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Nicolás Alejandro Hurtado Acuña con ARMADA DE CHILE Rol: C5603-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de la Armada de Chile, en conformidad a lo siguiente: En lo que atañe al registro audiovisual íntegro del procedimiento de fiscalización consultado: Se acoge el amparo solo en cuanto el organismo no derivó dicha solicitud al Ministerio Público que, al alero de lo señalado en el Código Procesal Penal, es quien está en mejor posición para determinar el acceso a la información que forma parte de una investigación penal durante el curso de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, en virtud del principio de facilitación este Consejo derivará el requerimiento al órgano competente. En relación con el listado de los funcionarios que manipularon la grabación o registro audiovisual del procedimiento de fiscalización reclamado: se acoge el amparo, ordenando la entrega del nombre y apellido de estos. Lo anterior, por tratarse de información pública, respecto de la cual el organismo no acreditó la concurrencia de ninguna causal de secreto o reserva. En efecto, de los antecedentes del caso, no advierte de que forma la divulgación de la identidad de los funcionarios consultados implique un riego para la seguridad de funcionarios, así como para las actividades de orden y seguridad que actualmente ejercen las Fuerzas Armadas en el contexto de la pandemia por Covid-19 y el correlativo Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretado. Por el contrario, el hecho de que aquellos tengan la calidad de denunciantes y víctima en un investigación penal en curso, implica que se trata de un dato -como en la especie ocurre- que se encuentra publicado en el sitio web del Poder Judicial (www.pjud.cl), al cual puede acceder cualquier persona que cuente con los datos RIT o RUC asociados a la causa. Además, no es posible obviar la circunstancia de que nos encontramos frente al caso de una investigación criminal originada a raíz de una denuncia presentada por funcionarios públicos, referida a hechos ocurridos en el ejercicio de funciones públicas y no en el ámbito de su vida privada. Esto permite también descartar las alegaciones del organismo relativa a que respecto de dicho antecedente se configuraría una afectación a sus funciones o a las del ente persecutor, toda vez que la divulgación de este antecedente no tiene la entidad de afectar el éxito de la investigación criminal en curso, así como una afectación de los derechos de los funcionarios. Se desestima las alegaciones del órgano relativas a que los requerimientos formulados no son solicitudes de información amparadas en la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:


Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5603-20

Entidad pública: Armada de Chile

Requirente: Nicolás Alejandro Hurtado Acuña

Ingreso Consejo: 08.09.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Armada de Chile, en conformidad a lo siguiente:

En lo que atañe al registro audiovisual íntegro del procedimiento de fiscalización consultado: Se acoge el amparo solo en cuanto el organismo no derivó dicha solicitud al Ministerio Público que, al alero de lo señalado en el Código Procesal Penal, es quien está en mejor posición para determinar el acceso a la información que forma parte de una investigación penal durante el curso de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, en virtud del principio de facilitación este Consejo derivará el requerimiento al órgano competente.

En relación con el listado de los funcionarios que manipularon la grabación o registro audiovisual del procedimiento de fiscalización reclamado: se acoge el amparo, ordenando la entrega del nombre y apellido de estos.

Lo anterior, por tratarse de información pública, respecto de la cual el organismo no acreditó la concurrencia de ninguna causal de secreto o reserva. En efecto, de los antecedentes del caso, no advierte de que forma la divulgación de la identidad de los funcionarios consultados implique un riego para la seguridad de funcionarios, así como para las actividades de orden y seguridad que actualmente ejercen las Fuerzas Armadas en el contexto de la pandemia por Covid-19 y el correlativo Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretado. Por el contrario, el hecho de que aquellos tengan la calidad de denunciantes y víctima en un investigación penal en curso, implica que se trata de un dato -como en la especie ocurre- que se encuentra publicado en el sitio web del Poder Judicial (www.pjud.cl), al cual puede acceder cualquier persona que cuente con los datos RIT o RUC asociados a la causa.

