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Luis Leonardo Narváez Almendras con SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Rol: C5468-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5468-20

Entidad pública: Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Requirente: Luis Leonardo Narváez Almendras

Ingreso Consejo: 03.09.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo interpuesto en contra del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, referido a la entrega de copia digital del Fondo Colonia Dignidad.

Lo anterior, por cuanto, el volumen de información requerida sumado a la necesidad de tarjar u omitir los datos personales y sensibles contenidos en los documentos solicitados, configuran la casual de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano requerido.

Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso al órgano que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca sus funciones habituales. Asimismo, se recomienda al órgano reclamado implementar las mejoras necesarias en sus procesos que le permitan proporcionar antecedentes como los requeridos sin distraer indebidamente a sus funcionarios, ello, en virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación, consagrados en la Ley de Transparencia.

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5468-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de agosto de 2020, don Luis Leonardo Narváez Almendras solicitó al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la siguiente información:

1.- Copia digital del catálogo confeccionado para el Fondo Colonia Dignidad.

2.- Copia digital del Fondo Colonia Dignidad.

2) RESPUESTA: El 24 de agosto de 2020, mediante ORD. 375/2020, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural respondió al requerimiento de información indicando que, con respecto a la copia del catálogo para el Fondo Colonia Dignidad, se adjunta planilla Excel que contiene la información requerida.

En cuanto a la copia digital del Fondo Colonia Dignidad, señala que se encuentra en dependencias del Archivo Nacional de la Administración, pero para acceder a él se requiere que un funcionario del Servicio acompañe al requirente en la revisión del material en una sala de lectura destinada para ello. Sin embargo, dada la situación de fuerza mayor, no cuentan con un funcionario que pueda llevar a cabo dicha labor, pues se determinó como medida de prevención el cese temporal de la atención de público en forma presencial. En el mismo sentido, señala que una vez que la situación lo permita, se le dará acceso a la información solicitada.

3) AMPARO: El 3 de septiembre de 2020, don Luis Leonardo Narváez Almendras dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta incompleta o parcial, ya que, el órgano reclamado no hizo entrega de la copia digital existente de los documentos, tal cual se solicita. Además, el reclamante hizo presente que el Servicio omitió considerar que existe una digitalización de los documentos del fondo Colonia Dignidad realizados por la entidad con fondos públicos, trabajo que se estaba efectuando durante el año 2019, según consta en artículo de prensa institucional que adjunta, donde señala que "No obstante, se continúa con las descripciones, en el nivel de unidad documental simple, de las 48.954 fichas de seguimiento, así como la digitalización de aproximadamente 23.000 documentos". Aclara que ya cuenta con la copia de las fichas realizada por la Policía de Investigaciones de Chile, la que se encuentra a disposición de la comunidad en el banco de datos del investigador alemán Dieter Maier en www.fichas-chile.com. Los antecedentes a que se hace referencia en la solicitud corresponden al resto de los documentos que se encuentran, sólo para efectos de custodia material, en el Archivo Nacional de la Administración. Al mismo tiempo, las medidas aludidas referentes al Covid19 son una mayor exigencia para que las instituciones respeten y, en consecuencia, apliquen el principio de máxima divulgación, a que hace mención la Ley 20.285 y no dilaten el acceso a información que es pública omitiendo la existencia de la información o poniendo requisitos o condiciones innecesarias que solo entorpecen el ejercicio del derecho a la información. A mayor abundamiento, hace presente que el fondo colonia dignidad corresponde a documentos que formaron parte de un expediente judicial en causa 2182-98 "episodio Juan Maino Canales", seguido en la Corte de Apelaciones de Santiago, que se encuentra con sentencia ejecutoriada, y que, en consecuencia, todas las piezas procesales son de acceso público.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, mediante Oficio E16534, de 30 de septiembre de 2020, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información, en consideración de lo señalado por el recurrente; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Mediante Ord. N° 538/2020, de fecha 14 de octubre de 2020, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, manifestó que a la fecha el Archivo Nacional de la Administración se encuentra cerrado a la atención presencial, atendiendo solo consultas y servicios de certificación solicitada de manera remota y se trabaja en horarios restringidos por turnos. En consecuencia, todavía no es posible atender al recurrente de manera presencial. Se espera comenzar a atender de manera presencial a contar del primer día hábil del mes de noviembre, fecha estimativa. Explica que el Fondo Colonia Dignidad se compone de 4 secciones:

- Sección 1: Registros de Inteligencia: 48.954 fichas de seguimiento de aproximadamente 44 mil personas, así como listados, inventarios, apuntes, catálogos, boletas, y otros documentos, referidos a la compra y tenencia de armas de guerra y a su constitución y operaciones como organización paramilitar, entre otras materias.

