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Samuel Jofré Figueroa con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C7131-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), referido a la cantidad de identidades y/o documentación asociada a cédula de identidad y/o pasaporte, solicitada por el organismo al Registro Civil, para la creación de agentes encubiertos; como asimismo, los protocolos, actas, dictámenes, y resoluciones donde se regule el uso de dichas identidades. Lo anterior, atendida la inexistencia de la información requerida, sin que se cuente con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria. En efecto, constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública es que los antecedentes solicitados obren en poder del órgano requerido. Ahora bien, el órgano reclamado con ocasión de la respuesta denegó la información requerida por el carácter de secreta; sin embargo, en los descargos, evacuados ante este Consejo señaló expresamente que "Consultada la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial, informó no contar con la información solicitada, toda vez que no se han realizado solicitudes al Registro Civil, en los términos requeridos".


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7131-20

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile

Requirente: Samuel Jofré Figueroa

Ingreso Consejo: 04.11.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), referido a la cantidad de identidades y/o documentación asociada a cédula de identidad y/o pasaporte, solicitada por el organismo al Registro Civil, para la creación de agentes encubiertos; como asimismo, los protocolos, actas, dictámenes, y resoluciones donde se regule el uso de dichas identidades.

Lo anterior, atendida la inexistencia de la información requerida, sin que se cuente con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria. En efecto, constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública es que los antecedentes solicitados obren en poder del órgano requerido.

Ahora bien, el órgano reclamado con ocasión de la respuesta denegó la información requerida por el carácter de secreta; sin embargo, en los descargos, evacuados ante este Consejo señaló expresamente que "Consultada la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial, informó no contar con la información solicitada, toda vez que no se han realizado solicitudes al Registro Civil, en los términos requeridos".

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7131-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de octubre de 2020, don Samuel Jofré Figueroa solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile, en adelante también denominada PDI, la siguiente información:

- "Información sobre la cantidad de identidades y/o documentación asociada (rut, cédula de identidad o pasaporte) que han sido solicitadas por la PDI al Registro Civil para que cree de conformidad lo dispuesto en el inciso 2° del art. 31 de la ley de inteligencia. Entre los años 2015 al 16 de octubre de 2020.

- Cuántas de ellas han sido otorgadas. Con indicación del año de otorgamiento.

- Cuántas de ellas fueron revocadas. Con indicación de la duración de cada identidad.

- Cuántas de ellas se encuentran vigentes.

- En caso de existir, se me entregue copia de todos los protocolos, dictámenes, resoluciones, etc., que regulen el uso de dichas identidades por parte de sus funcionarios".

2) RESPUESTA: El 04 de noviembre de 2020, la Policía de Investigaciones de Chile, respondió a dicho requerimiento de información, mediante Resolución exenta N° 19, de 30 de octubre de 2020, señalando, en síntesis, lo siguiente:

1. Según lo ordena la ley N° 19.974, sobre Sistema Nacional de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, en adelante ley 19.974, la Policía de Investigaciones de Chile forma parte del Sistema de Inteligencia del Estado. Para el éxito de esta actividad, atendido los fines que se persiguen para el Estado, la legislación obliga a los funcionarios que la realizan a mantener el secreto de las averiguaciones efectuadas. Lo anterior se encuentra descrito en el artículo 38 de la referida ley, el cual cita.

2. Sobre este punto precisa que la funcionalidad de la regla de reserva establecida en esta norma se encuentra determinada por la posibilidad de restar conocimiento público aquella información referida a las "actividades de inteligencia" que realicen aquellos órganos, las que comprenden necesariamente los registros de las actividades y novedades referentes al personal que ejecutó o que actualmente ejecuta dichas labores.

3. El secreto de las actividades de inteligencia, permiten una única excepción conforme lo expresa el artículo 39 de la ley, esto es, la entrega de antecedentes e informaciones que soliciten la Cámara de Diputados o el Senado, o que requieran los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público a través del Fiscal Nacional, o la Contrataría General de la República, en uso de sus respectivas facultades. Por tanto, el alzamiento del secreto de los antecedentes obtenidos en actividades de inteligencia está sujeto a un estricto procedimiento, no sólo en cuanto a las autoridades o funcionarios facultados para requerirlo, sino qué además a las formalidades que deben cumplirse para su obtención.

