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Ismael Figueroa Valdivia con ARMADA DE CHILE Rol: C6602-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se acoge el amparo contra de la Armada de Chile, ordenándose la entrega de todas las órdenes de compra, cotizaciones, notas de débito, resoluciones de aprobación de compras, ventas, de imposición de multas o cualquier otro documento relacionado con ventas efectuadas por las empresas "Ajotamax Limitada", e "Importadora Maresvalve Limitada" a la Armada de Chile, correspondientes a los años 2019 y 2020. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar toda aquella información sobre equipamiento bélico, pertrechos y/o material de guerra, así como sobre los contratos que versen sobre: material de guerra; los celebrados en virtud de las leyes números 7.144, 13.196 y sus modificaciones; y, los que se celebren para la adquisición de las siguientes especies por parte de las Fuerzas Armadas o por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública: vehículos de uso militar o policial, equipos y sistemas de información de tecnología avanzada y emergente, utilizados exclusivamente para sistemas de comando, de control, de comunicaciones, computacionales y de inteligencia; elementos o partes para la fabricación, integración, mantenimiento, reparación, mejoramiento o armaduría de armamentos, sus repuestos, combustibles y lubricantes, y de toda aquella información que, en definitiva, publicite los estándares y planes de operación o de servicio con que opera la Armada de Chile. En virtud del mismo principio, también se deberán tarjar todos aquellos datos personales y sensibles.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

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Tipo de Documento

Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6602-20

Entidad pública: Armada de Chile

Requirente: Ismael Figueroa Valdivia

Ingreso Consejo: 16.10.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo contra de la Armada de Chile, ordenándose la entrega de todas las órdenes de compra, cotizaciones, notas de débito, resoluciones de aprobación de compras, ventas, de imposición de multas o cualquier otro documento relacionado con ventas efectuadas por las empresas "Ajotamax Limitada", e "Importadora Maresvalve Limitada" a la Armada de Chile, correspondientes a los años 2019 y 2020.

En virtud del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar toda aquella información sobre equipamiento bélico, pertrechos y/o material de guerra, así como sobre los contratos que versen sobre: material de guerra; los celebrados en virtud de las leyes números 7.144, 13.196 y sus modificaciones; y, los que se celebren para la adquisición de las siguientes especies por parte de las Fuerzas Armadas o por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública: vehículos de uso militar o policial, equipos y sistemas de información de tecnología avanzada y emergente, utilizados exclusivamente para sistemas de comando, de control, de comunicaciones, computacionales y de inteligencia; elementos o partes para la fabricación, integración, mantenimiento, reparación, mejoramiento o armaduría de armamentos, sus repuestos, combustibles y lubricantes, y de toda aquella información que, en definitiva, publicite los estándares y planes de operación o de servicio con que opera la Armada de Chile. En virtud del mismo principio, también se deberán tarjar todos aquellos datos personales y sensibles.

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6602-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de agosto del 2020, don Ismael Figueroa Valdivia solicitó a la Armada de Chile, en adelante e indistintamente la Armada: "todas las órdenes de compra, cotizaciones, notas de débito, resoluciones de aprobación de compras, ventas, de imposición de multas o cualquier otro documento relacionado con ventas efectuadas por las empresas "Ajotamax Limitada", e "Importadora Maresvalve Limitada" a la Armada de Chile, en especial, dentro del período comprendido entre los años 2016 al año 2020", añadiendo que, "en específico, estoy interesado en conocer las resoluciones de aprobación de las cotizaciones efectuadas tanto por Ajotamax como por Maresvalve, las órdenes de compra emitidas por la Armada a las empresas referidas, así como también los decretos u otros documentos por los que se le hayan impuesto multas tanto a Ajotamax como Maresvalve".