Además, no es posible obviar la circunstancia de que nos encontramos frente al caso de una investigación criminal originada a raíz de una denuncia presentada por funcionarios públicos, referida a hechos ocurridos en el ejercicio de funciones públicas y no en el ámbito de su vida privada. Esto permite también descartar las alegaciones del organismo relativa a que respecto de dicho antecedente se configuraría una afectación a sus funciones o a las del ente persecutor, toda vez que la divulgación de este antecedente no tiene la entidad de afectar el éxito de la investigación criminal en curso, así como una afectación de los derechos de los funcionarios.

Se desestima las alegaciones del órgano relativas a que los requerimientos formulados no son solicitudes de información amparadas en la Ley de Transparencia.

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5603-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de agosto de 2020, don Nicolás Alejandro Hurtado Acuña solicitó a la Armada de Chile, la siguiente información:

a) Registro audiovisual íntegro del procedimiento de fiscalización efectuado por una patrulla de Policía Marítima en la ciudad de Iquique, el día sábado 8 de agosto a las 18:45 horas y que involucró al Diputado que indica.

b) Listado de personas que manipularon la cámara y/o su tarjeta de memoria previo a la filtración que se realizara a un actor político y/o a su entorno en menos de 24 horas.

c) Todo correo electrónico, rastro de que se haya subido a una nube digital y/o manipulación de algún medio de almacenamiento (disco duro, pendrive, cd, etc.) relacionado con el video indicado en el N° 1.

2) RESPUESTA: El 7 de septiembre de 2020, mediante O.T.A.I.P.A Ordinario N° 12900/837, la Armada de Chile respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que atender el requerimiento implicaría que la institución deba emitir un acto administrativo, elaborando un informe, un listado o una certificación con lo requerido, conforme al inciso 6° del artículo 3° de la ley N° 19.880. Asimismo, los registros audiovisuales no son actos administrativos. Todo lo anterior, corresponde más bien al ejercicio del Derecho de Petición, establecido en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República y regulado consecuentemente en la ley N° 19.880.

Sin perjuicio de lo anterior, indica y en respuesta a su derecho de petición, bajo la ley N° 19.880. señala que:

El registro audiovisual que fuera solicitado por la Cámara de Diputados y entregada a ésta en su oportunidad, fue remitido al fiscal adjunto de Iquique en la Causa RUC 2000807454. De manera que, aunque fuera considerado un acto administrativo, debería ser denegado conforme al artículo 21, N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia.

En relación con el listado de las personas que manipularon la grabación, hace presente que aun cuando se emitiera un acto administrativo, la institución se vería imposibilitada de entregarlo, debido a que la individualización del personal de la patrulla, conforme a lo dispuesto en el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, tiene carácter de secreto y/o reservado. Asimismo, también sería aplicable la causal dispuesta en el artículo 21, N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia.

En cuanto a los correos electrónicos relacionado al video, señala que no existe información ni antecedentes al respecto.

3) AMPARO: El 8 de septiembre de 2020, don Nicolás Alejandro Hurtado Acuña dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió una respuesta negativa a su solicitud. argumenta que de acuerdo con artículo 5° de la Ley de Transparencia, el material registrado con las cámaras de la institución es información pública. Agrega, que el video reclamado no tendría el carácter de secreto en la medida de que fue filtrado por la propia institución para ser mal utilizado en redes sociales. Por último, la negativa a individualizar a quienes hicieron el operativo en contra del Diputado Sr. Gutierrez, no reviste las características del Código de Justicia Militar, pues estaban cumpliendo labores de apoyo a la situación sanitaria y no hace peligrar en ningún caso la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden publico interior o la seguridad de las personas.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante En Jefe de la Armada de Chile, mediante Oficio E16982, de 6 de octubre de 2020, solicitando que: (1°) indique las razones por las que, a su juicio, lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información reclamada; (3°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (4°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, específicamente, informe en qué medida su acceso iría en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o constituye un antecedente necesario para la defensa jurídica y judicial, explicando cómo dicha documentación está destinada a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico; (5°) informe las partes, Tribunal, Rol, si procediere, y el estado en que se encuentra el procedimiento que sirvió de fundamento para denegar la entrega de la información reclamada; (6°) indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (7°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, (8°) proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante Oficio O.T.A.I.P.A. Ordinario N° 12900/989, de 21 de octubre de 2020, la Armada de Chile presentó sus descargos en esta sede y, junto con reiterar lo expuesto en su respuesta a la solicitud, agregó, en resumen, lo siguiente:

De acuerdo con el artículo 3° de la ley N° 19.880, el concepto de acto administrativo, entendiéndose por tal las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado, en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública. En el inciso sexto del artículo en cuestión, agrega que constituyen también actos administrativos, los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias.

