logo
 

Patricio Elías Sarquis con SUPERINTENDENCIA DE SALUD Rol: C5058-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Salud, ordenando la entrega de la información correspondiente a copia de todo antecedente en virtud del cual doña María Angélica Barros Lira, revisó y redactó: la versión final presentada sólo para firma del Superintendente, de la sentencia definitiva de segunda instancia en el expediente arbitral N° 10773-2018; y, el informe del recurso de queja ordenado en autos Rol N° 14.327-2019 seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Lo anterior, por cuanto, se desestima la alegación referida a la inadmisibilidad del amparo, toda vez que, la solicitud fue realizada ante un órgano de la Administración del Estado y en materias de su competencia; y, se descarta la configuración de la circunstancia de hecho de inexistencia de la información, al no encontrarse satisfecho el estándar que para su acreditación ha establecido la jurisprudencia de este Consejo, procediendo que se ordene su entrega, con excepción de aquella correspondiente a correos electrónicos, por configurarse a su respecto la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes antes indicados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. Se rechaza el amparo respecto de la entrega de la información requerida en el primer apartado de la solicitud, referida a la primera funcionaria consultada, toda vez que los documentos que acompañó el reclamante solo dan cuenta de la relación social que mantienen las dos personas consultadas y en cuanto a la información proveniente de la red social LinkedIn, aquella es proporcionada y publicada por la propia usuaria, por lo que, malamente puede servir de antecedente para afirmar, con su solo mérito, que la persona en cuestión desempeña a la fecha el cargo que indica. También, se rechaza aquella contenida en el tercer apartado, alusiva a ambas funcionarias; toda vez que, del mérito de los antecedentes tenidos a la vista, es posible tener por atendida la solicitud, habiendo proporcionado el órgano la información que obraba en su poder. Se desestima la verificación de la causal de reserva o secreto de afectación a las funciones del órgano, alegada de manera subsidiaria, al no explicar ni acreditar la reclamada de qué manera se verían afectadas en la actualidad sus funciones con la publicidad de los antecedentes, desestimándose por ello la configuración de la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, al no advertirse una expectativa razonable de daño o afectación, presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. Finalmente, se representa a la Superintendencia de Salud la infracción al artículo 13 de la Ley de Transparencia, al no haber derivado parcialmente la solicitud de información de manera oportuna, relativo a la declaración de intereses y patrimonio realizadas conforme a la ley N° 20.880, haciéndolo solo con ocasión de la tramitación del presente amparo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos  Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5058-20

Entidad pública: Superintendencia de Salud

Requirente: Patricio Elías Sarquis

Ingreso Consejo: 19.08.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Salud, ordenando la entrega de la información correspondiente a copia de todo antecedente en virtud del cual doña María Angélica Barros Lira, revisó y redactó: la versión final presentada sólo para firma del Superintendente, de la sentencia definitiva de segunda instancia en el expediente arbitral N° 10773-2018; y, el informe del recurso de queja ordenado en autos Rol N° 14.327-2019 seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Lo anterior, por cuanto, se desestima la alegación referida a la inadmisibilidad del amparo, toda vez que, la solicitud fue realizada ante un órgano de la Administración del Estado y en materias de su competencia; y, se descarta la configuración de la circunstancia de hecho de inexistencia de la información, al no encontrarse satisfecho el estándar que para su acreditación ha establecido la jurisprudencia de este Consejo, procediendo que se ordene su entrega, con excepción de aquella correspondiente a correos electrónicos, por configurarse a su respecto la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia.

Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes antes indicados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

Se rechaza el amparo respecto de la entrega de la información requerida en el primer apartado de la solicitud, referida a la primera funcionaria consultada, toda vez que los documentos que acompañó el reclamante solo dan cuenta de la relación social que mantienen las dos personas consultadas y en cuanto a la información proveniente de la red social LinkedIn, aquella es proporcionada y publicada por la propia usuaria, por lo que, malamente puede servir de antecedente para afirmar, con su solo mérito, que la persona en cuestión desempeña a la fecha el cargo que indica. También, se rechaza aquella contenida en el tercer apartado, alusiva a ambas funcionarias; toda vez que, del mérito de los antecedentes tenidos a la vista, es posible tener por atendida la solicitud, habiendo proporcionado el órgano la información que obraba en su poder.

Se desestima la verificación de la causal de reserva o secreto de afectación a las funciones del órgano, alegada de manera subsidiaria, al no explicar ni acreditar la reclamada de qué manera se verían afectadas en la actualidad sus funciones con la publicidad de los antecedentes, desestimándose por ello la configuración de la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, al no advertirse una expectativa razonable de daño o afectación, presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

Finalmente, se representa a la Superintendencia de Salud la infracción al artículo 13 de la Ley de Transparencia, al no haber derivado parcialmente la solicitud de información de manera oportuna, relativo a la declaración de intereses y patrimonio realizadas conforme a la ley N° 20.880, haciéndolo solo con ocasión de la tramitación del presente amparo.

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5058-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de julio de 2020, don Patricio Elías Sarquis solicitó a la Superintendencia de Salud la siguiente información:

"En relación a doña Marcela Alejandra Palma San Miguel, abogada, ex fiscal de la Superintendencia de Salud, solicito:

1) Se me entregue copia de su contrato de trabajo, con sus modificaciones, adendum, anexos y finiquito, así como todos los antecedentes en virtud de los cuales se produjo su desvinculación o término de su relación con la Superintendencia de Salud en el año 2019.

2) Además, solicito se me entregue copia de todos sus antecedentes laborales que obren en poder de la Superintendencia de Salud, en relación a sus trabajos previos para una o más empresas del Grupo Cruz Blanca y/o Bupa Chile, que se hayan tenido presentes al momento de su contratación por la Superintendencia de Salud y/o durante el tiempo que prestó servicios para ésta.

3) Solicito su declaración de intereses y patrimonio, realizada en el año 2019, conforme a la ley N° 20.880.

4) A su vez, solicito se me entreguen el listado de todas sus audiencias conforme a la ley del lobby durante el tiempo que prestó servicios como Fiscal de la Superintendencia de Salud en el año 2019, incluyendo asistentes, fecha, duración, materia y de haber acta de ello.

