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Juan Carrasco Navarrete con Rol: C6032-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, ordenando la entrega de la información correspondiente a la fecha de emisión de las facturas y boletas vencidas consultadas, y de los días transcurridos desde su fecha de emisión y de pago, indicando los intereses en los que se incurrió. Lo anterior, por desestimarse la configuración de la causal de reserva invocada de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, al fundarse aquella en la necesidad de revisión de la totalidad de las boletas o facturas correspondientes al periodo consultado, información que no fue pedida, al acotarse el requerimiento solo a los documentos vencidos. Además, por cuanto no se considera como atendida la solicitud en lo referido al pago de intereses, los cuales el órgano afirma no haber pagado, mientras que, a la vez, indica que fueron cancelados por un Asistente a cargo de la Gestión de Pagos.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6032-20

Entidad pública: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales

Requirente: Juan Carrasco Navarrete

Ingreso Consejo: 24.09.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, ordenando la entrega de la información correspondiente a la fecha de emisión de las facturas y boletas vencidas consultadas, y de los días transcurridos desde su fecha de emisión y de pago, indicando los intereses en los que se incurrió.

Lo anterior, por desestimarse la configuración de la causal de reserva invocada de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, al fundarse aquella en la necesidad de revisión de la totalidad de las boletas o facturas correspondientes al periodo consultado, información que no fue pedida, al acotarse el requerimiento solo a los documentos vencidos. Además, por cuanto no se considera como atendida la solicitud en lo referido al pago de intereses, los cuales el órgano afirma no haber pagado, mientras que, a la vez, indica que fueron cancelados por un Asistente a cargo de la Gestión de Pagos.

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6032-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de agosto de 2020, don Juan Carrasco Navarrete solicitó a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la siguiente información:

"Necesito la relación de pagos de facturas vencidas desde el año 2016 a mayo de 2019.

Es decir: Facturas y boletas recibidas por servicios básicos por los centros de costos de Prochile y DIRECON.

Debe contener fecha de boleta y/o factura junto con el número de documento.

Fecha de ingreso a institución

Fecha de pago

¿hubo pago de interés en las boletas y/o facturas recibidas?

¿Quién se hizo cargo de los intereses y pago?

¿Hubo corte de servicios en ese tiempo, por no pago de servicios? cuantos fueron? y que servicio fue en especial?

Detalle de cuantos días pasaron desde la fecha de emisión de boleta y/o factura.

¿Cuántos documentos vencidos se pagaron fuera de tiempo?".

2) RESPUESTA: El 24 de septiembre de 2020, a través de Resolución Exenta N° J-94, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales respondió al requerimiento de información indicando que la División de Adquisiciones y Servicios, por Memorándum N° 1248, de 16 de septiembre de 2020, ha manifestado la imposibilidad de entregar una parte de la información solicitada, específicamente la relativa a la fecha de boleta y/o factura, ya que ese dato no es registrado en los archivos de que se disponen electrónicamente, debido a que el plazo de pago de 30 días corridos está determinado por la fecha de recepción del documento en la institución, no siendo necesario registrar la fecha del documento para fines de este registro computacional. Luego, para disponer de esa información faltante, la búsqueda implicaría la revisión, análisis y transcripción de 4.577 archivos que contienen las facturas y/o boletas de gastos correspondientes al período solicitado.

Luego, citando el artículo 7, N° 1, literal c), del Reglamento de la Ley N° 20.285, indica que en este caso la distracción se produciría toda vez que la revisión de cada registro equivaldría aproximadamente a 7 minutos, lo que implicaría un total aproximado de 32.039 minutos, lo que corresponde a 89 días hábiles de trabajo exclusivo para un funcionario o 45 días hábiles de trabajo del personal del Departamento de Pagos de la Institución, provocando la distracción indebida del o los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores. Ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

A su vez, en carta anexa, el órgano señala adjuntar el detalle de los documentos solicitados por concepto de servicios básicos desde el año 2016 a mayo de 2019, el cual contiene la información relativa al número de documento, fecha de ingreso a la Institución, fecha de pago, días transcurridos entre estas 2 fechas y si estos documentos fueron pagos a través de centros de costos de Prochile o DIRECON.

Respecto a la pregunta sobre los intereses, cortes de servicio, o documentos vencidos de pago podemos informar que no hubo pago de intereses por parte de la institución, por las boletas y/o facturas recibidas, los cuales fueron cancelados directamente por el Asistente a cargo de la Gestión de Pagos. Asimismo, hace presente que no se registraron cortes de servicios por no pago, en el periodo consignado.

3) AMPARO: El 24 de septiembre de 2020, don Juan Carrasco Navarrete dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la recepción de respuesta incompleta y denegatoria. Además, el reclamante hizo presente que solicitó indicar las boletas y facturas que estaban con intereses y no el total de documentos recibidos. Los documentos con intereses son aquellos que se pagan fuera de plazo, los que, en este caso fueron 397. Según la información entregada existen 4577 con fecha de ingreso y fecha de pago, pero existen solo 397, que exceden los 30 días. Señala que se le denegó esa información. Hay boletas y facturas que incluso tienen 60, 90 y más 120 días de servicios básicos, imposible que no se hayan cortado los servicios y que se haya asumido interés. Por eso mi pregunta que boletas y/o facturas se pagaron fuera de plazo, indicando la empresa de servicio respectiva y los intereses que se incurrió.

