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Claudio Eugenio Cofre Soto con CARABINEROS DE CHILE Rol: C5117-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, requiriendo la entrega de la identidad de los funcionarios que se desempeñaron los días consultados en la unidad policial señalada. Lo anterior, debido que se trata de información referida a la función pública, la que según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella. Además, que tampoco se vislumbra que su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado o la seguridad de la Nación, por cuanto no se refiere a labores operativas, implementación de planes u otras actividades de seguridad desarrolladas por los funcionarios policiales, sino solo la identidad de funcionarios que estuvieron de guardia en una determinada unidad policial. Se rechaza el amparo respecto de la identidad de las personas detenidas los días 28 y 29 de enero de 2020 en la unidad policial señalada, por dar cuenta de una situación transitoria, como lo es la detención, por lo tanto, se trata de un dato personal caduco cuya divulgación puede afectar la vida privada de sus titulares, además de ir en contra de la presunción de inocencia establecida como principio del procedimiento penal. Además, se rechaza el amparo respecto de las constancias estampadas por los telefonistas de servicio, grabaciones y hoja de ruta del carro policial individualizado en el requerimiento, respecto a los días 28 y 29 de enero de 2020, por tratarse de información cuya divulgación puede afectar el cumplimiento de las funciones del órgano, la mantención del orden público, así como sus planes operativos o de servicios. Respecto de las comunicaciones que se sostienen entre el automóvil policial consultado y la Central de Comunicaciones de Carabineros de Chile (CENCO) en el mismo sentido se razonó en la decisión de amparo Rol C4049-17. Finalmente, se rechaza respecto de copia de las grabaciones de la cámara de seguridad de la 56 Comisaria de Peñaflor de los días 28 y 29 de enero del año 2020, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por el órgano reclamado en orden a que no cuentan con los antecedentes pedidos, pues sólo son almacenados por 7 días, los que ya habían transcurridos al momento de presentarse el requerimiento - 7 de julio de 2020-, según da cuenta el "Certificado de Servicio" de fecha 4 de agosto de 2020, acompañado por la reclamada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5117-20

Entidad pública: Carabineros de Chile

Requirente: Claudio Eugenio Cofre Soto

Ingreso Consejo: 20.08.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, requiriendo la entrega de la identidad de los funcionarios que se desempeñaron los días consultados en la unidad policial señalada.

Lo anterior, debido que se trata de información referida a la función pública, la que según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella. Además, que tampoco se vislumbra que su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado o la seguridad de la Nación, por cuanto no se refiere a labores operativas, implementación de planes u otras actividades de seguridad desarrolladas por los funcionarios policiales, sino solo la identidad de funcionarios que estuvieron de guardia en una determinada unidad policial.

Se rechaza el amparo respecto de la identidad de las personas detenidas los días 28 y 29 de enero de 2020 en la unidad policial señalada, por dar cuenta de una situación transitoria, como lo es la detención, por lo tanto, se trata de un dato personal caduco cuya divulgación puede afectar la vida privada de sus titulares, además de ir en contra de la presunción de inocencia establecida como principio del procedimiento penal.

Además, se rechaza el amparo respecto de las constancias estampadas por los telefonistas de servicio, grabaciones y hoja de ruta del carro policial individualizado en el requerimiento, respecto a los días 28 y 29 de enero de 2020, por tratarse de información cuya divulgación puede afectar el cumplimiento de las funciones del órgano, la mantención del orden público, así como sus planes operativos o de servicios. Respecto de las comunicaciones que se sostienen entre el automóvil policial consultado y la Central de Comunicaciones de Carabineros de Chile (CENCO) en el mismo sentido se razonó en la decisión de amparo Rol C4049-17.

Finalmente, se rechaza respecto de copia de las grabaciones de la cámara de seguridad de la 56 Comisaria de Peñaflor de los días 28 y 29 de enero del año 2020, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por el órgano reclamado en orden a que no cuentan con los antecedentes pedidos, pues sólo son almacenados por 7 días, los que ya habían transcurridos al momento de presentarse el requerimiento - 7 de julio de 2020-, según da cuenta el "Certificado de Servicio" de fecha 4 de agosto de 2020, acompañado por la reclamada.