4. En este sentido, el solicitante requiere información que se encuentra amparada por la ley de inteligencia, pues pide registros que eventualmente podrían existir, en conformidad a lo establecido en el inciso 2° del artículo 31 de esta ley, a saber, "(...) disponer el empleo de agentes encubiertos y todos aquellos actos necesarios relativos a la emisión, porte y uso de la documentación destinada a respaldar la identidad creada para ocultar la del agente", no siendo el requirente ninguna de las autoridades con facultades legales para requerir de los registros de inteligencia.

5. Acceder a la información solicitada, "en el evento de existir", puede afectar los bienes jurídicos protegidos por la ley en comento, esto es, la soberanía nacional, la seguridad del Estado y la defensa nacional, que en las indagaciones de la inteligencia policial, es "el procesamiento de la información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier manera afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior', según lo expresa el inciso 2° del artículo 22, de la precitada ley N° 19.974.

6. Lo anterior se encuentra amparado por el artículo 21° N° 5 de la Ley 20.285, toda vez que contempla la causal de reserva y secreto, cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, como ocurre en la especie.

7. Atendido lo expuesto, se estima que la divulgación de la información requerida, "en el evento de existir", se encuentra amparada por la causal de secreto prevista en el artículo 21 números 3 y 5, de la Ley de Trasparencia, en concordancia de lo dispuesto en el artículo 38, de la Ley N° 19.974 y el artículo 8°, inciso 2° de la Constitución Política; ya que se podría ver afectada con ello, la seguridad de la Nación.

3) AMPARO: El 04 de noviembre de 2020, don Samuel Jofré Figueroa dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

Además, el reclamante hizo presente, en síntesis, que "(...) la información solicitada se trata de datos meramente estadísticos, generales y en caso alguno pueden revelar actividades propias del sistema de inteligencia o una afectación a las actividades de inteligencia o la seguridad de la nación, que son los bienes jurídicos protegidos por la Ley N° 19.974.

Por su parte, la causal del art. 21 N° 3 de la ley 20.285 tampoco es procedente toda vez que se trata de información genérica y disociada que en caso alguno puede afectar la seguridad nacional. Dichas causales deben interpretarse restrictivamente atendidos los fines de la ley y el derecho de acceso a la información pública".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio E19755, de 12 de noviembre de 2020, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, solicitante que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación; y, (3°) remita copia íntegra de la información solicitada, haciéndole presente a usted que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento.

Por oficio N° 903, de 19 de noviembre de 2020, el órgano evacuó sus descargos, reiterando que en caso de existir la información requerida debe ser denegada por las causales y fundamentos esgrimidos con ocasión de la respuesta. Luego agregó que "Consultada la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial, informó no contar con la información solicitada, toda vez que no se han realizado solicitudes al Registro Civil, en los términos requeridos".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la información singularizada en el N° 1 de lo expositivo, relativa a la cantidad de identidades y/o documentación asociada a cédula de identidad y/o pasaporte, solicitada por la Policía de Investigaciones de Chile al Registro Civil para la creación de agentes encubiertos en el periodo consultado; y en caso de existir estos antecedentes, los protocolos, actas, dictámenes, y resoluciones donde se regule el uso de dichas identidades.

2) Que, al respecto, si bien la Policía de Investigaciones de Chile con ocasión de la respuesta señaló al reclamante que acceder a la información solicitada, "en el evento de existir", podría afectar los bienes jurídicos protegidos por la ley 19.974, sobre Sistema Nacional de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, configurándose las causales de reserva del artículo 21 N° 3 y N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 8, inciso segundo, de la Constitución Política del Estado y el artículo 38, de la referida ley 19.974; sin embargo, en los descargos evacuados en esta sede señaló que "Consultada la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial, informó no contar con la información solicitada, toda vez que no se han realizado solicitudes al Registro Civil, en los términos requeridos".

3) Que, en este sentido, en cuanto a la información que según el reclamante no habría sido entregada, se debe hacer presente que constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública el que los antecedentes existan en poder del órgano requeridos, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, atendido que el órgano reclamado sostuvo en sus descargos, evacuados en esta sede, que no obra en su poder la información requerida, se rechazará el presente amparo, toda vez que no se cuenta con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Samuel Jofré Figueroa en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Samuel Jofré Figueroa y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.