5) Solicito copia de todo correo electrónico, email, instructivo o documento en general en donde conste que doña Marcela Alejandra Palma San Miguel, durante el año 2019, se excusó de conocer y/o de resolver algún asunto dentro de su competencia como fiscal de la Superintendencia de Salud, en cumplimiento de su deber de abstención por un posible conflicto de intereses en relación a Isapre Cruz Blanca y/o alguna otra empresa del Grupo Bupa en Chile.

Por otra parte, en relación a doña María Angélica Barros Lira, abogada, fiscal subrogante de la Superintendencia de Salud:

A) Solicito copia de todo instructivo, instrucción, orden, manual, email, normativa, sorteo y/o antecedente en virtud del cual doña María Angélica Barros Lira, abogada, fiscal subrogante de la Superintendencia de Salud recibió, revisó y redactó la versión final presentada sólo para firma del Superintendente de Salud, de la sentencia definitiva de segunda instancia del 25 de octubre de 2019, en el expediente arbitral N° 10773-2018, seguidos ante la misma Superintendencia de Salud.

B) Solicito copia de todo instructivo, instrucción, orden, manual, email, normativa, sorteo y/o antecedente en virtud del cual doña María Angélica Barros Lira, abogada, fiscal subrogante de la Superintendencia de Salud recibió, revisó y redactó la versión final presentada sólo para firma del Superintendente de Salud, respecto del informe del recurso de queja ordenado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en autos Rol N° 14.327-2019.

Por último, en relación a doña Marcela Alejandra Palma San Miguel y doña María Angélica Barros Lira:

i) Solicito se me entregue copia de todos los correos electrónicos, memorándum, actas de reuniones, instructivos y demás antecedentes que, Marcela Alejandra Palma San Miguel envió, firmó y/o recibió de María Angélica Barros Lira, o viceversa, entre el 1 de agosto de 2019 y el día 25 de octubre de 2019; y, copia o impresión de todo correo, email, instrucción, memorandum, resolución, sentencia, proyecto de resolución o de sentencia, revisión, minuta o documento, de toda especie o naturaleza, que doña Marcela Alejandra Palma San Miguel, haya visto, revisado, redactado, firmado, recibido y/o entregado en relación al expediente arbitral N° 10.773-2018 seguidos ante el Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud en primera instancia y ante el Superintendente de Salud en segunda instancia, entre el 1 de agosto de 2019 y el 25 de octubre de 2019.

ii) Copia o impresión de la agenda de ambas funcionarias, para el cumplimiento de su función pública, entre el 1 de agosto de 2019 y el 25 de octubre de 2019".

2) RESPUESTA: El 11 de agosto de 2020, a través de Ord. N° 2024, la Superintendencia de Salud respondió al requerimiento de información indicando que se adjuntan documentos de la exfuncionaria Marcela Palma, correspondientes a su nombramiento, contrata, renuncia y certificado de antecedentes laborales en BUPA.

En cuanto a las declaraciones de intereses y patrimonio, indica que se encuentran en poder de la Contraloría General de la República, pudiendo ser consultadas directamente a través del link de Declaración y Patrimonio de esa entidad.

En relación al punto 4) de la solicitud, referido al listado de todas las audiencias de lobby de la Sra. Palma mientras prestó servicios profesionales en la Superintendencia, adjunta planilla Excel que detalla en la hoja 1 las reuniones realizadas y en la hoja 2 las audiencias que se solicitaron pero que fueron rechazadas.

3) AMPARO: El 19 de agosto de 2020, don Patricio Elías Sarquis dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la recepción de respuesta incompleta o parcial. Además, el reclamante hizo presente que, en relación a doña Marcela Alejandra Palma San Miguel, no se entregó copia de su contrato de trabajo, ni sus modificaciones, adendum, anexos y finiquito, acompañándose únicamente las resoluciones TRA. En relación a los antecedentes en virtud de los cuales se produjo su desvinculación o término de relación laboral, únicamente se acompañó resolución que acepta su renuncia, en circunstancias que ese mismo documento se hace referencia a carta presentada por la funcionaria el 27 de junio de 2019, en la cual solicita se acepte su renuncia voluntaria al cargo de fiscal ADP, a partir del 8 de agosto de 2019, la que no fue entregada.

A su vez, se entregó copia de certificado de Bupa Servicios Clínicos S.A., de fecha 20 de septiembre de 2018, que da cuenta que la funcionaria en cuestión, a la fecha de otorgamiento del certificado y a partir del 15 de mayo de 2017: (i) se desempeñó en el cargo de abogado, siendo la responsable de los asuntos legales de la Clínica Bupa Santiago, (ii) su contrato era de carácter indefinido; y, (iii) era parte del equipo directivo de la clínica Bupa Santiago.

Respecto de la declaración de intereses y patrimonio, consultado el link indicado en la respuesta, no se encontró la declaración pedida, relativa a la funcionaria en comento.

Tratándose del listado de todas las audiencias conforme a la ley del lobby, se acompañó planilla Excel denominada "Reporte Solicitudes Audiencias", con indicación de las realizadas y rechazadas, pero ella no da cuenta de la fecha de realización de la misma (pues únicamente da cuenta de la fecha en que se agendó, pero sin dejar constancia de si la referida audiencia finalmente se realizó o no), misma situación se verifica respecto de los asistentes que son aquellos indicados para "agendar" la audiencia, pero no consta si efectivamente son quienes concurrieron finalmente, ni la duración de la misma. Tampoco se acompañó, en ninguno de los casos, copia del acta respectiva, documento que debe generarse luego de la realización de cada una de las audiencias.

Luego, en el caso de la solicitud de antecedentes referidos al ejercicio del deber de abstención, no se acompañó información alguna, ni se indicó razón o motivo para no haberlo hecho.

En relación a las solicitudes que hacían referencia a doña María Angelica Barros Lira, abogada, fiscal subrogante de la Superintendencia de Salud, y, a dicha funcionaria en relación con doña Marcela Alejandra Palma San Miguel, no se entregó información alguna, ni se indicó razón o motivo para no haberlo hecho.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Salud, mediante Oficio E15008, de 4 de septiembre de 2020, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Mediante Ord. SS/N° 2388, de fecha 22 de septiembre de 2020, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, manifestó que el recurrente postula que, respecto de la primera funcionaria consultada, no se le habría entregado copia de su contrato de trabajo, ni sus modificaciones, adendum, anexos y finiquito, llamando la atención que el reclamante, siendo un reconocido abogado, realice este tipo de solicitud, por cuanto sabe que la relación entre el Estado y sus funcionarios no se materializa mediante la celebración de un contrato de trabajo, sino por la dictación de los correspondientes actos administrativos, razón por la cual no se puede hacer entrega de lo solicitado, simplemente porque no existen tales antecedentes.

