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Patricio Elías Sarquis con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C5831-20 / C5863-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se acogen los amparos interpuestos en contra de la Superintendencia de Salud, ordenando la entrega de la información solicitada, la que, en el caso del primer requerimiento, se refiere a una serie de antecedentes asociados a una certificación redactada y firmada por el Jefe del Subdepartamento de Resolución de Conflictos, Secretario del Tribunal, de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, en el expediente arbitral N° 10773-2018; mientras que, tratándose del segundo requerimiento, corresponde a los documentos donde consten determinadas habilitaciones para acceder al sistema computacional del expediente electrónico en cuestión, para redacción y firma electrónica de resoluciones, por parte de los funcionarios que indica, así como también, del documento que respalde quién y cuándo redactó, y quién firmó ocupando el dispositivo electrónico, clave y/o certificado del Secretario del Tribunal, las resoluciones que indica. Lo anterior, por cuanto, se desestima la alegación del órgano referida a la inadmisibilidad de los amparos, toda vez que, las solicitudes fueron realizadas ante un órgano de la Administración del Estado y en materias de su competencia; rechazándose, a su vez, la verificación de la causal de reserva o secreto de afectación a las funciones del órgano, al no justificar que los antecedentes requeridos sean necesarios para su defensa jurídica y judicial en el recurso de queja enunciado, el cual, a la fecha de la presente decisión, se encuentra con sentencia que lo rechaza; y, por considerarse como no satisfecho el estándar definido para la configuración de la circunstancia de hecho de inexistencia de la información. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C5831-20 y C5863-20

Entidad pública: Superintendencia de Salud

Requirente: Patricio Elías Sarquis

Ingreso Consejo: 16.09.2020

RESUMEN

Se acogen los amparos interpuestos en contra de la Superintendencia de Salud, ordenando la entrega de la información solicitada, la que, en el caso del primer requerimiento, se refiere a una serie de antecedentes asociados a una certificación redactada y firmada por el Jefe del Subdepartamento de Resolución de Conflictos, Secretario del Tribunal, de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, en el expediente arbitral N° 10773-2018; mientras que, tratándose del segundo requerimiento, corresponde a los documentos donde consten determinadas habilitaciones para acceder al sistema computacional del expediente electrónico en cuestión, para redacción y firma electrónica de resoluciones, por parte de los funcionarios que indica, así como también, del documento que respalde quién y cuándo redactó, y quién firmó ocupando el dispositivo electrónico, clave y/o certificado del Secretario del Tribunal, las resoluciones que indica.

Lo anterior, por cuanto, se desestima la alegación del órgano referida a la inadmisibilidad de los amparos, toda vez que, las solicitudes fueron realizadas ante un órgano de la Administración del Estado y en materias de su competencia; rechazándose, a su vez, la verificación de la causal de reserva o secreto de afectación a las funciones del órgano, al no justificar que los antecedentes requeridos sean necesarios para su defensa jurídica y judicial en el recurso de queja enunciado, el cual, a la fecha de la presente decisión, se encuentra con sentencia que lo rechaza; y, por considerarse como no satisfecho el estándar definido para la configuración de la circunstancia de hecho de inexistencia de la información.

Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C5831-20 y C5863-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 31 de julio de 2020 y 10 de agosto de 2020, don Patricio Elías Sarquis solicitó a la Superintendencia de Salud la siguiente información:

Solicitud AO006T0003940:

"1.-) Solicito se me entregue copia y/o impresión, según corresponda, de todo requerimiento, petición, instrucción, revisión, propuesta, orden, certificado, certificación, timbre, cargo, antecedente y/o solicitud en la forma que se haya dado, recibido o conste, electrónica o físicamente, en virtud del cual, don Osvaldo Varas Schuda, fue requerido, redactó y firmó con fecha 3 de abril de 2020, como Jefe del Subdepartamento de Resolución de Conflictos, Secretario del Tribunal, de la Intendencia De Fondos y Seguros Previsionales de Salud, certificando literalmente lo siguiente: "En Santiago, a 3 de abril de 2020, Certifico que en la bitácora de la tramitación electrónica de la causa Rol N° 10773- 2018, caratulada "Pedro Ramírez Ceballos con lsapre Cruz Blanca S.A.", consta que, con fecha 2 de septiembre de 2019, la Isapre presentó recurso de apelación de conformidad al artículo 119 del DFL N° 1, de 2005, de Salud, el que fue agregado al expediente el día 17 de septiembre de 2019, confiriéndose traslado con esa misma fecha por parte del Superintendente de Salud". Y que con fecha 3 de abril de 2020, dicho certificado antes señalado, fue acompañado en escrito del 7 de abril de 2020, por parte del abogado de la misma Superintendencia de Salud, don Felipe Ubilla Zañartu, en los autos por recurso de queja, Ingreso Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, N° 14.327-2019.

En definitiva, por favor, entregar copia o impresión que acredite y respalde quién, cuándo, cómo, por qué medio, con qué antecedentes y en virtud de qué información se solicitó, se redactó y se firmó el certificado antes señalado.

