logo
 

Claudio Morales Bórquez con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rol: C6982-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Tesorería General de la República referido a la entrega de los listados de deudores declarados incobrables los años 2016, 2017, 2018 y 2019 según detalle que se indica en el requerimiento. Lo anterior, por cuanto se concluye que se configura a su respecto, la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por estimar que la publicidad de dicha información supone afectar en forma cierta, probable y específica los derechos comerciales y económicos de dichas personas. Aplica criterio sostenido por la Corte Suprema, en fallo Rol N° 4681-2013, que acogió recurso de queja; y, por la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia Rol N° 6531-2014, que acogió reclamo de ilegalidad, sobre materia similar, lo cual ha sido recogido por este Consejo en las decisiones de amparo roles C1823-16; C3776-16; C1709-19 y C5724-19, entre otras.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6982-20

Entidad pública: Tesorería General de la República

Requirente: Claudio Morales Bórquez

Ingreso Consejo: 29.10.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Tesorería General de la República referido a la entrega de los listados de deudores declarados incobrables los años 2016, 2017, 2018 y 2019 según detalle que se indica en el requerimiento. Lo anterior, por cuanto se concluye que se configura a su respecto, la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por estimar que la publicidad de dicha información supone afectar en forma cierta, probable y específica los derechos comerciales y económicos de dichas personas.

Aplica criterio sostenido por la Corte Suprema, en fallo Rol N° 4681-2013, que acogió recurso de queja; y, por la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia Rol N° 6531-2014, que acogió reclamo de ilegalidad, sobre materia similar, lo cual ha sido recogido por este Consejo en las decisiones de amparo roles C1823-16; C3776-16; C1709-19 y C5724-19, entre otras. 

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6982-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de octubre de 2020, don Claudio Morales Bórquez solicitó a la Tesorería General de la República, en adelante e indistintamente la Tesorería: "los listados de deudores declarados incobrables los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en que se indiquen el nombre de deudor, rut, monto de la deuda declarada incobrable y fecha de la declaración de incobrabilidad".

2) RESPUESTA: Mediante oficio ordinario N° 3820-DJ, de 28 de octubre de 2020, la Tesorería respondió a dicho requerimiento de información indicando lo siguiente: "En primer término, la facultad para declarar incobrable una deuda es un ejercicio privativo de la Jefatura Superior del Servicio de Tesorerías, cuyo fundamento legal se encuentra en los artículos 196 y 197 del Código Tributario. Al respecto, resulta relevante destacar que una deuda que se declara incobrable no implica que esta se extinga, pues el mismo artículo 197 inciso segundo del Código Tributario señala que aún luego que el Tesorero General de la República declare la incobrabilidad de los impuestos y contribuciones morosos a que se refiere el artículo 196, "...la Tesorería Regional o Provincial podrá revalidar las deudas en caso de ser habido el deudor o de encontrarse bienes suficientes en su dominio..." /. Lo señalado precedentemente apunta a que las deudas que solicita no han sido descargadas, por lo que, si bien son deudas que no se siguen tramitando, si son exigibles del momento en que existe la actualización anual de los antecedentes patrimoniales que permitiría revalidar las deudas declaradas incobrables. Esta obligación se mantendrá vigente por el plazo de 3 años, contados desde la fecha de la Resolución del Tesorero General de la República, que declaró incobrables las deudas de un determinado contribuyente/. Las explicaciones señaladas cobran relevancia si se tiene en consideración la línea jurisprudencial del Consejo para la Transparencia en esta materia: "cabe tener presente que la información requerida, esto es, antecedentes relacionados con los morosos de deudas tributarias, se refiere a información de carácter personal de los contribuyentes, motivo por el cual sería reservada según lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo preceptuado en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema en causa sobre recurso de queja Rol N° 4681-2013, de 26 de noviembre de 2013." (Rol C3681-16) / Al respecto, la Corte Suprema en causa sobre recurso de queja Rol N° 4681-2013, de 26 de noviembre de 2013, señaló que "es indudable que cuando una persona aparece como deudora en una nómina puede verse afectada tanto en su capacidad de operar comercialmente como en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial, en circunstancias que terceros pueden ser prevenidos frente a la situación de incumplimiento del deudor. Es dable entonces presumir fundadamente que la entrega de la información requerida (...) puede afectar los derechos de carácter comercial o económico de los deudores comprometidos". Agregó, que "la Municipalidad recurrente, en cuanto organismo estatal, se encuentra obligada a cautelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos de quienes podrían verse afectados por la divulgación de que se trata, para lo cual no solo está habilitada sino obligada, tanto para denegar la información pedida en virtud de la causal contemplada en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, como para intentar una reclamación como la de autos, porque como se ha dejado apuntado más arriba, su publicidad, comunicación o conocimiento es capaz de afectar los derechos de las personas involucradas, particularmente de aquellos que inciden en la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico que pudieran afectar su honra" (considerandos 12° y 13°)"/. En relación a las personas jurídicas incluidas en nóminas de deudores morosos, éstas serían titulares de un derecho al buen nombre, fama o reputación, la que puede verse afectada para operar comercialmente en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial, que en el evento de dar publicidad referida a su estado de morosidad de deudas tributarias, conllevaría la afectación de sus derechos comerciales y económicos, asimismo, a su imagen o prestigio (Rol C1365-2020, Consejo para la Transparencia)./ Por tanto, la información que se está solicitando dice relación con deudas de terceros, materia reservada conforme a los términos del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por lo que se deniega su acceso público por el hecho de contener información de carácter personal de los contribuyentes".

