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Oriana Escobar Delgado con SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN Rol: C5635-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Educación, ordenando la entrega de la investigación sumaria por acoso o maltrato solicitada e identidad del funcionario investigador. Lo anterior, por cuanto, si bien dicho proceso no ha finalizado, la reserva de las actuaciones del sumario administrativo establecida en el Estatuto Administrativo no puede extenderse a un procedimiento distinto de él, como lo es la investigación sumaria, cuya reserva, por tanto, debe justificarse con base a una afectación presente, probable y específica, lo que en la especie no se ha verificado. Aplica criterio contenido en decisiones recaídas en los amparos Roles C15-10 y C938-12, entre otras. No obstante, atendida la materia sobre la cual versa la investigación consultada, resulta aplicable lo razonado por este Consejo en los amparos Roles C2795-17, C3571-17, C1790-18, C1894-18, C1954-18 y C2577-18, esto es, dando aplicación al principio de divisibilidad conforme con el cual se resguarda la información cuya entrega afecta el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada y la vida privada tanto de las partes afectadas como de algunas personas que han intervenido en dicho procedimiento, y se da acceso a los antecedentes necesarios para el control social de la función pública respecto al desarrollo del proceso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5635-20

Entidad pública: Subsecretaría de Educación

Requirente: Oriana Escobar Delgado

Ingreso Consejo: 03.09.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Educación, ordenando la entrega de la investigación sumaria por acoso o maltrato solicitada e identidad del funcionario investigador.

Lo anterior, por cuanto, si bien dicho proceso no ha finalizado, la reserva de las actuaciones del sumario administrativo establecida en el Estatuto Administrativo no puede extenderse a un procedimiento distinto de él, como lo es la investigación sumaria, cuya reserva, por tanto, debe justificarse con base a una afectación presente, probable y específica, lo que en la especie no se ha verificado. Aplica criterio contenido en decisiones recaídas en los amparos Roles C15-10 y C938-12, entre otras.

No obstante, atendida la materia sobre la cual versa la investigación consultada, resulta aplicable lo razonado por este Consejo en los amparos Roles C2795-17, C3571-17, C1790-18, C1894-18, C1954-18 y C2577-18, esto es, dando aplicación al principio de divisibilidad conforme con el cual se resguarda la información cuya entrega afecta el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada y la vida privada tanto de las partes afectadas como de algunas personas que han intervenido en dicho procedimiento, y se da acceso a los antecedentes necesarios para el control social de la función pública respecto al desarrollo del proceso.

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5635-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de julio de 2020, doña Oriana Escobar Delgado presentó ante la Subsecretaría de Educación, el siguiente requerimiento: "Copia de la investigación sumaria indicada por la Contraloría General de la República a la Seremi de Educación de Atacama, según resolución exenta N° 75 del 3 de febrero del 2020. 2. Nombre del fiscal encargado de la investigación sumaria".

2) RESPUESTA: Por Resolución Exenta N° 3589 de 31 de agosto de 2020, la Subsecretaría de Educación denegó lo solicitado en virtud de la causal del artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 137 del Estatuto Administrativo, toda vez que el proceso se encuentra en tramitación.

3) AMPARO: El 3 de septiembre de 2020, doña Oriana Escobar Delgado dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría de Educación, fundado en la respuesta negativa. Argumenta que el secreto al que alude el artículo 137 del Estatuto Administrativo, no es procedente respecto de las investigaciones sumarias.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Educación, mediante Oficio N° E17246, de 9 de octubre de 2020.

El organismo, por medio de Ord. N° 07/4060 de 02 de noviembre de 2020, argumentó:

- La investigación se encuentra en su etapa indagatoria, por tanto su expediente se encuentra sujeto a la causal del artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, cuya divulgación afectaría el privilegio deliberativo del organismo. En tal sentido, citan lo resuelto por este Consejo en amparos Roles C15-10, C938-12, C345-13, C337-14, relativas a las investigaciones sumarias.

- En tal sentido, se puede señalar que la investigación sumaria solicitada, se enmarca en lo regulado por la Resolución Exenta N° 5.572 de 7 de noviembre de 2019, que estableció un procedimiento interno para la investigación y sanción de denuncias de maltrato, acoso laboral y sexual, estableciendo un principio de confidencialidad. A su vez, y en atención a la materia que versa la investigación, y que las involucradas son funcionarias de amplia trayectoria en el servicio, se adoptó la medida de nombrar a un funcionario externo del servicio para que realice la investigación a fin de garantizar un procedimiento racional y objetivo. Luego, dicho proceso tiene como base la presunción de inocencia y bilateralidad de la defensa.

