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Luis Valencia Espinoza con MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL Rol: C6110-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Illapel, ordenando la entrega de la información concerniente a la transferencia de medicamentos sujetos a control legal, desde el 1 de enero de 2010 al 8 de septiembre del 2020, con su respectiva autorización sanitaria respecto de cada traspaso; sin embargo, en atención a la data de la información requerida, la cual comprende un periodo correspondiente a los últimos 10 años, en el evento que parte de lo pedido no obre en poder del organismo, se solicita justificar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, en los términos establecidos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 dictada por esta Corporación. Lo anterior por tratarse de información de naturaleza pública, desestimando que su entrega signifique una distracción indebida de los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. A su vez, se argumentó que dada la pandemia, no era posible acceder a lo solicitado, alegación que igualmente se descarta atendido que este Consejo, por medio de Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global, indicando en lo pertinente que en caso de no poder cumplir dentro de los plazos legales, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, el servicio podrá señalar un nuevo plazo para informar, lo que no aconteció en la especie. Luego, y en resguardo del principio de continuidad de la función pública -que obliga a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos públicos realizar las acciones tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. Se sigue en esta parte lo resuelto en la decisión de amparo Rol C2447-20.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

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Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6110-20

Entidad pública: Municipalidad de Illapel

Requirente: Luis Valencia Espinoza

Ingreso Consejo: 28.09.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Illapel, ordenando la entrega de la información concerniente a la transferencia de medicamentos sujetos a control legal, desde el 1 de enero de 2010 al 8 de septiembre del 2020, con su respectiva autorización sanitaria respecto de cada traspaso; sin embargo, en atención a la data de la información requerida, la cual comprende un periodo correspondiente a los últimos 10 años, en el evento que parte de lo pedido no obre en poder del organismo, se solicita justificar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, en los términos establecidos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 dictada por esta Corporación.

Lo anterior por tratarse de información de naturaleza pública, desestimando que su entrega signifique una distracción indebida de los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. A su vez, se argumentó que dada la pandemia, no era posible acceder a lo solicitado, alegación que igualmente se descarta atendido que este Consejo, por medio de Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global, indicando en lo pertinente que en caso de no poder cumplir dentro de los plazos legales, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, el servicio podrá señalar un nuevo plazo para informar, lo que no aconteció en la especie.

Luego, y en resguardo del principio de continuidad de la función pública -que obliga a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos públicos realizar las acciones tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico.

Se sigue en esta parte lo resuelto en la decisión de amparo Rol C2447-20.

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6110-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de septiembre de 2020, ingresó ante la Municipalidad de Illapel, por derivación del Servicio de Salud Coquimbo, la solicitud de don Luis Valencia Espinoza, al siguiente tenor: "La transferencia de medicamentos sujetos a control legal, identificados en los decretos 404 y 405 que regula a este tipo de medicamentos, realizados desde, hacia y entre las unidades de farmacia, bodegas de farmacia, botiquines, de establecimientos municipales de la región de Coquimbo (...) desde el 1 de enero de 2010 al 8 de septiembre del 2020, con su respectiva autorización sanitaria cada traspaso. Para esto se envía planilla excel para que se ajusten a tal formato".

2) RESPUESTA: Por medio de Ord. N° 306, de 25 de septiembre de 2020, la Municipalidad de Illapel, deniega lo pedido en atención de la alerta sanitaria producida por la pandemia y el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en el territorio chileno, conforme consta en Ord. N° 104 de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el decreto N° 3610 de 17 de marzo de 2020, de la Contraloría General de la República. En tal sentido, debido a la gran cantidad de información solicitada, invocan la causal del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, considerando que los equipos de salud municipal se encuentran ocupados en atención por la contingencia sanitaria.

3) AMPARO: El 28 de septiembre de 2020, don Luis Valencia Espinoza dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Illapel, fundado en la respuesta negativa, al efecto expresa: "La cantidad de transferencia que se realizan entre establecimientos es pequeña, y todo por ley debe ser registrado en libros, por lo cual la información es fácil acceso, al menos que no se cumpla con el decreto 406 y 405 para que no tengan los registros al día".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Illapel, mediante Oficio N° E17874, de 20 de septiembre de 2020.

El organismo, por medio de Oficio N° 1250, de 5 de noviembre de 2020, reiteró los fundamentos de su negativa, agregando:

- La denegación bajo la causal legal, se fundamentó en el hecho de que el departamento de salud, estaba operando en el contexto del estado de catástrofe por brote de coronavirus, según lo resuelto en el Decreto N° 104 de fecha 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior. En esas circunstancias, todo el personal de salud se encuentra concentrado en la continuidad del servicio de salud y la atención de la emergencia sanitaria.