- Sección 2: Registros Administrativos y Judiciales: formada por documentos notariales, títulos de dominio, cartas, informes, oficios reservados del Ministerio de Justicia, copias de expedientes judiciales, exhortos, entre otros documentos, referidos a Colonia Dignidad en las décadas de 1960 a 1990.

- Sección 3: Registros Clínicos: formada por fichas médicas, exámenes, recetas, registros de atención, entre otros documentos clínicos, principalmente de colonos alemanes.

- Sección 4: Registros de Prensa: formada por recortes de prensa nacional y alemana, referidos a Colonia Dignidad, así como transcripciones de programas radiales sobre el acontecer nacional y local con relevancia política. También se incluyen temáticas internacionales relacionadas con conflictos armados.

El Fondo de Colonia Dignidad, se encuentra disponible completo en su soporte original, es decir, papel, estando digitalizado parcialmente, correspondiendo a 28 Unidades de Instalación (U/i), de la Sección 1; a 15 U/i de la Sección 2; y a 2 U/i de la Sección 4. En total se encuentra digitalizada una porción menor del fondo, a saber, alrededor del 15%, correspondiente a 45 U/i sobre 311 U/i.

Estas imágenes y su descripción no se encuentran en línea por las siguientes razones, en primer lugar, por cuanto se trata de un trabajo en curso y, en segundo lugar, su contenido afecta derechos de terceros y datos personales y/o sensibles regulados en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Además, resulta de especial relevancia señalar que la sección 3 tiene vinculación directa con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.

Por tanto, en todos los casos, el acceso contempla relevantes restricciones y tratamientos previos, principalmente la censura de datos sensibles previo a la consulta ciudadana y/o eventual puesta en línea.

Señala que no se ha denegado el acceso a la información, sino que se informó al solicitante respecto de las limitaciones que actualmente concurren en el Archivo Nacional de la Administración para la atención presencial de usuarios.

Dada la especial naturaleza del Fondo Consultado, se estableció un procedimiento con el especial interés de resguardar derechos de terceros, procedimiento que se encuentra permanentemente dispuesto al público en la página web del Archivo Nacional y que resulta conocido por el requirente, por cuanto en su presentación adjunta captura de pantalla en que es posible verificar su existencia. Con todo, en este momento, tal como se señaló precedentemente, el ARNAD se encuentra trabajando con horarios reducidos y mediante sistema de turnos considerando el aforo establecido por la autoridad, por tanto, por el momento no resulta posible acceder a la atención presencial de usuarios.

Como es de público conocimiento, el fondo documental tiene alcances significativos por tratarse de temas relacionados con graves vulneraciones de Derechos Humanos, lo que naturalmente involucra presencia de datos sensibles y/o personales respecto de personas claramente identificadas en los documentos que lo componen.

Del análisis practicado a sus secciones, queda claro que todas ellas, salvo la Sección Prensa, pueden contener datos personales o sensibles, o bien estar afecta a causales específicas de secreto o reserva en partes determinadas, tal como ocurre con la sección 3, que se encuentra protegida por lo señalado en el artículo 13 de la ley 20.584.

En consecuencia, no resulta posible otorgar acceso al fondo documental en comento, en los términos específicamente señalados por el requirente, quien, a pesar de tener el Catálogo completo de este fondo, por cuanto le fue entregado por el Archivo Nacional, no ha solicitado a este Servicio copia digital de un documento o documentos determinados y específicos, lo que sí sería posible de otorgar, ya que una solicitud de esa naturaleza si permitiría a esta Institución tomar las providencias correspondientes que permitan poner a salvo los datos personales o sensibles que se encuentran significativamente presentes en el Fondo documental, o bien, denegar fundadamente aquellas porciones que, por la naturaleza de los datos, se encuentra protegida por alguna causal de secreto o reserva.