En relación con la carta de renuncia que motivó la Resolución Exenta RA N° 882/112/2019, efectivamente, tratándose de un fundamento del acto administrativo en cuestión, se ha procedido a entregar al requirente la carta de 27 de junio de 2019, de la funcionaria aludida.

Señala que, si no se acompañó documento alguno en que la funcionaria se excusara de conocer y/o resolver algún asunto dentro de su competencia como fiscal de la Superintendencia de Salud, en cumplimiento de su deber de abstención por un posible conflicto de intereses en relación a Isapre Cruz Blanca y/o alguna otra empresa del grupo Bupa en Chile, fue lisa y llanamente porque no existe ningún documento en que la referida funcionaria expresara su deber de abstención.

Respecto del listado de audiencias, conforme a la ley del lobby, que la funcionaria realizó durante el tiempo que prestó servicios como Fiscal de la Superintendencia de Salud en el año 2019, indica que el recurrente hace una mala y errada lectura de la planilla Excel que se le remitió, ya que, en dicho archivo constan 3 audiencias, que se desglosan de la siguiente manera: a) Una realizada el 23 de octubre de 2018, en calidad de Jefa de Gabinete. b) Dos rechazadas de 12 de abril y 26 de junio, de 2019, respectivamente, en calidad de Fiscal de la Superintendencia de Salud.

Entonces, la única audiencia realizada por la funcionaria, no corresponde al año 2019 y tampoco se efectuó en la calidad de Fiscal de la Superintendencia de Salud, esta única audiencia se efectuó el año 2018 y en calidad de Jefa de Gabinete, por lo cual no correspondía indicar mayores antecedentes al respecto, por cuanto la información solicitada por el recurrente no existe, es decir, no correspondía al año 2019 ni tampoco era en calidad de Fiscal, lo que indica claramente el detalle de la planilla. Lo mismo ocurre con las audiencias rechazadas, ya que éstas no se realizaron, por lo cual, malamente se puede entregar información en relación a asistentes o duración de las mismas. Todo lo anterior se puede corroborar en la Plataforma de Ley de Lobby de la Superintendencia de Salud, en la sección "Audiencias".

Finalmente, cabe indicar que la Ley N° 20.730 no contempla la obligación de levantar actas de las audiencias efectuadas, por lo que la Superintendencia no levanta actas de las reuniones celebradas en consideración a esta ley, y por tanto, dichas actas no existen.

Luego, respecto de los antecedentes de la segunda funcionaria doña María Angélica Barros Lira, alega la inadmisibilidad del amparo, ya que al Tribunal Arbitral de la Superintendencia de Salud no le resultan aplicables las normas de la Ley N° 20.285, por no ser un Órgano de la Administración del Estado, siendo sus decisiones sólo revisadas por el Poder Judicial a través del Recurso de Queja, habiendo declarado la Contraloría General de la República que no posee facultades de fiscalización en relación a este Tribunal Especial. Ello, en aplicación de los artículos 1, 8 y 24 de la Ley de Transparencia y del artículo 2 de su Reglamento.

Al interior de la Superintendencia, existe el Tribunal Arbitral, que es un Tribunal unipersonal de doble instancia, creado por Ley, y que se constituye en conformidad a lo establecido en los artículos 117 y siguientes del DFL N° l, de 2005, de Salud. Tanto el Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud como el Superintendente de Salud se encuentran investidos de la calidad de jueces árbitro y resuelven las controversias no teniendo presente la misión y objetivos institucionales de la Superintendencia como Organismo Administrativo Fiscalizador, sino de conformidad con lo prevenido en el artículo 223, inciso tercero, del Código Orgánico de Tribunales y el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, esto es, obedeciendo a su prudencia y equidad, encontrándonos en presencia de un tribunal unipersonal de doble instancia que cumple con la definición establecida en el inciso cuarto del artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales y es calificado como un Tribunal Especial de la República.

En otras palabras, son totalmente distintos los requerimientos que se formulan al Tribunal Arbitral de la Superintendencia, de los que se formulan a la Superintendencia como organismo fiscalizador administrativo.

Así, la calidad de Tribunal Especial del Tribunal Arbitral de la Superintendencia de Salud está dada, precisamente, por cuanto sus decisiones son jurisdiccionales, y por tanto, son objeto de supervigilancia y revisión por el Poder Judicial, mediante la interposición de Recursos de Queja, los cuales no tienen por objeto controvertir decisiones administrativas, sino actuaciones jurisdiccionales.

Hace presente que los juicios arbitrales no son expedientes públicos, sino que son expedientes reservados, de acuerdo a la normativa que los rige, y en el juicio arbitral N° 10.773-2018, el reclamante actuó como abogado de la parte demandante, y por ello, lo que se pretende a través de estas presentaciones, es obtener información vinculada a la forma en cómo resolvió un Juez de la República, situación que no enmarca dentro del ámbito de aplicación de la Ley N° 20.285.

De esta manera, cuando el recurrente solicita, por ejemplo, copia de todo instructivo, instrucción, orden, manual, email, normativa, sorteo y/o antecedente en virtud del cual doña María Angélica Barros Lira recibió, revisó y redactó la versión final presentada para firma del Superintendente de Salud, de la sentencia definitiva de segunda instancia del 25 de octubre de 2019, en el expediente arbitral N° 10773-2018, lo que está solicitando es información relacionada con la decisión de un juez, siendo que el recurrente es parte de la misma, es decir, lo que se pretende es que se le entreguen son los antecedentes de un fallo, no abarcando el derecho de acceso a la información los actos preparativos de un fallo judicial.

Resulta tan evidente que nos encontramos frente a actuaciones jurisdiccionales, que el propio recurrente ha interpuesto un Recurso de Queja ante la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 14327-2019, en contra de don Patricio Fernández Pérez (y no en contra de la Superintendencia de Salud como "Órgano de la Administración del Estado), el cual a la fecha se encuentra en actual tramitación.