Como se puede advertir según el concepto ya descrito, los registros audiovisuales, no corresponden a actos administrativos dictados por la Institución, por lo que el acceso a dicha información no se encuentra regido por las disposiciones de la ley N° 20.285, sino que corresponden a una manifestación del Derecho de Petición, regulado en el Artículo 19° N° 14 de la Constitución Política de la República.

Reitera que el registro audiovisual solicitado fue remitido a la Fiscalía Local de Iquique, la que se encuentra investigando, según la tipificación que dicha Fiscalía le atribuyó a los hechos, los delitos de "amenaza a funcionarios de la armada" en el cumplimiento de sus funciones y de "denegación de auxilio", causa tramitada bajo el RUC N° 2000807454-3, RIT 7634-2020 del Juzgado de Garantía de Iquique. Hace presente se citó a los intervinientes a Audiencia de Formalización de la Investigación para el día 14 de diciembre de 2020, a las 08:30 horas.

Respecto a la individualización del personal de la patrulla y al listado o certificación de las personas que manipularon la cámara y/o su tarjeta de memoria, aun cuando se emitiera un acto administrativo en los términos requeridos, la Institución se ve imposibilitada de entregar dicho acto, debido a que se trata de información que forma parte de una investigación en curso, llevada adelante por el Ministerio Público. A mayor abundamiento, el Artículo 436° N° 1 del Código de Justicia Militar ha establecido que se entiende por documentos secretos, entre otros, los relativos a las plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y su personal. Su publicación podría producir un riesgo para la seguridad del personal integrante de la patrulla, que además es víctima de la causa que se encuentra en proceso de investigación, indicada en la letra b) que antecede; como asimismo un riesgo para las actividades que actualmente en forma excepcional se encuentran ejerciendo tas Fuerzas Armadas, en el contexto de la pandemia de COVID-19 y el correlativo Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretado por la autoridad correspondiente y que se encuentra actualmente vigente.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, de los dichos del reclamante se deduce que el presente amparo se encuentra circunscrito al registro audiovisual e identidad de los funcionarios consultados en los literales a) y b) del numeral 1° de lo expositivo. Luego, el reclamo su funda en la respuesta negativa otorga al efecto por la Armada de Chile.

2) Que, el organismo requerido justificó la denegación de la información en las circunstancias de que, a su juicio, la solicitud no corresponde a un requerimiento amparado en la Ley de Transparencia sino en el derecho de petición reconocido en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, no obstante, en el evento de considerar que se trata de información susceptible de ser requerido mediante una solicitud de acceso, el organismo se encuentra impedido de entregarla por concurrir las causales de reserva del artículo 21 N° 1, letra a) y 5 de la Ley de Transparencia, conforme a los argumentos que indica.