2.-) A su vez, también solicito que, en relación al certificado del 3 de abril de 2020, antes señalado y firmado por don Osvaldo Varas Schuda, relativo a un escrito de apelación presentado por Isapre Cruz Blanca S.A. en el procedimiento arbitral seguido ante la Superintendencia de Salud, rol N° 10773-2018:

i.-) Se me entregue copia de toda normativa, instrucción, reglamentación y/o circular donde consta la existencia, reconocimiento, reglamentación y/o regulación de la denominada "bitácora de tramitación electrónica" para procesos arbitrales seguidos ante la Superintendencia de Salud, regulados en los títulos IV y V del Capítulo V del Compendio de Normas Administrativas en Materias de Procedimiento, de la misma Superintendencia, y donde conste la explicación de las distintas gestiones o etapas que corresponde llenar con motivo del ingreso de un escrito y sus trámites posteriores, precisando y respaldando, quién o quiénes son los funcionarios o funcionarias que tienen acceso al llenado de ésta y cuándo lo han efectivamente realizado dicho acceso y/o registro, todo en relación únicamente al proceso arbitral rol N° 10773-2018, indicando nombres completos, cargo y funciones en la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud y/o en la Superintendencia de Salud;

ii.-) Se me entregue copia íntegra de la bitácora de la tramitación electrónica de la causa Rol N° 10773-2018 y se me indique, quién es el o los funcionarios o funcionarias responsables del llenado y mantención fidedigno de ésta y para quiénes y con qué fines se lleva o administra.

iii.-) Se me entregue copia auténtica del escrito de apelación interpuesto por Isapre Cruz Blanca S.A., con el cargo, timbre o estampado que acredite en forma fidedigna la fecha, hora y forma de presentación del escrito de apelación e impresión del formulario de antecedentes adicionales que se genera automáticamente con la presentación de todo escrito electrónico en el procedimiento arbitral, de haberse presentado por esa vía, con su número de antecedente, fecha y hora, motivo y parte que realiza la presentación, conforme a lo establecido en los Títulos IV y V, del Capítulo V, del Compendio de Normas Administrativas en Materia de Procedimiento, de la Superintendencia de Salud, y según consta en todos los escritos presentados por parte del demandante don Pedro Felipe Ramírez Ceballos. En caso de no existir copia del escrito con cargo, timbre o estampado y tampoco un formulario de antecedentes adicionales requeridos, solicito se explique fundadamente, por qué no se tiene o no se acompaña lo anterior y en virtud de qué información, certificación o hecho fidedigno se certificó una fecha de presentación de escrito pese a haber sido incorporado al expediente el 17 de septiembre de 2019.

iv.-) Se me entregue copia o impresión de todo documento, antecedente, comunicación y/o información en virtud de la cual se acredite respecto al escrito de apelación en cuestión presentado por Isapre Cruz Blanca S.A.: quién, cuándo y por qué medios lo recibió, precisando su nombre completo, cargo y función que desempeña en la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud o en la Superintendencia de Salud; por qué fue agregado al expediente el 17 de septiembre de 2019; qué pasó con dicho escrito de apelación y qué funcionarios o funcionarias tuvieron a cargo la tramitación y resolución de esta apelación y que gestiones, emails, memorándum, propuestas, revisiones, resoluciones y/o comunicaciones tuvieron, enviaron, recibieron, redactaron y/o firmaron desde su presentación o ingreso hasta su resolución mediante sentencia del 25 de octubre de 2019; y, que funcionarios lo tuvieron o accedieron a este expediente arbitral, precisando cómo consta ello, a través de qué medios o programas, las fechas, días de uso o acceso, sus nombres completos, cargo y funciones, qué gestiones, comentarios, emails, memos, documentos, correos, borradores, sentencias y/o documentos recibieron, enviaron, redactaron y/o firmaron en relación a la apelación presentada por Isapre Cruz Blanca S.A. en el expediente arbitral N° 10.773-2018 entre el 12 de septiembre de 2019 y el 25 de octubre de 2019".

Solicitud AO006T0003970:

"1) En relación al expediente arbitral N° 10773-2018, solicito se me entregue copia o transcripción fiel de la resolución, instrucción, normativa, delegación, documento o instrumento donde consta la habilitación para acceder al sistema computacional del expediente electrónico para redacción de resoluciones y firmar electrónicamente resoluciones en este procedimiento arbitral que corresponden a don Patricio Fernández Pérez, como juez árbitro arbitrador de segunda instancia, por parte de los siguientes funcionarios: doña Pía Ramírez, don Felipe Ubilla y doña María Angélica Barros.

2) En relación al expediente arbitral N° 10773-2018, solicito se me entregue copia, transcripción o impresión del documento o instrumento que respalde quién y cuándo redactó y quién firmó ocupando el dispositivo electrónico, clave y/o certificado de don Patricio Fernández Pérez, las resoluciones de los días 17 y 30 de septiembre y de los días 10 y 25 de octubre, todas del año 2019. De haber varios redactores de una o más resoluciones de las señaladas, solicito se me indique el nombre completo, profesión y cargo de todos éstos y se acompañe todo comentario, email, proyecto de resolución, revisión y/o cualquier otra actividad relacionada con las resoluciones de dichas fechas en el procedimiento arbitral señalado".

2) RESPUESTAS: La Superintendencia de Salud respondió a dichos requerimientos de información, en los siguientes términos:

Solicitud AO006T0003940: A través de Resolución Exenta SS/N° 637, de fecha 27 de agosto de 2020, señala declarar la inaplicabilidad de la Ley N° 20.285 respecto de la información solicitada, por cuanto, la misma se encuentra referida al ejercicio de la facultad jurisdiccional que la ley ha establecido a la Superintendencia de Salud como Tribunal Especial de la República, en conformidad a los artículos 117 y siguientes del DFL N° 1, de 2005, de Salud, no siendo pública su información en relación a los artículos 1, de la Ley N° 20.285, y, 2 del Decreto N° 13, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Solicitud AO006T0003970: A través de Resolución Exenta SS/N° 660, de fecha 7 de septiembre de 2020, declara la inaplicabilidad de la Ley de Transparencia en los mismos términos señalados para la solicitud precedente.