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C5117-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 7 de julio de 2020, don Claudio Eugenio Cofre Soto solicitó a Carabineros de Chile, respecto del hecho que detalla, lo siguiente:

a) "saber la identidad de las personas que fueron detenidas permanecieron hasta esa hora en el lugar e incluso fueron llevadas hasta la posta local donde se les constato lesiones".

b) "Asimismo en este mismo orden de cosas de conocer la identidad de cada uno de ellos, solicito la copia del libro de guardia del cuartel de los días 28 y 29 de enero del año 2020 donde conste el ingreso de estas personas en ese cuartel".

c) "copia de los libros de registro de detenidos o imputados de esa unidad policial, identificando a todo el personal de 1ra y 2da guardia de los días 28 y 29 de enero del año 2020".

d) "copias constancias estampadas por los telefonistas de servicio de los días 28 y 29 de enero del año 2020 de esa unidad policial".

e) "las grabaciones de las comunicaciones del carro policial 7812 furgón FZ a cargo del subteniente de carabineros (...) y acompañante cabo 2do. (...) quienes fueron los que detuvieron a...".

f) "hoja de vida y calificaciones de toda la carrera del subteniente de carabineros (...) y acompañante cabo 2do. (...) de dotación de la 56 Comisaria de Carabineros de Peñaflor".

g) "copia de la hoja de ruta del FZ 7812 de la 56 Comisaria respecto del servicio policial de los días 28 y 29 de enero del año 2020, incluyendo copia de la recogida del libro de población del mencionado vehículo policial de los días 28 y 29 de enero del año 2020".

h) "copia del video de la cámara de seguridad de la 56 Comisaria de Carabineros Peñaflor de los días 28 y 29 de enero del año 2020".

2) RESPUESTA: Carabineros de Chile mediante resolución exenta N° 360, de fecha 19 de agosto de 2020, informó respecto de lo solicitado en los literales a), b) y c) del requerimiento, referido a la entrega del registro de las personas detenidas que figuran en el Libro Registro de Detenidos de la 56 Comisaria de Carabineros de Peñaflor; que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 115 Bis-A de la Directiva Complementaria del Reglamento de Documentación N° 22, de Carabineros de Chile, en orden a que "En todas las Guardias de los Cuarteles Institucionales existirá un Libro denominado Registro Público de Detenidos, en el cual se anotará en forma inmediata a su ingreso el nombre y apellidos del detenido, el motivo de la detención y la fecha y hora de su ingreso al Cuartel. // Asimismo, se anotará la fecha y hora en que salga del Cuartel, ya sea por haber sido puesto en libertad o a disposición del tribunal competente o, enviado a un recinto de Gendarmería, de menores, de salud o a otra unidad policial, lo que se indicará en el rubro respectivo, sin perjuicio de las constancias detalladas que deberán quedar en el Libro de Novedades de la Guardia." Por su parte, en el artículo 115 Bis-B, se establece que "El Libro a que se refiere este capítulo será público, debiendo adoptarse en cada Cuartel Institucional las medidas para garantizar su libre acceso y conocimiento a cualquiera persona que lo requiera." Sin embargo, sostienen que el carácter de público de aquel dice referencia únicamente con su revisión en las dependencias del respectivo Cuartel Institucional. De esta forma, consideran que la divulgación de lo pedido podría afectar los derechos de terceros en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en los artículos 2 y 7 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-.. De esta forma, concluyen que la publicidad del registro tiene por finalidad de que terceros puedan ubicar a quien se encuentre privado de libertad en los lugares públicos legalmente destinados para tal efecto. Así, su divulgación significaría una vulneración a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 4 de la Carta fundamental. En tal sentido, hacen presente que en las decisiones de este Consejo que ha requerido a Gendarmería de Chile, la entrega de las nóminas de las personas que están cumpliendo penas efectivas de privación de libertad, ello obedece a que existe de antemano un proceso penal y una sentencia condenatoria firme y ejecutoriada por la cual se encuentran en dicha condición, situación completamente distinta tratándose de las personas que se encuentran "detenidas" y que figuran en el Libro Registro Público de Detenidos, toda vez que la detención, en su sentido amplio, significa una privación de libertad temporal que sufre una persona, ya en el contexto de un proceso penal, o fuera de éste, por diversos motivos. Por consiguiente, al no existir una sentencia condenatoria firme, sumado a que la privación de libertad de por sí limitada en el tiempo, trae consigo que la publicidad del registro de detenidos en los términos solicitados supondría una afectación a la honra de aquellas, puesto que se verían expuestas a una condena previa y a enjuiciamientos sociales y públicos por parte de la sociedad civil, vulnerándose de esta manera el principio de presunción de inocencia. Además, se debe tener presente que el respeto a la vida privada es entendido como la libertad de mantener en la esfera privada ciertas situaciones y vivencias de una persona pertenecientes a lo íntimo, que conlleva el secreto en cuanto a su no divulgación o exposición en el ámbito público. A mayor abundamiento, sostienen que concurre la causal de secreto reserva dispuesta en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo prescrito en la ley N° 19.628.