3) AMPARO: El 29 de octubre de 2020, don Claudio Morales Bórquez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Tesorera General de la República , mediante oficio N° E19727, de 11 de noviembre de 2020, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante oficio ordinario N° 4952-TG, de 26 de noviembre del 2020, la Tesorería señaló que: "En primer término, para la correcta dilucidación de la cuestión que se plantea para la denegación del acceso de la información, resulta necesario efectuar una breve explicación de lo que implica la declaración de incobrabilidad de las deudas, cual es la finalidad que tiene dicha facultad y la situación actual de lo requerido por el reclamante. Luego de este análisis, corresponde señalar como la causal de reserva invocada alcanza a la información requerida y cómo lo solicitado afectaría los derechos de los contribuyentes involucrados./ El sustento legal de la facultad para declarar incobrable una deuda se encuentra en los artículos 196 y 197 del Código Tributario, donde en el inciso primero del artículo 196 señala que "El Tesorero General de la República podrá declarar incobrables los impuestos o contribuciones morosos que se hubieren girado", con lo cual se establece que se trata de un ejercicio privativo de la Jefatura Superior del Servicio de Tesorerías y cuya pertinencia exige el cumplimiento de los requisitos estipulados en los artículos ya señalados y que deben encontrarse ajustados a los lineamientos estratégicos institucionales, para así contar con una eficiente y eficaz gestión en el cobro de las obligaciones tributarias./ Lo señalado precedentemente, implica que la incobrabilidad de una obligación permite gestionar eficazmente las carteras de deuda, pero en ningún caso conlleva a la extinción de la misma, lo cual resulta fundamental para comprender que se tratan de deudas vigentes y exigibles, lo que a su vez explica porque el artículo 197 inciso segundo del Código Tributario señala que aún luego que el Tesorero General de la República declare la incobrabilidad de los impuestos y contribuciones morosos a que se refiere el artículo 196, "...la Tesorería Regional o Provincial podrá revalidar las deudas en caso de ser habido el deudor o de encontrarse bienes suficientes en su dominio...". Es decir, existe un proceso de indagación patrimonial, cuyo resultado puede derivar en el reinicio de las acciones de cobro y obtener el pago. / Por tanto, la declaración de incobrabilidad no extingue en forma alguna la deuda, sólo tiene por objeto constatar que se han agotado las instancias de cobro a deudores morosos, cuya recuperabilidad es baja o prácticamente nula./ Lo anterior, sin perjuicio que, transcurrido el plazo de tres años a que se refieren los artículos 200 y 201 del Código Tributario, prescribirá en todo caso la acción del Fisco, de manera que, trascurrido aquel término, procederá la eliminación definitiva en la Cuenta Única Tributaria, de aquellas deudas declaradas incobrables. Al respecto, cabe advertir que la División de Cobranza del Servicio de Tesorerías ha informado que no se ha efectuado el proceso de descarga definitiva del período requerido por el recurrente, en consecuencia, se trata de una solicitud de información de deudas exigibles y vigentes./ De esta manera, la información que se está solicitando dice relación con deudas de terceros, materia reservada conforme a los términos del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y que exige denegar su acceso público por el hecho de contener información de carácter personal de los contribuyentes, pues se tratan de datos cuya publicidad, comunicación o conocimiento afecta derechos relativos a la esfera de su vida privada y también a sus derechos de carácter comercial o económico./ Bajo la misma lógica, la línea jurisprudencial del Consejo para la Transparencia en esta materia ha sido enfática en señalar que "cabe tener presente que la información requerida, esto es, antecedentes relacionados con los morosos de deudas tributarias, se refiere a información de carácter personal de los contribuyentes, motivo por el cual sería reservada según lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo preceptuado en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema en causa sobre recurso de queja Rol N° 4681-2013, de 26 de noviembre de 2013." (Rol C3681-16). /Al respecto, la Corte Suprema en causa sobre recurso de queja Rol N° 4681-2013, de 26 de noviembre de 2013, señaló que "es indudable que cuando una persona aparece como deudora en una nómina puede verse afectada tanto en su capacidad de operar comercialmente como en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial, en circunstancias que terceros pueden ser prevenidos frente a la situación de incumplimiento del deudor. Es dable entonces presumir fundadamente que la entrega de la información requerida (...) puede afectar los derechos de carácter comercial o económico de los deudores comprometidos". Agregó, que "la Municipalidad recurrente, en cuanto organismo estatal, se encuentra obligada a cautelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos de quienes podrían verse afectados por la divulgación de que se trata, para lo cual no solo está habilitada sino obligada, tanto para denegar la información pedida en virtud de la causal contemplada en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, como para intentar una reclamación como la de autos, porque como se ha dejado apuntado más arriba, su publicidad, comunicación o conocimiento es capaz de afectar los derechos de las personas involucradas, particularmente de aquellos que inciden en la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico que pudieran afectar su honra" (considerandos 12° y 13°)./ En relación a las personas jurídicas incluidas en nóminas de deudores morosos, éstas serían titulares de un derecho al buen nombre, fama o reputación, la que puede verse afectada para operar comercialmente en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial, que en el evento de dar publicidad referida a su estado de morosidad de deudas tributarias, conllevaría la afectación de sus derechos comerciales y económicos, asimismo, a su imagen o prestigio (Rol C1365-2020, Consejo para la Transparencia)./ Por tanto, la actuación del Servicio de Tesorerías se encuentra ajustada a la normativa tributaria y de transparencia, cuya aplicación exige denegar la entrega del listado de deudores declarados incobrables en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, pues se trata de deudas de terceros, cuyo contenido es cautelado por el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia."