3) AMPAROS: El 16 y 17 de septiembre de 2020, don Patricio Elías Sarquis dedujo amparos a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en las respuestas negativas a las solicitudes de información. Además, el reclamante hizo presente que la inaplicabilidad de la Ley N° 20.285 respecto de la información requerida es improcedente y carece de fundamentos, en virtud del ámbito de aplicación que se desprende de los artículos 8, inciso segundo, y 19, N° 14, de la Carta Fundamental; y, de los artículos 2, 3, 4, 5, 10 y 21 de la Ley de Transparencia.

Tratándose de la solicitud AO006T0003940, explica que, es inaceptable sostener que es inaplicable la Ley N° 20.285 respecto del acto administrativo-procesal, así como sus fundamentos, hechos basales y motivaciones, de la certificación que realizó el 3 de abril de 2020 don Osvaldo Varas Schuda, como funcionario público y en ejercicio de su cargo, que además ejerce funciones como ministro de fe, en cumplimiento de esos deberes públicos y en jornada laboral. Es y debe ser público tanto el acto de certificación como sus fundamentos y los hechos en que se motivó y/o fundó para su dictación.

En las 427 páginas de todo el Compendio de Normas Administrativas en Materias de Procedimientos, de la Superintendencia de Salud, no existe ni una mención de la denominada "bitácora de la tramitación electrónica", a la cual recurrió supuestamente el funcionario público certificador.

A su vez, también resulta inaceptable sostener que, es inaplicable la Ley de Transparencia respecto del requerimiento de copia de la normativa, instrucción, regulación, reglamentación y/o circular que regula un procedimiento arbitral, ya que, por definición, las normas que rigen un procedimiento deben ser públicas, escritas y de libre acceso.

También resulta jurídicamente inaceptable sostener que fuere inaplicable la ley respecto a una copia auténtica del escrito de apelación interpuesto por Isapre Cruz Blanca S.A., en los términos descritos en la solicitud, toda vez que, es acaso, secreto o reservado para la contraparte las copias de los escritos o los certificados generados en forma automática por la presentación de un escrito, donde conste de forma fidedigna el día, hora y forma de presentación, máxime cuando la misma normativa del procedimiento arbitral así lo exige.

Esta parte entiende que, salvo que una ley de quórum calificado establezca otra cosa, es público, transparente, escriturado, probo e imparcial de todo funcionario público y su actuar en cumplimiento de sus funciones y/o jornada, siendo del todo pertinente y admisible requerir la acreditación del actuar, con sus fundamentos y motivaciones, máxime si se pretende develar una manifiesta arbitrariedad e ilegalidad, al solicitar que se entregue copia de lo requerido respecto del escrito de apelación en cuestión.

Un funcionario público que ejerce funciones jurisdiccionales tampoco está excluido del cumplimiento de los deberes y principios que rigen los actos de la administración del estado y los procedimientos administrativos, por lo que, no se puede considerar secreto, reservado y/o excluido de las obligaciones de publicidad, transparencia y escrituración que rigen a todos los actos administrativos tanto sus actos como su actuar, su motivación y sus fundamentos. Más aún si ello incide en un procedimiento arbitral, donde se tiene un arbitraje especial, donde el árbitro es determinado por ley en su calidad de funcionario público, que en el ejercicio de la jurisdicción rige igualmente la publicidad, transparencia, independencia y escrituración de las actuaciones, en pleno respeto de la igualdad ante la ley, la igualdad del ejercicio de los derechos o acciones, la probidad y la proscripción de la arbitrariedad. Todas las partes e interesados siempre tienen derecho a saber cuál es la reglamentación que los rige para todo procedimiento administrativo y/o arbitral.

En el asunto de marras, lo requerido no tiene el carácter de secreto o reservado para esta parte, como interesado y como cualquier otro litigante o afiliado que reclame sus derechos conforme a la normativa dictada por la misma Superintendencia. Más aún, adolece de manifiesta falta de fundamentos el rechazo realizado, toda vez que, la normativa que rigen los procedimientos administrativos, sean o no arbitrales, debe ser escriturada, pública y transparente y del mismo modo el actuar de los funcionarios públicos, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, no les exime de los deberes funcionarios, adicionándose a éstos los propios del ejercicio de la jurisdicción.

En el caso de la solicitud AO006T0003970, junto con replicar algunos de los fundamentos expresados en el amparo precedente, argumenta que, por definición, las normas que rigen un procedimiento deben ser públicas, escritas y de libre acceso a todos los interesados.

El DFL N° 1, de 2005, de Salud, que crea la Superintendencia de Salud, establece, en el artículo 106 y siguientes, las funciones específicas del órgano, correspondiendo al mismo, especialmente: (7) conocer y fallar los recursos que la ley establece; y, (9) las demás que establezcan las leyes y reglamentos.

En efecto, el Superintendente, en virtud de la Ley, y lo establecido además en los artículos 117 y siguientes del DFL N° 1, de 2005, de Salud, y de las reglas establecidas en el Compendio de Normas Administrativas en Materias de Procedimientos, dictadas por la misma Superintendencia de Salud, en calidad de árbitro arbitrador resolverá las controversias que surjan entre las instituciones de salud previsional y el Fondo Nacional de Salud y sus cotizantes y beneficiarios.