Por otra parte, en cuanto a lo pedido en literales d), e) y g) de la solicitud, deniegan su acceso por considerar que concurren a su respecto las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar, pues su publicidad significaría dar a conocer los objetivos, alcances, procedimientos policiales e instrucciones sobre la materia pondría en riesgo el éxito de estos, ya que esto se encuentra inserto en los planes operativos institucionales, de esta forma, otorgarían una ventaja táctica que permitiría dar herramientas a quienes desean idear técnicas de ataque que podrían en riesgo la operación policial, como a los funcionarios. A mayor abundamiento, indican que se encuentran impedidos de entregar cualquier información que permita conocer o inferir, procedimientos policiales e instrucciones sobre los mismos, ya que permitiría tener discernimiento acabado de los planes operativos institucionales y la dotación de sus respectivas unidades, provocando un grave desmedro y riesgo para la seguridad de la Nación toda. Lo anterior, puesto que tales procedimientos, son de aplicación general, ello encuentra su fundamento en el respeto a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, y en evitar cualquier sesgo de discriminación o diferencias arbitrarias con respecto a todas y cada una de las personas que habitan la República, cualquiera sea su edad, estirpe o condición. En conclusión, sostienen que la entrega de lo solicitado produciría un daño o detrimento del personal policial, del adecuado mantenimiento del orden y la seguridad de las personas y el debido cumplimiento de las funciones de Carabineros y su interacción con la comunidad.

En cuanto a lo pedido en el literal f) de la solicitud, proporcionan acceso a las hojas de vida, debido a que efectuado el procedimiento dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, sus titulares no se opusieron a la entrega.

Finalmente, en lo referente a lo requerido en el literal h) de la presentación, informan que no existe respaldo de las grabaciones solicitadas toda vez que los registros permanecen almacenados tan solo siete días, por lo que, a la fecha del requerimiento estas ya no estaban disponibles.

3) AMPARO: Con fecha 20 de agosto de 2020, don Claudio Eugenio Cofre Soto dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de Carabineros de Chile, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile mediante Oficio N° E15.649, de fecha 16 de septiembre de 2020, para que presente sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) remita copia de la notificación de la respuesta otorgada; (2°) se refiera a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (3°) explique cómo lo solicitado sobre la identidad de las personas que fueron detenidas y la copia de los libros de registros de detenidos, afectaría los derechos del terceros; (4°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad pública; (5°) en relación a la solicitud del literal h), precise si obra en su poder la grabación solicitada; y, (6°) en caso de obrar en su poder: a) proceda a la conservación de la grabación hasta que la decisión de este Consejo se encuentre firme y ejecutoriada; b) detalle si el segmento de grabación consultado, contiene imágenes de personas naturales identificables; c) en el evento de existir personas naturales identificables, indique si el órgano que representa está en posición de tarjar o anonimizar sus rostros de modo de impedir su identificación; y, d) señale si la grabación objeto del amparo fue remitida a un órgano diverso del que representa, por ejemplo, Juzgado de Policía Local, Juzgado de Garantía o el Ministerio Público