- Se debe considerar que hasta la fecha de la denegación de información, es un hecho público y notorio que el jefe de la defensa nacional, habría autorizado especialmente a los municipios de la Región de Coquimbo, para disponer puntos de control sanitarios, por lo que el personal de salud estaba reducido o exigido a su mayor capacidad, por lo que debieron priorizarse ciertas tareas.

- Solo el 2 de noviembre de 2020, la comuna de Illapel, y el resto de la Región de Coquimbo, han pasado a la etapa de apertura inicial del plan gubernamental para atender la emergencia sanitaria, por lo que es un hecho fehaciente que no era posible atender en dicha oportunidad el requerimiento de información, sin entorpecer la continuidad de los servicios de salud.

- En conclusión, solicitan que el amparo sea rechazado, por cuanto la Municipalidad de Illapel fundamentó con causal legal y hechos la denegación de información, atendido el contexto de emergencia sanitaria que vivía la comuna en la oportunidad.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que "se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales".

2) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden gestiones de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos, el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias. En dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

3) Que, en consecuencia, las alegaciones del órgano reclamado no otorgan antecedentes para configurar la causal de excepción al principio de publicidad que rige el actuar de los órganos de la Administración del Estado pues no detalla su volumen, formato, cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a su recopilación. Luego, el organismo funda esencialmente su negativa a la entrega de la información, en la actual crisis sanitaria que atraviesa el país. No obstante, es importante destacar que este Consejo por medio de oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, entre ellos a la entidad reclamada "sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, a consecuencia del brote de COVID-19, con fecha 11 de marzo de 2020, y en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, de fecha 18 de marzo de 2020". En dicho contexto, si bien se refiere a la adopción de medidas extraordinarias respecto de los plazos de cumplimiento de las obligaciones de proporcionar acceso a la información pública con ocasión de la pandemia mundial, tal como se razonó en la decisión de amparo Rol C2447-20, en caso alguno justifica la falta de entrega de esta, ni se constituye en una causal de reserva o secreto de aquella. En efecto, el oficio en cuestión establece, en lo pertinente y respecto del plazo para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información, que: "A tales efectos y en consideración de las circunstancias de excepción previamente reseñadas, de producirse algún evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que impida dar cumplimiento al plazo de veinte días estipulado y a la prórroga de 10 días adicionales, el órgano requerido deberá contactar al solicitante, a la brevedad posible, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido, señalando un nuevo plazo para proceder a informar a éste su pronunciamiento".

4) Que, como es posible apreciar del tenor del oficio citado, para la aplicación de la facultad excepcional que ahí se consagra, es pertinente que se verifiquen a lo menos dos requisitos, esto es, informar al solicitante indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido; y, señalar un nuevo plazo para proceder a informar a aquel su pronunciamiento. En el presente caso, no se cumplió en la respuesta otorgada, con ninguno de los elementos descritos precedentemente.

5) Que, a su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública consagrado en el artículo 3 inciso primero, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado -que obliga a esta última a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En tal sentido, el órgano reclamado, debió seguir lo informado por este Consejo en el citado Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, lo cual habría facilitado su actuar en materia de cumplimiento de acceso a información pública, debiendo proceder a la búsqueda y entrega de la información solicitada, dentro de un plazo prudente establecidos por ellos mismos, de acuerdo con su propia realidad.

6) Que, en consecuencia, las alegaciones del órgano reclamado carecen de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida invocada, al no proporcionar elementos de convicción que tornen plausible dicha hipótesis de reserva, descartándose su concurrencia, en cuyo mérito se acogerá la acción deducida; sin embargo, en atención a la data de la información requerida, la cual comprende un periodo correspondiente a los últimos 10 años, en el evento que parte de lo pedido no obre en poder del organismo, se solicita justificar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, en los términos establecidos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 dictada por esta Corporación. Finalmente, para dar cumplimiento a lo aquí resuelto, se otorgará un plazo prudencial al efecto, conforme se consignará en lo resolutivo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Luis Valencia Espinoza en contra de la Municipalidad de Illapel, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Illapel:

a. Hacer entrega al solicitante de la información concerniente a la transferencia de medicamentos sujetos a control legal, desde el 1 de enero de 2010 al 8 de septiembre del 2020, con su respectiva autorización sanitaria respecto de cada traspaso; sin embargo, en atención a la data de la información requerida, la cual comprende un periodo correspondiente a los últimos 10 años, en el evento que parte de lo pedido no obre en poder del organismo, se solicita justificar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, en los términos establecidos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 dictada por esta Corporación.

b. Cumplir con lo resuelto en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c. Acreditar el cumplimiento de lo ordenado, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar la observancia de las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Luis Valencia Espinoza y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Illapel.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.