3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

4) Que, en primer término, en cuanto a las alegaciones de la Armada relativas a que la información reclamada (registro audiovisual y listado de funcionarios) no cabe dentro del concepto de acto administrativo previsto en el artículo 3° de la ley N° 19.880 y, por tanto, tampoco estarían contenidos en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, ni en el artículo 5 inciso 1° de la Ley de Transparencia, es menester señalar que esta Corporación no comparte dicha apreciación, toda vez que, más allá de la discusión doctrinaria que se pueda generar en torno a si el legislador consagró en el artículo 3° de la ley N° 19.880 una noción estricta del concepto de acto administrativo (como se daría a entender en el inciso 1° de la norma) o, por el contrario, adoptó una noción extendida del mismo, que incluiría cualquier actuación escrita de la Administración del Estado (como se deduce de la expresión "Constituyen, también, actos administrativos, los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias", de su inciso 6°), lo cierto es que, el principio de publicidad de la información consagrado en nuestra Carta Magna, en su artículo 8°, y en la Ley de Transparencia, en sus artículos 5° y 10°, alcanza a toda la información que obre en poder de los órganos de la Administración de Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos" de la Administración Pública, cualquiera sea su naturaleza. A su turno, conforme lo dispuesto en el artículo 3°, literal e), del Reglamento de la ley N° 20.285, se comprende dentro del concepto de "documentos": "Todo escrito, correspondencia, memorándum, plano, mapa, dibujo, diagrama, documento gráfico, fotografía, microforma, grabación sonora, video, dispositivo susceptible de ser leído mediante la utilización de sistemas mecánicos, electrónicos o computacionales y, en general, todo soporte material que contenga información, cualquiera sea su forma física o características, así como las copias de aquéllos" (énfasis agregado).

5) Que, asimismo, este Consejo ha razonado que se encuentran amparadas por la Ley de Transparencia aquellas solicitudes que se refieran a información que puede desprenderse fácilmente de los registros o antecedentes que el organismo reclamado mantenga en su poder, cuya respuesta no suponga la imposición de un gravamen a su respecto, ni la configuración de ninguna de las causales de reserva alegadas, conforme al criterio desarrollado en la decisión de amparo Rol C467-10, entre otras, así como en aplicación de los principios de máxima divulgación y de facilitación, consagrados en el artículo 11, letras d) y f) de la Ley de Transparencia.

6) Que, en consecuencia, tratándose de requerimientos amparados por la Ley de Transparencia, corresponde que este Consejo analice las alegaciones de fondo efectuadas por la Armada de Chile, a fin de determinar si procede la entrega de la información reclamada.

7) Que, en cuanto al registro audiovisual pedido en la letra a) del numeral 1° de lo expositivo, si bien, el órgano requerido denegó lo solicitado fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia, informó que dicha información fue remitido a la Fiscalía Local de Iquique, quien dio inicio a una investigación por los presuntos delitos de "amenaza a funcionarios de la armada" en el cumplimiento de sus funciones y de "denegación de auxilio", tramitada bajo el RUC N° 2000807454-3, RIT 7634-2020 del Juzgado de Garantía de Iquique, y que está próxima a ser formalizada conforme a las normas procesales penales pertinentes. En esta línea, cabe señalar que este Consejo ha razonado, en las decisiones de los amparos rol C911-10, C659-15 y C1304-16, entre otras, que el artículo 182 del Código Procesal Penal "consagra el secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía para los terceros ajenos al procedimiento, disponiendo, por otra parte, que los intervinientes siempre tendrán acceso a las mismas, por lo que establece que éstos podrán examinar y obtener copias a su cargo, de los registros y los documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial". En la referida decisión, se concluyó que "la autoridad ante la cual debe hacerse esta petición es el Fiscal a cargo del caso, y la autoridad ante la cual puede reclamarse contra esa decisión es el juez de garantía respectivo. Por esto, se estima que la derivación de la solicitud realizada por la PDI al Ministerio Público, frente a la duda de permitir el acceso y hacer entrega o no de la información solicitada, se ajustó a la normativa que rige el procedimiento procesal penal y, especialmente, a lo dispuesto en el artículo 182 del CPP"

8) Que, en conformidad a lo anterior, siendo el órgano persecutor el organismo que, al alero de lo señalado en el Código Procesal Penal, es quien está en mejor posición para determinar el acceso a la información que forma parte de una investigación penal durante el curso de la misma, este Consejo se encuentra impedido de ordenar a la Armada de Chile la entrega de dicho antecedente, pudiendo acoger el amparo en esta parte, sólo en cuanto dicho organismo no derivó la respectiva solicitud al Ministerio Público, infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y 14 inciso 2°, de la ley N° 19.880, que dispone: "Requerido un órgano de la Administración para intervenir en un asunto que no sea de su competencia, enviará de inmediato los antecedentes a la autoridad que deba conocer según el ordenamiento jurídico, informando de ello al interesado". Con todo, dicha derivación será realizada por este Consejo en virtud del principio de facilitación consagrado en la letra f), del artículo 11 de la Ley de Transparencia.