El órgano reclamado por medio de oficio N° 205, de fecha 28 de septiembre de 2020, reiteró lo señalado en su respuesta. Agregando en cuanto a lo pedido en el literal h) de la solicitud, que hicieron presente que la grabación requerida no existía por permanecer almacenados tan solo siete días, por lo que a la fecha de la solicitud ya no se encontraban disponibles.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Con el objeto de resolver acertadamente el presente amparo este Consejo solicitó a Carabineros de Chile mediante correo electrónico de fecha 11 de diciembre de 2020, remita copia de los antecedentes requeridos que obran en su poder.

El órgano reclamado por medio de correo electrónico de fecha 14 de diciembre de 2020, remite la información solicitada, salvo las grabaciones del carro policial señalado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información, circunscribiéndose el objeto de éste a lo pedido en los literales a), b), c), d), e), g), y h) del requerimiento. Al respecto el órgano reclamado alegó la concurrencia de las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 2, N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en la ley N° 19.628 y en el artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar; así como también, la inexistencia de los videos pedidos.

2) Que lo solicitado en los literales a), b) y c) del requerimiento, en lo relativo a acceder a la identidad de las personas detenidas en el lugar y días señalados, fue denegado por el órgano reclamado por considerar que hacerlo público involucra la afectación de derechos de terceros en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en los artículos 2 y 7 de la ley N° 19.628. En este sentido, debemos señalar que aquella información está contenida en el "Libro Registro de Detenidos de la 56 Comisaria de Carabineros de Peñaflor", el que según lo dispuesto en el artículo 19 N° 7 letra d) de la Constitución Política de la República, tendría el carácter de público.

3) Que la identidad de las personas que estuvieron detenidas en la unidad policial consultada, corresponden a datos personales en los términos prescritos en el artículo 2 letra f) de la ley N° 19.628. En tal sentido, se debe considerar que por medio de la ley N° 21.096, que consagra el derecho a protección de los datos personales, se estableció a nivel constitucional el derecho a la protección de dichos datos, incorporándolo en el texto del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República; condición que debe ser considerada al ponderar aquel derecho con la aplicación del derecho de acceso a la información pública. Esto cobra especial relevancia a efectos de elevar el estándar exigido para limitar o restringir el ejercicio de un derecho fundamental.

4) Que, en efecto, si bien el registro solicitado tiene el carácter de público de acuerdo con lo señalado, se debe tener en cuenta el carácter de transitorio de la detención, lo que se encuentra establecido en el mismo artículo 19 N° 7 letra c) de la Constitución Política de la República en el que se señala que "Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes. // Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por cinco días, y hasta por diez días, en el caso que se investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas". De esta forma, se debe resaltar que la detención es de por sí una circunstancia transitoria y temporal, cuyos plazos son acotados y fijados en la Constitución y en la ley; y que incluso puede ser declarada ilegal en los términos dispuestos en el artículo 132 del Código Procesal Penal. Además, no se puede dejar de señalar que dentro de los principios que deben orientar el proceso penal, se encuentra la "Presunción de inocencia del imputado. Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme". (Artículo 4 del Código Procesal Penal)

5) Que el registro al que se quiere acceder corresponde a los días 28 y 29 de enero de 2020, por lo tanto, en virtud de la transitoriedad y temporalidad de la medida que en ellos se informa, la publicidad establecida en el artículo 19 N° 7 letra d) de la Constitución Política de la República se debe armonizar con la protección a los datos personales establecida en el N° 4 del artículo citado y del principio de presunción de inocencia. Además, se debe considerar que, de los antecedentes tenidos a la vista, no existe interés público en que se divulgue aquella información, caso contrario a lo que sucede respecto de los registros de los establecimientos penitenciarios, en cuanto a ejercer control social respecto del cumplimiento efectivo de una condena a pena privativa de libertad decretada por un tribunal de la República.

