logo
 

Samuel Jofré Figueroa con AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA Rol: C6903-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), referido a la cantidad de identidades y/o documentación asociada a cédula de identidad y/o pasaporte, solicitada por el organismo al Registro Civil, para la creación de agentes encubiertos; como asimismo, los protocolos, actas, dictámenes, y resoluciones donde se regule el uso de dichas identidades. Lo anterior, por acreditarse que con la entrega de esta información se afectaría de manera presente o probable y con suficiente especificidad la capacidad operativa de la ANI, limitando y restando eficacia a las actividades propias que la ley le encomienda. A su vez, por estimarse que con la divulgación de los protocolos pedidos, se pone en riesgo la estrategia de las labores de inteligencia preventiva e investigativa que establece la reclamada para el cumplimiento de sus funciones; todo lo cual podría afectar la seguridad de la Nación. Aplica criterio contenido en la decisión de amparo Rol C8426-19; y fallo que acogió recurso de queja Rol N° 29.507-2019, de la Excma. Corte Suprema, declarando como reservada información estadística que obra en poder de la Agencia Nacional de Inteligencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6903-20

Entidad pública: Agencia Nacional de Inteligencia

Requirente: Samuel Jofré Figueroa

Ingreso Consejo: 27.10.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), referido a la cantidad de identidades y/o documentación asociada a cédula de identidad y/o pasaporte, solicitada por el organismo al Registro Civil, para la creación de agentes encubiertos; como asimismo, los protocolos, actas, dictámenes, y resoluciones donde se regule el uso de dichas identidades.

Lo anterior, por acreditarse que con la entrega de esta información se afectaría de manera presente o probable y con suficiente especificidad la capacidad operativa de la ANI, limitando y restando eficacia a las actividades propias que la ley le encomienda. A su vez, por estimarse que con la divulgación de los protocolos pedidos, se pone en riesgo la estrategia de las labores de inteligencia preventiva e investigativa que establece la reclamada para el cumplimiento de sus funciones; todo lo cual podría afectar la seguridad de la Nación.

Aplica criterio contenido en la decisión de amparo Rol C8426-19; y fallo que acogió recurso de queja Rol N° 29.507-2019, de la Excma. Corte Suprema, declarando como reservada información estadística que obra en poder de la Agencia Nacional de Inteligencia.

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6903-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de octubre de 2020, don Samuel Jofré Figueroa solicitó a la Agencia Nacional de Inteligencia, en delante también denominada la Agencia y/o la ANI, la siguiente información:

"- Información sobre la cantidad de identidades y/o documentación asociada (rut, cédula de identidad o pasaporte) que han sido solicitadas por la ANI al Registro Civil para que cree de conformidad lo dispuesto en el inciso 2° del art.31 de la ley de inteligencia. Entre los años 2015 al 16 de octubre de 2020.

- Cuántas de ellas han sido otorgadas. Con indicación del año de otorgamiento.

- Cuántas de ellas fueron revocadas. Con indicación de la duración de cada identidad.

- Cuántas de ellas se encuentran vigentes.

- En caso de existir, se me entregue copia de todos los protocolos, dictámenes, resoluciones, etc. que regulen el uso de dichas identidades por parte de sus funcionarios".

2) RESPUESTA: El 27 de octubre de 2020, la Agencia Nacional de Inteligencia respondió a dicho requerimiento de información mediante escrito de esa fecha, señalando que de conformidad a lo establecido en el artículo 38 de la ley la ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, en adelante ley 19.974, se considerarán secretos para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de la Agencia o de su personal, por lo que se ve impedido legalmente de acceder a lo solicitado.

3) AMPARO: El 27 de octubre de 2020, don Samuel Jofré Figueroa dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

Además, el reclamante hizo presente que: "La causal del artículo 38 de la ley 19.974 no es absoluta y como exclusión al derecho al acceso a la información pública debe ser interpretada restrictivamente. Es del caso que la agencia invocó genéricamente dicho artículo sin fundar detallada y concretamente por qué la publicidad de la información solicitada provocaría daños superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad.

Así las cosas, la información solicitada se trata de datos meramente estadísticos, generales y en caso alguno pueden revelar actividades propias del sistema de inteligencia o una afectación a las actividades de inteligencia o la seguridad de la nación, que son los bienes jurídicos protegidos por la Ley N° 19.974".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E19397, de 12 de noviembre de 2020, confirió traslado al Sr. Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, solicitando que: se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Indica que se deniega la información pedida atendido el carácter secreto y de circulación restringida de la misma, por configurase las causales de reserva del artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 8, inciso segundo de la Constitución Política y el artículo 38 de la ley N° 19.974.