Sin perjuicio de lo anterior, respecto de la solicitud de la letra a), referido a la segunda funcionaria, señala que no existen instructivos, instrucciones, órdenes, manuales, normativas u otros similares en relación a cómo revisar y redactar (y en definitiva resolver) un juicio arbitral, primero, por cuanto los hechos de todos los casos son diversos entre sí, lo que impide establecer reglas generales que permitan sostener y generar una normativa estándar para ello, y segundo, la sola existencia de instructivos al respecto pugnaría con la naturaleza de la facultad de la judicatura de resolver conforme a lo que le dicten su prudencia y equidad, debiendo recordar que dicha atribución le permite precisamente fallar incluso contra norma jurídica, por lo que resultaría totalmente contradictorio que el Juez deba someterse a una instrucción preestablecida.

Tratándose de lo requerido en la letra b), señala que son los antecedentes preparativos de la propia defensa judicial, los que no pueden ser requeridos por la contraparte del juicio, ya que el reclamante intenta a través de la solicitud de acceso a la información y posterior amparo, conocer la línea estratégica seguida para la defensa del Juez árbitro, con lo que se conculca el derecho de defensa de aquel.

Además, por tratarse de información del Tribunal Arbitral, ni siquiera nos encontramos frente a la hipótesis del artículo 21, N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 7 de su Reglamento, pero sin perjuicio de ello, la normativa alude a antecedentes "destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico", es decir, son antecedentes que apoyan la posición del órgano, que contribuyen a su defensa, pero no de aquellos que constituyen la defensa misma, los antecedentes preparativos de la defensa no pueden constituir información pública, y en general, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido la imposibilidad de entrega de cualquier acto preparatorio.

Sin perjuicio de lo anterior, dado que el Superintendente como Juez de segunda instancia del Tribunal Arbitral resuelve basado en razones de prudencia y equidad no existe de manera preestablecida ningún instructivo, instrucción, orden, manual, email y/o normativa para recibir, revisar y, particularmente, para redactar la versión final de un informe de Recurso de Queja, por lo que lo solicitado por el recurrente no existe.

En cuanto a los antecedentes relativos a doña Marcela Palma San Miguel y doña María Angélica Barros Lira, afirma que la información solicitada no existe.

En efecto, doña Marcela Palma San Miguel presentó su carta de renuncia con fecha 27 de junio de 2019 y a partir de dicha data hizo uso de su feriado legal, como lo comprueba la Resolución Exenta RRHH N° 345, por lo que no ejerció su cargo desde el 28 de junio hasta el 7 de agosto de 2019. Seguidamente, la carta de renuncia indicaba que ésta se hacía efectiva a partir del día 8 de agosto de 2019, situación que se constata con la Resolución Exenta RA N° 882/112/2019.

Todo lo anterior permite establecer que doña Marcela Palma San Miguel no regresó a la Superintendencia de Salud ni ejerció su cargo desde el 27 de junio de 2019, y consecuencialmente, tampoco en el período solicitado, esto es, entre el 1 de agosto de 2019 y el 25 de octubre de 2019, por lo que, no pudo enviar ni recibir de doña María Angélica Barros Lira, algún correo electrónico, memorándum, acta de reunión, instructivo y demás antecedentes en dicho período, por lo que la información solicitada no existe. Lo requerido en segundo lugar en este apartado, tampoco existe, por la misma razón que en el caso anterior.

En relación a la agenda de doña Marcela Palma San Miguel, señala que no existe por las razones ya expuestas precedentemente, referidas a la renuncia de esta funcionaria y al no ejercicio de sus funciones desde el 28 de junio de 2019, cesando efectivamente en ellas el 8 de agosto de 2019. En relación a la agenda de doña María Angélica Barros Lira ésta se ha procedido a entregar al requirente mediante correo electrónico, debiendo hacer presente que el sistema de agenda sólo permite consignar la actividad, mas no permite registrar otros datos, como duración de la reunión o participante, ya que es lisa y llanamente un registro calendario.

Por otra parte, de manera subsidiaria, alega que la información solicitada configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21, N° 1, letra a), de la Ley N° 20.285, toda vez que, el Recurso de Queja presentado en contra del Superintendente de Salud en su calidad de juez árbitro, y respecto del cual el recurrente es su patrocinante, versa en relación al juicio arbitral Rol N° 10773- 2018, y la información que solicita redunda en respaldar la posición jurídica esta parte.

Luego, se refiere a la situación de los correos electrónicos solicitados, indica que no se han formulado comunicaciones a terceros, por cuanto, de acuerdo a la jurisprudencia de este Consejo, los emails no constituyen información pública, configurándose a su respecto la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia.

5) PRESENTACIÓN DEL RECLAMANTE: A través de presentación de fecha 28 de septiembre de 2020, el reclamante manifestó que solicita tener presente omisión de información relevante, ya que, conforme se acreditaría de los documentos que acompaña, la Superintendencia de Salud omitió indicar que la Sra. Palma San Miguel, desde septiembre de 2018, hasta al menos el 14 de septiembre de 2020 se desempeña como abogado y Jefa de Gabinete del Superintendente de Salud. Lo anterior, además de ser una manifiesta falta de probidad, de transparencia y de imparcialidad, revela una reprochable actitud que pide se sancione.

Lo anterior, constaría en documento electrónico que acompaña, denominado Acta Certificación Facebook, de fecha 15 de septiembre de 2020, otorgada por el notario titular de la 22° Notaría de Santiago, consistente en el acta de diligencia del 14 de septiembre de 2020, a las 13:15 horas, realizada a requerimiento del reclamante, con impresión de diversas páginas de Facebook de la Sra. Vergara Ruiz, y de Linkedin de la Sra. Palma San Miguel, con impresión certificada por dicho ministro de fe, donde se constata que: "En el buscador escribí el nombre Ana María Vergara Ruiz, pinché en su nombre y apareció su página de Facebook. Al pinchar en su fotografía principal, accedí a los comentarios "me gusta" y en el banner que apareció, figura comentando la fotografía de doña Ana María Vergara Ruiz de fecha 30 de Diciembre de 2019, doña Marcela Palma San Miguel "Te ves hermosa Anita." A lo que contesta "son mis hermosos aros!!!". Al pinchar la fotografía principal, accedí a los "likes" y aparece uno enviado por Marcela Palma San Miguel. Accedí a la fotografía de fecha 2 de Octubre de 2015, y al revisar los "likes", constaté que aparece uno enviado por doña Marcela Palma San Miguel. En el buscador de Google, digité Marcela Palma San Miguel linkedin, en donde aparecen las imágenes que se adjuntan a la presente acta".