6) Que, a mayor, abundamiento, cabe hacer presente lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 9 de la ley N° 19.628, en orden a que "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público. // En todo caso, la información debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos". Así como también, lo establecido en el artículo 2 letra d) de la ley citada que define como "Dato caduco, el que ha perdido actualidad por disposición de la ley, por el cumplimiento de la condición o la expiración del plazo señalado para su vigencia o, si no hubiese norma expresa, por el cambio de los hechos o circunstancias que consigna". En el presente caso, estaríamos frente a información no actualizada y caduca ya que la detención informada en dichos registros, ya no se encuentra vigente, aunque aquella haya derivado en una prisión preventiva o incluso en una condena a una pena privativa de libertad de las personas ahí señaladas, pues la condición de "detenido" es esencialmente transitoria y temporal, habiendo transcurrido con creces los plazos establecidos para que aquella siguiera siendo aplicada al momento de presentarse la solicitud de acceso que da origen a este amparo.

7) Que en virtud de lo razonado en los considerandos anteriores se rechazará el amparo respecto a la identidad de las personas detenidas solicitadas en los literales a), b) y c) del requerimiento, por concurrir la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y de la ley N° 19.628.

8) Que el órgano reclamado no se refirió específicamente a lo pedido en el literal c) de la solicitud respecto a la identificación del personal de la primera y segunda guardia que se desempeñaba en la unidad policial consultada los días 28 y 29 de enero del año 2020, por lo que, se concluye que fueron denegados por tratarse de datos personales de los funcionarios policiales en los términos dispuestos en la ley N° 19.628. En tal sentido, se debe considerar que atendido el tipo de labores que desempeñan los funcionarios públicos, como es el caso de los Carabineros, estos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa, este Consejo ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella.

9) Que se requiere el nombre de los funcionarios que se encontraban desempeñando funciones públicas, por lo que, no se tiene por acreditada la afectación alegada. Así como tampoco se vislumbra que su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado o la seguridad de la Nación, por cuanto no se refiere a labores operativas, implementación de planes u otras actividades de seguridad desarrolladas por los funcionarios policiales, sino solo la identidad de aquellos. En consecuencia, se acogerá el amparo en esta parte, requiriendo a Carabineros de Chile entregue acceso a la información solicitada.

10) Que en cuanto a lo requerido en los literales d), e) y g) de la presentación, el órgano reclamado denegó su acceso por considerar que concurren a su respecto las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar.

11) Que, este Consejo, a partir de la decisión del amparo Rol C45-09, ha establecido que el artículo 436 del Código de Justicia Militar posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a título ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, se ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República. Por tanto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

12) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Carabineros de Chile ha señalado que en este caso se configuran las causales de reserva establecida en el artículo 21 N° 3 y N° 5 del de la Ley de Transparencia, puesto que con la entrega de la información solicitada se revelarían los objetivos, alcances, procedimientos policiales e instrucciones sobre la materia pondría en riesgo el éxito de estos, ya que esto se encuentra inserto en los planes operativos institucionales, de esta forma, otorgarían una ventaja táctica que permitiría dar herramientas a quienes desean idear técnicas de ataque que podrían en riesgo la operación policial, como a los funcionarios. Además, sostienen que se encuentran impedidos de entregar cualquier antecedente que permita conocer o inferir, procedimientos policiales e instrucciones sobre los mismos, ya que permitiría tener discernimiento acabado de los planes operativos institucionales y la dotación de sus respectivas Unidades, provocando un grave desmedro y riesgo para la seguridad de la Nación toda; pues aquellos son de aplicación general.