9) Que, ahora bien, en cuanto a la nómina o listado de funcionarios solicitada en la letra b) del numeral 1° de lo expositivo, el órgano argumentó que la individualización del personal de la patrulla tiene carácter de secreto, conforme a lo dispuesto en el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar.

10) Que, en cuanto a la hipótesis de reserva prevista en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, este Consejo, a partir de la decisión del amparo rol C45-09, ha establecido que dicha disposición posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a título ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

11) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, con respecto a la afectación de éstos y para justificar la causal de reserva alegada, la reclamada ha señalado que, en este caso se podría producir un riesgo para la seguridad del personal integrante de la patrulla, que además es víctima de la causa que se encuentra en proceso de investigación; como asimismo un riesgo para las actividades que actualmente en forma excepcional se encuentran ejerciendo las Fuerzas Armadas, en el contexto de la pandemia de COVID-19 y el correlativo Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretado por la autoridad correspondiente y que se encuentra actualmente vigente.

12) Que, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad.

13) Que, del análisis de los antecedentes, este Consejo no advierte de que forma la divulgación de la identidad de los funcionarios consultados implique un riego para la seguridad de estos, así como para las actividades de orden y seguridad que actualmente ejercen las Fuerzas Armadas en el contexto de la pandemia por Covid-19 y el correlativo Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretado. Por el contrario, el hecho de que los aludidos funcionarios tengan la calidad de denunciantes y víctima en un investigación penal en curso, implica que se trata de un dato -como en la especie ocurre- que se encuentra publicado en el sitio web del Poder Judicial (www.pjud.cl), al cual puede acceder cualquier persona que cuente con los datos RIT o RUC asociados a la causa. En otras palabras, la identidad de los denunciantes y victimas, en este caso, corresponde a un dato personal público. Además, no es posible obviar la circunstancia de que nos encontramos frente al caso de una investigación criminal originada a raíz de una denuncia presentada por funcionarios públicos, referida a hechos ocurridos en el ejercicio de funciones públicas y no en el ámbito de su vida privada. Esto permite también, desde ya, descartar las alegaciones del organismo relativas a que respecto de dicho antecedente se configuraría una afectación a sus funciones o a las del ente persecutor, toda vez que la divulgación de este antecedente no tiene la entidad de afectar el éxito de la investigación criminal en curso, así como la de afectar los derechos de los funcionarios.

14) Que, en tal orden de ideas, tampoco se advierte cómo es que la divulgación de la información reclamada tenga la entidad de afectar las actividades de orden y seguridad del órgano y ello redundar en una afectación o riesgo para la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas en los términos del artículo 436 del Código de Justicia Militar.

15) Que, de esta forma, se desestimaran las alegaciones del organismo, y se ordenará entregar al reclamante el nombre y apellido de los funcionarios que manipularon la grabación o registro audiovisual del procedimiento de fiscalización consultado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Nicolás Alejandro Hurtado Acuña en contra de la Armada de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante En Jefe de la Armada de Chile:

a) Hacer entrega al reclamante del nombre y apellido de los de los funcionarios que manipularon la grabación o registro audiovisual del procedimiento de fiscalización efectuado por una patrulla de Policía Marítima en la ciudad de Iquique, el día 8 de agosto del presente año, a las 18:45 horas, que involucró al Honorable Diputado Sr. Hugo Gutierrez Gálvez.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Directora General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente:

a. Notificar la presente decisión a don Nicolás Alejandro Hurtado Acuña y al Sr. Comandante En Jefe de la Armada de Chile.

b. Derivar la solicitud de información de don Nicolás Alejandro Hurtado Acuña al Ministerio Público, a fin de que se pronuncien sobre ella respecto de las materias propias de su competencia.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.