4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Este Consejo mediante Oficio E17731, del 20 de octubre de 2020, solicitó al reclamante manifestar su expresa voluntad de dar a conocer su identidad, toda vez que, atendida la naturaleza de la acción intentada, en la cual el órgano reclamado será notificado de la solicitud y respuesta que fundamentan su interposición, a fin de que presente su respectiva defensa, la petición de reserva de su identidad no podrá se acogida. A través de correo electrónico de fecha 20 de octubre de 2020, el reclamante dio cumplimiento a lo solicitado.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, mediante Oficio E19428, de 7 de noviembre de 2020, solicitando que: (1°) refiérase a las alegaciones de la parte reclamante, quien sostiene que se la habría entregado información incompleta, además, de la denegación parcial de la misma; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (5°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (6°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (7°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

Mediante Oficio N° 1308, de fecha 24 de noviembre de 2020, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en resumen, manifestó que las únicas dos preguntas que no pudieron contestarse a la luz de lo preguntado son la fecha de emisión de las facturas y/o boletas y, por consiguiente, los días que pasaron desde la fecha de emisión de boleta y/o factura y el pago. Aun así, se contestó cuantos días transcurrieron entre el ingreso y el pago de los 4577 servicios básicos desde el 2016 a mayo de 2019, de acuerdo con los principios de libertad de la información y de máxima divulgación.

Igualmente, se denegó la fecha de emisión de la boleta y/o factura presentada. Lo anterior, responde a que ese dato no está registrado en los archivos de que se disponen electrónicamente debido a que el plazo de pago de 30 días corridos está determinado por la fecha de recepción del documento en la institución, no siendo necesario registrar la fecha del documento para los fines que requiere el Servicio. Luego, fundamenta lo que implicaría la búsqueda, revisión, análisis y transcripción de esos 4577 documentos.

Esta información obra en la Subsecretaría, pero sobre ella concurre la causal establecida en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. La División de Adquisiciones y Servicios ha manifestado que la revisión de cada registro equivaldría aproximadamente a 7 minutos, lo que implicaría un total aproximado de 32.039 minutos, lo que corresponde a 89 días hábiles de trabajo exclusivo para un funcionario o 45 días hábiles de trabajo del personal del Departamento de Pagos de esta Subsecretaría, provocando una evidente distracción del o los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores. Cabe señalar que la información denegada se encuentra disponible de manera digital. A más ahondar, cabe señalar que el requirente solicitó solo los documentos de pago de los servicios básicos, cuestión que fue posible filtrar determinando uno a uno por cada año en la planilla Excel de la institución. Pero para poder entregar el dato que le falta es necesario acceder a cada carpeta de archivo de cada servicio o bien adquirirlo por cada año para determinar si se trata de un servicio básico, luego revisar cada uno de los archivos de cada carpeta y luego revisar la fecha de emisión por 4577 veces. Solo en el año 2016, existen 3.558 carpetas correspondientes a los bienes y servicios adquiridos por este Servicio (Prochile/Direcon). Por ello, dada la magnitud de actos involucrados, su entrega implica la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a su atención, interrumpiendo las otras funciones que la repartición debe desarrollar, exigiendo una dedicación desproporcionada en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas y del funcionamiento regular de la Subsecretaría, tomando en consideración el principio de eficacia y eficiencia. Todo lo anterior, además no considera la situación especial derivada de la pandemia, lo que deriva en una mayor complejidad al momento de dar cualquier respuesta debido al trabajo remoto de algunos funcionarios.

Considerando el requerimiento y la respuesta otorgada, se advierte que los hechos denunciados no configuran una infracción a la Ley de Transparencia, ya que no alega que el órgano reclamado no haya respondido su solicitud dentro del plazo legal, o que se hubiere denegado de manera infundada un documentos o antecedente solicitado, en efecto el solicitante recibió una respuesta dentro del plazo legal y que solo una parte de su requerimiento fue denegado de manera fundada y explícita.

La información entregada es bastante para determinar el atraso en el pago de algunas de los documentos de pago. Luego en su requerimiento de amparo, no desestima el valor de la información entregada, sino que cuestiona la información otorgada por esta institución señalando que es "imposible que no se hayan cortado los servicios y que se haya asumido interés". Por lo anterior, cumplo con informar que la División de Adquisiciones y Servicios ya informó por carta individualizada en el numeral 2 de este Oficio que no hubo pago de intereses por parte de la institución por los documentos de pago recibidos y que tampoco hubo cortes de servicio básicos en el periodo consultado. Cabe destacar que aun cuando esta institución dispusiera de los medios físicos de disponer personal para complementar este requerimiento, la reclamación del requirente no sería distinta a la presente, ya que la disconformidad señalado no dice relación con la información denegada, sino que, según él, no es posible que no hayan existido cortes de servicios o cobro de intereses.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la entrega parcial de la información requerida por el solicitante, referida a la relación de pagos de facturas vencidas, y en dicho marco, a las facturas y boletas recibidas por servicios básicos por los centros de costos de Prochile y DIRECON, desde el año 2016 a mayo de 2019, con las especificaciones indicadas. Por su parte, el órgano reclamado afirma haber proporcionado la información con la que contaba, alegando respecto de aquella no entregada, correspondiente a la fecha de emisión de las facturas y/o boletas y, por consiguiente, los días que pasaron desde la fecha de emisión de boleta y/o factura y el pago, la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. A su vez, indica que la institución no realizó el pago de intereses.