13) Que, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad, especialmente considerando que conforme a lo establecido en el artículo 11 letra c) de la Ley de Transparencia, los antecedentes que obran en poder de los órganos de la Administración del Estado se presumen públicos, a menos que concurra una causal de secreto o reserva, la que en este caso se acredita, pues, a juicio de este Consejo, tal argumentación, señala de manera concreta, el daño que provocaría la entrega de lo requerido.

14) Que cabe hacer presente que si bien este Consejo ha otorgado acceso a documentos como los solicitados en los literales d) y g) del requerimiento, aquello sólo en lo concerniente a hechos particulares en que estaban involucrados la persona que requería la información, ya sea personalmente o representada. Sin embargo, en el presente caso se pide íntegramente copia de los registros de los telefonistas y de la hoja de ruta de automóvil policial respecto de 2 días enteros, y tras la revisión de estos se concluye que resulta plausible la alegación realizada por el órgano reclamado. Además, se debe considerar que aquellos contienen una gran cantidad de datos personales de terceros, por lo que, resulta difícil la aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 literal e) de la Ley de Transparencia, por lo que, en virtud de lo expuesto precedentemente, también resultaría aplicable la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la ley señalada, en relación con lo prescrito por la ley N° 19.628. A mayor abundamiento, los antecedentes requeridos relativos al representado del reclamante pueden ser solicitados en la causa penal seguida respecto de los ilícitos imputados que motivaron su detención durante los días consultados, constituyendo esta una vía idónea para acceder a ellos.

15) Que, por su parte, en cuanto a las grabaciones solicitadas en el literal e) del requerimiento, resulta plausible que la revelación de las comunicaciones que se sostienen entre el automóvil policial consultado y la Central de Comunicaciones de Carabineros de Chile (CENCO) en el marco de distintos procedimientos que llevaron a cabo los días de enero señalado, tiene la entidad suficiente como para dar cuenta de los planes de operación o de servicio de Carabineros de Chile, afectándose de así la eficiencia policial de dicha Institución, y con ello el orden y la seguridad pública. En el mismo sentido se razonó en la decisión del amparo Rol C4049-17.

16) Que, en consecuencia, revelar la información solicitada pondría en riesgo los planes operativos y la estrategia policial preventiva que establece Carabineros de Chile para el cumplimiento de su misión en la mantención del orden y la seguridad pública, pues se podría determinar la forma de vulnerar o quebrantar la eficiencia policial en un determinado sector poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía y la de los funcionarios policiales llamados a otorgar dicha protección, con lo cual se configura la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar, y en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, razón por la cual se rechazará el presente amparo en estos literales.

17) Que, en cuanto a lo pedido en el literal h) de la solicitud, el órgano reclamado alegó que no cuentan con aquello, al respecto cabe hacer presente que la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual ésta no obra en su poder, y debe ser acreditada en forma fehaciente. En la especie, Carabineros de Chile informó que no existe respaldo de las grabaciones requeridas correspondientes a los días 28 y 29 de enero de 2020, debido a que aquellas permanecen almacenadas sólo siete días, por lo que, a la fecha de la solicitud - 7 de julio de 2020- no se encontraban disponibles. Lo anterior, consta en "Certificado de Servicio" suscrito por el Comisario, de fecha 4 de agosto de 2020.

18) Que, en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, que establece que sólo será pública la información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. De esta forma, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por Carabineros de Chile en orden a que no cuentan con los antecedentes pedidos, se rechazará el presente amparo en este literal.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Claudio Eugenio Cofre Soto en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile, lo siguiente:

a) Entregar al reclamante la identidad de los funcionarios policiales consultados en el literal c) del requerimiento.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Se rechaza el amparo respecto de lo solicitado en los literales a), b) y c) referidos a la identidad de los detenidos; y en las letras d), e) y g), por concurrir a su respecto las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 2, N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última con relación a lo establecido en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, respectivamente, y en el literal h) del requerimiento, por no obrar en poder del órgano reclamado, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Claudio Eugenio Cofre Soto y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.