- En consecuencia, acceder a la entrega de esta investigación en el estado que se encuentra, afectaría el debido cumplimiento de las funciones de este órgano, en atención a que no existe certeza jurídica sobre los hechos denunciados, por tanto podría acarrear una desconfianza en este procedimiento, lo que generaría en nuestros funcionarios una inhibición con justa razón a denunciar o testificar, no descartando que la investigación pueda derivar en un sumario administrativo en los términos del artículo 127 del Estatuto Administrativo, por lo que la entrega anticipada pone en riesgo el éxito de un proceso que en su esencia es secreto.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, conforme a los artículos 126 y 127 del decreto con fuerza de ley N° 29 de 2005, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en adelante, el Estatuto Administrativo, la investigación sumaria es aquel procedimiento administrativo disciplinario, breve y concentrado, destinado a verificar la existencia de los hechos y la individualización de los responsables y su participación. Instruido por un funcionario del servicio denominado investigador, a quien corresponde proponer la sanción, mediante un informe o vista, a la autoridad que ordenó la investigación.

2) Que, este Consejo ha señalado reiteradamente en sus decisiones recaídas en los amparos Roles C15-10 y C938-12, entre otras, que la reserva de las actuaciones del sumario administrativo establecida en el artículo 137 del Estatuto Administrativo no puede extenderse a un procedimiento administrativo distinto de él, como lo es la investigación sumaria, atendido que los casos de secreto o reserva son reglas excepcionales en tanto limitan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. En este sentido, habrá de desestimar la causal de secreto alegada por el órgano reclamado en sus descargos, por cuanto, como se ha indicado, no resultaba aplicable en el presente caso la reserva contemplada en la citada norma estatutaria.

3) Que, sin embargo, este Consejo también ha sostenido que las investigaciones sumarias pueden llegar a considerarse secretas bajo razones semejantes a las de un sumario, no porque exista una norma que así lo declare específicamente (como ocurre con el citado inciso segundo del artículo 137 respecto de los sumarios) sino porque eventualmente pueda concurrir en el caso concreto la aplicación de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, lo que supone acreditar que la revelación de la investigación afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido en los términos establecidos en esa norma legal, considerando la materia sobre la cual versa la investigación y etapa en que se encuentra.

4) Que, teniendo ello presente, y de conformidad con el texto expreso del artículo 21 de la Ley de Transparencia, para verificar la procedencia de una causal de secreto, la afectación invocada debe ser presente, probable y específica para justificar la reserva. Al efecto, el organismo para justificar la reserva de dicha información invocó el principio de confidencialidad establecido en una resolución de carácter infra legal, sin aportar antecedentes específicos que permitan determinar cómo, en concreto, la divulgación de la investigación sumaria solicitada afectaría al debido cumplimiento de sus funciones, debiendo, por tal razón, desestimarse dicha afectación en la especie.

5) Que, adicionalmente, el procedimiento de investigación sumaria posee un carácter breve y concentrado, en atención al reducido número de días establecidos en el artículo 126 del Estatuto Administrativo para cada etapa de este procedimiento. Pese a que los plazos establecidos en dicho cuerpo normativo no sean fatales, debe tenerse en consideración que el plazo máximo de todo procedimiento administrativo es de 6 meses, según el artículo 27 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. En ese contexto, a la fecha han transcurrido aproximadamente 10 meses desde que la entidad informó a la Contraloría la instrucción de la investigación sumaria materia del presente amparo, lo que excede con largueza el plazo especial para la tramitación de dicho procedimiento establecido en el Estatuto Administrativo. Si a ello se le suma que el artículo 127 del Estatuto dispone que si los hechos investigados revistieran "...una mayor gravedad se pondrá término a este procedimiento y se dispondrá, por la autoridad competente, que la investigación prosiga mediante un sumario administrativo", no puede sino concluirse que en este caso la autoridad no ha estimado que los hechos investigados revistan mayor gravedad, o habría ya ejercido dicha facultad.