Adolece de manifiesta falta de fundamentos el rechazo realizado, toda vez que, la normativa que rige los procedimientos administrativos, sean o no arbitrales, debe ser escriturada, pública y transparente y del mismo modo el actuar de los funcionarios públicos, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, no les exime de los deberes funcionarios, adicionándose a éstos los propios del ejercicio de la jurisdicción.

La Superintendencia de Salud carece de tal investidura jurisdiccional, dado que, no es ésta la que detenta la jurisdicción y competencia como juez árbitro arbitrador, llamado a conocer y resolver las contiendas sometidas a su decisión por parte de los afiliados de las Isapres, sino que, es el funcionario que detente el cargo de Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, en primera instancia, y el de Superintendente de Salud, en segunda instancia.

Es fundamental saber quién, cuándo y por qué dictó o firmó alguna de las resoluciones del procedimiento arbitral rol N° 10.773-2018, máxime cuándo con certeza no fue quien por ley y por las reglas del procedimiento arbitral tenía la jurisdicción y competencia para ello, siendo inaceptable el secreto o reserva de dicha información que debe ser pública, al menos para las partes.

Por otra parte, después de dictada la sentencia definitiva de segunda instancia, el juez arbitral pierde toda jurisdicción y competencia a este respecto y consecuencialmente su ministro de fe ad hoc. La instancia arbitral administrativa se agotó, siendo actualmente de competencia exclusiva la Corte de Apelaciones de Santiago, con motivo el Recurso de Queja interpuesto por este apoderado, en el Rol de Ingreso N° 14.327-2018.

La Superintendencia de Salud, al denegar el derecho de acceso a la información, sin que medie causal de secreto o reserva que lo justifique, amparándose en una presunta inaplicabilidad de la Ley N° 20.285, vulnera todas las disposiciones, tanto legales como constituciones mencionadas, actúa contra sus propios actos y deja al solicitante en una completa indefensión.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación estos amparos, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Salud, mediante Oficios E17644 y E17652, ambos del 16 de octubre de 2020.

Mediante Ord. SS/N° 2706 y Ord. SS/N° 2707, de fecha 28 de octubre de 2020, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que al Tribunal Arbitral de la Superintendencia de Salud no le resultan aplicables la normas de la Ley N° 20.285, por no ser un Órgano de la Administración del Estado, siendo sus decisiones revisadas solo por el Poder Judicial a través del Recurso de Queja, declarando la Contraloría General de la República que no posee facultades de fiscalización en relación a este Tribunal Especial. Ello, según lo disponen los artículos 1, 8 y 24 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 2 de su Reglamento.

El Tribunal Arbitral, es un Tribunal unipersonal de doble instancia, que se constituye en conformidad a lo establecido en los artículos 117 y siguientes del DFL N° 1, de 2005, de Salud; no siendo pública su información, en relación con los artículos 1, de la Ley N° 20.285, y, 2 del Decreto N° 13, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Tanto el Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud como el Superintendente de Salud se encuentran investidos de la calidad de jueces árbitro y resuelven las controversias no teniendo presente la misión y objetivos Institucionales de la Superintendencia como Organismo Administrativo Fiscalizador, sino de conformidad con lo prevenido en el artículo 223 inciso tercero del Código Orgánico de Tribunales y el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, esto es, obedeciendo a su prudencia y equidad, por consiguiente, cumple cabalmente con la definición establecida en el inciso cuarto del artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales y es calificado como un Tribunal Especial de la República.

El inciso segundo del artículo 117 del DFL N° l, de 2005, de Salud, establece que el procedimiento por el cual se rige este tipo de procesos judiciales, se verifica mediante la dictación de normas de general aplicación, emanadas de la Superintendencia de Salud, dictando esta la Circular IF/N° 8, de 2005, modificada por la Circular IF/N° 179, de 2012, las que no contemplan la aplicación, ni siquiera de manera supletoria, de las normas procedimentales administrativas, es decir, no tiene aplicación la Ley N° 19.880, sino las normas del Código de Procedimiento Civil.

La Contraloría General de la República es quien ha reconocido y establecido la calidad de Tribunal Especial del Tribunal Arbitral de la Superintendencia de Salud y su falta de competencia en relación a sus decisiones, así como también la diferenciación entre la actividad jurisdiccional del Tribunal Arbitral, de la actividad administrativa de la Superintendencia. La calidad de Tribunal Especial también ha sido reconocida por los Tribunales Superiores de Justicia, por ejemplo, a propósito del rechazo de recursos de protección vinculados con sus decisiones jurisdiccionales; y, por el Tribunal Constitucional, institución que ha acogido a tramitación recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, entendiendo que existe una gestión pendiente ante un tribunal especial. Asimismo, la calidad de Tribunal Especial resulta de conocimiento público, no sólo por la utilización del procedimiento arbitral, sino también por las constantes publicaciones efectuadas en medios de comunicación.

Resulta tan evidente que no nos encontramos frente a actuaciones administrativas sino frente a actuaciones jurisdiccionales, que el propio recurrente ha interpuesto un Recurso de Queja ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en contra de don Patricio Fernández Pérez (y no en contra de la Superintendencia de Salud como "Órgano de la Administración del Estado), el cual a la fecha se encuentra en actual tramitación.

Una de las circunstancias de las faltas o abusos graves que el recurrente de queja esgrime dice relación con la impugnación de la oportunidad en la que Isapre Cruz Blanca presentó su Recurso de Apelación. Entonces, la información solicitada precisamente versa sobre una actuación jurisdiccional en relación con un asunto que se encuentra judicializado. Igualmente, la información solicitada en el segundo de los amparos se refiere a una serie de actuaciones que el recurrente, en sede judicial, cuestiona y que son parte de los planteamientos de su Recurso de Queja.