En otras palabras, acceder a la entrega de todo el fondo actualmente digitalizado tal como se encuentra hoy, es decir, en fase de trabajo interno, podría involucrar la vulneración de algún derecho legal o constitucional de terceros, por lo que la solicitud genérica pone en riesgo este propósito.

En este contexto, y considerando que el requirente cuenta con el Catálogo completo del fondo, se sugiere que indique precisamente la unidad documental que requiere, con el alto propósito de poder trabajar lo solicitado de manera tal que se puedan tomar las providencias necesarias y realizar los tratamientos de datos personales y sensibles que corresponda. O bien, esperar la reapertura del ARNAD y acceder en los términos en que originalmente se le dio respuesta a la solicitud de acceso a la información; esto es, acceder acompañado de un funcionario especializado, cuando el contexto así lo permita, y solicitar, tras una inspección visual, lo que para él resulte necesario.

Así, de persistir en una solicitud genérica relativa al Fondo, el Servicio se verá en la necesidad de recurrir a lo preceptuado en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley 20.285, denegando el acceso en consideración al elevado número de imágenes que un funcionario debería revisar para evitar la filtración de datos sensibles, lo que implicaría, dada la magnitud y naturaleza del fondo, distraer indebidamente a un funcionario del cumplimiento regular de sus labores habituales, teniendo en especial consideración las complejas circunstancias que el estado de emergencia sanitario conlleva en términos de horario de atención, turnos y aforo máximo establecido.

5) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio E19089, de 4 de noviembre de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en caso de disconformidad, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada. Con fecha 10 de noviembre de 2020, el reclamante manifestó que la información proporcionada no satisface el requerimiento. El Fondo Colonia Dignidad se compone de más de 110 mil documentos que son parte de un expediente judicial del que una vez terminada la causa, los documentos fueron entregados al órgano para su cuidado y conservación, debido a que fueron declarados "Monumento Nacional" en la categoría "Monumento Histórico", no es un material que haya sido producido con fondos públicos, sino que se trata de documentos que pasan a tener la condición de conocimiento público. Luego, lo que otorga la condición de información pública, es que el material ha sido digitalizado con fondos públicos.

De las más de 110 mil piezas que constituyen el fondo, un total de 48.954, corresponden a tarjetas denominadas "fichas de inteligencia", las cuales ya fueron digitalizadas en el marco de las diligencias realizadas para la causa judicial mencionada y cuya copia es pública en el sitio www.fichas-chile.com, página web que corresponde al Banco de Datos Colonia Dignidad, perteneciente al investigador Dieter Maier. Así, si restamos las casi 49 mil fichas ya digitalizadas a los más de 110 mil documentos, entendemos que existen poco más de 60 mil documentos restantes.

Si la institución reconoce que el 15% ha sido digitalizado, entonces hay que concluir que corresponden a unos 9 mil documentos, los cuales reclama que se entregue una copia completa sin censura previa.

Es decir, el organismo no solo cuenta con la información solicitada en formato físico, sino que también con una parte de este material digitalizado. Pero el acceso a esta información solo está disponible para consulta presencial, infringiéndose el Principio de Facilitación debido a que la entidad fiscal antepone exigencias y requisitos que obstruyen el acceso a la información, ya que dispone de material digitalizado y este podría ser entregado en formato correspondiente para ser descargado.

La institución está cometiendo dos actos de discriminación, el primero, dice relación con someter el acceso a la información a un acto presencial, existiendo parte de aquella digitalizada, plausible de ser entregada por medios virtuales; el segundo, dice relación con que se le están imponiendo requisitos inexistentes en el procedimiento institucional establecido para acceder al Fondo Colonia Dignidad, vigente desde enero de 2019.

