logo
 

Pía Carolina Muñoz Mena con MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA Rol: C7121-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Rancagua, referido a la entrega de copia del libro de remuneraciones del Municipio y la información sobre los funcionarios con contrato vigente en los periodos señalados, esta última, en la medida que obre en poder del órgano reclamado en el formato requerido. Con respecto a lo requerido en el numeral 1.1) de la parte expositiva de este Acuerdo, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública, relativos a la Administración del Estado y relacionados con el uso de recursos públicos. Asimismo, esta Corporación estima que, no se configura una afectación al derecho a la privacidad de los funcionarios, atendido los Principios de Máxima Divulgación y Divisibilidad que reconoce el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado. Sobre este punto, cabe tener presente que, la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En cuanto a lo consultado en el numeral 1.2) de la parte expositiva de este Acuerdo, no obstante tratarse de información que está permanentemente a disposición del público, circunstancia que es conocida por la reclamante, en atención a los términos en que fuere planteada la solicitud, la información solicitada a los órganos de la Administración del Estado se debe entregar en la forma y por el medio señalado por el requirente. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto y sensibles, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. En tal contexto, el Municipio deberá tarjar toda la información relativa a la singularización de la Administradora de Fondos de Pensiones y sistema de salud al que se encuentren afiliados, como también aquella relativa a los descuentos de carácter personal (créditos de consumo, ahorros voluntarios, pago de cuentas, retenciones judiciales, entre otros) que consten en el instrumento pedido. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7121-20

Entidad pública: Municipalidad de Rancagua

Requirente: Pía Carolina Muñoz Mena

Ingreso Consejo: 04.11.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Rancagua, referido a la entrega de copia del libro de remuneraciones del Municipio y la información sobre los funcionarios con contrato vigente en los periodos señalados, esta última, en la medida que obre en poder del órgano reclamado en el formato requerido.

Con respecto a lo requerido en el numeral 1.1) de la parte expositiva de este Acuerdo, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública, relativos a la Administración del Estado y relacionados con el uso de recursos públicos. Asimismo, esta Corporación estima que, no se configura una afectación al derecho a la privacidad de los funcionarios, atendido los Principios de Máxima Divulgación y Divisibilidad que reconoce el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado. Sobre este punto, cabe tener presente que, la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.

En cuanto a lo consultado en el numeral 1.2) de la parte expositiva de este Acuerdo, no obstante tratarse de información que está permanentemente a disposición del público, circunstancia que es conocida por la reclamante, en atención a los términos en que fuere planteada la solicitud, la información solicitada a los órganos de la Administración del Estado se debe entregar en la forma y por el medio señalado por el requirente.

En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto y sensibles, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. En tal contexto, el Municipio deberá tarjar toda la información relativa a la singularización de la Administradora de Fondos de Pensiones y sistema de salud al que se encuentren afiliados, como también aquella relativa a los descuentos de carácter personal (créditos de consumo, ahorros voluntarios, pago de cuentas, retenciones judiciales, entre otros) que consten en el instrumento pedido.

No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7121-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de septiembre de 2020, doña Pía Carolina Muñoz Mena solicitó a la Municipalidad de Rancagua -en adelante, indistintamente Municipio- la siguiente información:

1.1) «Libro de remuneraciones del Municipio para el período 30 de agosto de 2018 al 31 de octubre de 2019 -información que debe proveerse en planilla Excel-;

1.2) Funcionarios con contrato vigente para los meses 30 de septiembre de 2018, 31 de octubre de 2019, y al 30 de junio de 2020 -información debe proveerse en planilla Excel-.

2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 19 de octubre, la Municipalidad de Rancagua respondió a dicho requerimiento de información, en los siguientes términos:

2.1) En cuanto a la petición de información consignada en el numeral 1.1) de lo expositivo de este Acuerdo, hizo presente que, el libro de remuneraciones del Municipio contiene una variedad de datos de los funcionarios, no sólo consignando la remuneración que perciben por el empleo municipal que desempeñan, la cual además se encuentra publicada en Transparencia Activa.

