2010 y junio del año 2020.

6. El RIT y RUC de cada uno de los casos y el Juzgado y/o Tribunal ante el cual haya sido ejercida cada acción penal.

7. Se indiquen aquellos casos en los que la querella haya sido declarada inadmisible, si se interpuso recurso contra dicha resolución, el Rol de la causa conocida en la Corte y el resultado del recurso en la Corte.

8. Se indique, sólo de ser posible, el resultado de cada una de las causas.

Observaciones: "En caso de que la Intendencia no cuente con la información requerida, solicito amablemente derive la presente solicitud al Poder Judicial de conformidad con el artículo 13 de la Ley 20.285".

2) RESPUESTA: El 09 de septiembre de 2020, la Intendencia Región Metropolitana de Santiago respondió a dicho requerimiento, mediante Resolución Exenta N° 1472, de misma fecha, señalando, en síntesis, lo siguiente:

El número de casos en los que esta Intendencia Metropolitana ejerció la acción penal por alguna de las figuras penales previstas en la ley 12.927, sobre "delitos contra la soberanía nacional y la seguridad exterior del Estado", entre enero del año 2010 y junio del año 2020, corresponde a doce (12) causas. Respecto al número de casos en los que ejerció la acción penal por alguna de las figuras penales previstas en la ley 18.314, que "determina conductas terroristas y fija su penalidad", en igual período, corresponde a cuatro (4) causas. Hace presente que todas estas querellas fueron declaradas admisibles, cuyos resultados se grafican en tabla.

En cuanto a la individualización del RIT, RUC y el juzgado y/o tribunal de los procesos judiciales consultados, se deniega esta información, por considerar que conlleva el aporte de datos personales sensibles que no pueden ser objeto de tratamiento alguno, según lo establecido por los artículos 2° letra g) y 10° de la ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, concurriendo la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la ley de Transparencia; sin que se acceda a derivar el requerimiento de conformidad con el artículo 13 de la misma Ley, toda vez que el Poder Judicial no se encuentra sometido a las disposiciones de esa normativa legal.

3) AMPARO: El 28 de septiembre de 2020, don Lorenzo Quiñenao Lemunguier dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta parcial a su solicitud.

Además el reclamante hizo presente, en síntesis, que se remitió la información relativa a los puntos 1, 3, 4, 5, 7 y 8 y denegó la de los puntos 2 y 6. Asimismo, luego de exponer los argumentos de hecho y derecho por los cuales estima que el órgano debió acceder a esta información, concluye en cuanto a la falta de derivación, que,"(...) el rechazo de la Intendencia Metropolitana de Santiago a remitir a los antecedentes al Poder Judicial no puede sino ser tachado como contrario al principio de facilitación consagrado en el artículo 11 letra f de la Ley 20.285 puesto que mediante la creación de exigencias que no se prevén en la Ley ha obstruido el derecho de este solicitante a acceder a la información solicitada".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E17696, de 20 de octubre de 2020, confirió traslado al Sr. Intendente de la Región Metropolitana, solicitando que: (1°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (3°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría los derechos de terceros.

Mediante Oficio N° 8314, de 02 de noviembre de 2020, el órgano efectuó sus descargos, reiterando lo señalado con ocasión de la respuesta respecto de los puntos reclamados; agregando que el requirente solicita que se derive su solicitud al Poder Judicial en el caso que esta Intendencia Regional no cuente con la información, lo que en la especie no ocurre, toda vez que si bien esta autoridad regional cuenta con los antecedentes solicitados, se accedió parcialmente a lo pedido, según se señaló en la Resolución Exenta N° 1472, de respuesta.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta parcial al requerimiento de información singularizado en el N° 1) de la parte expositiva, el cual se circunscribe, específicamente, a los puntos 2 y 6 de la solicitud, referidos a la entrega del RIT y RUC y el Tribunal ante el cual haya sido ejercida la acción penal por alguna de las figuras previstas en la ley 12.927, de "delitos contra la soberanía nacional y la seguridad exterior del Estado" y en la ley 18.314, que "determina conductas terroristas y fija su penalidad", respectivamente, en período indicado. Al efecto el órgano invocó la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia.