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa al requerimiento de información mediante el que se solicitó los listados de deudores declarados incobrables los años 2016, 2017, 2018 y 2019 según detalle que se indica en la solicitud.

2) Que, el órgano reclamado denegó el acceso a lo solicitado alegando que lo requerido, se refiere a información de carácter personal de los contribuyentes, motivo por el cual sería reservada según lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, el que señala que se denegará total o parcialmente el acceso a la información: "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico", en concordancia con lo preceptuado en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema en causa sobre recurso de queja Rol N° 4681-2013, de 26 de noviembre de 2013.

3) Que, para efectos de ponderar la causal de reserva invocada, esta Corporación tuvo a la vista, lo señalado por la Corte Suprema al conocer recurso de queja Rol N° 4681-2013. El Máximo Tribunal sostuvo que "es indudable que cuando una persona aparece como deudora en una nómina puede verse afectada tanto en su capacidad de operar comercialmente como en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial, en circunstancias que terceros pueden ser prevenidos frente a la situación de incumplimiento del deudor. Es dable entonces presumir fundadamente que la entrega de la información requerida (...) puede afectar los derechos de carácter comercial o económico de los deudores comprometidos". Agregó, que "la Municipalidad recurrente, en cuanto organismo estatal, se encuentra obligada a cautelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos de quienes podrían verse afectados por la divulgación de que se trata, para lo cual no solo está habilitada sino obligada, tanto para denegar la información pedida en virtud de la causal contemplada en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, como para intentar una reclamación como la de autos, porque como se ha dejado apuntado más arriba, su publicidad, comunicación o conocimiento es capaz de afectar los derechos de las personas involucradas, particularmente de aquellos que inciden en la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico que pudieran afectar su honra" (considerandos 12° y 13). Luego, "divulgar información que potencialmente pueda afectar derechos de personas, atribuyéndoles la referida calidad, es improcedente a la luz de los citados cuerpos normativos".

4) Que, a su vez, los razonamientos referidos en el fallo señalado en el considerando precedente sirvieron posteriormente de base para la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 26 de enero de 2015, que acogió Reclamo de Ilegalidad Rol 6531-2014. En la mencionada sentencia, el citado tribunal concluye que "la entrega de la información requerida consistente en una nómina o listado de los contribuyentes morosos de patentes comerciales de la I. Municipalidad de Las Condes, con sus nombres, domicilios, números de Rut, nombre de los representantes legales, resulta para esta Corte, fundadamente puede afectar - a dichas personas - en cuanto su capacidad para operar comercialmente, su prestigio comercial y financiero y de esta forma vulnerada su honra y honor."

5) Que, en conformidad a lo anterior, se estima que la divulgación de lo requerido supone afectar en forma cierta, probable y específica sus derechos comerciales y económicos, tal como lo señalaron los fallos judiciales citados precedentemente, lo cual ha sido recogido por la jurisprudencia de este Consejo en las decisiones de amparo roles C1823-16; C3776-16; C1709-19 y C5724-19, entre otras, lo que con lleva el rechazo del presente amparo. 

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Claudio Morales Bórquez, en contra de la Tesorería General de la República, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Claudio Morales Bórquez y a la Sra. Tesorera General de la República.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.