En efecto, en el documento titulado "Procedimiento para la Consulta y Reproducción de Documentos del Fondo Sociedad Benefactora y Educacional Colonia Dignidad en Dependencias", no se observan las restricciones planteadas, es más, en el punto 2 de dicho documento se puede leer: "2. Son de libre consulta y reproducción, las secciones 1, 2 y 4 anteriormente indicadas". En el punto número 7 señala: "La solicitud de reproducciones de estos documentos se ajustará a lo informado en el numeral 6 de la Resolución Exenta N° 1.319/2018, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que indica [el Archivo Nacional de Chile y los Archivos Regionales, no expedirán copias simples de la documentación con el fin de garantizar la preservación y protección de la documentación patrimonial que custodia. Con todo, se autoriza, sin costo, el uso de cámaras fotográficas sin flash para capturar imágenes de los documentos en soporte papel...]". Por lo tanto, en la realidad y desde que este archivo ha estado disponible para los usuarios, no existen tales restricciones mencionadas en los descargos, salvo las de la sección 3 (Fichas clínicas) que sí podría contener "datos personales o sensibles".

La información que contiene el Fondo Colonia Dignidad no tiene restricciones en cuanto al acceso ni la reproducción de las secciones 1, 2 y 4, de acuerdo al procedimiento citado, esto por sí solo basta para concluir que no contiene "datos personales ni sensibles", a excepción de la sección 3.

Pero a mayor abundamiento, precisamente la consideración de la información que contienen las fichas es parte de una investigación científica que realiza el reclamante en la que es posible encontrar datos -no información- de personas de diversa naturaleza, pero toda esta información es completamente subjetiva.

En parte, el razonamiento adecuado para esto debería ser que no es posible afirmar que el contenido de los documentos sea verídico, lo que se concluye porque no son sometidos a un trabajo pormenorizado que conduzca a establecer, precisamente, si se trata de información veraz. El órgano no ha producido los documentos en su origen, sólo los ha reordenado y digitalizado para consultas.

El acceder a un documento con censura previa, obstruye el principal propósito de un trabajo que pretende establecer veracidades en una materia tan sensible como las violaciones de los derechos humanos. Los datos que puedan aparecer de una persona, si es que conducen a su identidad, no es información susceptible de ser censurada por cuanto existen hoy en el país mecanismos abiertos -públicos y privados- mediante los cuales es posible acceder a la identidad de personas y algunos de sus datos personales sin que ello reporte infringir una norma.

Lo cierto es que en la actualidad se ha establecido una colisión entre el acceso a la información pública y la protección de datos personales, lo que ha redundado en denegación o censura parcial de la información. Sin embargo, es parte de la contradicción de una sociedad moderna que otorga medidas para el ejercicio de la libertad de información y la de la función de los órganos públicos.

Pese a que este Consejo ha aclarado en varias oportunidades que la información que genera el Poder Judicial está fuera de los alcances de la Ley 20.285, no se puede soslayar el hecho de que en el marco de las normas que regulan su accionar respecto a la información que manejan, el principio que domina y reluce es el de Máxima Transparencia y Divulgación. Un proceso judicial civil, que contiene toda la información de un pleito entre personas, es de acceso completamente público.

Entonces en este caso, Colonia Dignidad, nos encontramos con documentos que forman parte de un expediente judicial terminado, estando el resto de las piezas procesales en poder de tribunales siendo de acceso público. Entonces ¿cómo es posible que el Estado soporte una dicotomía de tal envergadura? En una de sus unidades permite acceso -sin restricciones- a información pública en su jurisdicción (judicial) y, por otro lado, otra administración pública (ejecutivo) deniega ese derecho respecto de los mismos documentos.

Hay que distinguir necesariamente que como la información que contienen los documentos del Fondo Colonia Dignidad no han sido producidos por la entidad reclamada, ni por el Estado, calificar que ellos contengan "datos personales o sensibles" es un mero supuesto.

El Archivo Nacional, tiene como misión "garantizar a las personas y a las comunidades el acceso a la información derivada de la gestión del Estado a través de su historia", si proviniera del Estado se estaría en el escenario de calificar de verdadero todo el contenido de los documentos.

La Ley 20.285 no plantea como requisito dar a conocer las razones por las que un ciudadano ejerce su derecho a acceder a la información pública. Sin embargo, en mi caso es plausible de mencionar que precisamente uno de los objetivos es determinar cuánto de veracidad y cuánto de fábula puede haber en toda esta documentación, cuyo contenido se da por veraz, al parecer, por el Servicio que lo custodia.