- No nos encontramos en presencia de información correspondiente a un acto, resolución fundamento o procedimiento de un Órgano de la Administración del Estado, ello, en aplicación del artículo 8, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, en relación con el inciso primero del artículo 5, y el artículo 10 de la Ley N° 20.285. Dicha ley, demanda la publicidad de actuaciones administrativas, y precisamente para ello utiliza una terminología afín, nomenclatura ajena a la actividad jurisdiccional.

- Los argumentos del recurrente confirman que la información solicitada se vincula a una actuación judicial y, además, no se encuentran referidos a materias de la Ley N° 20.285, sino sólo a su disconformidad con las actuaciones del Tribunal Especial. La información solicitada no se enmarca dentro de un procedimiento administrativo, en los términos que define el artículo 18 de la Ley N° 19.880, sino que se trata de un procedimiento jurisdiccional, de un procedimiento arbitral, cuya revisión se verifica no en razón de un recurso de ilegalidad, que es el medio de impugnación característico y esencial respecto de determinaciones de una autoridad administrativa, sino que por un recurso de queja, que es un medio de impugnación de las actuaciones jurisdiccionales, lo que demuestra la inaplicabilidad de la Ley N° 20.285.

Los antecedentes solicitados como copia del recurso de apelación y las certificaciones respecto de su interposición pueden perfectamente ser solicitadas por el recurrente al Tribunal en su calidad de parte del juicio, no teniendo necesidad de recurrir a la Ley N° 20.285.

Tratándose del segundo amparo, lo solicitado no es un documento que regula un procedimiento arbitral, por cuanto la normativa que regula el procedimiento arbitral es de público conocimiento a través de la Circular IF/N° 8, de 2005, modificada por la Circular IF/N° 179, de 2012, normativa que además se contiene en el Compendio de Procedimientos, que el propio recurrente cita, sino que lo solicitado dice relación con el sistema computacional de tramitación de los juicios arbitrales y no respecto de las normas procedimentales que rigen un proceso arbitral como lo expone, tergiversando las circunstancias, por cuanto este último procedimiento es totalmente escriturado y de público acceso.

Así, las alegaciones que formula el recurrente tanto en su solicitud de acceso a la información como en su amparo, dan cuenta de la disconformidad del mismo con las actuaciones verificadas dentro del proceso arbitral, y por ello, esta situación está siendo ventilada en sede judicial, en otras palabras, pretende trasladar una controversia con el Tribunal Arbitral a una situación de acceso a la información.

- Argumentación Subsidiaria: la información solicitada configura la causal del artículo 21, N° 1, letra a), de la Ley N° 20.285. Como se hizo presente, el recurso de queja, respecto del cual el recurrente es el patrocinante, versa respecto a la oportunidad en que Isapre Cruz Blanca presentó su recurso de apelación en contra de la sentencia que rechazó su recurso de reposición en el juicio arbitral Rol N° 10773-2018. Así es que el requerimiento de acceso a la información refiere sobre el proceso de tramitación del juicio arbitral circunstancia que es parte del debate en sede judicial.

De esta forma, la información solicitada concierne a los fundamentos de la defensa y, a su vez, respalda la posición jurídica del Superintendente como juez árbitro, lo que se materializará en la vista de la causa, en el sentido de comprobar y establecer que no existe la falta o el abuso grave denunciado, determinando que el recurso de apelación de Isapre Cruz Blanca resultaba plenamente admisible y ello, permitió la dictación de la sentencia de segunda instancia del juez árbitro que ahora es recurrida de queja.

El recurso de queja no versa exclusivamente por una situación de fondo relacionado con la forma de decisión del juez árbitro, sino que incluye una controversia de forma, relacionada con la interposición de un recurso de apelación, y de sus aspectos de tramitación e incorporación al expediente, por lo que la información requerida, en definitiva, será utilizada por el juez árbitro para respaldar su posición jurídica que demostrará que el recurso de apelación fue presentado en forma y tiempo.

En el recurso de queja todas las solicitudes y respuestas de acceso a la información, incluidas las decisiones de los amparos, son utilizadas por el recurrente para fundamentar su queja, como consta de las presentaciones realizadas en dicho juicio con fechas 13, 19 y 28 de agosto de 2020, respectivamente, sin embargo, en este caso, la información solicitada no puede ser entregada por cuanto la misma corresponde o influye en la defensa judicial del Superintendente de Salud, por cuanto la misma refiere precisamente al procedimiento de incorporación de una apelación al sistema de tramitación de los juicios arbitrales.

Luego, el segundo requerimiento de acceso a la información se refiere al proceso de tramitación del juicio arbitral, circunstancias que precisamente son parte del debate en sede judicial. De esta forma, la información solicitada concierne a los fundamentos del debate jurídico (dado que se cuestiona quien redactó y firmó la sentencia de segunda instancia) y corresponde precisamente a la defensa y, a su vez respalda, la posición jurídica del Superintendente como juez árbitro, lo que se materializará en la vista de la causa, en el sentido de comprobar y establecer que no existen las faltas o el abuso grave denunciadas, por tanto, cuando el recurrente del queja solicita información vinculada a la actuación del Tribunal, lo que hace es pedir información que respalda y fundamenta la posición jurídica del juez árbitro.