2) Que, respecto de la concurrencia de la causal de secreto o reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano, este Consejo ha establecido que sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas.

3) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

4) Que, como se enunció en la parte expositiva, respecto de la información referida a la fecha de emisión de las facturas o boletas y, por consiguiente, los días que pasaron desde aquella y el pago, el órgano explica que ese dato no está registrado en los archivos de que se disponen electrónicamente, por lo que, la revisión de los 4577 registros equivaldría aproximadamente a 7 minutos cada uno, lo que implicaría un total aproximado de 32.039 minutos, lo que corresponde a 89 días hábiles de trabajo exclusivo para un funcionario o 45 días hábiles de trabajo del personal del Departamento de Pagos de la Subsecretaría, lo que configuraría la causal de reserva o secreto de distracción indebida alegada.

5) Que, sin embargo, se debe hacer presente que, según se aprecia de la revisión de la solicitud transcrita en el número 1 de la parte expositiva, el requerimiento de información se refiere a "la relación de pagos de facturas vencidas desde el año 2016 a mayo de 2019", es decir, se encuentra acotado a documentos en dicha condición, situación que es corroborada por el contenido de los puntos específicos que luego se requieren, los que hacen referencia al pago de interés y corte de servicio; y, por lo manifestado por el reclamante al formular su amparo. Lo anterior, resta fundamento al antecedente en el que se funda la alegación del órgano, correspondiente al hecho de ser necesaria la revisión de 4577 registros para la obtención de los datos, por cuanto aquellos corresponden al total de boletas o facturas registradas en el periodo, mientras que, como explica el reclamante, las que deben ser consideradas en la solicitud, por haberse encontrado vencidas, alcanzan solo un total de 397, cantidad claramente inferior a aquella considerada por el órgano para concluir que su búsqueda y sistematización distraería indebidamente a sus funcionarios del cumplimiento regular de sus labores. De esta manera, proyectado el volumen y naturaleza de la información correspondiente solo a boletas y facturas vencidas, resulta pertinente concluir que su ubicación y sistematización para su entrega, en los términos requeridos por el solicitante, no tienen la condición suficiente para distraer indebidamente a los funcionarios del órgano, razón por la cual, se desestimará la configuración de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

6) Que, por otra parte, respecto de la falta de entrega de la información correspondiente a la indicación de la empresa de servicio respectiva y los intereses en los que se incurrió, enunciada por el reclamante en su amparo, se debe hacer presente que el antecedente correspondiente al nombre de la empresa de servicio no formó parte de la solicitud de acceso a la información, por lo que no resulta procedente que sea exigida a través de este amparo. Luego, tratándose de la información referida al pago de intereses, el órgano ha manifestado que no hubo pago de aquellos por parte de la institución por boletas y/o facturas recibidas, ya que éstos fueron cancelados directamente por el Asistente a cargo de la Gestión de Pagos, respuesta que, a juicio de este Consejo, no permite tener por satisfecha la solicitud, por cuanto, el reclamante ha consultado en términos generales si ¿hubo pago de interés en las boletas y/o facturas recibidas?, sin acotarlo a pagos realizados por la institución, sino que a disposiciones patrimoniales por dicho concepto, situación que es corroborada por la pregunta siguiente, la que se refiere a ¿Quién se hizo cargo de los intereses y pago?. En este contexto, el órgano responde que los intereses fueron cancelados por el Asistente a cargo de la Gestión de Pagos, afirmación que permite concluir que sí existieron pagos por el concepto en consulta, resultando por ello procedente la entrega de la información, debiendo ser acogido el amparo en este aspecto.

7) Que, en mérito de lo expuesto, el presente amparo será acogido, ordenándose al órgano proporcionar al solicitante la información correspondiente a la fecha de emisión de las facturas y boletas vencidas consultadas, y de los días transcurridos desde aquella y el pago, indicando los intereses en los que se incurrió; ello, al descartarse la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano; y al no tener la información entregada el mérito suficiente para tener por satisfecha la solicitud de acceso en aquello referido al pago de interés por las boletas y facturas.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por Juan Carrasco Navarrete en contra de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de la información correspondiente a la fecha de emisión de las facturas y boletas vencidas consultadas, y de los días transcurridos desde su fecha de emisión y de pago, indicando los intereses en los que se incurrió.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Carrasco Navarrete y al Sr. Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.