Destaca que, en la impresión del perfil de LinkedIn que consta en el acta notarial, la Sra. Palma San Miguel, como experiencia laboral, consigna (entre otras):

- Abogado Grupo Cruz Blanca, desde mayo de 2017, hasta noviembre de 2018.

- Fiscal Superintendencia de Salud, desde enero de 2019, hasta agosto de 2019.

- Abogado y Jefa de Gabinete Superintendente de Salud, desde septiembre de 2018, hasta la actualidad, es decir, sigue siendo abogada y Jefa del Gabinete del Superintendente de Salud, al menos al 14 de septiembre de 2020.

6) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo expuesto en el número 5 de esta parte expositiva, este Consejo, mediante oficio E16407, de 29 de septiembre de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información remitida por el órgano, y en el último caso, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada.

A través de correo electrónico del 5 de octubre de 2020, el reclamante manifestó que la información proporcionada no satisface el requerimiento, explicando que lo pedido y lo incumplido, corresponde a lo siguiente:

- Respecto de la primera funcionaria consultada, al número 1) señala que se cumplió parcialmente con lo pedido. Sólo se acompañó una carta de renuncia y no se entregó nada más de lo pedido. Además, en dicha carta de renuncia, no constan motivos ni otros antecedentes del término de la relación laboral y se limita sólo a su cargo como fiscal, no se refiere respecto al cargo de abogado y jefa de gabinete del Superintendente de Salud, cargo en el cual fue designada en septiembre de 2018 y se ha mantenido al menos hasta septiembre de 2020, mientras prestaba servicios como abogado del Grupo Cruz Blanca, según se acredita en acta notarial acompañada. El número 2), se cumplió parcialmente con lo pedido, sólo se entregó una carta de referencia laboral de Clínica Bupa Santiago. En el punto 3, no se cumplió con lo pedido, siendo obligatoria conforme a la ley citada. Numeral 4) sólo se cumplió parcialmente con lo pedido, se entregó una referencia de audiencia, sin más especificación. Todo el resto se incumplió. Y, el punto 5) se incumplió totalmente, sin expresión de causa o motivo.

- Tratándose de lo consultado en relación con la segunda funcionaria, manifiesta que se incumplió totalmente, sin expresión de causa o motivo, en ambos literales A) y B).

- En el caso de lo requerido en relación con ambas funcionarias, explica que sobre el punto i), se incumplió totalmente la petición, sin expresión de causa o motivo. Por su parte, en el punto ii), indica que se cumplió parcialmente con la entrega de la información, ya que se proporcionó sólo el aparente pantallazo de la agenda electrónica de ambas funcionarias en forma parcial, incompleta y sin ninguna declaración o constancia de que, los hechos en éstas consignados sean correlativos a las agendas íntegras de ambas funcionarias y por todas las actividades que en ejercicio de su función pública hayan desarrollado entre el 1 de agosto de 2019 y el 24 de octubre de 2019, sin expresión de causa o motivo. Resulta inverosímil la información entregada por ser manifiestamente incompleta y no fidedigna, sin ninguna declaración o aclaración respecto del resto de las actividades u otras agendas distintas a la electrónica copiada. En suma, no se entregó la agenda completa de ambas funcionarias para el cumplimiento de su función pública entre las fechas señaladas.

7) PRESENTACIÓN DEL RECLAMANTE: A través de presentación de fecha 27 de noviembre de 2020, el reclamante solicitó tener presente que, en la respuesta entregada por la Superintendencia de Salud, a través de Ord. N° 2024 de fecha 11 de agosto de 2020, no se establece, reconoce considera y/o hace mención expresa alguna de los cargos de doña Marcela Alejandra Palma San Miguel como abogado del Superintendente, Jefa de Gabinete del Superintendente y Superintendente Subrogante. En efecto, se acompañaron resoluciones TRA N° 882/33/2018 y TRA N° 882/12/2019, que resuelven la contratación de la señora Palma San Miguel como profesional y como fiscal, respectivamente, pero en ningún caso se hace mención a los cargos indicados. Lo anterior, es sin perjuicio de que, en ejercicio de una función pública, debe existir un acto público, escriturado y transparente dónde consten las funciones y descripción del cargo, pudiéndose hacer sólo aquello que está permitido. En este caso, no se identifica ni siquiera el cargo del jefe de gabinete y tampoco el de abogado del Superintendente.

8) COMPLEMENTACIÓN PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: Luego, a través de correo electrónico de fecha 27 de noviembre de 2020, este Consejo solicitó al reclamante complementar el pronunciamiento emitido, teniendo a la vista las argumentaciones que el órgano manifiesta en sus descargos, los cuales se acompañaron a la comunicación, las que se refieren a cada uno de los puntos observados por el solicitante en el aludido pronunciamiento de fecha 5 de octubre de 2020.

A la fecha de la presente decisión, no se ha recibido comunicación alguna de parte del reclamante en los términos señalados, encontrándose vencido el plazo otorgado para aquello.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la entrega parcial de la información solicitada, referida, en términos generales, a antecedentes asociados con dos funcionarias públicas de la Superintendencia de Salud, según se detalló en el número 1 de la parte expositiva. Al respecto, el órgano reclamado ha manifestado que tratándose de la primera funcionaria ha proporcionado todos los antecedentes que obran en su poder; mientras que, en el caso de la información asociada a la segunda persona, alega la inadmisibilidad del amparo, ya que al Tribunal Arbitral de la Superintendencia de Salud no le resultarían aplicables las normas de la Ley N° 20.285, por no ser un Órgano de la Administración del Estado, sin perjuicio de lo cual, alega la inexistencia de la información requerida en la letra a), y que la pedida en la letra b), corresponde a antecedentes preparativos de su defensa judicial, los que no pueden ser requeridos por la contraparte del juicio; luego, en relación con la información referida a ambas funcionarias, alega su inexistencia; finalmente, de manera subsidiaria, invoca la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia.