1. Respecto del artículo 38 de la ley N° 19.974, señala que en caso alguno esta norma contenida en una ley de quorum calificado limita el carácter secreto y restringido a ciertos antecedentes, por lo que la documentación solicitada al referirse a registros que obran en poder de esta Agencia se encuentra dentro de la información que tiene el carácter de secreto y de circulación restringida. En efecto, esta disposición tiene por objeto la protección de los "antecedentes", "informaciones" y "registros" que estén en poder de los organismos del sistema de inteligencia del Estado o de su personal.

Así las cosas, los antecedentes e informaciones que la Agencia tenga u obtenga en el ejercicio de sus funciones se encuentra expresamente resguardada por la confidencialidad que le confiere la ley. Además de lo anterior, el hecho de revelar los antecedentes pedidos implicaría dar a conocer características de las funciones que se desempeñan, como se ejecutan, la valoración que de ellas se efectúa, nombres de funcionarios, en definitiva, coloca en riesgo el secreto del funcionamiento de la ANI.

2. Por su parte, la entrega de lo pedido podría afectar la seguridad de la Nación, pues, todos y cada uno de los antecedentes y registros solicitados son de carácter secreto y reservados al estar estrechamente relacionados con la actividad de inteligencia por lo que su entrega afectaría la seguridad de la Nación.

En este contexto, las funciones encomendadas a la Agencia están descritas en el artículo 8 de la ley 19.974, de cuya descripción resulta evidente, según se lee en la letra a), que la ANI tiene como función, entre otras, la de recolectar y procesar información de todos los ámbitos del nivel nacional e internacional, con el fin de producir inteligencia y de efectuar apreciaciones globales y sectoriales, de acuerdo a los requerimientos efectuados por el Presidente de la República y por algunos niveles superiores de conducción del Estado, en resguardo de la seguridad de la Nación y de la defensa nacional.

Así los objetivos y funciones de la ANI se encuentran encaminados a un solo fin: producir inteligencia para el Estado de Chile. Por ello, la entrega de información requerida por el particular conlleva una grave afectación a la seguridad nacional, por cuanto, de procederse a su entrega se afectará el procedimiento de protección de los sistemas de información del Estado y aquellas medidas dispuestas por la Agencia en el marco de las funciones de contrainteligencia.

Por tanto, la entrega y/o divulgación de tales datos importaría una afectación de la seguridad interior del Estado que la contrainteligencia busca resguardar por el riesgo de intervención de terceros u otros Estados, como es precisamente la información cuya entrega se requiere, toda altamente sensible para el Estado y resguardada conforme el secreto del artículo 38 de la Ley 19.974 y del artículo 8° de la Constitución Política.

3. El Consejo para la Transparencia no es organismo competente para requerir esta información. Tan importante es mantener en reserva o secreto los registros y antecedentes propios de las labores de la Agencia, que el artículo 39 de la misma ley 19.974, establece un procedimiento especial y único para la entrega de estos antecedentes, que sólo se activa a requerimiento de ciertos órganos públicos, como son la Cámara de Diputados, el Senado, los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público o la Contraloría General de la República, entre los que no se contempla a este Consejo.

4. Finalmente cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema sobre materias similares en favor de la reserva de información, como son las bases de datos que detente la ANI.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la información singularizada en el N° 1 de lo expositivo, relativa a la cantidad de identidades y/o documentación asociada a cédula de identidad y/o pasaporte, solicitada por la Agencia Nacional de Inteligencia al Registro Civil para la creación de agentes encubiertos; como asimismo, los protocolos, actas, dictámenes, y resoluciones donde se regule el uso de dichas identidades. Al respecto, la reclamada denegó la entrega de esta información en virtud de las causales de reserva del artículo 21 N° 3 y N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 8, inciso segundo, de la Constitución Política del Estado y el artículo 38, de la ley 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, en adelante ley 19.974.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3) Que, en lo que interesa, el artículo 31, de la Ley 19.974, señala que "Los directores o jefes de los organismos de inteligencia militares o policiales, sin necesidad de autorización judicial, podrán disponer que uno de sus funcionarios, en el ámbito de las competencias propias de su servicio y en el ejercicio de las actividades señaladas en el inciso segundo del artículo 23, oculte su identidad oficial con el fin de obtener información y recabar antecedentes que servirán de base al proceso de inteligencia a que se refiere esta ley. Para tal objetivo podrá introducirse en organizaciones sospechosas de actividades criminales. / La facultad a que se refiere el inciso primero comprende el disponer el empleo de agentes encubiertos, y todos aquellos actos necesarios relativos a la emisión, porte y uso de la documentación destinada a respaldar la identidad creada para ocultar la del agente". Al respecto, el inciso segundo del artículo 23, dispone "Dichos procedimientos estarán limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico".