- lndisponibilidad de la información. Información que no obra en poder del Tribunal Arbitral. Básicamente por tratarse de información vinculada a un sistema electrónico, su utilización, y consecuencialmente la información solicitada, no consta, al menos, en alguno de los soportes documentales referidos en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 20.285, ya que gran parte de la forma relacionada a cómo se utiliza el sistema se transmite de manera verbal desde los funcionarios más antiguos a los más nuevos, o son trasmitidos verbalmente por los profesionales de Tecnologías de la Información, dado lo complejo que sería establecer un documento que pudiese ser entendido por usuarios de todos los niveles, por lo que esta información se maneja y se difunde de manera verbal, no constando en documento escrito.

Lo mismo ocurre con la información vinculada a la "bitácora de tramitación electrónica" para procesos arbitrales seguidos ante la Superintendencia de Salud, ya que no existe documento en el que conste la explicación de las distintas gestiones o etapas que corresponde llenar con motivo del ingreso de un escrito y sus trámites posteriores, o de quién o quiénes son los funcionarios que tienen acceso al llenado de ésta y cuándo lo han efectivamente realizado. Otro tanto ocurre con la designación del o los funcionarios responsables del llenado y mantención fidedigno de la bitácora y para quiénes y con qué fines se lleva o administra, ya que no es que exista un documento que asigne expresamente una función o responsabilidad específica en la tramitación electrónica de un recurso de apelación en un juicio arbitral, sino que más bien corresponde a una función inserta dentro del cargo específico, como por ejemplo tratándose del Jefe del Subdepartamento de Resolución de Conflictos o los abogados de la Fiscalía de la Superintendencia de Salud, que deben utilizar el sistema para el desarrollo de sus labores.

Tampoco obra en poder del Tribunal Arbitral el escrito de apelación interpuesto por Isapre Cruz Blanca S.A., con el cargo, timbre o estampado que acredite en forma fidedigna la fecha, hora y forma de presentación del escrito de apelación e impresión del formulario de antecedentes adicionales que se genera automáticamente con la presentación de todo escrito electrónico en el procedimiento arbitral, ello por cuanto el escrito fue remitido electrónicamente por la aseguradora, solamente constando el día y hora de recepción (02/09/2019 a las 21:38:51. In Rec Ape), pero no existe un documento con cargo, timbre o estampado, como muestra la imagen que inserta extraída del Sistema de tramitación de los Juicios Arbitrales.

El sistema electrónico que se utiliza en estos casos tampoco cuenta con atributos informáticos que permita determinar los funcionarios que acceden al expediente electrónico, ni en qué días ni en qué horas, debiendo insistir como se ha manifestado en los demás amparos interpuestos por el reclamante, que no existe más información que la ya entregada en relación a la historia de tramitación del juicio, de las personas que lo tramitaron, de los comentarios que se efectuaron y de la inexistencia de borradores por la utilización de plantillas.

Así, lo único que consta en un formato documental es el procedimiento de tramitación de los juicios arbitrales el que le consta particularmente al recurrente dada su calidad de parte en el juicio arbitral en comento.

Finalmente, hace presente que en otros casos, las pretendidas solicitudes lo que persiguen es obtener un pronunciamiento de parte del Tribunal Arbitral, por ejemplo al solicitar se explique fundadamente por qué el recurso de apelación presentado por Isapre Cruz Blanca no cuenta con un cargo, timbre o estampado y en virtud de qué información, certificación o hecho fidedigno se certificó una fecha de presentación de escrito pese a haber sido incorporado al expediente el 17 de septiembre de 2019, o por qué fue agregado al expediente el 17 de septiembre de 2019 y qué pasó con dicho escrito de apelación, situaciones que claramente no se condicen con una potencial aplicación de la Ley N° 20.285 sino con el derecho de petición del artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República.

En cuanto al segundo amparo, además cabe hacer presente que dadas las características del sistema, a éste pueden acceder la mayor parte de los funcionarios, solo quedando restringida la posibilidad de generar un documento a instancias determinadas, instrumentos que por lo demás se crean utilizando plantillas, que vienen pre-cargadas con la firma del juez de segunda instancia, por lo que, al sistema no se ingresa ni se firman los documentos con clave o dispositivo electrónico, por lo mismo, no existe la posibilidad de determinar en forma efectiva, si por ejemplo la plantilla que utilizó un abogado de Fiscalía para redactar un proyecto de fallo permaneció íntegramente en su texto cuando fue revisado el caso por el Superintendente de Salud, dado precisamente que no se guardan los documentos anteriores, por ello ha de establecerse únicamente la certeza de que el texto de la resolución o sentencia respectiva, corresponde al texto que el sentenciador aprobó como texto final y del cual se hace responsable al constar su firma.

De esta forma, el sistema electrónico no cuenta con atributos informáticos que permitan establecer fehacientemente quién y cuándo se redactó una determinada resolución o sentencia, ya que el texto entre las versiones "borradores" y la versión definitiva, pueden variar sustancialmente (incluido su resultado), la única certeza en este caso es sólo el texto y la firma del documento que se notifica a las partes del juicio, tal como se informó en su oportunidad en los demás amparos interpuestos por el reclamante.

Así, lo único que consta en un formato documental es el procedimiento de tramitación de los juicios arbitrales el que le consta particularmente al recurrente dada su calidad de parte en el juicio arbitral en comento.