2) Que, en dicho marco, corresponde en primer término referirse a la entrega de la información requerida en el primer apartado de la solicitud, respecto de la cual, el órgano explica que, la relación entre el Estado y sus funcionarios no se materializa mediante la celebración de un contrato de trabajo, sino por actos administrativos, razón por la cual no se puede hacer entrega de lo solicitado; en relación a la carta de renuncia que motivó la Resolución Exenta RA N° 882/112/2019, reconoce que, tratándose del fundamento del acto administrativo, procede su entrega; afirma que si no se entregaron documentos relacionados con el ejercicio del deber de abstención, fue porque no existe ningún documento en que la funcionaria expresara su deber de abstención; respecto del listado de audiencias, conforme a la ley del lobby, que la funcionaria realizó durante el tiempo que prestó servicios como Fiscal de la Superintendencia de Salud en el año 2019, indica que el recurrente hace una errada lectura de la planilla que se le remitió, ya que, la única audiencia realizada por la funcionaria, no corresponde al año 2019 y tampoco se efectuó en la calidad de Fiscal, esta única audiencia se efectuó el año 2018 y en calidad de Jefa de Gabinete, por lo cual, no correspondía indicar mayores antecedentes al respecto, por cuanto la información solicitada por el recurrente no existe.

3) Que, al respecto, el reclamante manifiesta en su amparo que no se entregó copia del contrato de trabajo, ni sus modificaciones, adendum, anexos y finiquito, acompañando únicamente las resoluciones administrativas indicadas, al respecto, a juicio de este Consejo, los antecedentes proporcionados por el órgano permiten tener por atendida la solicitud en este aspecto, por cuanto, si bien el requerimiento se refiere a contratos, al ser la regla general el que los funcionarios públicos no se vinculan a la administración a través de dicho instrumento, la Superintendencia ha hecho entrega de los respectivos actos administrativos que ligaron a la persona consultada con el órgano, sin proporcionar el reclamante antecedentes que logren desvirtuar dicha conclusión. Luego, en relación con los antecedentes asociados a la desvinculación, indica que solo se acompañó la resolución que acepta la renuncia y no la carta presentada, sin embargo, en esta sede, el órgano da cuenta de haber, posteriormente, entregado copia de ese documento, lo que permite tener por atendida la solicitud, resultando improcedentes, en esta sede, los cuestionamientos que al contenido del documento realiza el reclamante. A su vez, el solicitante en una de las presentaciones efectuadas, afirma que el órgano omitió indicar que la Sra. Palma, desde septiembre de 2018, hasta al menos el 14 de septiembre de 2020 se desempeña como abogado y Jefa de Gabinete del Superintendente de Salud, al respecto, de la revisión de la información que la Superintendencia mantiene disponible el en banner de trasparencia activa, se observa que la persona en cuestión tuvo la calidad de Jefa de Gabinete del Superintendente entre los meses de septiembre a diciembre de 2018, y luego, de enero a agosto de 2019, la de Directivo, al ejercer como Fiscal, antecedentes que resultan coincidentes con las resoluciones administrativas entregadas en respuesta, mientras que, al contrario, los documentos que adjunta el reclamante solo dan cuenta de la relación social que mantienen las dos personas consultadas, mientras que, respecto de la información proveniente de la red LinkedIn, se debe hacer presente que aquella es proporcionada y publicada por la propia usuaria, por lo que, malamente puede servir de antecedente para afirmar, con su solo mérito, que la persona en cuestión desempeña a la fecha el cargo que indica. En el caso de la solicitud de los antecedentes laborales relacionados a los trabajos previos de la funcionaria para una o más empresas del Grupo Cruz Blanca y/o Bupa Chile, que se hayan tenido presentes al momento de su contratación y/o durante el tiempo que prestó servicios, el reclamante cuestiona que sólo se entregó una carta de referencia laboral de Clínica Bupa Santiago, sin embargo, como se desprende de la solicitud, aquella hace referencia a los antecedentes que tuvo a la vista el órgano para la contratación, por lo que, a juicio de este Consejo, la información proporcionada permite tener por atendida la solicitud, por cuanto, el documento entregado hace referencia precisamente al punto consultado, no contando con otros antecedentes que logren desvirtuar dicho presupuesto, considerando además que la petición recae sobre documentos previos a la contratación y que no son elaborados por la Superintendencia. Tratándose del punto 3, el órgano señaló en la respuesta que la información se encuentra en poder de la Contraloría General de la República, pudiendo ser consultada directamente a través del link de Declaración y Patrimonio de la entidad contralora, al respecto, el reclamante indicó que consultado el link mencionado en la respuesta, no se encontró la declaración relativa a la funcionaria consultada, antecedente que fue corroborado por esta Corporación al ingresar al banner respectivo, sin embargo, en esta sede, el órgano dio cuenta de haber derivado parcialmente la solicitud en este punto a la Contraloría, mediante el Ord. N° 2372, de fecha 21 de septiembre de 2020, aspecto que hace inoficioso acoger el amparo en este punto, sin perjuicio de representar al órgano, en lo resolutivo de la decisión, la infracción al artículo 13 de la Ley de Transparencia, en la que incurrió al no haber derivado parcialmente la solicitud con la inmediatez que exige la norma. A su vez, en el caso de la solicitud del listado de todas sus audiencias conforme a la ley del lobby durante el tiempo que la persona prestó servicios como Fiscal en el año 2019, el órgano ha afirmado que en aquel periodo la funcionaria no realizó audiencias en el marco de la ley de lobby, por lo que, no existe más información que proporcionar, alegación que se encuentra respaldada por la respectiva planilla acompañada por el órgano, no existiendo otros antecedentes que ponderar para desvirtuar lo manifestado por la Superintendencia. Finalmente, en este apartado, sobre la solicitud de cualquier documento en que conste que la funcionaria durante el año 2019 se haya excusado de conocer y/o de resolver algún asunto en cumplimiento de su deber de abstención por un posible conflicto de intereses en relación a alguna empresa del Grupo Bupa en Chile, el órgano ha reconocido de manera expresa que no existe documento en el que la funcionaria consultada expresara su deber de abstención, resultando por ello improcedente que se ordene la entrega que un antecedente que no ha sido emitido. Razones por las cuales, el amparo será rechazado en lo que dice relación con la primera parte de la solicitud.