4) Que, tal como se señaló la reclamada denegó la entrega de la información aludida en aplicación de lo dispuesto en el artículo 38 de la ley N° 19.974, el cual establece que "se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas". Agrega su inciso 2°, que "Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique", finalizando que "Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios".

5) Que, complementando lo anterior, en virtud de lo prescrito en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República. De este modo, si bien el artículo 38 de la ley mencionada, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente, es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material; la que debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo "afectare" que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información.

6) Que, en efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella debe ser presente o probable y con la suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Cabe hacer especialmente presente, que este el criterio interpretativo en la forma debe ser aplicada la causal de reserva invocada del artículo 21 N° 5, en relación a las normas dictadas en forma previa a la reforma constitucional del año 2005, ha sido ratificado por los Tribunales Superiores de Justicia de nuestro país. En efecto, la Corte Suprema en el fallo Rol N° 26.843-2018, de 05 de marzo de 2019 sobre recurso de queja, indicó, en su considerando décimo, lo siguiente: "Que, en cuanto a la causal del numeral 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, esta Corte ha dicho en anteriores ocasiones que para que se configure la excepción a la publicidad, no sólo basta la existencia o mera referencia a una ley de quórum calificado dictada con anterioridad a la reforma constitucional del año 2005, sino que además es necesario evaluar, en concreto, la afectación al bien jurídico que se trata de proteger, en la especie, la seguridad de la Nación. (Roles C.S. N° 35.801-2017 y 49.981-2016)". (Énfasis agregado).

7) Que, sobre el particular, respecto de la información reclamada, la Institución junto con indicar que estos antecedentes se encuentran amparados por la ley 19.974, de quórum calificado, específicamente, por las causales de reserva de su artículo 38, ha señalado, en síntesis, que la entrega de lo pedido conllevaría una grave afectación a la seguridad nacional, atendido que de procederse a su publicidad se afectaría el procedimiento de protección de los sistemas de información del Estado y de aquellas medidas dispuestas por la Agencia en el marco de las funciones de inteligencia y contrainteligencia que buscan resguardar el riesgo de intervención de terceros u otros Estados. Asimismo, por cuanto, el propio legislador en el artículo 39 de la ley en comento, estableció un procedimiento especial y único para la entrega de estos antecedentes, que sólo se activa a requerimiento de ciertos órganos públicos, como son la Cámara de Diputados, el Senado, los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público o la Contraloría General de la República, sin que contempla entre ellos al Consejo para la Transparencia.

8) Que, en este sentido, en lo tocante a la parte de la solicitud referida a la cantidad de identidades y/o documentación asociados a cédula de identidad y/o pasaporte solicitada por la ANI al Registro Civil para la creación de agentes encubiertos, a juicio de este Consejo, resulta aplicable lo razonado por esta Corporación en la decisión de amparo Rol C8426-19, conociendo de una solicitud similar, sobre la dotación civil de Carabineros, en la cual señaló que " (...) se debe tener en especial consideración, que nuestro ordenamiento contempla variadas normas que autorizan a las fuerzas policiales al uso de las denominadas "técnicas especiales de investigación", ejecutadas mediante agentes reveladores o agentes encubiertos, cuya función consiste precisamente en "infiltrarse en una organización criminal participando del entramado organizativo bajo identidad supuesta, para detectar la comisión de delitos e informar sobre sus actividades con el fin de obtener pruebas inculpatorias y proceder a la detención de sus autores" . En consecuencia, la develación de datos directos e indirectos relativos a la identidad de los funcionarios objeto de la consulta, afectaría en términos ciertos y con suficiente especificidad, la capacidad operativa de Carabineros, limitando y restando eficacia a la actividad policial, al desnaturalizar la esencia de las técnicas policiales preventivas o investigativas recién referidas, cuyos efectos podrían incidir en una afectación de la seguridad nacional y el orden público. A su vez, por el tipo de investigaciones complejas que llevan a cabo los funcionarios integrantes de las unidades de trabajo civil, la develación de su identidad u otros datos de identificación indirecta importa adicionalmente un riesgo para la seguridad de cada uno de los funcionarios involucrados (...)" . Énfasis agregado.