5) PRESENTACIÓN DEL RECLAMANTE: A través de presentaciones de fecha 26 de noviembre de 2020, el reclamante solicitó tener presente que el procedimiento de arbitraje seguido ante la Superintendencia de Salud, está inspirado conforme a lo prescrito en las letras a, b, c, d, e y f, del numeral 1 del Título IV, en el Capítulo V del Compendio de Normas Administrativas en Materia de Procedimientos, de la misma Superintendencia, en los siguientes principios: Escrituración; Economía procesal; Bilateralidad de la audiencia; Imparcialidad; Transparencia; y, Fallo en prudencia y equidad.

Lo anterior, viene a reforzar las reglas de necesaria transparencia, escrituración e imparcialidad que rigen los actos de la administración del Estado y que obliga a la necesaria fundamentación y respaldo de todo acto, contrato o convención, sin que exista norma legal alguna que otorgue el carácter de reserva o confidencial a la información requerida.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto de los presentes amparos dice relación con la falta de entrega de la información solicitada, la que, en el caso del primer requerimiento, se refiere a una serie de antecedentes asociados a una certificación redactada y firmada con fecha 3 de abril de 2020, por el Jefe del Subdepartamento de Resolución de Conflictos, Secretario del Tribunal, de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, en el expediente arbitral N° 10773-2018; mientras que, tratándose del segundo requerimiento, dice relación con la entrega del documento donde consten determinadas habilitaciones para acceder al sistema computacional del expediente electrónico en cuestión para redacción y firma electrónica de resoluciones, por parte de los funcionarios que indica, así como también, del documento que respalde quién y cuándo redactó y quién firmó ocupando el dispositivo electrónico, clave y/o certificado de don Patricio Fernández Pérez, las resoluciones que indica. Al respecto, el órgano reclamado alega la inadmisibilidad de los amparos, ya que al Tribunal Arbitral de la Superintendencia de Salud no le resultarían aplicables las normas de la Ley N° 20.285, por no ser un Órgano de la Administración del Estado, señalando que la información requerida no corresponde a un acto, resolución fundamento o procedimiento de un Órgano de la Administración del Estado; sin perjuicio de lo cual, de manera subsidiaria, invoca la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia; alegando, finalmente, la indisponibilidad de la información.

2) Que, en primer término, tratándose de la alegación de inadmisibilidad de los amparos, el órgano reclamado ha argumentado que la información requerida corresponde a un tribunal especial excluido de la aplicación de las normas que facultan la solicitud de información pública, por la naturaleza jurisdiccional del procedimiento que substancia. Al respecto, se debe hacer presente que las solicitudes de acceso a la información que dan origen a estos amparos recaen sobre la Superintendencia de Salud, órgano de la administración sujeto a las normas que regulan el derecho de acceso a la información pública. En este sentido, según lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Transparencia: "La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello", procediendo su entrega, en los casos en los que lo requerido obre en su poder en alguno de los soportes a los que se refieren los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, con excepción de aquella información sujeta a las causales de reserva o secreto del artículo 21 del mismo cuerpo legal.

3) Que, de lo expuesto, se concluye que las solicitudes han sido ejercidas conforme lo establece el marco legal referido, ante un órgano de la Administración del Estado, descartándose las alegaciones de la Superintendencia referidas a que estas recaerían sobre un tribunal especial, excluido de las obligaciones de dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública. En este sentido, se debe considerar que el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469, establece en su artículo 114, inciso primero, que: "La supervigilancia y control de las instituciones de salud previsional que le corresponde a la Superintendencia, la ejercerá a través de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, en los términos que señala este Capítulo, el Libro III de esta Ley y demás disposiciones que le sean aplicables" (énfasis agregados), y en su artículo 117 determina, en lo pertinente, que: "La Superintendencia, a través del Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, quien actuará en calidad de árbitro arbitrador, resolverá las controversias que surjan entre las instituciones de salud previsional o el Fondo Nacional de Salud y sus cotizantes o beneficiarios, siempre que queden dentro de la esfera de supervigilancia y control que le compete a la Superintendencia, y sin perjuicio de que el afiliado pueda optar por recurrir a la instancia a la que se refiere el artículo 120 o a la justicia ordinaria (...)" (énfasis agregados). Dicho marco legal, demuestra que la facultad de resolver las controversias descritas recae sobre la Superintendencia de Salud, con independencia de ejercerla a través de un tribunal especial, resultando por ello las solicitudes de acceso a la información de su competencia, por recaer sobre asuntos que el legislador ha puesto en su ámbito de atribuciones, debiendo rechazarse las alegaciones que en este punto formula el órgano.

4) Que, luego, tratándose de la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, cabe tener presente que, por tratarse de una norma de derecho estricto, que se contrapone al principio general de transparencia de los actos de la Administración, debe ser interpretada restrictivamente. En tal sentido, el mencionado artículo dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales".

5) Que, el órgano reclamado, para fundar la causal alegada, ha explicado que la información solicitada diría relación con uno de los asuntos debatidos en el Recurso de Queja interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 14327-2019, en contra de don Patricio Fernández Pérez, en su calidad de juez árbitro, y en el que el solicitante, quien tiene la calidad de patrocinante de la causa, incluye precisamente una controversia de forma, relacionada con la interposición de un recurso de apelación, y de sus aspectos de tramitación e incorporación al expediente, por lo que la información requerida, en definitiva, será utilizada por el juez árbitro para respaldar su posición jurídica que demostrará que el recurso de apelación fue presentado en forma y tiempo. Con todo, la mencionada alegación debe desestimarse, por cuanto, como se explicará, no se condice con el carácter estricto de la causal invocada. En efecto, según el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo -desde las decisiones de amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, entre otras- la causal alegada debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido no transforma a todos los documentos relacionados, o que tengan algún grado de vinculación con él, en secretos. Tampoco basta, para que se configure la concurrencia de la causal de reserva alegada, que el órgano sólo mencione la existencia de algún procedimiento judicial. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre la información solicitada, el litigio o controversia pendiente y la estrategia jurídica o judicial del órgano, lo que debe ser acreditado, no ocurriendo así en el presente caso.