Estos documentos fueron recopilados desde el año 1961, apenas se asentó en Chile la comunidad organizada en la Sociedad Benefactora Dignidad, pero sus documentos se remontan a la década de 1930, y una buena parte de ellos se encuentran en idioma alemán, pese a que algunos de ellos cuentan con breves traducciones o comentarios del traductor, no es posible determinar si esos documentos contienen información "personal o sensible". Se podría dar la situación absurda de que el suscrito solicitara específicamente, como recomienda en los descargos la institución reclamada, solo los documentos escritos en idioma alemán. ¿Qué argumento entregaría para denegar o acceder? ¿Se va a contratar un traductor? ¿se va a denegar por que la entrega de la información afecta el debido funcionamiento? Con tres años de investigación, no es posible para nosotros, determinar si son ciertos "datos personales o sensibles". Estamos hablando de datos consignados en los documentos cuya antigüedad limita entre los 30 y los 90 años, ninguno de esos papeles tiene una certificación de veracidad. No se puede avalar la censura de información cuya veracidad no ha sido comprobada. Por lo mismo, tampoco sería razonable negarla en razón de que no es posible definirla así.

Lo que determina la eficacia o no del sistema legal chileno en cuanto a la protección de bienes como la honra y la intimidad, es el uso -o mal uso- que se hace de la información a la que acceden las personas y la responsabilidad que enfrentan al exponerla públicamente.

La entidad reclamada ha reconocido que tiene digitalizados un 15% de los documentos, calculados por el solicitante en unas 9.000 hojas. A esto se agrega que, en una publicación realizada por la entidad, señalan que "se continúa con las descripciones, en el nivel de unidad documental simple, de las 48.954 fichas de seguimiento, así como la digitalización de aproximadamente 23.000 documentos y su instalación en los contenedores definitivos". Esta última publicación es de enero de 2019, por lo que a la fecha debería entonces entenderse que hay más de un 15% digitalizado.

Descartado que la información contenida en las secciones 1, 2 y 4 del "Fondo Colonia Dignidad" esté sujeta a restricciones de algún carácter, no se observa cómo el traspaso de las imágenes podría ser objeto de denegación conforme al artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley 20.285, tal como la institución reclamada amenaza, en caso de insistir en que se debe dar acceso a todas las imágenes digitalizadas existentes.

Basta que se haga una copia en algún soporte digital para que el solicitante descargue los archivos, dando cumplimiento de esta forma al acceso a la información pública.

Por estos argumentos, insiste en tener una copia completa de lo que se haya digitalizado hasta ahora, secciones 1, 2 y 4, y a no mediar de un cambio de postura del organismo reclamado, solicita que se revise el fondo de este recurso lo antes posible y se le permita alegar su posición en la audiencia que se realice al efecto.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo dice relación con la entrega parcial de la información requerida por el solicitante, toda vez que, el órgano reclamado no proporcionó copia digital del Fondo Colonia Dignidad, alegando que solo es posible su revisión presencial, una vez superada la emergencia sanitaria, ya que si bien parte de la información se encuentra digitalizada, al contener datos personales y sensibles, el trabajo de tarjado u omisión lo haría incurrir en la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

3) Que, en el presente caso, no hay controversia entre las partes respecto de la existencia de la información en poder del órgano ni de su carácter público, sin embargo, a juicio del Servicio, aquella contiene datos de carácter personal y sensible que hacen necesarias las respectivas labores de tarjado, las que, atendido el volumen de la información, configurarían la causal de reserva o secreto de distracción indebida de sus funcionarios.

4) Que, al respecto, se debe recordar que el órgano ha explicado que el Fondo Colonia Dignidad, cuya copia digital se requiere, se compone de 4 secciones:

- Sección 1: Registros de Inteligencia: 48.954 fichas de seguimiento de aproximadamente 44 mil personas, así como listados, inventarios, apuntes, catálogos, boletas, y otros documentos, referidos a la compra y tenencia de armas de guerra y a su constitución y operaciones como organización paramilitar, entre otras materias.