4) Que, luego, abordando el segundo apartado del requerimiento de información, aquel se refiere a la entrega de copia de todo antecedente en virtud del cual doña María Angélica Barros Lira, abogada, fiscal subrogante de la Superintendencia recibió, revisó y redactó la versión final presentada sólo para firma del Superintendente de Salud, de la sentencia definitiva de segunda instancia en el expediente arbitral N° 10773-2018; y, respecto del informe del recurso de queja ordenado en autos Rol N° 14.327-2019. Al respecto, el órgano reclamado ha argumentado que el amparo es inadmisible en este punto, al corresponder la información requerida a un tribunal especial excluido de la aplicación de las normas que facultan la solicitud de información pública, por la naturaleza jurisdiccional del procedimiento que substancia. Al respecto, se debe hacer presente que la solicitud de acceso a la información que da origen a este amparo recae sobre la Superintendencia de Salud, órgano de la administración sujeto a las normas que regulan el derecho de acceso a la información pública. En este sentido, según lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Transparencia: "La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello", procediendo su entrega, en los casos en los que lo requerido obre en su poder en alguno de los soportes a los que se refieren los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, con excepción de aquella información sujeta a las causales de reserva o secreto del artículo 21 del mismo cuerpo legal.

5) Que, de lo expuesto, se concluye que la solicitud ha sido ejercida conforme lo establece el marco legal referido, ante un órgano de la Administración del Estado, descartándose las alegaciones de la Superintendencia referidas a que esta recaería sobre un tribunal especial, excluido de las obligaciones de dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública. En este sentido, se debe considerar que el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469, establece en su artículo 114, inciso primero, que: "La supervigilancia y control de las instituciones de salud previsional que le corresponde a la Superintendencia, la ejercerá a través de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, en los términos que señala este Capítulo, el Libro III de esta Ley y demás disposiciones que le sean aplicables" (énfasis agregados), y en su artículo 117 determina, en lo pertinente, que: "La Superintendencia, a través del Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, quien actuará en calidad de árbitro arbitrador, resolverá las controversias que surjan entre las instituciones de salud previsional o el Fondo Nacional de Salud y sus cotizantes o beneficiarios, siempre que queden dentro de la esfera de supervigilancia y control que le compete a la Superintendencia, y sin perjuicio de que el afiliado pueda optar por recurrir a la instancia a la que se refiere el artículo 120 o a la justicia ordinaria (...)" (énfasis agregados). Dicho marco legal, demuestra que la facultad de resolver las controversias descritas recae sobre la Superintendencia de Salud, con independencia de ejercerla a través de un tribunal especial, resultando por ello la solicitud de acceso a la información de su competencia, por recaer sobre asuntos que el legislador ha puesto en su ámbito de atribuciones, más aún, si se considera que la persona consultada es o era funcionaria pública de la institución, debiendo rechazarse las alegaciones que en este punto formula el órgano.

6) Que, sin perjuicio de lo anterior, alega respecto de la letra a) de este apartado de la solicitud, que no existen instructivos, instrucciones, órdenes, manuales, normativas u otros similares en relación a cómo revisar y redactar un juicio arbitral, primero, por cuanto los hechos de todos los casos son diversos entre sí, lo que impide establecer reglas generales que permitan sostener y generar una normativa estándar para ello, y segundo, su sola existencia pugnaría con la naturaleza de la facultad de la judicatura de resolver conforme a prudencia y equidad, atribución le permite fallar incluso contra norma, por lo que resultaría contradictorio que deba someterse a una instrucción preestablecida. Al respecto, se debe hacer presente que, a juicio de esta Corporación, la argumentación emitida por la reclamada no resulta coincidente con los términos amplios en los que el reclamante formuló esta petición, la cual hace referencia incluso a instrucciones u órdenes, actuaciones que si bien no tienen el carácter o estructuración que si muestran instructivos, manuales o normativas, si pueden constar en alguno de los soportes a los que hacen referencia los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, procediendo, por ello, su entrega, con excepción de los correos electrónicos, ya que, como explica el órgano, a su respecto la jurisprudencia más reciente de este Consejo ha determinado que se verifica la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia; o bien, la acreditación de su inexistencia en los términos dispuestos en el punto 2.3, de la instrucción general N° 10, de este Consejo, debiendo ser acogido el amparo en este punto, ordenándose la entrega de la información, o en su defecto, la debida acreditación de su inexistencia en poder del órgano.

7) Que, tratándose de lo requerido en la letra b), señala que son los antecedentes preparativos de la defensa judicial, los que no pueden ser requeridos por la contraparte del juicio, ya que, el reclamante intenta a través de la solicitud y posterior amparo, conocer la línea estratégica seguida para la defensa del juez árbitro, con lo que se conculca el derecho de defensa de aquel. No obstante, igualmente argumenta que, por considerar que se trata de información requerida a un tribunal, como lo explicó al alegar la inadmisibilidad del amparo, "ni siquiera nos encontramos a la hipótesis del artículo 21 N° 1 letra a)", agregando que, sin embargo: "son antecedentes que apoyan la posición del órgano, que contribuyen a la defensa del órgano requerido, pero no de aquellos que constituyen la defensa misma, los antecedentes preparativos de la defensa no pueden constituir información pública", para finalmente sostener la inexistencia de los mismos, dado que el Superintendente como Juez de segunda instancia del Tribunal Arbitral resuelve basado en razones de prudencia y equidad no existe de manera preestablecida ningún instructivo, instrucción, orden, manual, email y/o normativa para recibir, revisar y, particularmente, para redactar la versión final de un informe de Recurso de Queja. Al respecto, se debe señalar, en primer término, que si bien el órgano no ha sido claro en indicar si en este punto está invocando la causal del artículo 21, N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, o la afectación de los derechos del juez arbitro, lo cierto es que para la configuración de las hipótesis de excepción a la publicidad de la información, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume, sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurre, por cuanto el órgano solo ha efectuado invocaciones generales de eventuales perjuicios al derecho de defensa en el recurso de queja, sin explicar de qué forma ocurriría aquello, vinculándolo con el contenido específico de la información, cuya inexistencia posteriormente alega, motivos por los cuales no pueden acogerse dichas defensas, procediendo lo resuelto en el párrafo precedente, debiendo acogerse el amparo en este sentido, ordenándose la entrega de la información, con excepción de los correos electrónicos; o en su defecto, la debida acreditación de su inexistencia en poder del órgano.