2) Que, sobre el particular, cabe seguir lo resuelto en las decisiones de amparo roles C2607-17, C3941-19, C8223-19 y C2897-20, entre otros, donde se razonó que para ponderar la causal de reserva ante señalada, se debe tener presente el marco normativo aplicable a la publicidad de los expedientes judiciales en materia penal, dentro del cual se encuentran lógicamente los medios para identificarlos, como ocurre por ejemplo, con el rol de cada causa. En este orden de ideas, la designación de un RIT o RUC a las respectivas causas penales, la realizan los Tribunales de Justicia, sobre cuyas actuaciones rige el principio de publicidad, que se encuentra consagrado en el artículo 9° del Código Orgánico de Tribunales, el cual dispone que: "Los actos de los tribunales son públicos". Esta es, en consecuencia, la premisa legal que aplica sobre la materia consultada, en tanto la designación de un número para identificar una causa judicial, constituye una actuación del tribunal correspondiente. Luego, con este antecedente, nos permite como sociedad materializar una garantía que incluso se encuentra reconocida en tratados internacionales, tal como ocurre en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3) Que, en efecto, el artículo 8° N° 5, de la Convención Americana, en lo que atañe a las Garantías Judiciales, establece que: "El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia". A su turno, el artículo 14 del citado Pacto establece que: "Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente (...)". En este mismo sentido, en el ámbito de la legislación nacional, el artículo 1° del Código Procesal Penal, dispone que: "Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público". Lo anterior, se basa en que la publicidad como base de la función jurisdiccional garantiza una mejor administración de justicia, ya que permite a la ciudadanía en general, y a las partes en particular, controlar la actuación de los tribunales, velando por la transparencia y corrección de sus actuaciones. Desde este punto de vista, para dar inicio a dicha publicidad es necesario poder en primer lugar, identificarla, siendo esencial para ello el conocimiento del rol interno de la causa judicial. Es por esta razón, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 22 de noviembre de 2005, sobre Caso Palamara Iribaren versus Chile, señaló que la publicidad del proceso tiene la función de proscribir la administración de justicia secreta, someterla al escrutinio de las partes y del público y se relaciona con la necesidad de transparencia e imparcialidad de las decisiones que se tomen.

4) Que, con todo, la normativa antes citada, desde luego admite excepciones, como el honor, seguridad o la intimidad de cualquier persona que debiere tomar parte en el juicio. Sin embargo, el llamado a aplicar reservas en los respectivos procesos son los mismos Tribunales, tal como dispone la Excma. Corte Suprema, en el artículo 37 de su Compendio de Autos Acordados, particularmente, en su Capítulo Décimo Sexto, sobre las normas de tramitación: "Publicidad de las Actuaciones. Las actuaciones que se realicen ante el Juzgado de Garantía, por la naturaleza del nuevo sistema procesal penal, son públicas (artículo 1° del Código Procesal Penal, artículo 8 N° 5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), sin perjuicio que el tribunal pueda disponer, a petición del fiscal o de otro interviniente, su reserva, lo que sólo corresponderá acoger cuando la gravedad de los antecedentes o sus circunstancias lo hagan aconsejable".

5) Que, por lo tanto, cuando la naturaleza del delito lo amerita, es el mismo órgano reclamado quien debe solicitar a los distintos tribunales las reservas respectivas. En efecto, partiendo sobre la base de que, si la víctima, por ejemplo, necesitaba la referida reserva, el órgano reclamado en cumplimiento de sus propias funciones, debió solicitar al juzgado la reserva. Luego, si no lo requirió, se colige que el servicio ponderó dicha situación y no lo consideró necesario, a la luz de las circunstancias de cada caso en particular. Además, no sería coherente el actuar del órgano reclamado, no requerir por una parte a los juzgados la reserva de la identidad de las víctimas u otros, para después, negar la entrega de los roles y tribunales respectivos.

6) Que, en otro orden de ideas, cabe tener en consideración que la Excma. Corte Suprema, en sentencia de 26 de febrero de 2020, causa rol 26.276-2019, en cuanto la entrega de roles de causas judiciales solicitadas a Gendarmería de Chile, refirió que: "(...) tampoco puede configurarse la causal de reserva establecida, respecto de la edad de los condenados y rol de la causa, pues se trata de datos que, sin la indicación del nombre del interno, quedan convertidos en datos desvinculados de las características morales de personas identificadas".

7) Que, a su turno, al ingresar a la web del poder judicial, es posible acceder a causas penales en que el órgano reclamado interviene -con el nombre de los funcionarios abogados del servicio presentes en el banner de transparencia activa-. En este contexto, información como el rol y tribunal, son accesibles desde la página web del Poder Judicial mediante el sistema de "Consulta Unificada de Causas", ya que se trata de información que se halla en una fuente de libre acceso al público. Así, por ejemplo, el máximo Tribunal, mediante sentencia pronunciada en los autos Rol N° 19.511-2019, con fecha 4 de septiembre de 2019, concluyó lo siguiente: "(...) tal como lo ha resuelto esta Corte con anterioridad, a modo ejemplar en autos CS Rol 12.151-2019, tratándose de antecedentes que se hallan en una fuente de libre acceso al público, resulta plausible la defensa del recurrido, en orden a haber accedido a ellos por esta vía. En razón de lo anterior, queda de manifiesto que no es posible sostener que exista privación, perturbación o amenaza actual de los derechos constitucionales del actor atribuible a la recurrida, razón por la cual el presente recurso será rechazado".

