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Javier Morales con GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE COQUIMBO Rol: C7063-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra del Gobierno Regional de Coquimbo, ordenándose la entrega del contrato de compraventa suscrito entre el órgano reclamado e inmobiliarias que se señalan. Lo anterior, toda vez que se trata de información pública, concretamente de actos jurídicos celebrados por escritura pública y que por tanto consta en el registro público del respectivo Notario. Asimismo, se desestimó la concurrencia de la causal consagrada en el artículo 21° N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7063-20

Entidad pública: Gobierno Regional de Coquimbo

Requirente: Javier Morales

Ingreso Consejo: 02.11.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra del Gobierno Regional de Coquimbo, ordenándose la entrega del contrato de compraventa suscrito entre el órgano reclamado e inmobiliarias que se señalan.

Lo anterior, toda vez que se trata de información pública, concretamente de actos jurídicos celebrados por escritura pública y que por tanto consta en el registro público del respectivo Notario. Asimismo, se desestimó la concurrencia de la causal consagrada en el artículo 21° N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia.

En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7063-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de octubre de 2020, don Javier Morales solicitó al Gobierno Regional de Coquimbo la siguiente información: «texto íntegro del contrato, vía trato directo entre el gobierno regional y la inmobiliaria Guayacán SPA y otras».

2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 20 de octubre de 2020, el Gobierno Regional de Coquimbo respondió a dicho requerimiento de información, denegando su entrega, por cuanto dichos documentos se encuentran en poder de los respectivos órganos fiscalizadores para su investigación.

Sin perjuicio de lo anterior, informó que, con relación a la escritura de compraventa, de fecha 3 de julio de 2020, ésta se encuentra registrada en el Repertorio de Instrumentos Públicos N° 4072, del año 2020 de la Notaría que singulariza.

3) AMPARO: El 2 de noviembre de 2020, don Javier Morales dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de los antecedentes consultados.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Intendente Regional de Coquimbo, mediante Oficio N° E19904, de fecha 13 de noviembre de 2020, solicitándole que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que harían procedente la denegación de la información requerida; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.

Mediante presentación, de fecha 1 de diciembre de 2020, el órgano recurrido evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su respuesta.

Sobre lo anterior, complementó que, la Contraloría General de la República inició un sumario administrativo, con fecha 31 de agosto de 2020, para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren atribuirse por faltas administrativas de funcionarios del Gobierno Regional de Coquimbo y otros Servicios Públicos, involucrados en el contrato solicitado. Asimismo, hizo presente que, de manera paralela, el Ministerio Público inició una investigación penal, para determinar si en la contratación o en el proceso que la antecedió, se configura la existencia de un delito y sus responsables.

Adicionalmente, remitió a esta Corporación copia del contrato pedido.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo de acceso a la información se funda en la denegación de los antecedentes consultados por el peticionario, referidos a la entrega de copia del contrato suscrito por el Gobierno Regional de Coquimbo y la inmobiliaria que indica. Al respecto, el órgano reclamado se opuso a su entrega, por cuanto dichos documentos se encuentran en poder de los respectivos órganos fiscalizadores para su investigación. Al efecto, ilustró que, la Contraloría General de la República inició un sumario administrativo, para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren atribuirse por faltas administrativas de funcionarios públicos, involucrados en el contrato solicitado. Asimismo, puntualizó que, el Ministerio Público inició una investigación penal, para determinar si en la contratación o en el proceso que la antecedió, se configura la existencia de un delito y sus responsables.

2) Que, del análisis de las circunstancias expuestas por el órgano reclamado, esta Corporación advierte que, el órgano recurrido invoca -implícitamente- la concurrencia de la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1, literal a), de la Ley de Transparencia. En tal sentido, el mencionado artículo dispone que, se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente «si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales» (énfasis agregado).

3) Que, sobre el particular, es menester tener en consideración el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo a partir de las decisiones recaídas en los amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, entre otras, mediante las cuales se resolvió que la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1, literal a), de la Ley de Transparencia, se debe interpretar de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio y/o procedimiento administrativo pendiente en que sea parte el órgano requerido, no transforma en secretos todos los documentos relacionados, o que tengan algún grado de vinculación con él. Tampoco basta, para que se configure la concurrencia de la causal de reserva alegada, que el órgano sólo haga mención de la existencia de algún procedimiento jurídico o judicial. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre la información solicitada, el litigio o controversia pendiente y la estrategia jurídica o judicial del órgano, lo que debe ser acreditado por el órgano reclamado, lo cual, en la especie, no se produce. Al efecto, el órgano reclamado no ha explicado en forma pormenorizada la necesidad de mantener en reserva los antecedentes consultados para las defensas judiciales, ni el modo específico en que se afectaría las investigaciones iniciadas, la estrategia judicial del órgano reclamado, con respecto al grado de necesidad y vinculación que debe existir entre lo pedido, y los procedimientos judiciales y sumarios administrativos incoados (énfasis agregado).

4) Que, en este sentido, en el evento de concurrir la causal invocada, el órgano reclamado debe acreditar que la publicidad de la información solicitada afecta su debido funcionamiento. Al efecto, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21° de la Ley de Transparencia no se presume, sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no se produce, toda vez que no se aportan suficientes elementos que justifiquen la afectación de las investigaciones iniciadas, y la posición jurídica del órgano reclamado en los procedimientos judiciales y administrativos descritos (énfasis agregado).

5) Que, en el mismo orden de ideas, este Consejo no advierte de que forma la entrega del contrato pedido pueda afectar de forma presente o probable y con suficiente especificidad la posición jurídica del órgano reclamado en los procedimientos jurídicos descritos, y el éxito de las investigaciones iniciadas por la Contraloría General de la república y el Ministerio Público, por cuanto -en conformidad de lo expuesto por el órgano reclamado y lo verificado por esta Corporación- se trata de un contrato suscrito mediante instrumento público, el cual consta en los registros públicos -Repertorio N° 4072, del año 2020- de la Notaría referida. En tal sentido, no puede existir respecto del órgano reclamado -y los organismos fiscalizadores y persecutores- alguna expectativa de confidencialidad de sus cláusulas, contenido o alcance. Por tal motivo, se desestimará la circunstancia esgrimida por el órgano reclamado en este punto.

6) Que, acto seguido, en cuanto a la publicidad del instrumento peticionado, cabe hacer presente que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que «son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional». Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10° de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en «actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público». A su turno, cabe tener presente que, el artículo 403° del Código Orgánico de Tribunales dispone lo siguiente: «Escritura pública es el instrumento público o auténtico otorgado con las solemnidades que fija esta ley, por el competente notario, e incorporado en su protocolo o registro público» (énfasis agregado).

7) Que, en virtud de los argumentos expuestos precedentemente; tratándose de información de naturaleza pública, la cual consta en registros públicos; y, habiéndose desestimado la concurrencia de la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia se acogerá el presente amparo en esta parte y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega del instrumento público consultado. En virtud del principio de divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información solicitada, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, el número de la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Javier Morales, en contra del Gobierno Regional de Coquimbo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Intendente Regional de Coquimbo, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante copia íntegra del contrato de compraventa, vía trato directo, suscrito entre el Gobierno Regional y la inmobiliaria Guayacán SPA y otras.

En virtud del principio de divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información solicitada, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, el número de la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Morales; y, al Sr. Intendente Regional de Coquimbo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.