6) Que, lo anterior se ve refrendado por el hecho de que, según la información disponible en el seguimiento de causas de la página web del Poder Judicial, el recurso de queja en cuestión fue rechazado por el tribunal de alzada a través de sentencia de fecha 21 de diciembre de 2020, desapareciendo de esta forma el presupuesto de hecho en el que la Superintendencia funda la interposición de la causal de reserva o secreto en comento. Al efecto, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume, sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no se produce, por cuanto, la etapa de debate en la instancia judicial invocada ya se encuentra agotada, no resultando posible que se genere el eventual perjuicio que supuestamente ocasionaría el conocimiento de la información a la estrategia de defensa del juez árbitro. Razones por las cuales será desestimada la configuración de la causal de reserva o secreto invocada.

7) Que, luego, respecto de las alegaciones del órgano referidas a la indisponibilidad de la información en alguno de los soportes documentales a los que se refiere el artículo 10 de la Ley de Transparencia, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada en poder del órgano requerido constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder, debiendo acreditarla fehacientemente.

8) Que, en este sentido, según lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación: "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregados).

9) Que, en este caso, la Superintendencia solo ha manifestado que, por tratarse de información vinculada a un sistema electrónico no consta, al menos, en alguno de los soportes referidos en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 20.285, ya que gran parte de la forma relacionada a cómo se utiliza el sistema se transmite de manera verbal, lo que ocurriría también con la información vinculada a la "bitácora de tramitación electrónica" ya que no existe documento en el que conste la explicación de las distintas gestiones o etapas que corresponde llenar con motivo del ingreso de un escrito y sus trámites posteriores, o de quiénes son los funcionarios que tienen acceso al llenado de ésta y cuándo han realizado dicho acceso y/o registro. Otro tanto ocurre con la designación de los funcionarios responsables del llenado y mantención de la bitácora y para quiénes y con qué fines se lleva o administra, ya que no es que exista un documento que asigne una función o responsabilidad en la tramitación electrónica de un recurso de apelación, sino que más bien corresponde a una función inserta dentro del cargo específico. Tampoco obra en su poder el escrito de apelación con las características requeridas, ello por cuanto el escrito fue remitido electrónicamente. El sistema electrónico tampoco cuenta con atributos informáticos que permita determinar los funcionarios que acceden al expediente electrónico, ni en qué días ni en qué horas. En cuanto al segundo amparo, señala que pueden acceder al sistema la mayor parte de los funcionarios, únicamente quedando restringida la posibilidad de generar un documento a instancias determinadas, instrumentos que se crean utilizando plantillas que vienen pre-cargadas con la firma del juez de segunda instancia, por lo que al sistema no se ingresa ni se firman los documentos con clave o dispositivo electrónico. De esta forma, el sistema electrónico no cuenta con atributos informáticos que permitan establecer quién y cuándo se redactó una determinada resolución o sentencia, ya que el texto entre las versiones "borradores" y la versión definitiva, pueden variar sustancialmente, la única certeza en este caso es sólo el texto y la firma del documento que se notifica.

10) Que, a juicio de este Consejo, las fundamentaciones expresadas por el órgano reclamado resultan a todas luces insuficientes para satisfacer el estándar que se ha definido en los párrafos precedentes para la configuración de la circunstancia de hecho de inexistencia de la información, resultando contradictorias las alegaciones del órgano quien alega que la información, en su generalidad, será utilizada en la defensa judicial del juez árbitro, para luego argumentar su inexistencia. En este mismo sentido, el órgano ha manifestado que los antecedentes solicitados como copia del recurso de apelación y las certificaciones respecto de su interposición pueden ser requeridas por el recurrente al Tribunal en su calidad de parte del juicio, antecedente que da cuenta de la existencia de parte de la información requerida, aspectos que el órgano no ha explicado, ni menos acreditado de manera debida. Lo anterior, lleva a rechazar esta alegación, debiendo acogerse el amparo, ordenándose la entrega de la información solicitada, con excepción de aquella en la que, como explica el órgano, lo requerido corresponde más bien al ejercicio del derecho de petición del artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República, y de la contenida en correos electrónicos.

11) Que, en mérito de lo expuesto en los considerandos precedentes, este Consejo acogerá los presentes amparos, ordenando la entrega de la información requerida; al desestimarse las alegaciones del órgano referidas a la inadmisibilidad de los amparos; rechazarse la verificación de la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra a), de la Ley de Trasparencia; y, al considerarse como no satisfecho el estándar definido para la configuración de la circunstancia de hecho de inexistencia de la información. No obstante, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger los amparos deducidos por don Patricio Elías Sarquis en contra de la Superintendencia de Salud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Salud, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de la información requerida en las solicitudes de acceso a la información pública códigos AO006T0003940 y AO006T0003970.

Lo anterior, con excepción de la explicación fundada de por qué no se tiene o no se acompaña copia del escrito de apelación con las características señaladas, así como también, de aquella correspondiente a correos electrónicos, mencionados en términos generales en las solicitudes.

No obstante, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Patricio Elías Sarquis y al Sr. Superintendente de Salud.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.