2) PRORROGA DE PLAZO: Por oficio de fecha 17 de septiembre del 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: Mediante Oficio N° 12900/923, de 01 de octubre del 2020, el órgano reclamado, señaló que se verificó que la información requerida se encuentra permanentemente a disposición del público, añadiendo que, "por tanto y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, cumplo con comunicarle que para acceder a dicha información, debe seguir los siguientes pasos: Acceder al portal www.mercadopublico.cl, y con el número de la Orden de Compra indicada en el Anexo: i) Ingresar en el icono "órdenes de compra". ii) Ingresar el N° de la orden de compra y después hacer click en buscar. iii) Aparecerá una pantalla con la siguiente información: N° de orcom, nombre de la orcom, comprador, proveedor, etc., luego hacer click en el N° orcom. iv) Hacer click en adjuntos. v) Hacer click en el archivo que se desea visualizar".

Complementa lo anterior, mediante el Oficio O.T.A.I.P.A. Ord. N° 12900/923 I.F.V., de 01 de octubre del 2020, a través del cual, señaló que:

1. Sólo se ha efectuado compras a la empresa Ajotamax Limitada, las que se detallan en el anexo que se adjunta -listado de órdenes de compra-.

2. Lo anterior, es información que se encuentra permanentemente a disposición, aludiendo al artículo 15 de la Ley de Transparencia- se reitera lo señalado en el Oficio N° 12900/923-.

3. añadiendo que: "Además de lo indicado, y en virtud del principio de máxima divulgación contemplado en el artículo 11 letra d) de la Ley N° 20.285, informo a Ud. que al mismo proveedor se le han efectuado compras fuera del marco de la Ley N° 19.886, "Ley de Bases de los Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios", de acuerdo a procesos de contratación contemplados en la excepción establecida en el artículo 3 letra f) de la referida norma, cuyo detalle no es posible informar, en virtud de lo establecido en el artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley N° 20.285, en relación con el artículo 436 del Código de Justicia Militar y el articulo 34 letras b), c) y d) de la Ley N° 20.424 "Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional", dado que su publicidad, comunicación o conocimiento puede afectar la seguridad de la nación, particularmente por evidenciar el estado de unidades y sus capacidades operativas, necesarias para la defensa de la nación, al referirse a equipamiento bélico, pertrechos y/o material de guerra, y en definitiva a los estándares y planes de operación o de servicio con que operan las Fuerzas Armadas".

4) AMPARO: El 16 de octubre de 2020, don Ismael Figueroa Valdivia dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que se le otorgó una respuesta incompleta a su petición. Añadiendo que, "la Armada se limitó a entregar un listado de órdenes de compra emitidas a nombre de las empresas Ajotamax Limitada e Importadora Maresvale Limitada, relativas al año 2018 y anteriores. Tenemos información que se han realizado diversas compras a las empresas en cuestión con posterioridad al año 2018, específicamente entre los años 2019 y 2020; además de tener información relativa a que se han cursado multas a las empresas en cuestión en relación a las compras no informadas por el organismo público. Adjunto al presente reclamo toda la documentación enviada por la Armada, así como la solicitud de información realizada por mí..."

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile, mediante Oficio N° E19255, de 05 de noviembre de 2020, solicitándole que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información, atendido que en su amparo sostiene que la información aportada se encuentra incompleta; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en el evento de pretender otorgar una respuesta a la solicitud mediante sus descargos, remítasela directamente a la parte recurrente, aplicando la divisibilidad respectiva, en caso de existir datos de carácter personal y/o sensible, de conformidad a la Ley 19.628, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).

Mediante Oficio O.T.A.I.P.A. Ordinario N° 12900/1099, de 20 de noviembre del 2020, el órgano reclamado evacuó sus descargos, entregando una relación sintética de los hechos y del derecho, reiterando en definitiva lo señalado con ocasión de su respuesta, agregando que: "Por otra parte, tal como se le indicó al solicitante en su oportunidad, la Institución se encuentra impedida de entregar información respecto de ciertas compras, que son aquellas que se enmarcan dentro de la excepción contemplada en el artículo 3° letra f) de la ley N° 19.886, y son precisamente aquellas que se han realizado durante los años 2019 y 2020 a dicho proveedor.

