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Camila Oyarce Caro con Rol: C7079-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, referido a la entrega de copia de los informes de gestión y operación de los establecimientos penitenciarios que se indican. Lo anterior, por cuanto la derivación efectuada por el órgano reclamado se aviene a lo prescrito en el artículo 13° de la Ley de Transparencia, estimándose que el órgano derivado se encontraba en una mejor posición de pronunciarse sobre las materias consultadas. Asimismo, tras haberse explicado la inexistencia material de parte de la información consultada; no disponiendo este Consejo de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada, en cuanto a la inexistencia de lo solicitado. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Inhabilitación)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7079-20

Entidad pública: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas

Requirente: Camila Oyarce Caro

Ingreso Consejo: 02.11.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, referido a la entrega de copia de los informes de gestión y operación de los establecimientos penitenciarios que se indican.

Lo anterior, por cuanto la derivación efectuada por el órgano reclamado se aviene a lo prescrito en el artículo 13° de la Ley de Transparencia, estimándose que el órgano derivado se encontraba en una mejor posición de pronunciarse sobre las materias consultadas. Asimismo, tras haberse explicado la inexistencia material de parte de la información consultada; no disponiendo este Consejo de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada, en cuanto a la inexistencia de lo solicitado.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7079-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1 de octubre de 2020, doña Camila Oyarce Caro solicitó a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas -en adelante, indistintamente DGC- la siguiente información: «los informes de gestión y operación de los establecimientos de los grupos 1, 2 y 3, incluyendo los servicios básicos y complementarios que se señalan en los artículos 1.10.2 y 1.10.3 de las Bases de Licitación, entre los años 2006 y 2010».

2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 28 de octubre de 2020, la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas respondió a dicho requerimiento de información, señalando lo siguiente:

2.1) Con respecto al requerimiento concerniente a la entrega de informes de gestión y operación en el período comprendido entre los años 2006 y 2010 para el contrato "Programa de Concesión de Infraestructura Penitenciaria Grupo 2", clarificó que, el primer recinto en iniciar su operación pertenece al establecimiento Penitenciario Región del Biobío, y correspondió al segundo semestre del año 2011, por lo tanto, no existen informes asociados en el periodo solicitado.

2.2) Acto seguido, en cuanto a las restantes peticiones de información, hizo presente que, dicha información contiene antecedentes relevantes para la seguridad de los recintos penitenciarios, por lo que procedió a derivar parcialmente a Gendarmería de Chile el requerimiento en análisis, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 2 de noviembre de 2020, doña Camila Oyarce Caro dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta proporcionada sería parcial.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de Concesiones de Obras Públicas, mediante Oficio N° E19796, de fecha 12 de noviembre de 2020, solicitándole que: (1°) se refiera específicamente a los motivos por los cuales señaló que la información requerida no obraba en su poder, considerando que al realizar la derivación a Gendarmería de Chile, adjuntó los enlaces con los informes estadísticos que se habrían solicitado; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información requerida; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.

Mediante presentación, de fecha 25 de noviembre, el órgano reclamado evacuó sus descargos y observaciones, en los siguientes términos:

Primeramente, puntualizó que la derivación efectuada sólo fue parcial, pues sólo se disponía de información respecto de los Establecimientos Penitenciarios que pertenecían a los Grupos 1 y 3. En tal sentido, ilustró que dicha información -disponible- fue remitida, mediante enlaces electrónicos a Gendarmería de Chile, a objeto de que esa institución pudiera ponderar la entrega o eventual reserva de la información consultada, ya que es dicho organismo quien tiene a cargo la seguridad de todos los recintos penitenciarios involucrados, atendida sus competencias específicas sobre la materia. En este contexto, hizo presente que, conforme a lo establecido en el literal a) del artículo 3° del decreto ley N° 2859, de 1979, de Justicia, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, al órgano derivado le corresponde: «Dirigir todos los establecimientos penales del país, aplicando las normas previstas en el régimen penitenciario que señala la ley y velar por la seguridad interior de ellos (...)»