8) Que, por otra parte, sobre la materia, también rige lo preceptuado en el artículo 2° letra c) de la ley N° 20.886, que establece la tramitación digital de los procedimientos judiciales, que en lo pertinente, dispone: "Principio de publicidad. Los actos de los tribunales son públicos y, en consecuencia, los sistemas informáticos que se utilicen para el registro de los procedimientos judiciales deberán garantizar el pleno acceso de todas las personas a la carpeta electrónica en condiciones de igualdad, salvo las excepciones establecidas por la ley. No obstante lo anterior, las demandas, las presentaciones relativas a medidas cautelares, incluso aquellas solicitadas en carácter prejudicial, y a otras materias cuya eficacia requiera de reserva serán accesibles únicamente al solicitante mientras no se haya notificado la resolución recaída en ellas. Se prohíbe el tratamiento masivo de los datos personales contenidos en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, sin su autorización previa". A su vez, el artículo 2° del auto acordado 37-2016 de la Excma. Corte Suprema, dictado para la aplicación de la ley N° 20.886, establece que: "El Poder Judicial pondrá a disposición del público, en su portal de internet, un sistema de búsqueda de causas que garantice el pleno acceso de todas las personas a la carpeta electrónica en condiciones de igualdad. Se exceptúan de esta búsqueda las causas, sujetos o trámites que se reserven por disposición de la ley o por decisión del juez, a las cuales podrán acceder sólo las personas que se encuentren habilitadas para ello, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda caber por su divulgación indebida." Asimismo, el inciso tercero del artículo octavo de la ley N° 20.285, en línea con lo antes señalado, y en cumplimiento del principio de publicidad de los actos de los órganos del Estado, dispone: "En los asuntos cuya cuantía exceda de 500 unidades tributarias mensuales o respecto de los cuales se impongan multas superiores a dicho monto, o penas de presidio o reclusión superiores a tres años y un día, las sentencias de término de los tribunales ordinarios o especiales, y las definitivas en caso de que las primeras sólo modifiquen o reemplacen parte de éstas, deberán publicarse en la forma dispuesta en este artículo. Lo mismo se aplicará a los demás órganos jurisdiccionales a que se refiere el inciso anterior respecto de sus resoluciones de igual naturaleza, cualquiera sea su denominación". Por lo tanto, lo anterior pone de relieve la importancia de la anotada publicidad para el adecuado desempeño de la función jurisdiccional que desempeñan los tribunales, inclusive en materia penal, por cuanto obliga a publicar la sentencia respectiva, la que lógicamente incluye el dato relativo al RIT y RUC de la respectiva acción judicial, de lo que se sigue que dicha información es pública en virtud de la ley, por cuanto dicha publicidad se instituye como sustento fundamental del orden institucional y democrático de la República. En consecuencia, en virtud de lo señalado se acogerá el presente amparo y se ordenará la entrega de la información reclamada. Con todo, en caso de existir un riesgo de afectar la vida privada de las víctimas u otros, el servicio, puede solicitar al tribunal respectivo mantener en reserva la identidad de aquellas y omitirla del sistema.

9) Que, atendido lo resuelto, este Consejo no se pronunciará sobre la falta de derivación del requerimiento al Poder Judicial, alegada por el reclamante, por resultar inoficioso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Lorenzo Quiñenao Lemunguier en contra de la Intendencia Región Metropolitana de Santiago, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Intendente de la Intendencia Región Metropolitana de Santiago, lo siguiente;

a) Hacer entrega al reclamante

El RIT y RUC y Tribunal de cada uno de los casos, ante el cual haya sido ejercida la acción penal por alguna de las figuras previstas en la ley 12,927, sobre "delitos contra la soberanía nacional y la seguridad exterior del Estado", y en la ley 18.314, que "determina conductas terroristas y fija su penalidad"; entre enero del año 2010 y junio del año 2020 (puntos 2 y 6 del requerimiento).

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Lorenzo Quiñenao Lemunguier y al sr. Intendente de la Región Metropolitana de Santiago.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.