8) Que, en último lugar, en el caso de la información requerida en relación a ambas funcionarias consultadas, primeramente, se pide copia de todos los correos electrónicos, memorándum, actas de reuniones, instructivos y demás antecedentes que se enviaron, firmaron y/o recibieron, entre ambas funcionarias, entre el 1 de agosto de 2019 y el día 25 de octubre de 2019; y, de copia de todo correo, email, instrucción, memorándum, resolución, sentencia, proyecto de resolución o de sentencia, revisión, minuta o documento, de toda especie o naturaleza, que doña Marcela Alejandra Palma San Miguel, haya visto, revisado, redactado, firmado, recibido y/o entregado en relación al expediente arbitral N° 10.773-2018, entre el 1 de agosto de 2019 y el 25 de octubre de 2019. Al respecto, el órgano alega la inexistencia de la información, por cuanto, la funcionaria presentó su renuncia con fecha 27 de junio de 2019 y a partir de dicha data hizo uso de su feriado legal, como lo comprueba la Resolución Exenta RRHH N° 345, por lo que no ejerció su cargo desde el 28 de junio hasta el 7 de agosto de 2019, haciéndose efectiva la renuncia a partir del día 8 de agosto de 2019, situación que se constata con la Resolución Exenta RA N° 882/112/2019, no habiendo regresado a la Superintendencia ni ejercido el cargo en el período solicitado. Dicha alegación, a juicio de este Consejo, tiene el mérito suficiente para tener por justificada y acreditada la circunstancia de hecho de inexistencia de la información alegada, habiendo aportado el órgano los antecedentes que la respaldan, y siendo lo resuelto, además, coherente con aquello que se decidió respecto del primer apartado de la solicitud, no pudiendo acogerse el amparo en este punto.

9) Que, finalmente, en este tercer apartado de la solicitud, en segundo lugar, se requiere la entrega de copia o impresión de la agenda de ambas funcionarias, para el cumplimiento de su función pública, entre el 1 de agosto y el 25 de octubre, de 2019, manifestando el órgano que la de la primera no existe, por no haber sido funcionaria en las fecha consultadas, argumento que, como ya se explicó, este Consejo acoge, por lo que se desestima el amparo en este punto respecto de dicha persona; mientras que, en relación con la agenda de la segunda, indica que ha sido entregada al requirente, haciendo presente que el sistema de agenda sólo permite consignar la actividad, mas no registrar otros datos, como duración de la reunión o participante, ya que es un registro calendario. Al respecto, el reclamante indica que se cumplió parcialmente, ya que se proporcionó sólo el aparente pantallazo de la agenda electrónica de ambas funcionarias en forma parcial, incompleta y sin ninguna declaración o constancia de que, los hechos en éstas consignados sean correlativos a las agendas íntegras de ambas funcionarias y por todas las actividades que en ejercicio de su función pública hayan desarrollado en el periodo consultado, resultando inverosímil la información por ser manifiestamente incompleta y no fidedigna, sin ninguna declaración o aclaración respecto del resto de las actividades u otras agendas distintas a la electrónica copiada. En este contexto, se debe señalar que esta Corporación estima que la información proporcionada satisface el requerimiento del reclamante, el cual hace referencia a la entrega de la agenda de la funcionaria, sin incorporar las consideraciones especiales que ha agregado en esta sede, las que, por ello, resultan improcedentes, considerando además, que también efectúa afirmaciones cuestionando la integridad o veracidad del contenido de la información, aspecto que escapa al marco del presente amparo, motivos por los cuales será también desestimado en este punto.

10) Que, para concluir, de manera subsidiaria, el órgano alegó la configuración de la causal contemplada en el artículo 21, N° 1, letra a), de la Ley N° 20.285, toda vez que, el Recurso de Queja presentado en contra del Superintendente de Salud en su calidad de juez árbitro, y respecto del cual el recurrente es su patrocinante, versa en relación al juicio arbitral Rol N° 10773-2018, y la información que solicita redunda en respaldar su posición jurídica. Al respecto, como ya se adelantó, para la configuración de las hipótesis de excepción a la publicidad de la información, el criterio que ha aplicado este Consejo de manera uniforme, es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume, sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurre, por cuanto el órgano solo ha efectuado invocaciones generales de eventuales perjuicios al derecho de defensa del juez árbitro en el recurso de queja, sin explicar de qué forma ocurriría aquello, vinculándolo con el contenido específico de la información, lo que lleva al rechazo de esta alegación subsidiaria.

11) Que, en mérito de lo expuesto, el presente amparo será acogido parcialmente, ordenando la entrega de la información requerida en el segundo apartado de la solicitud, o en su defecto, la debida acreditación de su inexistencia; mientras que, será desestimado en lo que dice relación con lo solicitado en el primer párrafo de la solicitud, por concluir este Consejo que de los antecedentes tenidos a la vista se observa que el órgano ha cumplido con su obligación de conceder acceso a la información que obra en su poder; representando a su vez al órgano la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, al no derivar oportunamente una parte de la solicitud en este apartado; y, a su vez, no será acogido el amparo respecto del tercer apartado de la solicitud, por estimarse satisfecho el estándar definido para la acreditación de la circunstancia de hecho de inexistencia de la información, respecto del primer numeral, y por considerase atendida tratándose del segundo, con el mérito de la información que fue entregada. A su vez, se desestiman las alegaciones de inadmisibilidad del amparo, así como también, de configuración de la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Patricio Elías Sarquis en contra de la Superintendencia de Salud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Salud, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de:

i. Copia de todo instructivo, instrucción, orden, manual, normativa, sorteo y/o antecedente en virtud del cual doña María Angélica Barros Lira, abogada, fiscal subrogante de la Superintendencia de Salud recibió, revisó y redactó la versión final presentada sólo para firma del Superintendente de Salud, de la sentencia definitiva de segunda instancia del 25 de octubre de 2019, en el expediente arbitral N° 10773-2018, seguidos ante la misma Superintendencia de Salud.

ii. Copia de todo instructivo, instrucción, orden, manual, normativa, sorteo y/o antecedente en virtud del cual doña María Angélica Barros Lira, abogada, fiscal subrogante de la Superintendencia de Salud recibió, revisó y redactó la versión final presentada sólo para firma del Superintendente de Salud, respecto del informe del recurso de queja ordenado por la Corte de Apelaciones de Santiago, en autos Rol N° 14.327-2019.

No obstante, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de la entrega de la información requerida en el primer apartado de la solicitud, referida a la primera funcionaria consultada; así como también, de aquella contenida en el tercer apartado, alusiva a ambas funcionarias en conjunto; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

IV. Representar al Sr. Superintendente de Salud la infracción al artículo 13 de la Ley de Transparencia, al no haber derivado parcialmente la solicitud de información de manera oportuna. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere tal infracción.

V. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Patricio Elías Sarquis y al Sr. Superintendente de Salud.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.