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Joaquín Corvalán Azpiazu con SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS Rol: C5982-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región de Los Lagos, ordenando la entrega de los informes favorables dictados en conformidad a las leyes N° 19.939 y N° 20.331; y las resoluciones e informes emitidos en aplicación de la Ley N° 20.791, en los períodos indicados, todos ellos referidos a declaratorias de utilidad pública contenidas en los planes reguladores. Lo anterior por tratarse de información de naturaleza pública que obra en poder del organismo y debido a que se desestimó que otorgar los antecedentes requeridos signifique una distracción indebida de los funcionarios del órgano recurrido en el cumplimiento regular de sus labores habituales.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5982-20

Entidad pública: SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región de Los Lagos

Requirente: Joaquín Corvalán Azpiazu

Ingreso Consejo: 23.09.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región de Los Lagos, ordenando la entrega de los informes favorables dictados en conformidad a las leyes N° 19.939 y N° 20.331; y las resoluciones e informes emitidos en aplicación de la Ley N° 20.791, en los períodos indicados, todos ellos referidos a declaratorias de utilidad pública contenidas en los planes reguladores.

Lo anterior por tratarse de información de naturaleza pública que obra en poder del organismo y debido a que se desestimó que otorgar los antecedentes requeridos signifique una distracción indebida de los funcionarios del órgano recurrido en el cumplimiento regular de sus labores habituales.

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5982-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 03 de septiembre de 2020, don Joaquín Corvalán Azpiazu solicitó a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región de Los Lagos, la siguiente información:

"1. Los informes SEREMI de Vivienda favorables que hubiesen sido dictados entre el 12 de febrero de 2010 al 12 de agosto de 2010, pero específicamente dictados en virtud del artículo 1° número 1 de la Ley N° 19.939, en conjunto con la Ley N° 20.331, que modificó el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, es decir, que hubieren antecedido a los decretos alcaldicios que fijaron normas urbanísticas a terrenos cuya declaratoria de utilidad pública hubiese caducado en virtud de dichas leyes (N° 19.939 y N° 20.331).

2. Las resoluciones e informes favorables SEREMI de Vivienda que hubiesen sido dictados desde el 29 de octubre de 2014, pero específicamente dictados en virtud de los incisos segundo y tercero del artículo transitorio de la Ley N° 20.791, es decir, que hubieren fijado normas urbanísticas a terrenos cuya declaratoria de utilidad pública fue dejada sin efecto en virtud de los mismos incisos segundo y tercero del artículo transitorio de la Ley N° 20.791, o que hubieren antecedido a los decretos alcaldicios que fijaron normas urbanísticas."

2) RESPUESTA: El 23 de septiembre de 2020, la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región de Los Lagos respondió a dicho requerimiento, indicando que se deniega la solicitud de información por tratarse de un número elevado de actos administrativos y documentos de larga data conforme a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 letra c), de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 23 de septiembre de 2020, don Joaquín Corvalán Azpiazu dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

Además, el reclamante hizo presente, respecto de la causal invocada por el órgano, "(...) que no es procedente, puesto que se acotan los actos administrativos en tiempo y materia. Seremi de Coquimbo respondió a tiempo, en el ORD. 991. Lo mismo Seremi de la Antártica, entregando la información requerida".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E17680, de 19 de octubre de 2020 confirió traslado a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Los Lagos, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

Por Ordinario N° 1361, de 03 de noviembre de 2020, el órgano efectuó sus descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente:

Reitera la negativa a la entrega de la información pedida por referirse a un gran número de actos administrativos dictados hace más de 10 años, lo que implica hacer un seguimiento exhaustivo en las bodegas subterráneas del inmueble en el que se encuentra emplazadas la entidad.

Además considerando que la comuna de Puerto Montt, lleva cerca de cuatro meses en cuarentena total y se encuentra funcionando con un número limitado de funcionarios que concurre a sus oficinas de manera presencial, sumado a un caso de contacto estrecho que tuvo a varios funcionarios sin concurrir a sus turnos.

Sumado a lo anterior, esta Secretaría no cuenta con estafeta ni auxiliares que puedan realizar la labor de bajar las pesadas cajas que contienen la información de Oficina de Partes, ya que, toda la documentación requerida se encuentra en formato papel, la cual no tiene una disposición especial por materias, pues es guardada conjunta y correlativamente en dicha bodega, la cual se encuentra en precarias condiciones de salubridad e higiene.

Lo pedido significa un trabajo arduo, que requeriría disponer de al menos tres funcionarios avocados exclusivamente a esa labor por al menos 10 días hábiles, de concurrir diariamente, lo que no ocurre actualmente, ya que tal como se explicó, los funcionarios trabajan a través de un sistema de asistencia por turnos esporádicos, entre una y dos veces por semana, y la gran mayoría no concurre por encontrarse excepcionados del deber de asistencia atendido el sistema de teletrabajo.