Sobre lo anterior, agregó que, en los haberes se contemplan los ingresos que ya están en transparencia, además de datos personales y sensibles, tales como el sistema de salud -privado o público- de los funcionarios, la institución de salud previsional, el monto pactado por su plan, descuentos -tanto de préstamos de salud, retenciones judiciales, sociales por aportes a instituciones de beneficencia-, si pertenecen a cooperativas de ahorro y préstamo, entre otros tipos de descuento.

En virtud de lo anterior, puntualizó que, tratándose de una base de datos personales, el accedo a dicha información implica inequívocamente una intromisión a la vida privada de los titulares de dichos datos, sin que éstos hayan consentido en su utilización. En tal sentido, esgrimió que, la información pedida se encuentra protegida por la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Asimismo, puntualizó que, no se advierte un interés público prevalente que implique tal afectación.

2.2) Sobre la petición consignada en el numeral 1.2) de la parte expositiva del presente acuerdo, indicó que, la información sobre los funcionarios con contrato vigente para los meses indicados en el requerimiento se encuentra disponible en el banner de Transparencia activa que consignó.

3) AMPARO: El 4 de noviembre de 2020, doña Pía Carolina Muñoz Mena dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de los antecedentes consultados. Sobre este punto, hizo presente que, la Municipalidad tiene un sistema computacional que permite la salida de datos en formato de Excel y la clasificación de ellos, por lo que es posible eliminar aquellos antecedentes que son sensibles y privados.

Al efecto, señaló que, es posible entregar el nombre completo de los funcionarios y funcionarias, su número de cédula de identidad, la calidad del contrato del funcionario -titular, contrata y/o código del trabajo-, el tipo de contrato -estatuto municipal, salud municipal, estatuto docente, u otros, según corresponda- en formato Excel, resguardando los datos personales y sensibles de los funcionarios.

Acto seguido, en cuanto a lo pedido en el numeral 1.2) de la parte expositiva de este Acuerdo, señaló que, si bien se indica la dirección electrónica donde se podría acceder a cierta información de los funcionarios, se pidió la información en formato Excel. Agregó que lo anterior, es para ser cotejado con la información publicada en el Portal de Transparencia Activa.

En virtud de lo anterior, expuso que, la denegación constituye una contravención a los principios de libertad de información, apertura o transparencia, máxima divulgación, facilitación, no discriminación, y del control, previstos en el artículo 11° de la Ley de Transparencia.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua, mediante Oficio N° E19753, de fecha 12 de noviembre de 2020, solicitándole que: (1°) se refiera a las alegaciones de la reclamante en el sentido que es posible extraer los datos, que si es posible proporcionar del libro de remuneraciones; (2°) se pronuncie acerca de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; (3°) señale cómo la entrega de parte de la información solicitada afectaría los derechos de los terceros, considerando lo señalado en el numeral primero; (4°) indique, si a su juicio, frente a la solicitud de información, resultaba procedente aplicar el principio de divisibilidad, contenido en el artículo 11°, letra e) de la Ley de Transparencia; (5°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida.

Mediante presentación, de fecha 26 de noviembre de 2020, el Municipio evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su respuesta.

Sobre lo anterior, complementó que, se encuentra pendiente un peritaje sobre el libro de remuneraciones en causa de tutela laboral que indica, por lo que no corresponde su entrega mediante el presente procedimiento de acceso.

Adicionalmente, indicó que, con respecto al numeral 1.2) de la parte expositiva de este Acuerdo, informó el enlace electrónico donde estaría contenida la información solicitada, en los términos previstos en el artículo 15° de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo de acceso a la información se funda en la denegación de los antecedentes consultados por la peticionaria, referidos a la entrega de copia del libro de remuneraciones, como asimismo de la información sobre funcionarios con contrato vigente en el periodo señalado, en formato Excel. En cuanto a la petición de información consignada en el numeral 1.1) de la parte expositiva de este Acuerdo, el Municipio denegó su entrega, toda vez que, contiene datos personales y sensibles de los funcionarios municipales, en los términos previstos en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Acto seguido, hizo presente que, se encuentra pendiente un peritaje sobre el referido instrumento en causa de tutela laboral que indica, por lo que no corresponde su entrega mediante el presente procedimiento. Sobre lo requerido en el numeral 1.2) de lo expositivo de este Acuerdo, acompañó enlace electrónico donde se contiene la referida información y argumentó que, su respuesta se aviene a lo previsto en el artículo 15° de la Ley de Transparencia.