- Sección 2: Registros Administrativos y Judiciales: formada por documentos notariales, títulos de dominio, cartas, informes, oficios reservados del Ministerio de Justicia, copias de expedientes judiciales, exhortos, entre otros documentos, referidos a Colonia Dignidad en las décadas de 1960 a 1990.

- Sección 3: Registros Clínicos: formada por fichas médicas, exámenes, recetas, registros de atención, entre otros documentos clínicos, principalmente de colonos alemanes.

- Sección 4: Registros de Prensa: formada por recortes de prensa nacional y alemana, referidos a Colonia Dignidad, así como transcripciones de programas radiales sobre el acontecer nacional y local con relevancia política. También se incluyen temáticas internacionales relacionadas con conflictos armados.

5) Que, en este contexto, se debe hacer presente que el artículo 2, letra f), de la ley N° 19.628, establece que son "Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables", mientras que, la letra g) de la misma norma, expresa que corresponden a: "datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual". Por su parte, por medio de la ley N° 21.096, que establece el derecho a la protección de los datos personales, se consagró a nivel constitucional dicho derecho, incorporándolo en el texto del artículo 19, N° 4, de la Constitución Política de la República, condición que debe ser considerada al ponderar la aplicación del derecho de acceso a la información pública.

6) Que, así, al contrastar el tipo de información que contienen los archivos cuya entrega solicita el reclamante con las definiciones de datos personales y sensibles reseñadas, es posible concluir que, como argumenta el órgano, se trata de antecedentes que pueden contener información personal o sensible de terceros, cuya publicidad tiene la potencialidad de afectar sus derechos, resultando procedente su entrega solo previa revisión y tarjado de los mismos. En este sentido, es el propio reclamante quien reconoce que la información es requerida en relación con un trabajo que pretende establecer veracidades en una materia tan sensible como las violaciones de los derechos humanos, aspecto que da cuenta del carácter personal y sensible de la información. En este sentido, el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, consagra el Principio de la divisibilidad, conforme al cual si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda, del que se concluye la procedencia de la entrega de la información requerida, con excepción de aquella que constituye datos personales o sensibles, los cuales deben ser omitidos.

7) Que, sin embargo, el órgano reclamando ha argumentado que las labores de tarjado de datos personales y sensibles, por el volumen de la información, configurarían la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, respecto de cuya interpretación, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que suponen la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.

8) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

9) Que, en el presente caso, el requerido Fondo Colonia Dignidad estaría compuesto por más de 110 mil documentos, de los cuales, el órgano reconoce tener digitalizados a la fecha de sus descargos un 15%, mientras que, el reclamante calcula que esa cifra corresponde a aproximadamente 9.000 carillas. De lo anterior, se desprende que, como alega el Servicio, el volumen de información cuya revisión y tarjado de datos personales y sensibles resulta necesario para su entrega, exigiría esfuerzos desproporcionados por parte de sus funcionarios, lo que sin duda los distraería indebidamente del cumplimiento de sus funciones, configurándose de esa manera la causal de reserva o secreto invocada, resultando por ello procedente el rechazo de la presente reclamación.

10) Que, en mérito de lo expuesto, el amparo será desestimado, por cuanto el volumen de información requerida, sumado a la necesidad de tarjar u omitir los datos personales y sensibles contenidos en los documentos solicitados, configuran la casual de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano requerido.

11) Que, sin perjuicio de lo resuelto, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo. De igual modo, atendida la facultad de formular recomendaciones que otorga a este Consejo el artículo 33, letra e), de la Ley de Transparencia, se recomienda al Servicio trabajar en la implementación de las mejoras correspondientes en sus procesos y sistemas de tratamiento de la información, que le permitan identificar y extraer registros como los requeridos en la solicitud que dio origen al presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Luis Leonardo Narváez Almendras en contra del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Recomendar al Sr. Director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural avanzar en la adopción de medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos en materia de gestión documental y herramientas tecnológicas, que permitan la entrega de información pública de forma expedita y gratuita, facilitado así el ejercicio del derecho de acceso en favor de los ciudadanos respecto de aquellos antecedentes que obran en su poder.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Luis Leonardo Narváez Almendras y al Sr. Director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.