Por lo anterior, razonó que, habiéndose producido la mencionada derivación y en atención a que los antecedentes requeridos contienen información vinculada a la seguridad de los recintos penitenciarios, no resulta pertinente que la DGC se pronuncie sobre la materia. Asimismo, expresó que, lo anterior podría generar decisiones contradictorias entre distintos órganos de la Administración, en circunstancias que la Ley General de Bases de la Administración del Estado les impone el deber de eficacia, eficiencia y coordinación.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo de acceso a la información se funda en la falta de satisfacción de la reclamante, con respecto a la respuesta proporcionada por el órgano reclamado, toda vez que ésta sería parcial, referida a la entrega de los informes de gestión y operación de los establecimientos penitenciarios de los grupos 1, 2 y 3 -incluyendo los servicios básicos y complementarios- que se señala en bases de licitación que singulariza, durante el periodo comprendido entre los años 2006 y 2010. Al respecto, en cuanto a la información concerniente a los Grupos 1 y 3, la DGC derivó el presente requerimiento a Gendarmería de Chile, por contener antecedentes relevantes para la seguridad de los recintos penitenciarios. Acto seguido, en cuanto a los antecedentes referidos al Grupo 2, esgrimió su inexistencia, pues clarificó que, el primer recinto en iniciar su operación pertenece al establecimiento penitenciario de la Región del Biobío, y correspondió al segundo semestre del año 2011, por lo tanto, no existen informes asociados en el periodo solicitado (énfasis agregado).

2) Que, primeramente, en cuanto a aquella parte del requerimiento derivada a Gendarmería de Chile -información sobre los grupos penitenciarios 1 y 3-, es menester tener presente lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley de Transparencia: «En caso de que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante» (énfasis agregado).

3) Que, en cuanto a la derivación efectuada por el órgano reclamado, esta Corporación estima que, dicha actuación se aviene a lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley de Transparencia. En efecto, mediante Ordinario N° 1.100, de fecha 28 de octubre, la DGC procedió a derivar oportunamente el requerimiento de especie, por contener antecedentes relevantes para la seguridad de los recintos penitenciarios. Asimismo, esta Corporación estima que, el órgano derivado es competente y está en una mejor posición para satisfacer el requerimiento de análisis, por cuanto lo requerido se circunscribe a información relativa a los informes de gestión y operación de establecimientos penitenciarios. Al respecto, cabe tener presente que, el órgano derivado -Gendarmería de Chile es el organismo encargado de la seguridad de los recintos penitenciarios consultados, atendida sus competencias específicas. Sobre este punto, el artículo 3° del decreto ley N° 2859, de 1979, de Justicia, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, al órgano derivado le corresponde: «Dirigir todos los establecimientos penales del país, aplicando las normas previstas en el régimen penitenciario que señala la ley y velar por la seguridad interior de ellos (...)». Por tal motivo, a juicio de este Consejo, es el organismo derivado quien se encuentra en una mejor posición jurídica para ponderar la entrega o eventual reserva de la información consultada, y consecuencialmente, atender la solicitud de acceso a la información de especie (énfasis agregado).

4) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, verificándose que la derivación efectuada por el órgano reclamado se aviene a lo prescrito en el artículo 13° de la Ley de Transparencia; advirtiéndose que, el órgano derivado se encuentra en una mejor posición de pronunciarse sobre las materias consultadas, atendida sus competencias específicas, esta Corporación procederá a rechazar el presente amparo en esta parte.

5) Que, en cuanto a aquella parte del requerimiento no derivada - informes de gestión y operación de los establecimientos penitenciarios del grupo 2-, la DGC expuso que, dichos antecedentes no obran en su poder, pues el primer recinto en iniciar su operación corresponde al establecimiento penitenciario de la Región del Biobío, y correspondió al segundo semestre del año 2011, por lo tanto, no existen informes asociados en el periodo solicitado. Sobre este punto, en cuanto a la inexistencia material esgrimida por la DGC, de acuerdo a los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia es pública y por tanto, factible de ser objeto de un requerimiento de acceso a información pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. En efecto, el artículo 10° de la antedicha ley, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado «cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga (...)». En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3°, letra d), del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que «toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración (...)» (énfasis agregado).

6) Que, sobre lo anterior, es menester tener en consideración lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en donde se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse «en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos» o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir al órgano requerido que haga entrega de información que, de acuerdo con lo señalado, no obraría en su poder, como tampoco de aquélla que resulte inexistente materialmente.

7) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, habiéndose explicado las razones que justifican la inexistencia de los informes pedidos; y, atendida la falta de antecedentes adicionales en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada en esta sede, en cuanto a su inexistencia material, se rechazará el presente amparo en esta parte.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Camila Oyarce Caro, en contra de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Camila Oyarce Caro; y, al Sr. Director General de Concesiones de Obras Públicas.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, en razón de mantener un vínculo de parentesco con el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, al ser hermano de dicha autoridad; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.