Es por ello, que en virtud de lo establecido en el artículo 21 N° 3 y 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 34° letras b), c) y d) de la Ley N° 20.424, "Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional", la Armada no puede dar acceso a todo el detalle solicitado, dado que su publicidad, comunicación o conocimiento afectan directamente la seguridad y defensa de la Nación, pues evidencian el estado de las unidades, buques de guerra y sus capacidades operativas, que son necesarias para la defensa de la Nación. Lo anterior, debido a que se refiere a equipamiento bélico, pertrechos y/o material de guerra, y que, en definitiva, dicen relación con los estándares y planes de operación o de servicio con que opera la armada de Chile.

De esta manera, si el reclamante señala tener información pública de que la Institución habría efectuado compras a ambas empresas, agradecemos nos entregue dicha información para cotejarla con el órgano interno responsable.

De igual forma, se agradecerá que, si el requirente tiene información de aquellas compras que son de carácter secreta y/o reservadas, sean puestas a nuestra disposición para efectuar las investigaciones administrativas correspondientes y entregarlos a la Fiscalía Naval, para la investigación de eventuales delitos contenidos en los arts. 254 y siguientes del Código de Justicia Militar"

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta entregada al requerimiento de información, en lo que dice relación con la denegación de información sobre compras, cotizaciones, notas de débito, resoluciones de aprobación de compras, ventas, de imposición de multas o cualquier otro documento relacionado con ventas efectuadas por las empresas Importadora Maresvalve Limitada y Ajotamax Limitada, correspondientes a los años 2019 y 2020. Por lo que, el presente amparo se circunscribirá a analizar la falta de satisfacción del reclamante en dicha parte.

2) Que, sobre lo requerido, el órgano reclamado señaló que la denegación se fundamenta en que lo solicitado encuadra dentro de la excepción contemplada en el artículo 3° letra f) de la ley N° 19.886, sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios . Es por ello, que en virtud de lo establecido en el artículo 21 N° 3 y 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 34° letras b), c) y d) de la Ley N° 20.424, "Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional", la Armada señaló no poder dar acceso a todo el detalle solicitado, "dado que su publicidad, comunicación o conocimiento afectarían directamente la seguridad y defensa de la Nación, pues evidencian el estado de las unidades, buques de guerra y sus capacidades operativas, que son necesarias para la defensa de la Nación. Lo anterior, debido a que se refiere a equipamiento bélico, pertrechos y/o material de guerra, y que, en definitiva, dicen relación con los estándares y planes de operación o de servicio con que opera la armada de Chile".

3) Que, en cuanto a la invocación de las causales de reserva previstas en los artículos 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, atendido a lo señalado por el órgano reclamado en su respuesta y descargos, es menester hacer presente que, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes específicos que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. En efecto, el órgano no especificó en forma concreta, ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes requeridos podría generar la afectación alegada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, limitándose a consignar situaciones genéricas, hipotéticas y subjetivas, sin detallar, de manera específica, la forma en que la entrega de la información relativa a órdenes de compra, cotizaciones, notas de débito, resoluciones de aprobación de compras, ventas, de imposición de multas o cualquier otro documento relacionado con ventas efectuadas por las empresas que se indica, durante los años 2019 y 2020, afectaría directamente la seguridad y defensa de la Nación. En consecuencia, este Consejo desestimará dichas alegaciones.

4) Que, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. En dicho contexto, sostener que la divulgación de información requerida afectaría o pondría en riesgo la Seguridad y defensa de la Nación, no resulta plausible, pues el órgano no proporcionó suficientes antecedentes que hagan suponer una afectación presente o probable de los bienes jurídicos que se buscan proteger, tampoco justificó específicamente la causal de reserva y en ningún caso la acreditó. (énfasis agregado).