6) Que, ahora bien, atendido lo expuesto por el organismo en sus descargos, respecto de antecedentes sobre una denuncia de acoso o maltrato efectuada al interior de un servicio público, en las decisiones de amparos roles C429-14 y C2049-15 y C1834-17, entre otras, este Consejo ha razonado que: "la divulgación de los antecedentes solicitados afectaría no sólo la vida privada de la parte denunciante atendida la materia de los hechos a que se refiere sino también, tendría el efecto de inhibir la formulación de denuncias por parte de potenciales víctimas de acoso laboral, sexual u otro tipo de conducta impropia al interior de organismos públicos, afectando con ello la labor investigativa y preventiva que el organismo reclamado pueda desplegar ante futuras situaciones que impliquen algún tipo de responsabilidad funcionaria, afectando con ello el debido cumplimiento de las funciones del Servicio (...) en estas materias". A su vez, en la decisión de amparo Rol C2371-15, se señaló que dada la especial naturaleza de la materia en análisis las declaraciones prestadas por los funcionarios en el curso de la investigación constituyen un insumo inestimable para una adecuada decisión por parte de la autoridad, existiendo un riesgo de que la divulgación de lo requerido inhiba a otros testigos a entregar ciertas opiniones o juicios personales que sólo se emiten bajo una razonable y evidente expectativa de reserva, lo que, en definitiva, afectaría futuras investigaciones y, por tanto, el adecuado cumplimiento de las funciones del órgano. En este sentido, se considera que divulgar íntegramente el expediente solicitado supone necesariamente restar efectividad a las labores que la reclamada pueda desplegar en el cuidado y protección de sus funcionarios, por cuanto éstos podrían inhibirse a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz, al verse expuestos a que sus declaraciones u otro antecedente aportados por éstos, puedan ser conocidos por terceros, todo lo cual afectaría sus derechos y, asimismo, el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada.

7) Que, sin embargo, conforme al principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia "si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causal legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda.", de modo que, en la especie, es posible acoger parcialmente el presente amparo, dando aplicación del referido principio, a fin de conciliar el resguardo de los bienes jurídicos que subyacen en dicha investigación - artículos 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia- con el control social de la función pública, en orden al desarrollo de dicho proceso. Lo anterior, aplicando los criterios de reserva establecidos en los Roles C2795-17, C3571-17, C1954-18 y C1894-18, sobre acceso a expedientes de sumarios sobre acoso laboral, aunque afinados; considerando la materia sobre la cual versa la investigación en esta oportunidad, torna pertinente hacer extensible en la especie.

8) Que, en consecuencia, se acogerá parcialmente este amparo requiriendo al órgano reclamado otorgar acceso al expediente sobre la investigación sumaria pedida y la identidad del funcionario investigador; no obstante, considerando la etapa del proceso, materia objeto de pesquisa y que se desconoce si existe alguna vinculación de la peticionaria en el proceso, la entrega del expediente deberá ser previamente tarjando, en lo pertinente: a) el nombre y cargo de la parte denunciante, denunciado y de los funcionarios públicos que otorgaron su testimonio en calidad de testigos en el proceso, así como toda mención en el expediente y sus declaraciones que permitan inferir dichas identidades; b) cualquier mención a patologías o estados de salud físicos o psíquicos del expediente consultado, por constituir datos sensibles protegidos por la ley N° 19.628; c) correos electrónicos, impresiones de conversaciones vía WhatsApp, mensajes de textos, relatos referidos a llamadas telefónicas, entre otras, por cuanto dicha información se encuentra protegida por los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 N° 4 y 5 de la Constitución Política de la República, que aseguran a toda persona el respeto y protección de su vida privada y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, lo que implica el deber positivo de protección de ese espacio de intimidad, tal como se ha resuelto, en las decisiones de amparo Rol C2795-17, C1790-19, C3204-18, C1039-19, entre otras; y, d) todos los datos personales de contexto contenidos en el expediente -domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, RUT, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros- de conformidad a lo dispuesto en la ya citada ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Oriana Escobar Delgado en contra de la Subsecretaría de Educación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Educación:

a. Hacer entrega al reclamante del expediente sobre investigación sumaria pedido, en indicación del nombre del funcionario investigador, previa reserva de la siguiente información:

i. El nombre y cargo de la persona denunciante, denunciado y de los funcionarios públicos que otorgaron su testimonio en calidad de testigos en el proceso, así como toda mención en su declaración que permita inferir dicha identidad.

ii. Cualquier mención a patologías o estados de salud físicos o psíquicos del expediente consultado, por constituir datos sensibles protegidos por la ley N° 19.628.

iii. Correos electrónicos, impresiones de conversaciones vía WhatsApp, mensajes de textos, relatos referidos a llamadas telefónicas, entre otras, por tratarse de información protegida por los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 N° 4 y 5 de la Constitución Política de la República.

iv. Datos personales de contexto contenidos en el expediente -domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, RUT, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros- de conformidad a lo dispuesto en la ya citada ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

b. Cumplir con lo resuelto en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c. Acreditar el cumplimiento de lo ordenado, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar la observancia de las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Oriana Escobar Delgado y al Sr. Subsecretario de Educación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.