Por lo tanto, en este estado de cosas, es imposible disponer de funcionarios que se dediquen a buscar lo solicitado, por lo que se insta al peticionario a requerir esta información una vez pasé el estado de Excepción Constitucional, a fin de entregarla sin tener que prescindir de los pocos funcionarios que, aunque no sea su función, pueden realizar esa tarea que involucra riegos sanitarios, uso de fuerza corporal y conocimiento de las materias que se requieren.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de los informes dictados en conformidad a las leyes N° 19.939 y N° 20.331; y las resoluciones e informes emitidos en aplicación de la Ley N° 20.791, en los términos y períodos que se señalan en los puntos 1) y 2) de la solicitud, transcrita en el numeral 1) de lo expositivo. Al efecto, el órgano denegó esta información por concurrir la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c), de la Ley de Transparencia.

2) Que, a modo de contexto, cabe señalar que los informes requeridos en el numeral 1) de la solicitud, dicen relación con la Ley 19.939, de 30 de enero de 2004, que "Modifica el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de establecer la caducidad de la declaratoria de utilidad pública contenida en los planes reguladores" y la Ley N° 20.331, de 20 de enero de 2009, que "Prorroga declaratoria de utilidad pública prevista en el artículo 59, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones". A su turno, los antecedentes pedidos en el numeral 2) de la solicitud, se refieren a la Ley 20.791, de 29 de octubre de 2014, que "Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de afectaciones de utilidad pública de los planes reguladores".

3) Que, en cuanto a la causal de reserva invocada por la reclamada para no entregar la información pedida, asociada a las dificultades generadas por el COVID-19, cabe primeramente hacer presente que este Consejo, por medio de oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, entre ellos desde luego, a la SEREMI de Salud Región de Los Lagos, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, a consecuencia del brote de COVID-19, con fecha 11 de marzo de 2020, y en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, de fecha 18 de marzo de 2020. En dicho contexto, si bien se refiere a la adopción de medidas extraordinarias respecto de los plazos de cumplimiento de las obligaciones de proporcionar acceso a la información pública en el contexto de la pandemia mundial, tal como se razonó en la decisión de amparo rol C2447-20, en caso alguno justifica la falta de entrega de la misma, ni se constituye en una causal de reserva o secreto de aquella. En efecto, el oficio en cuestión establece, que en consideración de las circunstancias de excepción previamente reseñadas, de producirse algún evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que impida dar cumplimiento efectivo a la solicitud el órgano "(...) deberá contactar al solicitante, a la brevedad posible, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido, señalando un nuevo plazo para proceder a informar a éste su pronunciamiento".

4) Que, como es posible apreciar del tenor del oficio citado, para la aplicación de la facultad excepcional que ahí se consagra, es pertinente que se verifiquen a lo menos dos requisitos, esto es, informar al solicitante indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido; y, señalar un nuevo plazo para proceder a informar a aquel su pronunciamiento. En el presente caso, no se cumplió con los elementos descritos precedentemente, pues sólo se invocó, en términos generales, la pandemia que afecta al país, para no cumplir con la entrega de la información pedida. Por tanto, en mérito de lo expuesto dichas alegaciones serán desestimadas.

5) Que, dicho lo anterior, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras.

6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

7) Que, en la especie, el Servicio no cumple con el estándar exigido por este Consejo para probar fehacientemente de qué manera se configura la concurrencia de la causal invocada, por cuanto, sólo se limitó a señalar, - además de las circunstancias ya analizadas relacionadas con la pandemia que afecta al país- que para la entrega de los antecedentes pedidos tendría que destinar al menos tres funcionarios avocados exclusivamente a esa labor por aproximadamente 10 días hábiles, sin señalar el volumen de documentación a revisar, ni ninguna otra razón o fundamento que permita tener por acreditada la concurrencia de la causal alegada; por lo que en virtud de lo señalado se desestimará la reserva legal invocada por la reclamada y se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de la información requerida.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Joaquín Corvalán Azpiazu en contra de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región de Los Lagos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Los Lagos, lo siguiente;

a) Hacer entrega al reclamante:

1. Los informes SEREMI de Vivienda favorables que hubiesen sido dictados entre el 12 de febrero de 2010 al 12 de agosto de 2010, específicamente dictados en virtud del artículo 1°, número 1, de la Ley N° 19.939, en conjunto con la Ley N° 20.331, que modificó el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, es decir, que hubieren antecedido a los decretos alcaldicios que fijaron normas urbanísticas a terrenos cuya declaratoria de utilidad pública hubiese caducado en virtud de dichas leyes (N° 19.939 y N° 20.331).

2. Las resoluciones e informes favorables SEREMI de Vivienda que hubiesen sido dictados desde el 29 de octubre de 2014, específicamente, en virtud de los incisos segundo y tercero del artículo transitorio de la Ley N° 20.791, es decir, que hubieren fijado normas urbanísticas a terrenos cuya declaratoria de utilidad pública fue dejada sin efecto en virtud de los mismos incisos segundo y tercero del artículo transitorio de la Ley N° 20.791, o que hubieren antecedido a los decretos alcaldicios que fijaron normas urbanísticas.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Joaquín Corvalán Azpiazu y la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Los Lagos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.