2) Que, primeramente, en cuanto a la publicidad del instrumento pedido -libro de remuneraciones-, resulta atingente tener en consideración que son de naturaleza pública, por tratarse de información relativa a la Administración del Estado, relacionado con el uso de recursos públicos. En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen». En línea con lo anterior, la publicidad de la información consultada permite rendir cuenta del correcto ejercicio de las funciones públicas del órgano reclamado, y en particular, de una gestión eficiente de los recursos públicos, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3° de la Ley N° 18.575, de 1986, del Ministerio del Interior, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (énfasis agregado).

3) Que, a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los servidores públicos ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella. En este contexto, el artículo 7° letra d) de la Ley de Transparencia, dispone que los órganos de la administración del estado deberán mantener a disposición permanente del público: «la planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones» (énfasis agregado).

4) Que, acto seguido, en cuanto a las alegaciones esgrimidas por el Municipio, en orden a que el referido instrumento contiene datos personales y sensibles de los funcionarios, por lo que su divulgación implica, consecuencialmente, una intromisión a la vida privada de los titulares de dichos datos, cabe tener presente que, lo anterior se configura como una contravención a los Principios de Máxima Divulgación y Divisibilidad, consagrados en las letras d) y e) respectivamente del artículo 11° de la Ley de Transparencia. En efecto, los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales. Asimismo, en conformidad al Principio de Divisibilidad, si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda. En tal contexto, el órgano reclamado no aportó suficientes antecedentes que justifiquen denegar íntegramente el documento solicitado, en circunstancias de que éste puede ser objeto de tratamiento y tarjado con respecto a los datos personales y sensibles contenidos en ella. Al efecto, el Municipio no acreditó la imposibilidad de desvincular y excluir de la información pedida los datos personales y sensibles consignados. Por tal motivo, se desestimarán las alegaciones en este sentido (énfasis agregado).

5) Que, a continuación, en cuanto a la circunstancia de que se encuentra pendiente un peritaje sobre el libro de remuneraciones en causa de tutela laboral que indica, por lo que no corresponde su entrega mediante el presente procedimiento de acceso, esta Corporación advierte que, el Municipio invoca -implícitamente- la concurrencia de la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1, literal a), de la Ley de Transparencia. En tal sentido, el mencionado artículo dispone que, se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente «si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales» (énfasis agregado).

6) Que, sobre el particular, es menester tener en consideración el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo a partir de las decisiones recaídas en los amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, entre otras, mediante las cuales se resolvió que la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1, literal a), de la Ley de Transparencia, se debe interpretar de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido, no transforma en secretos todos los documentos relacionados, o que tengan algún grado de vinculación con él. Tampoco basta, para que se configure la concurrencia de la causal de reserva alegada, que el órgano sólo haga mención de la existencia de algún procedimiento jurídico o judicial. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre la información solicitada, el litigio o controversia pendiente y la estrategia jurídica o judicial del órgano, lo que debe ser acreditado por el órgano reclamado, lo cual, en la especie, no se produce. Al efecto, el órgano reclamado no ha explicado en forma pormenorizada la necesidad de mantener en reserva los antecedentes consultados para las defensas judiciales, ni el modo específico en que se afectaría la estrategia judicial del Municipio, con respecto al grado de necesidad y vinculación que debe existir entre lo pedido, las defensas judiciales y el procedimiento judicial incoado (énfasis agregado).