9) Que, en concordancia con lo precedentemente señalado y sin perjuicio de que la información reclamada tiene carácter estadístico, atendida la materia específicamente consultada y la desagregación en la que se requiere, a juicio de este Consejo forma parte de aquellas materias que el artículo 38 de la ley ley 19.974, resguarda en forma específica, por tratarse directamente del eventual ejercicio de actividades de inteligencia, cuyo solo pronunciamiento obligaría necesariamente a la reclamada a divulgar si dispone o no de antecedentes sobre "agentes encubiertos" con finalidades de inteligencia, lo que implicaría la posibilidad cierta de exponer información relacionada de manera directa con estas actividades, lo cual pondría en riesgo la seguridad de la Nación. Por tanto, en mérito de lo expuesto, la información reclamada resulta reservada por aplicación de las causales de reserva del artículo 21 N° 5, en relación con la norma del artículo 38 de la ley 19.974 y el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia.

10) Que, a mayor abundamiento, se hace presente que el razonamiento efectuado por este Consejo en el presente acuerdo, va en conformidad a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, en fallo rol N° 29.507-2019, de 14 de julio de 2020, que acogió recurso de queja, declarando como reservada información estadística que obra en poder de la Agencia Nacional de Inteligencia. El considerando 11° del referido fallo, señala que, "esos datos corresponden a registros, antecedentes e informaciones que obran en poder de la Agencia Nacional de Inteligencia, esto es, de un organismo que forma parte del Sistema de Inteligencia del Estado, y que tienen por finalidad servir al desarrollo de labores de inteligencia, es decir, aquellas dirigidas a la recolección y análisis de información que busca producir conocimiento útil para la toma de decisiones, y a tareas de contrainteligencia, esto es, aquellas concebidas para detectar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas por otros Estados o por personas, organizaciones o grupos extranjeros, dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional. De este modo, su revelación supondría, indudablemente, un debilitamiento del rol esencial asignado al Sistema de Inteligencia del Estado, en tanto permitiría hacer públicos aspectos sensibles y relevantes de la labor que le ha sido encomendada, poniendo de manifiesto aspectos de su labor que podrían ser explotados en labores de contrainteligencia, pues podría permitir a un analista debidamente entrenado inferir debilidades, flaquezas o fragilidades de la labor realizada por la Agencia Nacional de Inteligencia".

11) Que, por último, en lo que atañe a la parte del requerimiento en que se pide copia de los protocolos, actas, dictámenes y resoluciones donde se regule el uso de las identidades de los agentes encubiertos de la ANI; esta Corporación estima aplicable, lo razonado en la decisión de amparo Rol C8426-19, ya citada, en la que se requirió documentación similar, referida a los protocolos de acción de funcionarios de Carabineros de Chile destinados a comisiones civiles, en el cual señaló que "(...) la publicidad de esta parte de lo requerido, podría impedir que dicha repartición desarrollara y aplicara las técnicas y tácticas adecuadas que le permitan cumplir la principal misión que le ha sido encomendada (...). Luego, el desarrollo normal de las funciones de Carabineros de Chile supone necesariamente un componente estratégico, que como tal debe ser mantenido en reserva, ya que de lo contrario pasaría a ser previsible, tornándose ineficaz. / Que, en consecuencia, en opinión de este Consejo revelar la información solicitada envuelve un riesgo cierto o probable y con suficiente especificidad para afectar al debido cumplimiento de las funciones de Carabineros de Chile, y en definitiva a la seguridad pública. En conformidad a lo indicado, se estima que por la vía de obtenerse información estratégica de planificación para el resguardo del orden público, se podría determinar la forma de vulnerar o de transgredir, en el futuro, la eficiencia policial durante hechos de similar naturaleza; poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía y la de los funcionarios policiales llamados a otorgar dicha protección (...)" . En consecuencia, en razón de estos mismos argumentos, se estima, que en la especie, se configuran las causales de reserva del artículo 21, N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 19.974, razón por la cual se rechazará el presente amparo en relación con este punto.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Samuel Jofré Figueroa en contra de la Agencia Nacional de Inteligencia, por configurarse las causales de reserva del artículo 21 N° 3 y N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 19.974; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Samuel Jofré Figueroa y al Sr. Director de la Agencia Nacional de Inteligencia.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.