5) Que, en la misma línea, la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en reclamo de ilegalidad N° 618-2017, razonó, en su considerando noveno, que "lo anterior supone que se debe acreditar una afectación de alguno de los bienes jurídicos establecidos en la norma constitucional citada, referidos a afectar el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional, a cuyo respecto el reclamante se limitó a expresar que la entrega de la información requerida produciría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de las funciones de Carabineros, sin mencionar antecedente alguno que así lo comprobara, ya sea presente o eventual, para así asilarse en la reserva pedida". En la misma decisión, en su considerando décimo, resolvió "Que, asimismo, se comparte lo manifestado por el Consejo para la Transparencia, en orden a señalar que el criterio utilizado exige determinar el elemento que se viene señalando con la debida especificidad, pues la confidencialidad no se presume, solo así se podrá aquilatar que los daños que la publicidad provoque o pudiera causar sean superiores al perjuicio que genere su secreto, baremo que en el presente caso no se satisface, motivo por el cual solo cabía inferir que no se configuró la causal del artículo 21 N° 5 de la ley, que dispone como únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, entre otras, cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política; sin que corresponda entregar a la mera discrecionalidad del órgano requerido que le baste negarse, sin argumentar ni justificar que se encuentra dicha información en las causales de secreto, no explicitando el detrimento que ello provoca o pudiere provocar, impidiendo de facto el juicio de valor de la afectación dañosa que justifica su secreto que corresponde a la autoridad resolver" . (énfasis agregado).

6) Que, en mérito de lo expuesto, se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de los antecedentes solicitados. Sin perjuicio de lo anterior, es menester señalar que en virtud del principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, conforme al cual "si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda", es que este Consejo, actuando de forma preventiva, con el objeto de evitar la divulgación de información que pueda eventualmente afectar la seguridad y defensa de la Nación, es que se requerirá al órgano tarjar toda aquella información sobre equipamiento bélico, pertrechos y/o material de guerra, así como sobre los contratos que versen sobre: material de guerra; los celebrados en virtud de las leyes números 7.144, 13.196 y sus modificaciones; y, los que se celebren para la adquisición de las siguientes especies por parte de las Fuerzas Armadas o por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública: vehículos de uso militar o policial, equipos y sistemas de información de tecnología avanzada y emergente, utilizados exclusivamente para sistemas de comando, de control, de comunicaciones, computacionales y de inteligencia; elementos o partes para la fabricación, integración, mantenimiento, reparación, mejoramiento o armaduría de armamentos, sus repuestos, combustibles y lubricantes, y de toda aquella información que, en definitiva, publicite los estándares y planes de operación o de servicio con que opera la Armada de Chile. Adicionalmente, en virtud del mismo principio, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como, por ejemplo, la cédula de identidad, domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá anonimizar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Ismael Figueroa Valdivia, en contra de la Armada de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante todas las órdenes de compra, cotizaciones, notas de débito, resoluciones de aprobación de compras, ventas, de imposición de multas o cualquier otro documento relacionado con ventas efectuadas por las empresas "Ajotamax Limitada", e "Importadora Maresvalve Limitada" a la Armada de Chile, correspondientes a los años 2019 y 2020. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar toda aquella información sobre equipamiento bélico, pertrechos y/o material de guerra, así como sobre los contratos que versen sobre: material de guerra; los celebrados en virtud de las leyes números 7.144, 13.196 y sus modificaciones; y, los que se celebren para la adquisición de las siguientes especies por parte de las Fuerzas Armadas o por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública: vehículos de uso militar o policial, equipos y sistemas de información de tecnología avanzada y emergente, utilizados exclusivamente para sistemas de comando, de control, de comunicaciones, computacionales y de inteligencia; elementos o partes para la fabricación, integración, mantenimiento, reparación, mejoramiento o armaduría de armamentos, sus repuestos, combustibles y lubricantes, y de toda aquella información que, en definitiva, publicite los estándares y planes de operación o de servicio con que opera la Armada de Chile. En virtud del mismo principio, también se deberán tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como, por ejemplo, la cédula de identidad, domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá anonimizar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Ismael Figueroa Valdivia y al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.