7) Que, en este sentido, en el evento de concurrir la causal invocada, el órgano reclamado debe acreditar que la publicidad de la información solicitada afecta su debido funcionamiento. Al efecto, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21° de la Ley de Transparencia no se presume, sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no se produce, toda vez que no se aportan suficientes elementos que justifiquen la afectación de la posición jurídica del órgano reclamado en el procedimiento judicial, y consecuencialmente, la estrategia judicial para enfrentar la controversia jurídica en análisis. Por tal motivo, se desestimará la circunstancia esgrimida por el Municipio en este punto.

8) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente; advirtiéndose la naturaleza pública de los antecedentes pedidos; no habiéndose acreditado la imposibilidad de excluir y desvincular los datos personales y sensibles contenidos en el instrumento pedido; atendiéndose a los Principios de Máxima Divulgación y Divisibilidad que reconoce el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, y habiéndose desestimado la concurrencia de la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia se acogerá el presente amparo en esta parte, sin perjuicio de lo que se resolverá, respecto de los datos personales y sensibles de contexto incorporados en el instrumento consultado (énfasis agregado).

9) Que, en cuanto a lo requerido en el numeral 1.2) de la parte expositiva de este Acuerdo, esto es, los funcionarios con contrato vigente en los periodos señalados, en formato Excel, resulta atingente tener en consideración, en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 17° de la Ley de Transparencia, que la información solicitada a los órganos de la Administración del Estado se entregará en la forma y por el medio que la requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, caso en que la entrega se hará en la forma y través de los medios disponibles (énfasis agregado).

10) Que, sobre este punto, es menester tener presente que, con ocasión de sus presentaciones, la Municipalidad no se refirió, ni alegó la inexistencia de la información en el formato requerido, no proporcionando suficientes antecedentes por parte del mismo que permitan determinar que la información solicitada no se encuentra en el formato requerido por el solicitante, sin perjuicio de haber señalado el órgano que respecto de la información solicitada se aplica lo dispuesto en el artículo 15° de la Ley de Transparencia; toda vez que la información solicitada relativa a funcionarios de la institución reclamada, conforme al artículo 1.4. de la Instrucción General N° 11 de este Consejo, debe estar permanentemente a disposición del público, circunstancia que en atención a los términos en que fuere planteada la solicitud es conocida por la requirente, aclarando que lo solicitado es la información sobre funcionarios con contrato vigente en los periodos que se indican -en formato Excel-, a fin de cotejarlo con la información publicada en el Portal de Transparencia. En mérito de lo razonado precedentemente; advirtiéndose la naturaleza pública de los antecedentes pedidos; y, atendiéndose que el Municipio no esgrimió la inexistencia de la información en el formato consultado, este Consejo procederá a acoger el presente amparo en este punto, ordenándose la entrega de la información solicitada en la medida que obre en poder del órgano reclamado en el formato Excel requerido por la peticionaria (énfasis agregado).

11) Que, con respecto de la información que se ordenó entregar, en virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, el numero de la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar toda aquella información relativa a la singularización de la Administradora de Fondos de Pensiones y sistema de salud al que se encuentren afiliados, como también aquella relativa a los descuentos de carácter personal (créditos de consumo, ahorros voluntarios, pago de cuentas, retenciones legales, entre otros) que consten en el instrumento requerido. En el mismo orden de ideas, el Municipio deberá anonimizar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano en el formato requerido, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Pía Carolina Muñoz Mena, en contra de la Municipalidad de Rancagua, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante copia del libro de remuneraciones del Municipio para el período 30 de agosto de 2018 al 31 de octubre de 2019; y, la información sobre los funcionarios con contrato vigente para los meses 30 de septiembre de 2018, 31 de octubre de 2019 y al 30 de junio de 2020 en el formato solicitado -Excel-en la medida que obre en el formato solicitado.

En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, el número de la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar toda aquella información relativa a la singularización de la Administradora de Fondos de Pensiones y sistema de salud al que se encuentren afiliados, como también aquella relativa a los descuentos de carácter personal (créditos de consumo, ahorros voluntarios, pago de cuentas, retenciones legales, entre otros) que consten en el instrumento requerido. En el mismo orden de ideas, el Municipio deberá anonimizar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano en el formato requerido, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Pía Carolina Muñoz Mena; y, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.